Tema desarrollado para preparar el examen de conocimientos de la Escala de Cabos y Guardias (100 preguntas de test). La información es orientativa y está verificada a fecha de actualización: el contenido evaluable lo fija el temario oficial de tu convocatoria (Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la de 3 de octubre de 2022).

Índice

• 0. Introducción
• 1. El Derecho procesal penal: concepto y principios
  • 1.1. Qué es el proceso penal
  • 1.2. Los principios del proceso penal
• 2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal
• 3. La jurisdicción y la competencia
• 4. Las partes del proceso penal
• 5. La iniciación: denuncia y querella
  • 5.1. La denuncia
  • 5.2. La querella
• 6. La detención
  • 6.1. Concepto y clases
  • 6.2. Los plazos de la detención
  • 6.3. Los derechos del detenido (art. 520)
• 7. El procedimiento de habeas corpus
• 8. La entrada y registro en lugar cerrado
• 9. El atestado policial
• 10. Las fases del proceso penal
• 11. Los procedimientos penales
  • 11.1. El procedimiento ordinario (sumario)
  • 11.2. El procedimiento abreviado
  • 11.3. Los juicios rápidos
  • 11.4. El juicio por delitos leves
• 12. El papel de la Guardia Civil en el proceso penal
• 13. Ideas fuerza para el test

0. Introducción

El Derecho penal que estudiamos en el tema anterior dice qué conductas son delito y qué pena les corresponde; pero de nada sirve esa amenaza si no existe un cauce para averiguar quién delinquió, probarlo con garantías y aplicar la pena. Ese cauce es el proceso penal, y las reglas que lo ordenan forman el Derecho procesal penal. Entre el Código Penal y el proceso hay una relación de instrumento a fin: el proceso es el único camino legítimo para imponer una pena, porque en un Estado de Derecho nadie puede ser castigado sin ser juzgado por un tribunal predeterminado por la ley y con todas las garantías (art. 24 de la Constitución).

Para el Guardia Civil este tema es, junto con el Derecho penal, el más práctico de todo el temario: en su trabajo diario levantará atestados, recibirá denuncias, practicará detenciones y participará en entradas y registros. Conocer los plazos, los derechos del detenido y la cadena de garantías no es teoría: un error procesal puede provocar la nulidad de una prueba y la impunidad de un culpable, o —al contrario— la vulneración de los derechos de una persona y la responsabilidad del agente. Vamos a recorrer, paso a paso, cómo se pone en marcha y cómo avanza un proceso penal, con especial atención a las actuaciones policiales.

1. El Derecho procesal penal: concepto y principios

1.1. Qué es el proceso penal

El Derecho procesal penal es el conjunto de normas que regulan el proceso a través del cual el Estado ejerce el ius puniendi (el derecho a castigar) sobre quien ha cometido una infracción penal. Su objeto es doble: por un lado, averiguar si se ha cometido un hecho delictivo y quién es responsable; por otro, garantizar los derechos de todas las personas implicadas, muy especialmente los del investigado, que se presume inocente hasta que una sentencia firme diga lo contrario.

El proceso penal presenta una nota que lo distingue del proceso civil: en el proceso civil las partes disponen del objeto (pueden pactar, renunciar, allanarse), mientras que en el penal rige el principio de oficialidad: una vez que hay indicios de delito público, el Estado debe perseguirlo aunque la víctima no quiera, porque el interés en castigar el delito es un interés público, no privado. Por eso el que dirige la acusación pública es un órgano del Estado, el Ministerio Fiscal.

1.2. Los principios del proceso penal

El proceso penal se asienta sobre una serie de principios, muchos con rango constitucional (art. 24 CE):

• Principio de legalidad y de oficialidad: el proceso se inicia y se impulsa de oficio cuando aparecen indicios de delito público; no depende de la voluntad de un particular.
• Principio acusatorio: no puede haber condena sin acusación previa formulada por persona distinta del juez que juzga. El que investiga y el que juzga deben ser órganos distintos, para garantizar la imparcialidad. Además, la sentencia no puede condenar por hechos distintos de los acusados ni imponer pena más grave que la solicitada (principio de congruencia).
• Presunción de inocencia (art. 24.2 CE): toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad; la carga de la prueba recae en la acusación, y en la duda razonable debe absolverse (in dubio pro reo).
• Derecho de defensa y a la asistencia de letrado: nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad de defenderse, con asistencia de abogado.
• Principio de contradicción e igualdad de armas: acusación y defensa deben poder alegar y proponer prueba en condiciones de igualdad.
• Publicidad, oralidad e inmediación: el juicio oral es público (salvo excepciones), se desarrolla de viva voz y ante el mismo tribunal que dictará sentencia.
• Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, ante el juez ordinario predeterminado por la ley (prohibición de tribunales de excepción).

2. La Ley de Enjuiciamiento Criminal

La norma que regula el proceso penal en España es la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Se trata de una de las leyes más longevas de nuestro ordenamiento: pese a haber sido reformada en incontables ocasiones, su estructura básica sigue en pie más de 140 años después. Fue una ley avanzada para su época, obra del ministro Manuel Alonso Martínez, que introdujo el juicio oral y público y el sistema acusatorio, superando el proceso inquisitivo escrito y secreto anterior.

La LECrim se estructura en siete libros: disposiciones generales, el sumario, el juicio oral, los procedimientos especiales, la ejecución de sentencias, el procedimiento para el juicio sobre delitos leves y el procedimiento por aceptación de decreto. A lo largo del tiempo se le han incorporado los grandes procedimientos vigentes: el abreviado (para la mayoría de los delitos), los juicios rápidos, el proceso ante el Tribunal del Jurado (regulado además por la LO 5/1995) y la reforma de la instrucción con plazos máximos.

Dos reformas recientes conviene retener. La Ley Orgánica 13/2015 modernizó la instrucción: reforzó las garantías del detenido (nueva redacción del art. 520), reguló las medidas de investigación tecnológica (intervención de comunicaciones, registro de dispositivos, geolocalización) y fijó plazos máximos de instrucción. La Ley 41/2015 introdujo el recurso de apelación contra sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y creó el proceso por aceptación de decreto. Existe además un anhelo, largamente debatido, de aprobar una LECrim totalmente nueva que atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal, pero a fecha de hoy la instrucción sigue en manos del juez.

3. La jurisdicción y la competencia

La jurisdicción es la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que la Constitución (art. 117) atribuye en exclusiva a los jueces y tribunales. Dentro del orden penal, la ley reparte el trabajo entre los distintos órganos mediante las reglas de competencia, que son de tres clases:

• Competencia objetiva: determina qué órgano conoce en función de la gravedad o la naturaleza del delito. Así, los Juzgados de Instrucción investigan; los Juzgados de lo Penal enjuician los delitos menos graves (penas de hasta 5 años de prisión); las Audiencias Provinciales enjuician los delitos más graves; el Tribunal del Jurado conoce de ciertos delitos (homicidio, allanamiento, cohecho, etc.); los Juzgados de Violencia sobre la Mujer instruyen los delitos de violencia de género; y para los aforados conocen los Tribunales Superiores de Justicia o el Tribunal Supremo.
• Competencia funcional: determina qué órgano conoce de las distintas fases e incidencias (recursos, ejecución). Por ejemplo, la Audiencia Provincial resuelve los recursos de apelación contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción y de lo Penal de su provincia.
• Competencia territorial: determina, entre órganos del mismo tipo, cuál conoce según el lugar. La regla general es el forum delicti commissi: es competente el órgano del lugar donde se cometió el delito.

Un órgano con competencia estatal singular es la Audiencia Nacional, que conoce de delitos especialmente graves o de alcance supraterritorial: terrorismo, tráfico de drogas a gran escala, falsificación de moneda, delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional, etc. Su Juzgado Central de Instrucción y su Sala de lo Penal juegan un papel esencial en la lucha contra la criminalidad organizada.

4. Las partes del proceso penal

En el proceso penal intervienen varias partes, unas acusadoras y otras acusadas, además del órgano judicial que decide:

• El Ministerio Fiscal: es el órgano que ejerce la acción pública en defensa de la legalidad y del interés general. Está presente en todos los delitos públicos, y actúa con sujeción a los principios de unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad. No es «parte» en sentido estricto porque no busca condenar a toda costa, sino que la ley se cumpla: puede pedir la absolución si entiende que no hay prueba.
• La acusación particular: es el ofendido o perjudicado por el delito que se persona en la causa para ejercer la acusación junto al Fiscal (o en su lugar).
• La acusación popular: la Constitución (art. 125) reconoce a cualquier ciudadano español el derecho a ejercer la acción popular, es decir, a acusar en delitos públicos aunque no haya sido víctima. Se ejerce mediante querella y suele emplearse por asociaciones y colectivos.
• La acusación privada: en los delitos estrictamente privados (hoy prácticamente solo las injurias y calumnias contra particulares), únicamente puede acusar el ofendido, mediante querella; no interviene el Fiscal.
• El actor civil: quien reclama la responsabilidad civil derivada del delito (la indemnización) sin ejercer la acusación penal.
• El investigado o encausado: la persona a quien se atribuye el hecho. La reforma de 2015 sustituyó el término «imputado» por investigado (durante la instrucción) y encausado (una vez acusado formalmente), para evitar la carga estigmatizante de la palabra imputado.
• El responsable civil: quien debe responder económicamente sin ser autor del delito (por ejemplo, la aseguradora o el empresario del que causó el daño).

5. La iniciación: denuncia y querella

El proceso penal puede iniciarse de tres maneras: de oficio (cuando el juez o el Fiscal tiene noticia del delito por sí mismo), por denuncia o por querella. Las dos últimas son las vías por las que un particular pone el delito en conocimiento de la autoridad, y conviene distinguirlas bien.

5.1. La denuncia

La denuncia es el acto por el que una persona pone en conocimiento de la autoridad (juez, Fiscal o policía) la existencia de un hecho que puede ser delictivo. Sus notas son:

• Es una simple declaración de conocimiento: el denunciante comunica lo que sabe, pero no se convierte en parte del proceso ni asume obligaciones procesales por el hecho de denunciar.
• La denuncia de los delitos públicos es obligatoria para quien presencie su comisión (art. 259 LECrim) y muy especialmente para quienes por su cargo tengan noticia de un delito. No denunciar puede acarrear una multa, salvo las excepciones legales (parientes próximos, abogados y sacerdotes respecto de lo conocido en el ejercicio de su función, y los menores e incapaces).
• No exige forma especial: puede ser verbal o escrita, y presentarse en persona o por mandatario. El funcionario que la reciba debe hacer constar la identidad del denunciante e informarle de sus responsabilidades si es falsa.
• El denunciante no presta fianza ni responde del resultado del proceso, salvo que la denuncia sea deliberadamente falsa (lo que constituye a su vez un delito de acusación o denuncia falsa).

5.2. La querella

La querella es un acto más solemne: es una verdadera declaración de voluntad de ejercer la acción penal, por la que el querellante se constituye en parte acusadora. Sus diferencias con la denuncia son claras:

• Debe presentarse por escrito, mediante procurador y con firma de abogado, ante el juez competente (art. 277 LECrim).
• Su contenido está tasado: identificación del juez, del querellante y del querellado, relación de los hechos, diligencias que se solicitan y firma.
• Quien se querella se convierte en parte y puede proponer prueba, recurrir e intervenir en toda la causa.
• Es la vía obligada para ejercer la acción popular y para perseguir los delitos privados.

Regla práctica: denuncia = pongo el hecho en conocimiento y me desentiendo; querella = me constituyo en parte y sostengo la acusación. En los delitos semipúblicos (agresiones sexuales, descubrimiento de secretos, algunos delitos societarios) el proceso solo puede iniciarse mediante denuncia del ofendido; en los privados (injurias y calumnias a particulares) se exige querella. En los públicos se procede de oficio.

6. La detención

6.1. Concepto y clases

La detención es la privación de libertad de una persona, de duración limitada, acordada para ponerla a disposición de la autoridad judicial. Es una de las actuaciones más delicadas de la labor policial porque afecta directamente al derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE), que solo puede restringirse «en los casos y en la forma previstos en la ley». La detención puede ser practicada por:

• Cualquier particular (art. 490 LECrim): puede detener al que intente cometer un delito en el momento de ir a cometerlo, al delincuente in fraganti, al fugado de un establecimiento penal o el que se fugue estando detenido o preso.
• La autoridad o agente de la policía judicial (art. 492 LECrim): debe detener a quien esté en los casos anteriores, al procesado por delito con pena superior a la de prisión, o a quien haya indicios racionales de haber cometido un delito, cuando concurra alarma o riesgo de fuga.

La detención debe practicarse en la forma que menos perjudique a la persona, a su reputación y a su patrimonio (art. 520.1 LECrim). No puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones.

6.2. Los plazos de la detención

El plazo es una de las claves del tema y una pregunta habitual. El art. 17.2 CE fija la regla general: la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. De aquí se extraen dos ideas esenciales:

• El límite absoluto es de 72 horas; pero antes de ese tope debe cesar la detención en cuanto ya no sea necesaria: no se puede agotar el plazo «por sistema».
• Existe una excepción para el terrorismo: el art. 520 bis LECrim permite prorrogar la detención por un máximo de 48 horas más (total 5 días), siempre con autorización judicial solicitada en las primeras 48 horas; y permite la posible detención incomunicada acordada por el juez.

No hay que confundir la detención con la prisión provisional: la detención es una medida breve, mientras que la prisión provisional es una medida cautelar acordada por el juez, que puede prolongarse durante la instrucción con los límites del art. 504 LECrim.

6.3. Los derechos del detenido (art. 520 LECrim)

El art. 520 LECrim es el precepto estrella de este tema. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyen y de las razones de su privación de libertad, así como de los siguientes derechos:

• Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o algunas de las preguntas, o a manifestar que solo declarará ante el juez.
• Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
• Derecho a designar abogado y a ser asistido por él sin demora injustificada; si no lo designa, se le nombrará uno de oficio. La asistencia letrada es irrenunciable salvo en ciertas infracciones de tráfico.
• Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención.
• Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de la detención y el lugar de custodia (derecho a comunicar la detención).
• Derecho a comunicarse telefónicamente con un tercero y a ser visitado por las autoridades consulares, si es extranjero.
• Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete si es extranjero o si tiene discapacidad sensorial.
• Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y a recibir asistencia médica.
• Si es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, derecho a que la detención se comunique a quienes ejerzan su patria potestad o guarda, o al Ministerio Fiscal.

El abogado, tanto de oficio como designado, tiene derecho a entrevistarse reservadamente con el detenido antes y después de la declaración, a estar presente en las diligencias de declaración y de reconocimiento, y a solicitar que se informe al detenido de sus derechos y que se practique el reconocimiento médico. La información de derechos y su ejercicio deben quedar documentados en el atestado.

7. El procedimiento de habeas corpus

Si una persona entiende que está siendo detenida ilegalmente, la Constitución le ofrece un remedio rápido: el habeas corpus, regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo. Su finalidad es «producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente» para que el juez controle la legalidad de la detención (art. 17.4 CE). Sus rasgos son:

• Se consideran personas ilegalmente detenidas, entre otras: las detenidas sin que concurran los supuestos legales; las que lo estén sin respetar las formalidades o requisitos legales; las que sufran privación de libertad más allá de los plazos; y aquellas a quienes no se respeten los derechos que la Constitución y las leyes garantizan.
• Pueden instarlo: el propio detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos, representantes legales de menores o incapaces, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo y el propio juez de oficio.
• Es competente el Juez de Instrucción del lugar de la detención. El procedimiento es preferente y sumarísimo: debe resolverse en el plazo máximo de 24 horas desde que se dicta el auto de incoación.
• El juez, una vez incoado, ordena que la persona sea puesta a su presencia, la oye, examina la legalidad y resuelve: puede acordar la libertad, la continuación de la detención ajustada a la ley, o la puesta a disposición judicial.

Para el Guardia Civil es importante saber que, si un detenido bajo su custodia solicita el habeas corpus, debe cursar de inmediato la solicitud al Juez de Instrucción competente; impedirlo u obstaculizarlo constituye una grave irregularidad.

8. La entrada y registro en lugar cerrado

El domicilio es inviolable (art. 18.2 CE): «ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito». De este precepto se extraen los tres únicos supuestos que legitiman la entrada en un domicilio:

• Consentimiento del titular: libre, consciente y sin coacción; puede revocarse en cualquier momento.
• Autorización judicial: mediante auto motivado del juez, que es la vía ordinaria en la investigación. La LECrim regula minuciosamente el registro (arts. 545 y ss.): se practica preferentemente de día, en presencia del interesado o de un familiar, y del Letrado de la Administración de Justicia que da fe (o de dos testigos, según los casos).
• Flagrante delito: cuando se está cometiendo o se acaba de cometer un delito y la intervención inmediata es necesaria para impedirlo o detener al delincuente.

Hay que distinguir el concepto constitucional de domicilio (todo espacio donde la persona desarrolla su vida privada: vivienda, habitación de hotel, autocaravana habitada, incluso una tienda de campaña) de otros lugares cerrados que no son domicilio (bares, comercios, almacenes, vehículos), en los que la entrada no exige las mismas garantías, aunque sí una habilitación legal. La entrada y registro sin cumplir estos requisitos genera la nulidad de la prueba obtenida y puede constituir delito.

9. El atestado policial

El atestado es el documento en el que la policía judicial —y por tanto la Guardia Civil— recoge las diligencias que practica al investigar un delito. Lo regula el art. 292 LECrim: los funcionarios de policía judicial extenderán atestado de las diligencias que practiquen, especificando con la mayor exactitud los hechos averiguados, las declaraciones e informes recibidos, y todas las circunstancias observadas que pudieran ser prueba o indicio del delito.

Notas esenciales sobre su valor:

• El atestado tiene, a efectos legales, el valor de denuncia (art. 297 LECrim): no es en sí mismo un medio de prueba, sino el punto de partida de la investigación judicial. Su contenido debe reproducirse y ratificarse en el juicio oral para tener eficacia probatoria.
• Sí conservan valor probatorio autónomo ciertos elementos objetivos e irrepetibles recogidos en él: croquis, fotografías, resultados de test de alcoholemia, hallazgos de droga, etc., cuando se practican con las garantías legales.
• Las declaraciones de los agentes que lo suscriben se consideran testimonios sujetos a valoración, no verdad indiscutible.
• El atestado debe firmarse por quienes lo hayan redactado; si utilizan un número de identificación profesional, lo harán constar. Se remite a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

Un atestado bien confeccionado —completo, ordenado, con la cadena de custodia de los efectos intervenidos y con el respeto escrupuloso a los derechos de detenidos y testigos— es la mejor garantía de que la investigación prosperará en el juicio.

10. Las fases del proceso penal

El proceso penal, en su modelo clásico, se desarrolla en tres grandes fases:

• Fase de instrucción (sumario o diligencias previas): dirigida por el Juez de Instrucción, tiene por objeto averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, sus circunstancias y la identidad de los responsables, así como asegurar sus personas y las responsabilidades pecuniarias (art. 299 LECrim). Es una fase de investigación, no de enjuiciamiento: en ella se practican las diligencias (declaraciones, pericias, registros, intervenciones) y se adoptan las medidas cautelares. Desde la reforma de 2015 la instrucción tiene plazos máximos (con posibilidad de prórroga por causas complejas).
• Fase intermedia: concluida la instrucción, el órgano decide si hay motivos para abrir juicio (auto de apertura del juicio oral) o si procede el sobreseimiento (libre o provisional). Aquí las partes formulan sus escritos de acusación y defensa.
• Fase de juicio oral: es el verdadero enjuiciamiento, ante un órgano distinto del que instruyó (para preservar la imparcialidad). Es público, oral y contradictorio: se practica la prueba, informan las partes y el tribunal dicta sentencia. Contra ella caben los recursos que la ley prevea (apelación, casación).

Después está la fase de ejecución, en la que se hace cumplir la sentencia firme (la pena, la responsabilidad civil), competencia del órgano que juzgó y, en materia penitenciaria, del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Durante la instrucción, para asegurar la presencia del investigado y evitar la reiteración delictiva o la desaparición de pruebas, el juez puede adoptar medidas cautelares. Las hay personales, que recaen sobre la persona —la citación cautelar, la detención, la libertad provisional (con o sin fianza, con obligación de comparecer apud acta), la retirada del pasaporte o la prisión provisional—, y reales o patrimoniales, que recaen sobre los bienes para asegurar las responsabilidades pecuniarias —la fianza y el embargo—. La más grave, la prisión provisional (arts. 502 y ss. LECrim), es excepcional y exige que el hecho tenga pena igual o superior a dos años (o inferior si hay antecedentes), que existan motivos bastantes de responsabilidad y que persiga un fin legítimo: evitar la fuga, ocultar o alterar pruebas, o proteger a la víctima. Nunca puede acordarse como anticipo de la pena, porque el investigado se presume inocente.

11. Los procedimientos penales

No todos los delitos se tramitan igual: la LECrim prevé varios procedimientos según la gravedad y las circunstancias.

11.1. El procedimiento ordinario (sumario)

Es el procedimiento para los delitos más graves, castigados con penas superiores a nueve años de prisión. Consta del sumario (instrucción a cargo del Juez de Instrucción), la fase intermedia y el juicio oral ante la Audiencia Provincial. Es el modelo histórico de la LECrim, hoy minoritario en número pero reservado a la criminalidad más severa (homicidios, agresiones sexuales graves, etc., cuando no van al Jurado).

11.2. El procedimiento abreviado

Es el procedimiento general hoy, para los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (o cualesquiera otras de distinta naturaleza). Se caracteriza por su mayor agilidad. El enjuiciamiento corresponde al Juez de lo Penal si la pena no excede de 5 años, o a la Audiencia Provincial si la supera. Permite la conformidad del acusado con la pena solicitada, que abrevia el proceso.

11.3. Los juicios rápidos

El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (los «juicios rápidos») se aplica a delitos flagrantes o de instrucción sencilla castigados con pena de hasta 5 años, siempre que se inicie por atestado policial y concurran determinados requisitos (delitos de lesiones, hurto, robo, violencia de género, contra la seguridad vial, etc.). Su clave es que la policía judicial cita directamente a las partes ante el Juzgado de guardia, que practica las diligencias urgentes; permite dictar sentencia con gran rapidez, especialmente si hay conformidad (con reducción de un tercio de la pena). La Guardia Civil es protagonista en este procedimiento, pues su atestado y sus citaciones ponen en marcha la maquinaria.

11.4. El juicio por delitos leves

Tras la reforma de 2015 desaparecieron las faltas y se creó la categoría de delitos leves. Se enjuician por un procedimiento muy simplificado ante el Juez de Instrucción (o de Violencia sobre la Mujer), sin fase de instrucción propiamente dicha: se celebra una vista, se practica la prueba y se dicta sentencia. Muchos delitos leves son semipúblicos y requieren denuncia del ofendido; en algunos, el Ministerio Fiscal puede no intervenir.

11.5. El Tribunal del Jurado y otros cauces

El Tribunal del Jurado, regulado por la Ley Orgánica 5/1995, es la plasmación del derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia (art. 125 CE). Se compone de nueve jurados legos (más dos suplentes) presididos por un Magistrado. Conoce de una lista tasada de delitos: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, infidelidad en la custodia de documentos y, sobre todo, los cometidos por funcionarios en el ejercicio del cargo (cohecho, tráfico de influencias, malversación). El jurado se pronuncia sobre los hechos (declara probados o no probados y la culpabilidad o inculpabilidad) y el Magistrado-Presidente dicta la sentencia y fija la pena.

La reforma de 2015 añadió, además, el proceso por aceptación de decreto (arts. 803 bis LECrim): permite al Ministerio Fiscal proponer una condena por escrito (un «decreto») en delitos de escasa gravedad; si el investigado la acepta con asistencia letrada ante el juez, se convierte en sentencia firme sin necesidad de juicio. Es una manifestación del principio de justicia negociada, orientado a la agilización, junto a la conformidad y a los juicios rápidos.

12. El papel de la Guardia Civil en el proceso penal

La Guardia Civil, como Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, ejerce funciones de policía judicial (art. 126 CE y art. 547 LOPJ): auxilia a los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. En el proceso penal su intervención se concreta en:

• Recibir denuncias y confeccionar el atestado con las diligencias practicadas.
• Realizar la inspección ocular y recoger y custodiar los efectos e instrumentos del delito (cadena de custodia).
• Practicar detenciones con respeto a los plazos y a los derechos del art. 520.
• Ejecutar, previa autorización judicial, las entradas y registros, intervenciones de comunicaciones y demás diligencias.
• Citar a las partes en los juicios rápidos y remitir las actuaciones a la autoridad judicial.
• Declarar como testigo en el juicio oral ratificando el atestado.

Todo ello bajo un principio rector: la actuación policial es instrumental y garantista. El Guardia Civil no juzga ni castiga; investiga y asegura las pruebas con pleno respeto a los derechos fundamentales, porque una diligencia mal practicada puede arruinar todo el trabajo posterior.

13. Ideas fuerza para el test

• Proceso penal = único cauce para imponer una pena (art. 24 CE); rige el principio de oficialidad en delitos públicos y el acusatorio (quien instruye no juzga).
• La ley procesal es la LECrim de 1882 (RD de 14 de septiembre de 1882); reformas clave: LO 13/2015 (garantías del detenido, investigación tecnológica, plazos de instrucción) y Ley 41/2015 (apelación, aceptación de decreto).
• Denuncia = declaración de conocimiento, no convierte en parte, puede ser verbal o escrita, obligatoria en delitos públicos. Querella = declaración de voluntad, convierte en parte, por escrito con abogado y procurador.
• Delitos públicos (de oficio), semipúblicos (denuncia del ofendido) y privados (querella: injurias y calumnias a particulares).
• La detención dura el tiempo estrictamente necesario y como máximo 72 horas (art. 17.2 CE); en terrorismo, prórroga de hasta 48 horas más (art. 520 bis).
• El art. 520 LECrim enumera los derechos del detenido: guardar silencio, no declarar contra sí mismo, abogado (irrenunciable), intérprete, médico forense, comunicar la detención, acceso a lo esencial de las actuaciones.
• Habeas corpus: LO 6/1984; lo resuelve el Juez de Instrucción del lugar de la detención en un máximo de 24 horas; pueden instarlo el detenido, parientes, el Fiscal y el Defensor del Pueblo.
• Entrada y registro (art. 18.2 CE): solo con consentimiento del titular, autorización judicial o flagrante delito; da fe el Letrado de la Administración de Justicia.
• El atestado (art. 292 LECrim) tiene valor de denuncia (art. 297); debe ratificarse en juicio, salvo diligencias objetivas irrepetibles.
• Fases: instrucción (Juez de Instrucción) → intermedia (apertura o sobreseimiento) → juicio oral (órgano distinto). Procedimientos: ordinario (>9 años), abreviado (≤9 años), juicios rápidos y juicio por delitos leves.