• Caracteres: ordenamiento propio y autónomo, regido por la primacía (prevalece sobre la norma interna), el efecto directo (invocable por los particulares) y la aplicación uniforme.
• Derecho originario: los Tratados (TUE y TFUE) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
• Derecho derivado (art. 288 TFUE): reglamento (general, obligatorio y directamente aplicable), directiva (obliga en el resultado, requiere transposición; típica en lo social), decisión (obligatoria para sus destinatarios); recomendaciones y dictámenes (no vinculantes).
• Funciones de los Estados (cooperación leal): transponer directivas en plazo, aplicar y garantizar el cumplimiento (los jueces nacionales aplican el Derecho de la UE y pueden plantear la cuestión prejudicial al TJUE).

• OIT (1919, hoy agencia de la ONU): institución universal en materia laboral; rasgo distintivo el tripartismo (gobiernos + trabajadores + empresarios). Persigue la justicia social y el trabajo decente.
• Normas de la OIT: los convenios (tratados que obligan al Estado que los ratifica; destacan los de derechos fundamentales en el trabajo) y las recomendaciones (no vinculantes).
• Otras: el Consejo de Europa (Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en lo laboral, la Carta Social Europea) y la ONU (DUDH, Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que sirven de canon interpretativo (art. 10.2 CE).

• Al no transponerse en plazo, si la directiva contiene disposiciones claras, precisas e incondicionales, puede desplegar efecto directo vertical: la trabajadora puede invocarla frente al Estado y sus organismos, categoría en la que se incluye una empresa pública.
• El juez nacional debe, además, realizar una interpretación conforme del Derecho español a la luz de la directiva.
• El efecto directo horizontal (entre particulares) no se admitiría; frente a una empresa privada solo cabría la interpretación conforme y, en su caso, la responsabilidad patrimonial del Estado por la falta de transposición.
• El Estado incumplidor puede sufrir un recurso por incumplimiento ante el TJUE.

El reglamento es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado (sin transposición). La directiva obliga en cuanto al resultado, pero el Estado debe transponerla a su Derecho interno eligiendo la forma y los medios.

En que en los órganos de la OIT participan, junto a los gobiernos, los representantes de los trabajadores y de los empresarios; es el rasgo distintivo de esta organización y refuerza el diálogo social.

En caso de conflicto, la norma de la Unión Europea prevalece sobre la norma interna del Estado, incluso posterior. Fue formulado por el TJUE en el asunto Costa contra ENEL (1964) y garantiza la aplicación uniforme del Derecho europeo.

El derecho de todo ciudadano de la Unión (art. 45 TFUE) a desplazarse, residir y trabajar en cualquier Estado miembro sin discriminación por nacionalidad en el empleo, la retribución y las condiciones de trabajo. Se apoya en la red EURES, la coordinación de la Seguridad Social y el reconocimiento de cualificaciones.

La incorporación del contenido de una directiva al Derecho interno mediante una norma nacional (ley o reglamento), dentro del plazo fijado. La directiva obliga en el resultado, pero deja al Estado la elección de la forma y los medios.

El trabajo productivo y de calidad, en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad. Articula cuatro objetivos: empleo, derechos en el trabajo, protección social y diálogo social, con la igualdad de género como eje transversal.