• Recurso de alzada (art. 121 LPAC): contra actos que no agotan la vía administrativa; ante el órgano superior jerárquico; plazo de 1 mes; agota la vía administrativa.
• Recurso de reposición (art. 123): contra actos que sí agotan la vía; ante el mismo órgano; potestativo; plazo de 1 mes.
• Recurso extraordinario de revisión (art. 125): contra actos firmes, por motivos tasados (error de hecho, documentos esenciales aparecidos, prevaricación, etc.).

• Potestad sancionadora (Ley 40/2015, arts. 25-31; art. 25 CE): principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad (salvo norma más favorable), responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y non bis in idem.
• Responsabilidad patrimonial (art. 106.2 CE; Ley 40/2015, art. 32 y ss.): es objetiva y directa; la Administración responde de toda lesión antijurídica que el particular no tenga el deber de soportar, derivada del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con relación de causalidad. Prescribe al año.

La alzada se interpone contra actos que no agotan la vía administrativa, ante el superior jerárquico (y agota la vía). La reposición, contra actos que sí la agotan, ante el mismo órgano, y es potestativa.

Es objetiva y directa: la Administración responde de la lesión antijurídica que sufra el particular por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, siempre que exista relación de causalidad (art. 106.2 CE).