Tema desarrollado para preparar el examen de conocimientos de la Escala de Cabos y Guardias (100 preguntas de test). La información es orientativa y está verificada a fecha de actualización: el contenido evaluable lo fija el temario oficial de tu convocatoria (Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la de 3 de octubre de 2022). Se cita la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Índice

• 0. Introducción: tres materias transversales
• 1. La protección civil
  • 1.1. Concepto y marco jurídico
  • 1.2. El Sistema Nacional de Protección Civil
  • 1.3. El ciclo de la emergencia
  • 1.4. Los planes de protección civil
  • 1.5. La Guardia Civil, la UME y el 112
• 2. El desarrollo sostenible
  • 2.1. Concepto y los tres pilares
  • 2.2. La Agenda 2030 y los ODS
• 3. Eficiencia energética y cambio climático
  • 3.1. El cambio climático
  • 3.2. Eficiencia energética y energías renovables
• 4. Ideas fuerza para el test

0. Introducción: tres materias transversales

Este tema reúne tres materias socioculturales que, aun siendo distintas, comparten un rasgo: describen retos colectivos ante los que la sociedad —y también la Guardia Civil— debe responder de forma coordinada. La protección civil organiza la respuesta ante emergencias y catástrofes; el desarrollo sostenible propone un modelo de progreso que no comprometa a las generaciones futuras; y la eficiencia energética, junto con la lucha contra el cambio climático, es una de las herramientas para lograrlo. El tribunal pregunta este bloque con datos concretos: fechas, siglas, leyes y organismos, por lo que es un tema muy rentable si se estudian bien los datos ancla.

Para el guardia civil, estas materias no son teóricas: interviene en incendios, inundaciones y rescates dentro del dispositivo de protección civil; y el SEPRONA vela por el cumplimiento de la normativa ambiental que sostiene el desarrollo sostenible. Vamos a ordenar el tema en sus tres bloques, empezando por el más denso y jurídico, la protección civil, que es también el que ofrece más preguntas en el examen por su desarrollo legal.

1. La protección civil

1.1. Concepto y marco jurídico

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la protección civil como el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada. Es, además, un instrumento de la política de seguridad pública. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 30.4 de la Constitución, que prevé que una ley regule los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. La protección civil descansa, por tanto, en un principio de corresponsabilidad: es tarea de las Administraciones, pero también de los ciudadanos, que tienen el deber de colaborar.

La ley reconoce a los ciudadanos varios derechos: el derecho a la protección en caso de catástrofe (art. 5), el derecho a la información sobre los riesgos y las medidas (art. 6) y el derecho a la participación (art. 7). Frente a ellos, existe el deber de colaboración: los ciudadanos mayores de edad pueden ser requeridos para incorporarse a las labores de protección civil, y todos deben cumplir las medidas que se adopten (autoprotección, evacuación, confinamiento).

Un concepto clave es el de autoprotección: el conjunto de medidas que las personas, las empresas y los titulares de actividades o centros deben adoptar para prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y para dar una respuesta adecuada a las posibles emergencias. Determinadas actividades (industrias, espectáculos, grandes concentraciones) están obligadas a disponer de un plan de autoprotección. La filosofía de la ley es que la seguridad no se improvisa: cuanto mejor esté planificada y conocida la respuesta antes de la emergencia, menores serán los daños cuando llegue. Por eso se insiste tanto en la cultura preventiva y en la información a la población.

1.2. El Sistema Nacional de Protección Civil

El Sistema Nacional de Protección Civil es el instrumento que asegura la coordinación, cohesión y eficacia de las políticas de protección civil de todas las Administraciones Públicas. Integra la actuación del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los recursos públicos y privados que puedan movilizarse. La ley articula el Sistema en torno a instrumentos como la Red Nacional de Información sobre protección civil, la Red de Alerta Nacional, la Estrategia del Sistema Nacional y el Fondo de Prevención de Emergencias. La dirección y coordinación en el ámbito estatal corresponde al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

El Sistema se apoya en varios órganos. El Consejo Nacional de Protección Civil es el órgano de cooperación en la materia entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (CENEM) (art. 18) realiza el seguimiento y la gestión de la información de las emergencias en el ámbito estatal, de forma permanente. Y la Escuela Nacional de Protección Civil se ocupa de la formación de los intervinientes. La ley se inspira en principios de cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia y responsabilidad, de modo que cada Administración asuma la respuesta que le corresponde y las demás la apoyen cuando sus medios se vean superados.

La Ley 17/2015 sustituyó a la anterior Ley 2/1985, de protección civil, ya derogada, para modernizar el sistema y reforzar la coordinación entre Administraciones tras la experiencia de grandes catástrofes. El reparto competencial en esta materia es complejo, porque la protección civil es una competencia concurrente: el Estado la vincula a su competencia sobre seguridad pública, pero las Comunidades Autónomas y los municipios tienen amplias competencias de gestión. Por eso la ley pone el acento en la coordinación y en la subsidiariedad: la respuesta la asume, en primer término, la Administración más cercana, y las superiores intervienen cuando aquella se ve desbordada, hasta llegar, en las emergencias de interés nacional, a la dirección del Estado.

1.3. El ciclo de la emergencia

La ley organiza las actuaciones de protección civil como un ciclo de gestión de las emergencias que comprende varias fases sucesivas y complementarias:

• Anticipación: la identificación y evaluación de los riesgos potenciales, para conocer a qué peligros está expuesto cada territorio. Se plasma en mapas de riesgo y catálogos que localizan las amenazas (zonas inundables, áreas sísmicas, industrias peligrosas, masas forestales).
• Prevención: las medidas dirigidas a evitar o reducir la posibilidad de que se produzcan los daños (política de prevención, art. 10).
• Planificación: la elaboración de los planes que ordenan la respuesta antes de que ocurra la emergencia.
• Respuesta inmediata: la intervención de los servicios de emergencia cuando la catástrofe se produce, para socorrer a las personas y proteger los bienes. En esta fase se activan los planes, se declara la situación operativa correspondiente y se movilizan los servicios de intervención y asistencia (art. 17): bomberos, servicios sanitarios, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, agrupaciones de voluntarios de protección civil y, en su caso, la UME.
• Recuperación: el conjunto de actuaciones y ayudas para restablecer la normalidad en la zona afectada (reparación de daños, ayudas a los damnificados, declaración de zona gravemente afectada).

1.4. Los planes de protección civil

Los planes son el instrumento básico de la planificación. La Norma Básica de Protección Civil (art. 13) establece las directrices para su elaboración. El artículo 15 distingue tres tipos:

• El Plan Estatal General: desarrolla la organización y los procedimientos de la Administración General del Estado para apoyar a las demás Administraciones y para dirigir y coordinar las emergencias declaradas de interés nacional. Lo aprueba el Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.
• Los Planes Territoriales: se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencia en el territorio de una Comunidad Autónoma o de una Entidad Local, y los aprueba la Administración autonómica o local competente.
• Los Planes Especiales: tienen por finalidad hacer frente a riesgos concretos cuya naturaleza requiere una metodología específica (inundaciones, seísmos, riesgo químico, transporte de mercancías peligrosas, incendios forestales, riesgo nuclear).

Una emergencia puede declararse de interés nacional cuando su gravedad exija que la dirección la asuma la Administración General del Estado (por ejemplo, cuando afecte a varias Comunidades Autónomas o requiera la movilización de recursos por encima de los disponibles en el territorio). En ese caso, la dirección corresponde al Ministro del Interior.

Cuando una emergencia causa daños de especial gravedad, la ley prevé la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (arts. 23 y 24), popularmente conocida como declaración de zona catastrófica. La acuerda el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministerios afectados, y abre la puerta a un conjunto de medidas y ayudas: subvenciones por daños personales y materiales en viviendas y enseres, ayudas a los establecimientos industriales y mercantiles, beneficios fiscales, moratorias en el pago de tributos y créditos, y medidas laborales y de Seguridad Social. Es el instrumento con el que el Estado auxilia a los damnificados en la fase de recuperación y contribuye a restablecer la normalidad en la zona.

1.5. La Guardia Civil, la UME y el 112

En la respuesta a las emergencias intervienen numerosos servicios: los cuerpos de bomberos, los servicios sanitarios, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, en las grandes catástrofes, la Unidad Militar de Emergencias (UME), la unidad de las Fuerzas Armadas creada en 2005 para intervenir en emergencias graves (incendios forestales, inundaciones, terremotos, riesgo tecnológico). La Guardia Civil desempeña un papel esencial: por su despliegue en el medio rural, suele ser la primera en llegar, colabora en la evacuación y el rescate, ordena el tráfico, protege los bienes de la zona afectada, mantiene el orden y coordina con el resto de servicios. El deber de cooperación en caso de catástrofe está expresamente recogido, además, en la ley de derechos y deberes de los guardias civiles (art. 20 de la LO 11/2007). El número de teléfono único europeo de emergencias es el 112, que centraliza las llamadas y activa los recursos necesarios.

La intervención de la Guardia Civil en las emergencias se apoya en sus unidades especializadas: los GREIM rescatan en la montaña, el GEAS actúa en el medio acuático, el Servicio Marítimo auxilia en la mar, el Servicio Aéreo aporta medios de búsqueda y evacuación, y el SEPRONA colabora en la prevención y la investigación de los incendios forestales y de los delitos ambientales. En episodios como los grandes incendios del verano o las inundaciones por lluvias torrenciales (las llamadas DANA), la Guardia Civil corta carreteras, evacúa a la población, protege las viviendas desalojadas frente a los saqueos, busca a los desaparecidos y coordina su actuación con los bomberos, los servicios sanitarios, la UME y las autoridades de protección civil. Su conocimiento del terreno y su presencia permanente en el medio rural la convierten en una pieza insustituible del dispositivo.

Junto a los servicios profesionales, la protección civil cuenta con el voluntariado: las agrupaciones de voluntarios de protección civil, dependientes en su mayoría de los ayuntamientos, colaboran de forma altruista en la prevención, la vigilancia (por ejemplo, en la campaña de incendios forestales) y el apoyo logístico en emergencias y grandes concentraciones. Su labor, coordinada con los servicios oficiales, refuerza la capacidad de respuesta de la sociedad y encarna el principio de corresponsabilidad ciudadana que inspira toda la ley.

2. El desarrollo sostenible

2.1. Concepto y los tres pilares

El concepto de desarrollo sostenible se popularizó con el Informe Brundtland, titulado «Nuestro Futuro Común» y elaborado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (presidida por Gro Harlem Brundtland). Lo definió como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La idea central es la solidaridad intergeneracional: no podemos consumir hoy los recursos que necesitarán quienes vengan después.

En el ordenamiento español, la preocupación ambiental tiene rango constitucional. El artículo 45 de la Constitución reconoce el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y ordena a los poderes públicos velar por la utilización racional de los recursos naturales, con la finalidad de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente. El propio precepto prevé sanciones penales o administrativas y la obligación de reparar el daño para quienes lo causen. Es el fundamento último de toda la política ambiental y de la actuación del SEPRONA.

El desarrollo sostenible se apoya en tres pilares o dimensiones que deben equilibrarse:

• El pilar económico: un crecimiento que genere riqueza y empleo de forma viable y duradera.
• El pilar social: la equidad, la cohesión, la reducción de las desigualdades y el bienestar de las personas.
• El pilar ambiental: la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Solo cuando los tres pilares se sostienen a la vez hay verdadero desarrollo sostenible: un crecimiento económico que destruya el medio ambiente o que agrave las desigualdades no lo es.

El concepto se fue consolidando en sucesivas cumbres internacionales. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992) fue decisiva: aprobó la Declaración de Río y la Agenda 21, un programa de acción para el siglo XXI, e impulsó los convenios sobre el clima y la biodiversidad. Le siguieron la Cumbre de Johannesburgo (2002) y la conferencia Río+20 (2012), que preparó el terreno para la actual Agenda 2030. Esta evolución muestra que la sostenibilidad ha pasado de ser una preocupación de minorías a un objetivo asumido por la comunidad internacional en su conjunto.

2.2. La Agenda 2030 y los ODS

En septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción mundial con horizonte en el año 2030. Su núcleo son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desglosados en 169 metas, que abordan retos como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el agua limpia, la energía asequible, el trabajo decente, la reducción de las desigualdades, las ciudades sostenibles, la acción por el clima, la vida submarina y terrestre, la paz y la justicia. Los ODS sustituyeron a los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). A diferencia de estos, los ODS son universales: obligan a todos los países, desarrollados o en desarrollo, y no solo a los más pobres. España, como Estado miembro de la ONU y de la Unión Europea, ha asumido la Agenda 2030 e integra los ODS en sus políticas públicas.

Los 17 objetivos suelen agruparse en torno a las llamadas «cinco P»: las Personas (fin de la pobreza y el hambre, salud, educación, igualdad de género), el Planeta (agua, clima, océanos, ecosistemas), la Prosperidad (energía, trabajo, industria, ciudades, reducción de desigualdades), la Paz (sociedades justas e instituciones sólidas) y las Alianzas (la cooperación mundial para lograrlos). Algunos ODS conectan directamente con el trabajo de la Guardia Civil: el ODS 5 («Igualdad de género») se relaciona con la lucha contra la violencia de género; el ODS 16 («Paz, justicia e instituciones sólidas») persigue reducir la violencia, combatir la delincuencia organizada y el tráfico de armas y garantizar el Estado de Derecho, cometidos en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son protagonistas; el ODS 13 («Acción por el clima»), el ODS 14 («Vida submarina») y el ODS 15 («Vida de ecosistemas terrestres») enlazan con la labor del Servicio Marítimo y del SEPRONA. La sostenibilidad no es, por tanto, un asunto ajeno a la seguridad: una sociedad segura y con instituciones fuertes es condición del desarrollo.

3. Eficiencia energética y cambio climático

3.1. El cambio climático

El cambio climático es la alteración del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero (principalmente el dióxido de carbono, CO₂) en la atmósfera y provoca el calentamiento global. La comunidad internacional respondió con dos hitos principales. El Protocolo de Kioto (1997) fue el primer tratado que impuso a los países desarrollados objetivos vinculantes de reducción de emisiones, aunque con un alcance limitado. Y, sobre todo, el Acuerdo de París, adoptado en diciembre de 2015 en la Conferencia de las Partes (COP21), que fijó el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC respecto de los niveles preindustriales, y de proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1,5 ºC. En España, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética traslada estos compromisos al ordenamiento interno, fijando objetivos de reducción de emisiones y de penetración de las energías renovables, con la meta de la neutralidad climática (cero emisiones netas) no más tarde de 2050.

El conocimiento científico del fenómeno lo sistematiza el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), creado por la ONU, cuyos informes constatan que el calentamiento es inequívoco y de origen humano. Sus efectos son cada vez más visibles: el aumento de las temperaturas medias, la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, sequías, lluvias torrenciales), la subida del nivel del mar por el deshielo, la desertificación y la pérdida de biodiversidad. España es especialmente vulnerable por su situación mediterránea. Y aquí se cierra el círculo con la primera parte del tema: muchas de las emergencias que activan el sistema de protección civil —grandes incendios, inundaciones, sequías— se ven agravadas por el cambio climático, de modo que prevención ambiental y protección civil son dos caras de una misma preocupación por la seguridad de las personas.

3.2. Eficiencia energética y energías renovables

La eficiencia energética consiste en obtener el mismo servicio o resultado consumiendo menos energía: iluminar, calentar o transportar gastando menos. No es lo mismo que el ahorro (que implica renunciar a un uso), sino usar mejor la energía. Es una de las vías más eficaces para reducir emisiones y la factura energética. Entre sus instrumentos figuran la etiqueta energética de los electrodomésticos y edificios (que clasifica su eficiencia con una escala de letras y colores), la certificación energética de los edificios, la mejora del aislamiento y la iluminación de bajo consumo (LED).

La otra gran palanca son las energías renovables, aquellas que proceden de fuentes que se regeneran de forma natural y prácticamente inagotable: la solar (fotovoltaica y térmica), la eólica, la hidráulica, la biomasa, la geotérmica y la mareomotriz. Frente a ellas, las energías no renovables (los combustibles fósiles —carbón, petróleo, gas natural— y la nuclear) son limitadas y, en el caso de los fósiles, muy contaminantes. La transición energética consiste, precisamente, en sustituir progresivamente las fuentes fósiles por renovables y en mejorar la eficiencia, para lograr un modelo energético más limpio, seguro y sostenible. España, por su clima, tiene un enorme potencial solar y eólico.

La Unión Europea es uno de los actores más ambiciosos en esta materia. El Pacto Verde Europeo (Green Deal) fija la hoja de ruta para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050 y reduzca sus emisiones de forma drástica en 2030, con medidas en energía, transporte, industria, edificación y agricultura. Buena parte de la normativa española sobre eficiencia, renovables y economía circular es transposición o desarrollo de directivas europeas. Este marco explica por qué la sostenibilidad ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una obligación jurídica con plazos y objetivos medibles.

La eficiencia energética se integra en una idea más amplia, la de economía circular, que se opone al modelo lineal de «producir, usar y tirar». La economía circular busca que los recursos se mantengan en uso el mayor tiempo posible mediante la regla de las «tres erres»: reducir, reutilizar y reciclar (a las que a veces se añaden reparar y recuperar). Aplicada a la energía, supone consumir menos y aprovechar mejor; aplicada a los residuos, minimizarlos y convertirlos en nuevos recursos. En el ámbito del transporte, la movilidad sostenible promueve el transporte público, la bicicleta, la marcha a pie y el vehículo eléctrico, frente al vehículo de combustión, principal fuente de emisiones y de contaminación del aire en las ciudades. Todas estas medidas —eficiencia, renovables, economía circular, movilidad sostenible— comparten un mismo fin: reducir la huella ambiental sin renunciar al bienestar.

Conviene conocer, por último, los principales tipos de contaminación, porque la vigilancia de su cumplimiento recae en buena medida sobre el SEPRONA de la Guardia Civil. La contaminación atmosférica deriva de la emisión de gases y partículas (por el tráfico, la industria y las calefacciones); la acústica, del ruido excesivo, que la normativa combate mediante límites y mapas de ruido; la hídrica, del vertido de sustancias a ríos, embalses, acuíferos y mares; y la del suelo, del depósito o abandono de residuos y sustancias peligrosas. A ellas se suman problemas como la gestión de residuos, los incendios forestales (muchos de origen intencionado o por negligencia) y el furtivismo y el maltrato animal. La legislación ambiental —de aguas, de residuos, de calidad del aire, de montes o de protección de especies— tipifica infracciones administrativas y, en los casos más graves, remite a los delitos contra el medio ambiente del Código Penal, cuya investigación corresponde a la Guardia Civil a través de sus unidades especializadas.

Los tres bloques de este tema, en apariencia dispares, se entrelazan en la práctica del servicio. La protección civil responde a las emergencias; el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático tratan de prevenir que esas emergencias se multipliquen y de preservar el entorno. La Guardia Civil está presente en ambos frentes: como interviniente de primera línea en las catástrofes y como garante de la legalidad ambiental a través del SEPRONA. Para el examen conviene fijar los datos ancla de cada bloque (Ley 17/2015 y el ciclo de la emergencia; Brundtland 1987 y los tres pilares; Agenda 2030 y los 17 ODS; Acuerdo de París 2015 y la Ley 7/2021), porque el tribunal los pregunta de forma directa y son fáciles de retener.

4. Ideas fuerza para el test

• La protección civil es un servicio público (Ley 17/2015) y un instrumento de la política de seguridad pública; su base constitucional es el art. 30.4 CE (deberes ciudadanos en catástrofes).
• El Sistema Nacional de Protección Civil coordina a todas las Administraciones; la dirección estatal corresponde al Ministerio del Interior.
• El ciclo de la emergencia: anticipación, prevención, planificación, respuesta y recuperación.
• Planes (art. 15): Estatal General (lo aprueba el Gobierno), Territoriales (autonómicos o locales) y Especiales (riesgos concretos). Las emergencias de interés nacional las dirige el Ministro del Interior.
• En emergencias graves interviene la UME (Fuerzas Armadas); el teléfono único de emergencias es el 112. La Guardia Civil suele ser la primera en llegar en el medio rural.
• Desarrollo sostenible: definido en el Informe Brundtland («Nuestro Futuro Común», 1987) como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras. Tres pilares: económico, social y ambiental.
• La Agenda 2030 (ONU, 2015) contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), universales; sustituyeron a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Cambio climático: el Acuerdo de París (2015) fija limitar el calentamiento muy por debajo de 2 ºC (y a ser posible 1,5 ºC). En España, la Ley 7/2021 de cambio climático (neutralidad climática en 2050).
• Eficiencia energética = mismo resultado con menos energía (etiqueta energética, LED, aislamiento). Renovables: solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, mareomotriz.
• Economía circular: reducir, reutilizar y reciclar (las «tres erres»). El art. 45 CE reconoce el derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo; su vigilancia es cometido del SEPRONA.