El conflicto de trabajo es toda controversia surgida en la relación laboral. Clases:

• Por los sujetos: individual (un trabajador frente a su empresario, interés propio) o colectivo (un grupo genérico, interés general e indivisible). El conflicto plural (varios reclaman su interés propio) no es colectivo.
• Por el objeto: jurídico (interpretación o aplicación de una norma existente) o de intereses (crear o modificar una norma o condición).

Vías de solución:

• Autotutela: una parte impone su fuerza (huelga, cierre patronal).
• Autocomposición: las partes acuerdan la solución (conciliación, mediación); es la vía preferente.
• Heterocomposición: un tercero impone la solución (arbitraje, mediante laudo; proceso judicial, mediante sentencia).

La conciliación administrativa previa se celebra ante el servicio autonómico (antiguo SMAC) y es requisito previo a la mayoría de los procesos. Se presenta una papeleta de conciliación, cuya presentación suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de prescripción. Si hay avenencia, el acuerdo tiene fuerza ejecutiva y evita el juicio; si termina sin avenencia o intentada sin efecto, queda expedita la vía judicial.

El proceso ordinario (Ley 36/2011) se desarrolla así: demanda (art. 80: hechos numerados y súplica); señalamiento y citación; intento de conciliación judicial ante el letrado de la Administración de Justicia; juicio oral (ratificación de la demanda, contestación, práctica de la prueba y conclusiones); y sentencia (art. 97), con hechos probados y fallo. Firme, se procede a su ejecución.

Los recursos del orden social son, en su mayoría, extraordinarios (motivos tasados). Los principales:

• Suplicación (arts. 190 y ss. LRJS): ante la Sala de lo Social del TSJ, contra las sentencias de los Juzgados de lo Social (según cuantía y materia). Permite reponer autos, revisar los hechos probados (por prueba documental o pericial) y examinar infracciones de normas.
• Casación ordinaria (arts. 205 y ss.): ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, contra las sentencias dictadas en instancia por las Salas de los TSJ y de la Audiencia Nacional (conflictos colectivos, convenios de ámbito superior).
• Casación para la unificación de doctrina (arts. 218 y ss.): ante el Tribunal Supremo, contra sentencias de suplicación contradictorias entre sí; su fin es unificar los criterios y garantizar la igualdad en la aplicación de la ley.

Existen, además, la revisión de sentencias firmes (causas tasadas) y, por vulneración de derechos fundamentales, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El jurídico versa sobre la interpretación o aplicación de una norma existente (se resuelve ante los tribunales); el de intereses busca crear o modificar una norma o condición (se resuelve por negociación o medios extrajudiciales).

Suspende los plazos de caducidad (como los 20 días del despido) e interrumpe los de prescripción, mientras se tramita la conciliación previa.

La Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS); se sustancia ante el orden jurisdiccional social, uno de los cuatro órdenes de la jurisdicción ordinaria.

Gratuidad (para el trabajador y el beneficiario de la Seguridad Social), oralidad, inmediación, concentración, celeridad e impulso de oficio, con favorecimiento de la conciliación.

El recurso de suplicación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en los asuntos que la ley determina (según la cuantía y la materia).

Unificar los criterios interpretativos en todo el territorio: se interpone ante el Tribunal Supremo cuando dos sentencias de suplicación son contradictorias en supuestos iguales, garantizando la igualdad en la aplicación de la ley.