• Conceptos: trabajo → puesto → oficio (manual, experiencia) → ocupación (puestos afines, CNO) → profesión (ocupación con cualificación específica + identidad y estatus). Weber: profesión como vocación.
• Realidad social: criterio de estratificación e identidad; base de la división del trabajo (Durkheim, solidaridad orgánica). Rasgos (Carr-Saunders, Parsons): saber especializado y formación larga, autonomía, ética/deontología y servicio, organización corporativa (colegios) y reconocimiento social/monopolio → profesionalización.
• Configuración jurídica: principio general de libertad; la regulación es excepción justificada por interés general y proporcionada (Ley 17/2009, Ley 20/2013). Tipos: profesiones libres, tituladas (exigen título) y reguladas (acceso/ejercicio condicionado).
• Colegios profesionales (Ley 2/1974): corporaciones de derecho público que ordenan la profesión (deontología, disciplina); colegiación obligatoria en algunas.

• Base constitucional: art. 35 (derecho al trabajo y libre elección de profesión u oficio; + art. 38 libertad de empresa). Límites: art. 36 (profesiones tituladas y colegios), competencia estatal sobre títulos (art. 149.1.30ª), con reserva de ley y proporcionalidad.
• Libre circulación de trabajadores (art. 45 TFUE): no discriminación por nacionalidad en empleo, retribución y condiciones; límites: orden público y empleos de la Administración pública. Coordinación de Seguridad Social (Regl. 883/2004) y red EURES.
• Establecimiento (art. 49 TFUE): instalarse de forma estable por cuenta propia. Libre prestación de servicios (art. 56 TFUE): actividad temporal sin establecerse. Directiva de Servicios 2006/123 (Ley 17/2009).
• Reconocimiento de cualificaciones (Directiva 2005/36/CE, RD 581/2017): automático (sanitarias, arquitecto), general (con medidas compensatorias) o por experiencia; tarjeta profesional europea.

• Si en Alemania la profesión no está regulada, puede acceder al empleo en igualdad con los nacionales (art. 45 TFUE), sin trámite de reconocimiento: bastará con acreditar su formación ante el empleador.
• Si está regulada, deberá solicitar el reconocimiento de su cualificación (Directiva 2005/36/CE): por el régimen general, con posibles medidas compensatorias (prueba de aptitud o prácticas) si hay diferencias sustanciales de formación.
• Herramientas: Europass (currículo y suplemento al título que describe las competencias), el EQF/MEC para situar el nivel del título, la red EURES para buscar empleo y el punto de contacto nacional de cualificaciones.
• Su Seguridad Social se coordina (Regl. 883/2004): las cotizaciones de ambos países se totalizan para causar prestaciones.

La titulada exige poseer un título académico oficial para ejercerla (art. 36 CE). La regulada es aquella cuyo acceso o ejercicio está condicionado por normas a una cualificación, prueba, colegiación o autorización (concepto del Derecho de la UE); toda titulada es regulada, pero puede haber reguladas sin título académico.

El establecimiento (art. 49 TFUE) es instalarse de forma estable y permanente en otro Estado para ejercer por cuenta propia. La libre prestación de servicios (art. 56 TFUE) es prestar servicios de forma temporal u ocasional sin establecerse. La clave es la permanencia frente a la temporalidad.

Es el conjunto de competencias profesionales con significado para el empleo, que pueden adquirirse por formación o por experiencia laboral. En España se ordenan en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (por familias y niveles), referencia de los títulos de FP y de la acreditación de competencias.

En ejercer una profesión titulada sin poseer el título exigido para ella. Está tipificado en el artículo 403 del Código Penal y protege la confianza en las titulaciones habilitantes por razones de seguridad o protección de terceros.

El envío temporal de trabajadores por una empresa a otro Estado para prestar allí un servicio. La Directiva 96/71/CE (revisada por la 2018/957) garantiza que se les apliquen las condiciones esenciales del país de destino (salario, jornada, seguridad y salud), para evitar el dumping social. En España la transpuso la Ley 45/1999.

Un instrumento que ordena en ocho niveles las cualificaciones de todos los países de la UE para poder compararlas. Hace «legible» un título en cualquier Estado miembro y se completa con herramientas como Europass, ECVET y ESCO.