• Notas (art. 1 ET): trabajo personal, voluntario, por cuenta ajena, dependiente y retribuido → si concurren, es relación laboral.
• Exclusiones (art. 1.3): funcionarios/estatutarios, prestaciones obligatorias, consejeros/administradores, trabajos amistosos-benévolos-familiares, transportistas con autorización propia.
• Relaciones especiales (art. 2): alta dirección, hogar familiar, penados, deportistas, artistas, CEE, estibadores, abogados, MIR…
• Administración Laboral: legislación estatal (art. 149.1.7ª CE) y ejecución autonómica; Ministerio de Trabajo; la Inspección de Trabajo y SS (vigilancia, actas de infracción/liquidación) y los servicios públicos de empleo.

• FOGASA (art. 33 ET): organismo autónomo que garantiza salarios e indemnizaciones pendientes si el empresario es insolvente o está en concurso, con límites; se financia con cuotas empresariales y se subroga.
• SMAC: conciliación administrativa previa obligatoria (salvo excepciones como la Seguridad Social) antes de demandar; con avenencia se evita el juicio. Colectivos: SIMA/ASAC (mediación/arbitraje); CES consultivo.
• Jurisdicción Social (Ley 36/2011): conoce de la rama social del Derecho; estructura Juzgados de lo Social → Salas TSJ → AN → Sala Social del TS.
• Principios del proceso laboral: gratuidad, oralidad, inmediación, concentración, celeridad, impulso de oficio y conciliación (tutela judicial, art. 24 CE). Recursos: suplicación (TSJ) y casación (TS).

• Conciliación previa (SMAC): ante el despido debe presentar la papeleta de conciliación en el plazo de 20 días hábiles (su presentación suspende ese plazo de caducidad). También puede reclamar en ella las cantidades adeudadas.
• Demanda ante el Juzgado de lo Social si no hay avenencia: impugnación del despido (para que se declare improcedente o nulo) y reclamación de los salarios pendientes.
• FOGASA: declarada la insolvencia o el concurso, solicita al Fondo los salarios e indemnizaciones pendientes, dentro de los límites legales, en el plazo de un año.
• Puede acudir además a la Inspección de Trabajo mediante denuncia por el impago, y su crédito goza de preferencia en el concurso.

El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo del Ministerio de Trabajo (art. 33 ET), que abona a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes, dentro de unos límites, cuando el empresario es declarado insolvente o en concurso de acreedores.

Es un trámite obligatorio (con excepciones) antes de presentar demanda en la mayoría de conflictos laborales individuales: se intenta un acuerdo entre las partes; si hay avenencia se evita el juicio, y si no, queda abierta la vía judicial. Es ágil y gratuito.

El órgano de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa del orden social (Ley 23/2015). Puede requerir la subsanación de deficiencias, levantar actas de infracción y de liquidación de cuotas, proponer recargos y, ante riesgo grave e inminente, ordenar la paralización de los trabajos.

El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RD Legislativo 5/2000). Tipifica las infracciones laborales, de empleo, Seguridad Social y prevención, clasificándolas en leves, graves y muy graves, con sanciones económicas graduadas.

Según la materia y la cuantía, el recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia; y, en su caso, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, incluida la casación para la unificación de doctrina.

Suspende el plazo de caducidad de 20 días hábiles para demandar por despido (y se reanuda tras el intento de conciliación). Además, interrumpe la prescripción de las acciones de reclamación de cantidad.