Guía de estudio del Tema 6. A diferencia de otros temas del bloque, este no descansa sobre un único texto legal, sino sobre un conjunto de conceptos, iniciativas internacionales y normas (Ley 19/2013 de transparencia, Ley 39/2015, Ley 37/2007 de reutilización, la Agenda 2030 de la ONU). Los datos se apoyan en fuentes oficiales; para su uso oficial, acude siempre a la fuente original.

0. Introducción: qué es el Gobierno Abierto

El Gobierno Abierto (en inglés, Open Government) es una forma de entender y ejercer la acción pública basada en la idea de que las Administraciones deben ser transparentes, participativas y colaborativas, rindiendo cuentas de su actuación ante la ciudadanía. No es una única ley ni un órgano concreto, sino un modelo de gobernanza —una manera de relacionarse los poderes públicos con las personas— que aspira a recuperar y reforzar la confianza en las instituciones. Frente a una Administración cerrada, opaca y jerárquica, el Gobierno Abierto propone una Administración que abre sus datos y decisiones, que escucha y hace partícipe a la ciudadanía, que coopera con la sociedad civil y el sector privado y que responde de lo que hace.

El auge del Gobierno Abierto responde también a un contexto: la crisis de confianza en las instituciones (por la percepción de corrupción, opacidad y distancia entre gobernantes y gobernados) y la demanda ciudadana de una vida pública más limpia, participativa y cercana. Frente a ello, el Gobierno Abierto propone recuperar la legitimidad de las instituciones no solo por su origen democrático (las elecciones), sino también por su modo de ejercer el poder en el día a día: con transparencia, escuchando a la ciudadanía y rindiendo cuentas.

La expansión del Gobierno Abierto es inseparable de la revolución digital: internet, los datos abiertos y las herramientas de participación electrónica han hecho posible, a un coste razonable, publicar información masiva, consultar a millones de personas o cocrear servicios. Por eso el Gobierno Abierto se estudia junto con la transparencia (Tema 7), la administración electrónica (Tema 11) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con la que comparte valores. En este tema veremos, primero, el concepto y los pilares del Gobierno Abierto y su desarrollo internacional y en España; después, los datos abiertos y su reutilización; y, por último, el concepto de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la relación entre ambos mundos y su reflejo en el trabajo diario de la Administración.

1. Origen y evolución del Gobierno Abierto

La idea de que el poder debe rendir cuentas y actuar con transparencia es tan antigua como el propio constitucionalismo: los principios de publicidad de las normas, legalidad y responsabilidad del artículo 9.3 de la Constitución ya apuntan en esa dirección. Sin embargo, el Gobierno Abierto en sentido moderno se consolida en la primera década del siglo XXI. Un hito de referencia fue el Memorando sobre Transparencia y Gobierno Abierto firmado por el presidente de los Estados Unidos en 2009, que proclamó tres principios rectores —transparencia, participación y colaboración— e impulsó la apertura de datos públicos.

El paso decisivo a escala internacional fue la creación, en septiembre de 2011, de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), una iniciativa multilateral y voluntaria en la que participan gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. La OGP nació con un grupo reducido de países fundadores y se ha extendido a decenas de Estados de todo el mundo. Para formar parte de ella, los países se comprometen a suscribir una Declaración de Gobierno Abierto y a elaborar, de forma periódica, planes de acción con compromisos concretos, verificables y evaluables, elaborados junto con la sociedad civil y sometidos a seguimiento independiente. España es miembro de la OGP desde sus primeros años y ha aprobado sucesivos Planes de Acción de Gobierno Abierto.

La OGP fue impulsada por un grupo de ocho países fundadores (entre ellos, Brasil, México, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos) y hoy agrupa a decenas de Estados y a numerosos gobiernos locales. Para pertenecer a ella, un país debe acreditar unos requisitos mínimos en materia de transparencia fiscal, acceso a la información, publicidad de las declaraciones de altos cargos y participación ciudadana. El corazón del método OGP es el ciclo de planes de acción: cada dos años, el país, de la mano de la sociedad civil, elabora un plan con compromisos concretos, medibles y con plazo; ejecuta esos compromisos; y somete su cumplimiento a un Mecanismo de Revisión Independiente (IRM, por sus siglas en inglés), que evalúa los avances con expertos ajenos al gobierno. Esta combinación de cocreación y evaluación independiente es lo que distingue a la OGP de una simple declaración de buenas intenciones.

Al ingresar en la Alianza, los países suscriben una Declaración de Gobierno Abierto por la que se comprometen, en esencia, a: aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales; apoyar la participación ciudadana; aplicar los más altos estándares de integridad profesional en la Administración; y aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Estos compromisos resumen muy bien el contenido del Gobierno Abierto y explican por qué la iniciativa ha tenido tanto eco: ofrece un método práctico y evaluable para pasar de los principios a los hechos.

El Gobierno Abierto ha evolucionado desde una primera etapa centrada casi exclusivamente en la transparencia y la apertura de datos hacia una concepción más amplia que incorpora la participación y la colaboración como ejes de una nueva gobernanza. En paralelo, se ha ido dotando de marco jurídico: en el caso español, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (que se estudia en el Tema 7), la regulación de la participación en la elaboración de las normas (Ley 39/2015 y Ley 50/1997) y la normativa de reutilización de la información del sector público (Ley 37/2007).

2. Los pilares del Gobierno Abierto

Existe amplio consenso en que el Gobierno Abierto se asienta sobre cuatro pilares o principios básicos: la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. A ellos se añade, con frecuencia, la innovación y el uso de la tecnología como palanca transversal. Conviene comprender bien cada uno.

2.1. La transparencia

La transparencia es el pilar que hace posible los demás: sin información, no hay participación real ni control efectivo. Tiene dos vertientes. La publicidad activa es la obligación de las Administraciones de publicar por iniciativa propia, de forma periódica y accesible, la información más relevante sobre su organización, su funcionamiento, sus decisiones y el uso de los recursos públicos (contratos, subvenciones, presupuestos, retribuciones de altos cargos, agendas, etc.). La segunda vertiente es el derecho de acceso a la información pública: la facultad de cualquier persona de solicitar y obtener información en poder de las Administraciones, sin necesidad de motivar la solicitud y con límites tasados. Ambas vertientes se regulan en la Ley 19/2013 y se canalizan a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (transparencia.gob.es). El órgano que garantiza el derecho de acceso y controla el cumplimiento de las obligaciones de publicidad es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ante el que puede reclamarse cuando se deniega la información. La transparencia no es, sin embargo, absoluta: cede ante límites tasados (la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la prevención e investigación de delitos, la protección del medio ambiente, la propiedad intelectual o los intereses económicos, entre otros) y, muy especialmente, ante la protección de los datos personales, que obliga a ponderar el derecho a saber con el derecho a la intimidad. La transparencia es, además, un antídoto frente a la corrupción y una condición del buen gobierno, que la Ley 19/2013 concreta en un conjunto de principios éticos y de actuación exigibles a los responsables públicos.

2.2. La participación

La participación consiste en abrir cauces para que la ciudadanía intervenga en los asuntos públicos más allá del voto: aportando ideas, opinando sobre las decisiones que le afectan e implicándose en el diseño de las políticas y los servicios. Se distingue del control (rendición de cuentas) en que mira hacia el futuro: se trata de construir juntos las decisiones. La participación puede ser informativa (se informa a la ciudadanía), consultiva (se le pregunta su opinión) o deliberativa/decisoria (se le implica en la toma de decisiones, como en los presupuestos participativos). Sus manifestaciones son muy variadas: consultas públicas, procesos de participación en la elaboración de normas, foros, paneles ciudadanos, plataformas digitales de propuestas, etc. Suele hablarse de una «escalera de la participación»: en los peldaños más bajos, la Administración se limita a informar; en los intermedios, consulta y recoge aportaciones; y en los más altos, delibera y comparte el poder de decisión con la ciudadanía. Cuanto más se sube en la escalera, más real y transformadora es la participación, pero también más exigente en tiempo y recursos. Un peligro que hay que evitar es la participación cosmética: abrir un proceso participativo cuya opinión no se tiene en cuenta, lo que acaba generando frustración y desconfianza.

2.3. La colaboración

La colaboración va un paso más allá de la participación: implica trabajar conjuntamente —cocrear— entre las Administraciones, la ciudadanía, las empresas, las universidades y las entidades sociales para generar valor público y resolver problemas colectivos. Mientras que la participación suele partir de la Administración, que abre un proceso, la colaboración supone una relación más horizontal y sostenida: alianzas público-privadas, laboratorios de innovación ciudadana, proyectos de ciencia abierta o iniciativas de aprovechamiento compartido de datos. La colaboración reconoce que el conocimiento y la capacidad de innovar no residen solo dentro de la Administración, sino también fuera de ella. Ejemplos de colaboración son los laboratorios de innovación ciudadana y de gobierno (espacios donde equipos mixtos prototipan soluciones), los retos y hackatones abiertos a la comunidad de desarrolladores para crear aplicaciones con datos públicos, la ciencia ciudadana (personas voluntarias que colaboran en la recogida de datos científicos) o las alianzas público-privadas para prestar servicios. La colaboración se apoya, de nuevo, en la apertura de datos: sin datos abiertos difícilmente puede la sociedad cocrear valor.

2.4. La rendición de cuentas

La rendición de cuentas (en inglés, accountability) es la obligación de los responsables públicos de explicar, justificar y responder de sus decisiones y del uso de los recursos, asumiendo, en su caso, las consecuencias. A diferencia de la participación, mira hacia el pasado: evalúa lo ya hecho. Incluye la rendición política (ante el Parlamento y la ciudadanía), la administrativa y de gestión (indicadores, evaluación de las políticas públicas, auditorías) y la jurídica (control por los tribunales y por órganos como el Tribunal de Cuentas). La rendición de cuentas cierra el círculo del Gobierno Abierto: la ciudadanía dispone de información (transparencia), participa y colabora, y después puede valorar los resultados y exigir responsabilidades. Un instrumento cada vez más importante es la evaluación de las políticas públicas: analizar de forma rigurosa si una política ha alcanzado sus objetivos, a qué coste y con qué efectos, para aprender y mejorar. En España existe un organismo estatal dedicado a la evaluación de las políticas públicas, y tanto el Tribunal de Cuentas (control externo) como la Intervención General (control interno) contribuyen a la rendición de cuentas en su vertiente económica.

3. El Gobierno Abierto en España

España ha incorporado el Gobierno Abierto tanto a su marco normativo como a su acción de gobierno. En el plano normativo, los cimientos son la Ley 19/2013 de transparencia, las leyes del procedimiento y del régimen jurídico (Ley 39/2015 y Ley 40/2015), que consagran la Administración electrónica y la participación en la elaboración de normas, y la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público. En el plano de la acción, España, como miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, ha aprobado varios Planes de Acción de Gobierno Abierto (el cuarto correspondió al periodo 2020-2024), que recogen compromisos concretos en materia de transparencia, participación, rendición de cuentas, educación cívica y sensibilización.

Para gobernar esta política se ha creado un Foro de Gobierno Abierto, órgano de colaboración y diálogo permanente entre las Administraciones Públicas y la sociedad civil, con una composición mixta (representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, de la Administración local y de organizaciones de la sociedad civil). El Foro participa en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los Planes. La competencia en la materia corresponde, dentro de la Administración General del Estado, al departamento con atribuciones en función pública y gobernanza pública, y su ejecución se apoya en el Portal de la Transparencia y en el portal de datos abiertos datos.gob.es.

Los Planes de Acción de Gobierno Abierto suelen articularse en torno a compromisos como: mejorar y ampliar la publicidad activa y los portales de transparencia; reforzar los datos abiertos y su reutilización; crear o mejorar plataformas de participación ciudadana; impulsar la rendición de cuentas y la evaluación; fomentar la educación y sensibilización sobre gobierno abierto (incluida la formación de los empleados públicos); y reforzar la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Cada compromiso se acompaña de un responsable, un calendario e indicadores de cumplimiento, y su ejecución se evalúa de forma independiente.

El Gobierno Abierto se despliega también en las comunidades autónomas y en las entidades locales, muchas de las cuales cuentan con sus propias leyes y portales de transparencia, reglamentos de participación ciudadana y presupuestos participativos. Es, por tanto, una política multinivel que afecta a todas las Administraciones. De hecho, el nivel local —el más cercano a la ciudadanía— es un terreno especialmente fértil para la participación (consultas de barrio, presupuestos participativos, consejos sectoriales).

3.1. El marco europeo e internacional

El acceso a la información y el gobierno abierto tienen también un anclaje europeo e internacional. En el ámbito de la Unión Europea, el derecho a una buena administración y el acceso a los documentos de las instituciones se reconocen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 41 y 42). La Unión ha impulsado, además, la política de datos abiertos (Directiva de open data) y una estrategia europea de datos. En el ámbito del Consejo de Europa existe un Convenio sobre el Acceso a los Documentos Públicos (Convenio de Tromsø), primer tratado internacional que reconoce ese derecho. Y, en el plano global, las Naciones Unidas vinculan el gobierno abierto con el ODS 16 (instituciones transparentes que rinden cuentas) y promueven el acceso público a la información como parte del derecho a saber. Este marco muestra que la transparencia y la participación no son una moda pasajera, sino una tendencia consolidada del Derecho público contemporáneo.

4. La participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas

Una de las manifestaciones más concretas y exigibles de la participación es la que se produce en el procedimiento de elaboración de las normas. El artículo 133 de la Ley 39/2015 establece dos trámites clave. En primer lugar, con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o de un reglamento, se sustancia una consulta pública a través del portal web, en la que se recaba la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones potencialmente afectadas acerca de los problemas que se pretenden solucionar, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y las posibles soluciones alternativas. En segundo lugar, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, se les da audiencia y se abre información pública sobre el texto ya redactado.

A ello se suman otros cauces de participación política y administrativa: la iniciativa legislativa popular (art. 87.3 de la Constitución, no menos de 500.000 firmas), el derecho de petición (art. 29), los referendos consultivos (art. 92), los presupuestos participativos en el ámbito local y las plataformas digitales de propuestas y quejas. La participación se conecta así con la administración electrónica, que facilita el acceso a estos cauces sin necesidad de desplazamientos.

5. Los datos abiertos (open data) y la reutilización de la información

Los datos abiertos (open data) son datos que las Administraciones y otros organismos ponen a disposición de cualquiera para que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente, sin más limitaciones que, en su caso, la obligación de citar la fuente o mantener la apertura. Se distinguen de la transparencia en su finalidad: la transparencia busca el control y la rendición de cuentas; los datos abiertos buscan, además, generar valor económico y social permitiendo que empresas, investigadores y ciudadanos creen aplicaciones, análisis y servicios a partir de la información pública.

Conviene no confundir tres conceptos próximos que a menudo se mezclan. La transparencia es el derecho a conocer la actividad pública (publicidad activa y acceso), con finalidad de control. Los datos abiertos son la puesta a disposición de datos reutilizables para crear valor, y pueden proceder tanto del sector público como del privado. Y la protección de datos personales (Tema 12) es justo el límite: protege la información que identifica a personas concretas, de modo que no todo dato público puede abrirse y no toda información puede difundirse. La regla práctica es sencilla: se abren y publican los datos que interesan al control y a la reutilización, siempre que no vulneren la intimidad ni otros límites legalmente protegidos. Este equilibrio entre apertura y protección es uno de los grandes desafíos del Gobierno Abierto.

Para que un conjunto de datos sea verdaderamente abierto suele exigirse que esté disponible completo, en formatos abiertos y reutilizables (legibles por máquina), de forma gratuita o a coste marginal, actualizado y con una licencia que permita su reutilización. En el ámbito internacional se han popularizado los principios FAIR (datos Findable, Accessible, Interoperable y Reusable: localizables, accesibles, interoperables y reutilizables).

Una referencia muy citada para medir el grado de apertura es el modelo de las «cinco estrellas» propuesto por Tim Berners-Lee (creador de la web): una estrella, publicar los datos en la web con una licencia abierta, aunque sea en un formato cerrado (por ejemplo, un PDF); dos estrellas, publicarlos como datos estructurados legibles por máquina (una hoja de cálculo); tres estrellas, usar un formato no propietario (como CSV en lugar de Excel); cuatro estrellas, usar identificadores estables (URIs) para que se pueda apuntar a cada dato; y cinco estrellas, enlazar los datos con otros datos para dar contexto (los llamados datos enlazados o linked data). Cuantas más estrellas, mayor es el valor y la reutilización potencial.

El marco jurídico español de la reutilización es la Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público (RISP), modificada por la Ley 18/2015 (que traspuso una directiva europea) y complementada por la normativa de la Unión sobre datos abiertos (Directiva de open data de 2019). El punto de encuentro de los datos abiertos de todas las Administraciones es el portal datos.gob.es, que agrega miles de conjuntos de datos publicados por ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos. La apertura de datos alimenta sectores enteros de la economía (la denominada economía del dato): aplicaciones de movilidad y transporte que usan datos de tráfico o de horarios, servicios meteorológicos, herramientas de análisis financiero o cívico, o desarrollos de inteligencia artificial que necesitan grandes volúmenes de datos de calidad. Al mismo tiempo, impulsa la innovación, mejora los propios servicios públicos y refuerza la transparencia. Deben respetarse, eso sí, los límites de la protección de datos personales (Tema 12): solo se abren datos que no permitan identificar a personas o que hayan sido debidamente anonimizados.

6. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Antes de entrar en la Agenda conviene precisar qué es el desarrollo sostenible. La definición clásica procede del Informe Brundtland (Nuestro futuro común, 1987), que lo definió como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. El desarrollo sostenible se apoya en tres dimensiones que deben avanzar de forma equilibrada: la económica, la social y la ambiental. Esta idea es la que inspira toda la Agenda 2030.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la cumbre celebrada en septiembre de 2015 (Resolución «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»). Entró en vigor el 1 de enero de 2016 y fija el horizonte del año 2030. La Agenda es universal (obliga a todos los países, desarrollados y en desarrollo), integral (aborda a la vez las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo) e indivisible (sus objetivos están interrelacionados).

La Agenda 2030 no partió de cero: es la sucesora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos que estuvieron vigentes entre el año 2000 y 2015 y que se centraban, sobre todo, en la reducción de la pobreza extrema en los países en desarrollo. Aquellos ocho ODM fueron: (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) lograr la enseñanza primaria universal; (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; (4) reducir la mortalidad infantil; (5) mejorar la salud materna; (6) combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; (7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y (8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. La Agenda 2030 amplía y universaliza aquel enfoque, incorpora con fuerza la sostenibilidad ambiental y la reducción de las desigualdades y se dirige a todos los países del mundo, no solo a los llamados «en vías de desarrollo».

El camino hacia los ODS se gestó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Río de Janeiro en 2012 (conocida como Río+20), donde se acordó poner en marcha un proceso para definir un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que sucediera a los ODM. Tras tres años de negociación con participación de gobiernos, sociedad civil y expertos, la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 en 2015. Su financiación se abordó de forma específica en la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación para el desarrollo, también de 2015.

El corazón de la Agenda son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se concretan, a su vez, en 169 metas y en un amplio conjunto de indicadores para su seguimiento (más de dos centenares en el marco global). La Agenda suele resumirse en las «cinco P»: Personas (poner fin a la pobreza y el hambre y garantizar la dignidad), Planeta (proteger el medio ambiente y combatir el cambio climático), Prosperidad (vidas prósperas y en armonía con la naturaleza), Paz (sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y Alianzas (o Partenariado: movilizar los medios para lograrlo mediante la cooperación).

La Agenda 2030 no es un tratado jurídicamente vinculante, sino un compromiso político de altísima autoridad moral, cuyo cumplimiento depende de que cada país lo traduzca en políticas propias. Su seguimiento a escala mundial se realiza en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, donde los Estados presentan de forma voluntaria sus avances (los Exámenes Nacionales Voluntarios). Un rasgo esencial de la Agenda es que «nadie se quede atrás» (leave no one behind): las políticas deben llegar en primer lugar a las personas y colectivos más vulnerables. Además de los 17 objetivos temáticos, el ODS 17 se dedica en exclusiva a los medios de implementación —financiación, tecnología, comercio, coherencia de políticas y alianzas entre múltiples actores—, sin los cuales el resto de objetivos no podrían alcanzarse.

6.1. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Conviene conocer el listado completo, porque es materia frecuente de examen:

• ODS 1. Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
• ODS 2. Hambre cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
• ODS 3. Salud y bienestar: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
• ODS 4. Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
• ODS 5. Igualdad de género: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
• ODS 6. Agua limpia y saneamiento: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
• ODS 7. Energía asequible y no contaminante: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.
• ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
• ODS 10. Reducción de las desigualdades: reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
• ODS 12. Producción y consumo responsables: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
• ODS 13. Acción por el clima: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
• ODS 14. Vida submarina: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad.
• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Un truco de memorización útil es agrupar los objetivos por su dimensión: los sociales (1 a 5, más el 10 y el 16, ligados a las personas y la equidad), los económicos (8, 9, 12), los ambientales (6, 7, 13, 14, 15) y los de gobernanza y medios (11, 16 y, sobre todo, el 17, dedicado a las alianzas). El ODS 16 —paz, justicia e instituciones sólidas— y el ODS 17 —alianzas— son especialmente relevantes para las Administraciones, porque enlazan directamente con el Gobierno Abierto y con la cooperación.

6.2. La Agenda 2030 en España

España asumió el compromiso con la Agenda 2030 y aprobó, primero, un Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 (2018) y, después, una Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 que orienta las políticas públicas hacia el cumplimiento de los ODS y define retos país y políticas aceleradoras. Para su gobernanza se han creado órganos específicos: en distintos momentos, un Alto Comisionado y, después, una Secretaría de Estado con competencias en la Agenda 2030; una Comisión Delegada del Gobierno para coordinar a los ministerios; una Conferencia Sectorial para la cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales; y un Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano de participación de la sociedad civil (empresas, sindicatos, ONG, universidades). España presenta ante la ONU informes de seguimiento (los Exámenes Nacionales Voluntarios) para dar cuenta de sus avances, y el Instituto Nacional de Estadística mantiene un sistema de indicadores para medir el grado de cumplimiento de cada ODS.

La implementación de la Agenda 2030 es un buen ejemplo de gobernanza multinivel y transversal: no depende de un solo ministerio, sino que impregna todas las políticas (educación, sanidad, empleo, medio ambiente, igualdad, cooperación) y todas las Administraciones, y exige la colaboración del sector privado, la academia y la sociedad civil. Por eso se dice que «localizar» los ODS —bajarlos al territorio, a las ciudades y a los pueblos— es una de las claves de su éxito.

7. La relación entre Gobierno Abierto y Agenda 2030

Gobierno Abierto y Agenda 2030 son dos caras de una misma aspiración: instituciones más abiertas, eficaces y confiables al servicio de un desarrollo sostenible e inclusivo. La conexión es explícita en el ODS 16, que persigue instituciones eficaces, responsables y transparentes que rindan cuentas y garanticen el acceso público a la información y la adopción de decisiones inclusivas y participativas; y en el ODS 17, que reclama alianzas entre los sectores público, privado y social. Los valores del Gobierno Abierto —transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas— son, por tanto, herramientas para alcanzar los ODS, y muchos compromisos de los Planes de Gobierno Abierto se orientan expresamente al cumplimiento de la Agenda 2030.

Los ODS no son un asunto ajeno a la Administración: se traducen en actuaciones cotidianas. Así, el ODS 5 (igualdad de género) inspira los planes de igualdad, el uso de lenguaje inclusivo y la conciliación en el empleo público; el ODS 12 (producción y consumo responsables) y el ODS 13 (acción por el clima) se concretan en la contratación pública verde, el ahorro energético de los edificios públicos o la reducción del papel; el ODS 4 (educación) y el ODS 8 (trabajo decente) orientan las políticas de formación y empleo; y el ODS 16 (instituciones sólidas) se materializa en la transparencia, la simplificación de trámites y la lucha contra la corrupción. Incorporar la perspectiva de los ODS a la elaboración de normas, presupuestos y contratos es una forma de «localizar» la Agenda 2030 en el trabajo diario del empleado público.

8. Gobierno Abierto, administración electrónica e innovación pública

El Gobierno Abierto se apoya de manera decisiva en la administración electrónica y en la innovación pública. La digitalización (sedes electrónicas, identidad digital, tramitación en línea, datos abiertos) es la infraestructura que hace viable abrir la información, consultar a la ciudadanía y evaluar resultados. Al mismo tiempo, la innovación pública —laboratorios de gobierno, experimentación, rediseño de servicios centrados en las personas, uso ético de la inteligencia artificial y de los datos— es la cultura que permite transformar de verdad la Administración. Conviene, no obstante, no confundir el fin (una Administración transparente, participativa, colaborativa y responsable) con los medios (las tecnologías): la tecnología es imprescindible, pero el Gobierno Abierto es, ante todo, un cambio de cultura institucional.

La innovación pública abarca innovaciones de distinto tipo: de servicio (nuevos o mejores servicios, diseñados poniendo a la persona usuaria en el centro mediante técnicas como el design thinking), de proceso (nuevas formas de organizar y tramitar), de gobernanza (nuevas maneras de decidir y colaborar) y tecnológicas (automatización, analítica de datos, inteligencia artificial). Muchas Administraciones han creado laboratorios de innovación y equipos de transformación para experimentar de forma controlada antes de generalizar una solución. En este terreno cobra especial importancia el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y de los datos: automatizar decisiones puede mejorar la eficiencia, pero exige garantizar la transparencia de los algoritmos, evitar sesgos discriminatorios y preservar los derechos de las personas. Una Administración innovadora no es la que más tecnología acumula, sino la que la pone al servicio de una mejor atención y de decisiones más justas.

Este tema conecta, así, con varios otros del temario: con la transparencia y el buen gobierno (Tema 7), con el funcionamiento electrónico del sector público (Tema 11), con la protección de datos (Tema 12), que marca los límites del uso de la información personal, con las políticas de igualdad (Tema 16), muy ligadas al ODS 5, y con la atención a la ciudadanía (Tema 17), que es el rostro cotidiano de una Administración abierta.

9. Beneficios y retos del Gobierno Abierto

Los beneficios que se atribuyen al Gobierno Abierto son numerosos: refuerza la confianza de la ciudadanía en las instituciones; mejora la calidad de las decisiones, al incorporar el conocimiento y las preferencias de las personas afectadas; previene la corrupción y el despilfarro, al exponer a la luz pública la gestión de los recursos; genera valor económico y social a través de la reutilización de los datos; y aumenta la eficacia de las políticas, al someterlas a evaluación y aprendizaje continuo. En suma, contribuye a una democracia de mayor calidad y a una Administración más eficiente y cercana.

Ligada al Gobierno Abierto está la integridad pública: el conjunto de valores, principios y normas que orientan la conducta de los empleados y responsables públicos hacia el interés general y la honestidad. La Ley 19/2013 recoge, en su vertiente de buen gobierno, principios éticos (actuar con transparencia, objetividad, austeridad y ejemplaridad) y principios de actuación (eficacia, economía, dedicación al servicio público), cuyo incumplimiento puede acarrear responsabilidad. A ello se añaden los códigos de conducta de los empleados públicos (recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, Tema 14), los sistemas de alertas y protección de denunciantes de irregularidades y las políticas de prevención de conflictos de intereses. La integridad es la cara interna del Gobierno Abierto: de poco sirve abrir datos si dentro de la Administración no arraiga una cultura ética sólida.

Pero también hay retos y críticas que conviene conocer. El primero es el riesgo de «apertura de fachada»: publicar mucha información pero poco útil, o abrir procesos participativos que no influyen realmente en las decisiones (participación cosmética). El segundo es la brecha digital: si la participación y el acceso se canalizan solo por medios electrónicos, pueden quedar excluidas las personas mayores, del medio rural o con menos competencias digitales. El tercero es la necesaria tensión con la protección de datos y con otros límites (la seguridad, los intereses económicos, la propiedad intelectual), que obliga a ponderar la apertura con esos bienes jurídicos. Y el cuarto es la sostenibilidad del esfuerzo: abrir datos y mantener la participación exige recursos, cultura interna y voluntad política a largo plazo. Un Gobierno Abierto maduro es el que convierte estos principios en hábito institucional, no en un proyecto puntual.

10. Ideas fuerza para el examen

• Gobierno Abierto: modelo de gobernanza basado en transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas; no es una única ley ni un órgano, sino una forma de gobernar.
• Cuatro pilares: transparencia (publicidad activa + acceso), participación (mirar al futuro, decidir juntos), colaboración (cocrear con la sociedad) y rendición de cuentas (mirar al pasado, responder de lo hecho).
• Alianza para el Gobierno Abierto (OGP): iniciativa internacional creada en 2011; España es miembro y aprueba Planes de Acción de Gobierno Abierto (el IV, 2020-2024); Foro de Gobierno Abierto con la sociedad civil.
• Marco español: Ley 19/2013 (transparencia), Ley 39/2015 (participación en normas, art. 133), Ley 37/2007 (reutilización); Portal de la Transparencia y datos.gob.es.
• Datos abiertos: datos reutilizables libremente para generar valor; formatos abiertos, gratuitos, con licencia; principios FAIR (localizables, accesibles, interoperables, reutilizables).
• Agenda 2030: aprobada por la ONU en septiembre de 2015; horizonte 2030; 17 ODS y 169 metas; universal, integral e indivisible; sucede a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015, 8 objetivos).
• Las «cinco P»: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas.
• Recuerda los ODS clave para la Administración: ODS 5 (igualdad de género), ODS 13 (acción por el clima), ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) y ODS 17 (alianzas).
• España: Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030; gobernanza multinivel y transversal; Exámenes Nacionales Voluntarios ante la ONU.
• Gobierno Abierto y ODS se enlazan sobre todo por el ODS 16 (instituciones transparentes que rinden cuentas) y el ODS 17 (alianzas).
• Desarrollo sostenible (Informe Brundtland, 1987): satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras; tres dimensiones (económica, social y ambiental).
• No confundir: transparencia (derecho a conocer, control) ≠ datos abiertos (reutilización, valor) ≠ protección de datos (el límite que protege a las personas).

Este es un tema conceptual: no memorices artículos, sino conceptos, fechas e iniciativas (los cuatro pilares, la OGP y sus Planes, los datos abiertos, y la Agenda 2030 con sus 17 ODS y las cinco P). Presta especial atención a los datos numéricos (17 ODS, 169 metas, 8 ODM, cuatro pilares, cinco P) y a las fechas (2009, 2011, 2015, 2016), que son las trampas más habituales del examen. Consolídalo con las 100 preguntas del test de este tema y repásalo con las flashcards.