Tema desarrollado para preparar el examen de conocimientos de la Escala de Cabos y Guardias (100 preguntas de test). La información es orientativa y está verificada a fecha de actualización: el contenido evaluable lo fija el temario oficial de tu convocatoria (Resolución de 26 de junio de 2019, modificada por la de 3 de octubre de 2022). Conviene dominar las clases de tributos, los principios del artículo 31 de la Constitución y la relación de la Guardia Civil con la Hacienda pública.

Índice

• 0. Introducción: la Guardia Civil y la Hacienda pública
• 1. El Derecho fiscal y el deber de contribuir
• 2. El concepto de tributo y sus clases
• 3. Los principios del sistema tributario y la potestad tributaria
• 4. La Ley General Tributaria y los conceptos básicos
• 5. Los principales impuestos: directos e indirectos
• 6. La Administración tributaria y la Guardia Civil
• 7. Ideas fuerza para el test

0. Introducción: la Guardia Civil y la Hacienda pública

Puede sorprender que un cuerpo de seguridad tenga que estudiar Derecho fiscal, pero la relación de la Guardia Civil con la Hacienda pública es tan antigua como el propio Cuerpo y forma parte de su identidad. Entre las competencias que la ley atribuye a la Guardia Civil con carácter exclusivo figura el resguardo fiscal del Estado y la persecución del contrabando. La Guardia Civil vigila las fronteras, las costas y los puertos, controla el tráfico de mercancías y colabora en la lucha contra el fraude, funciones que exigen conocer, al menos en sus fundamentos, cómo funciona el sistema tributario. De hecho, buena parte del despliegue histórico del Cuerpo en las zonas fronterizas y litorales responde precisamente a esta misión, que la Guardia Civil viene ejerciendo desde el siglo XIX y que la distingue de otros cuerpos policiales.

Más allá de esa competencia específica, el conocimiento del Derecho fiscal tiene un valor formativo: el sistema tributario es el instrumento con el que el Estado obtiene los recursos para sostener los servicios públicos (la sanidad, la educación, las pensiones y, también, la propia seguridad). Entender de dónde salen esos recursos y cómo se garantiza que todos contribuyan según su capacidad ayuda a comprender el papel del Estado y el sentido del deber cívico de pagar impuestos. Este tema recorre el concepto de tributo y sus clases, los principios que informan el sistema tributario, los conceptos básicos de la Ley General Tributaria, los principales impuestos, la Administración encargada de aplicarlos y, de forma destacada, la relación de la Guardia Civil con la fiscalidad.

1. El Derecho fiscal y el deber de contribuir

El Derecho fiscal o Derecho tributario es la rama del Derecho público que regula los tributos: su establecimiento, su aplicación y las relaciones entre la Administración y los ciudadanos que derivan de ellos. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 31 de la Constitución, uno de los preceptos más importantes de la materia, que consagra el deber de contribuir. Según su apartado primero: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

De esta declaración se extraen dos ideas capitales. La primera es que contribuir a los gastos públicos es un deber de todos, no una opción; el fraude fiscal no es, por tanto, una simple picaresca, sino un incumplimiento de un deber constitucional que perjudica a la colectividad. La segunda es que ese deber se articula a través de un sistema tributario justo, informado por unos principios que la propia Constitución enuncia y que veremos más adelante. El artículo 31 completa su regulación estableciendo que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos y que solo podrán establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, lo que introduce el principio de legalidad tributaria.

Conviene situar el tributo dentro del conjunto de los ingresos públicos. El Estado y las demás Administraciones se financian con varias fuentes: los ingresos tributarios (los tributos, que son con diferencia la fuente más importante), los ingresos patrimoniales (los rendimientos de sus bienes y empresas), los procedentes de la deuda pública (el dinero que el Estado toma prestado emitiendo títulos) y otros. Dentro de esta clasificación, el tributo tiene rasgos propios: es una prestación coactiva (obligatoria, impuesta por la ley y no fruto de un acuerdo voluntario), de carácter pecuniario (se paga en dinero) y establecida a favor de un ente público con la finalidad principal de financiar el gasto. Es importante distinguir el tributo de otras figuras: no es una sanción (la multa castiga una conducta ilícita; el tributo grava una manifestación lícita de capacidad económica), ni un precio público (que se paga por servicios que también presta el sector privado y que se solicitan voluntariamente). Esta distinción, aparentemente teórica, tiene consecuencias prácticas en el régimen jurídico aplicable a cada figura.

2. El concepto de tributo y sus clases

El concepto legal de tributo lo ofrece la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en su artículo 2. Según este precepto, los tributos son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias (es decir, en dinero) exigidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir, con el fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos. Además de recaudar, los tributos pueden servir como instrumentos de la política económica y atender a la realización de los fines y principios de la Constitución (por ejemplo, desincentivar el consumo de tabaco o proteger el medio ambiente).

El mismo artículo 2 clasifica los tributos, cualquiera que sea su denominación, en tres clases: las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Es una clasificación fundamental que el tribunal pregunta con frecuencia:

• Las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o en la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando esos servicios no sean de solicitud voluntaria o no los preste el sector privado. Ejemplos: la tasa por la expedición del DNI o del pasaporte, la de recogida de basuras o la de un vado.
• Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Ejemplo típico: la contribución que paga el propietario de un inmueble cuyo valor aumenta al urbanizarse o asfaltarse la calle en la que se encuentra.
• Los impuestos son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente (obtener una renta, poseer un patrimonio, consumir un bien). Son los tributos más importantes por su volumen recaudatorio (el IRPF, el IVA, etc.).

La diferencia esencial radica en la contraprestación: en la tasa y en la contribución especial existe una actividad administrativa que beneficia o afecta directamente al obligado (un servicio, una obra); en el impuesto no hay contraprestación específica, sino que se paga por manifestar capacidad económica. Por eso el impuesto es la figura tributaria por excelencia y la que mayor recaudación aporta al conjunto de las Administraciones públicas españolas.

3. Los principios del sistema tributario y la potestad tributaria

El sistema tributario debe ser justo, y para ello el artículo 31 de la Constitución (desarrollado por la LGT) lo somete a una serie de principios:

• Principio de capacidad económica: se contribuye de acuerdo con la capacidad de cada uno; quien más tiene o más gana, más debe contribuir. Es el principio nuclear.
• Principio de generalidad: todos están llamados a contribuir; no caben privilegios ni exenciones arbitrarias.
• Principio de igualdad: se trata igual a quienes están en la misma situación económica y de forma distinta a quienes están en situaciones distintas.
• Principio de progresividad: a mayor capacidad económica, el esfuerzo contributivo crece más que proporcionalmente (los tramos altos de renta tributan a tipos más elevados).
• Principio de no confiscatoriedad: el sistema no puede llegar a agotar la riqueza del contribuyente; hay un límite que no puede sobrepasarse.
• Principio de legalidad o reserva de ley: los tributos solo pueden establecerse mediante ley (no vale el reglamento para crear un tributo o fijar sus elementos esenciales).

Junto a estos principios, hay que conocer quién tiene la potestad tributaria, es decir, el poder de establecer tributos. La Ley General Tributaria y la Constitución distinguen: la potestad originaria corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes (potestad derivada); y las demás entidades de derecho público podrán exigirlos cuando una ley así lo determine. Este reparto explica la coexistencia de tributos estatales, autonómicos y locales. En la práctica, además, el Estado cede a las comunidades autónomas de régimen común una parte de la recaudación y de la capacidad normativa de ciertos impuestos (los llamados tributos cedidos, como una parte del IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones), lo que les permite modular tipos y deducciones dentro de los límites de la ley. Los territorios forales del País Vasco y Navarra gozan, por su parte, de un régimen especial (el concierto y el convenio económico) en virtud del cual recaudan la mayoría de los tributos y aportan una cantidad al Estado (el cupo o la aportación). Este mapa de la financiación explica por qué un mismo ciudadano paga tributos a tres niveles —el estatal, el autonómico y el local— y por qué la presión fiscal puede variar de una comunidad a otra.

4. La Ley General Tributaria y los conceptos básicos

La Ley 58/2003, General Tributaria, es la norma que establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. No regula cada impuesto en concreto (de eso se ocupan las leyes propias de cada uno), sino el marco común: los conceptos, los procedimientos, los derechos y garantías de los obligados y el régimen de infracciones y sanciones. Conviene manejar sus conceptos básicos, que forman el vocabulario imprescindible del Derecho tributario:

• El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria (por ejemplo, obtener renta, en el IRPF). La ley puede prever supuestos de no sujeción (casos que quedan fuera del hecho imponible) y de exención (casos en que, aun realizándose el hecho imponible, la ley exime del pago).
• El obligado tributario es la persona a la que la ley impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias; el más importante es el contribuyente, que es quien realiza el hecho imponible.
• La base imponible es la cuantificación o medida del hecho imponible (por ejemplo, la renta obtenida). La base liquidable es la base imponible una vez aplicadas las reducciones previstas por la ley.
• El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener la cuota (por ejemplo, un 21 % de IVA). El conjunto de tipos aplicables se denomina tarifa.
• La cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo a la base; y la deuda tributaria es la cuota más, en su caso, los recargos, los intereses de demora y demás componentes. La obligación tributaria principal tiene por objeto, precisamente, el pago de la cuota.

El conjunto de vínculos entre la Administración y el obligado con motivo del tributo forma la relación jurídico-tributaria, de la que nacen obligaciones materiales (pagar) y formales (declarar, llevar libros, conservar facturas, etc.). La forma habitual de aplicar los tributos hoy es la autoliquidación: es el propio contribuyente quien declara, calcula e ingresa la deuda (como en la "declaración de la renta"), sin perjuicio de la posterior comprobación por la Administración.

La aplicación de los tributos se desarrolla a través de una serie de procedimientos tributarios: los de gestión (para tramitar declaraciones, practicar liquidaciones y devolver los ingresos indebidos), el de inspección (para comprobar e investigar) y el de recaudación (para cobrar, en período voluntario o, si no se paga, por la vía de apremio, con recargos). Un concepto importante es el de prescripción: el derecho de la Administración a liquidar la deuda y a exigir su pago, así como el derecho del contribuyente a solicitar devoluciones, prescriben a los cuatro años. Transcurrido ese plazo sin actuaciones, la deuda ya no puede exigirse. La LGT reconoce, además, un catálogo de derechos y garantías de los obligados tributarios: a ser informado y asistido, a obtener las devoluciones que procedan, a conocer el estado de sus expedientes, a la confidencialidad de sus datos, a no aportar los documentos ya presentados y a ser tratado con respeto. Frente a los actos de la Administración tributaria caben recursos: el recurso de reposición ante el mismo órgano y la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales Económico-Administrativos, antesala de la vía judicial contencioso-administrativa. Este entramado de procedimientos, garantías y recursos busca equilibrar la eficacia recaudatoria con la seguridad jurídica del ciudadano.

La LGT regula también el régimen de infracciones y sanciones tributarias, que castiga el incumplimiento de las obligaciones fiscales cuando no llega a ser delito. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, según la cuantía defraudada y la concurrencia de circunstancias como la ocultación o el empleo de medios fraudulentos (facturas falsas, doble contabilidad). Las sanciones consisten normalmente en multas proporcionales a la cantidad dejada de ingresar, que pueden reducirse si el infractor acepta la regularización y paga sin recurrir. Cuando la cuota defraudada supera un determinado umbral (fijado en el Código Penal), la conducta deja de ser una infracción administrativa y se convierte en un delito contra la Hacienda pública, del que conocen los tribunales penales. Esta frontera entre lo administrativo y lo penal, que ya vimos en materia de armas, reaparece aquí y es una constante del ordenamiento: la gravedad determina la respuesta.

5. Los principales impuestos: directos e indirectos

Los impuestos se clasifican, según lo que gravan, en directos e indirectos. Los impuestos directos gravan una manifestación directa de la capacidad económica: la obtención de renta o la posesión de un patrimonio. Los principales son:

• El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava la renta obtenida por las personas físicas residentes; es progresivo y personal. Se regula en la Ley 35/2006.
• El Impuesto sobre Sociedades (IS), que grava la renta (los beneficios) de las personas jurídicas (las empresas). Se regula en la Ley 27/2014.
• El Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), este último cedido a las comunidades autónomas.

Los impuestos indirectos gravan una manifestación indirecta de la capacidad económica: el consumo o la circulación de bienes. Los principales son:

• El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que grava el consumo de bienes y servicios; lo soporta el consumidor final y lo recaudan los empresarios. Se regula en la Ley 37/1992 y tiene tipos general (21 %), reducido (10 %) y superreducido (4 %).
• Los Impuestos Especiales (IIEE), que gravan consumos específicos como el alcohol, el tabaco y los hidrocarburos (carburantes), con una doble finalidad recaudatoria y de desincentivo.
• El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y los derechos de aduana (aranceles) sobre las importaciones.

Existen, además, los impuestos locales, gestionados por los ayuntamientos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (el "impuesto de circulación") y el impuesto sobre construcciones. La regla general es que los impuestos directos son progresivos y atienden a las circunstancias personales, mientras que los indirectos son proporcionales (un mismo tipo para todos) y no tienen en cuenta la situación personal del que consume.

Merece la pena detenerse en el IRPF, por ser el impuesto que más directamente conocen los ciudadanos y también los propios guardias civiles, que lo pagan sobre su sueldo. Es un impuesto personal (tiene en cuenta las circunstancias del contribuyente: hijos, discapacidad, situación familiar), directo (grava la renta obtenida) y progresivo (a mayor renta, mayor tipo). Grava distintas fuentes de renta: los rendimientos del trabajo (el salario), los del capital (alquileres, intereses, dividendos), los de actividades económicas (autónomos) y las ganancias y pérdidas patrimoniales (por ejemplo, al vender un inmueble). Un mecanismo esencial es la retención: el pagador (la empresa, la Administración) descuenta cada mes una parte del sueldo y la ingresa a cuenta del impuesto del trabajador; por eso, al hacer la declaración anual, el contribuyente ajusta lo retenido con lo que realmente debía pagar, y de ahí que la declaración salga "a devolver" o "a pagar". El IVA, en cambio, ilustra el funcionamiento de un impuesto indirecto: lo repercuten los empresarios en cada venta y lo soporta finalmente el consumidor, de modo que el empresario actúa como recaudador que ingresa en Hacienda la diferencia entre el IVA que cobra y el que soporta en sus compras. Comprender estos dos ejemplos —uno directo y personal, otro indirecto y sobre el consumo— permite entender la lógica de todo el sistema.

6. La Administración tributaria y la Guardia Civil

La aplicación efectiva del sistema tributario estatal corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), comúnmente conocida como "la Agencia Tributaria" o "Hacienda". Es un ente público adscrito al Ministerio de Hacienda que tiene encomendada la gestión del sistema tributario estatal y del aduanero. Sus tres grandes funciones son la gestión (tramitar declaraciones y liquidaciones, informar y asistir al contribuyente), la inspección (comprobar e investigar el cumplimiento, descubriendo lo no declarado) y la recaudación (cobrar las deudas, incluso por vía ejecutiva o de apremio si no se pagan voluntariamente). Dentro de la AEAT tienen especial relevancia, para lo que aquí interesa, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que combaten el contrabando y el fraude en el comercio exterior.

Aquí entra en juego la Guardia Civil. Como ya se apuntó, el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986 atribuye a la Guardia Civil, con carácter exclusivo, "el resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando". El resguardo fiscal es la protección de los intereses económicos del Estado frente al fraude, especialmente en las fronteras, las costas y los recintos aduaneros. La lucha contra el contrabando —la introducción o salida de mercancías eludiendo los controles y los tributos aduaneros, así como el tráfico de géneros prohibidos o estancados (tabaco, drogas, armas, especies protegidas)— es una de las misiones históricas del Cuerpo.

El régimen jurídico del contrabando se contiene en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, que tipifica el contrabando como delito (cuando supera ciertos umbrales de valor o afecta a géneros especialmente sensibles) o como infracción administrativa. Para ejercer estas funciones, la Guardia Civil cuenta con unidades especializadas del Servicio Fiscal (hoy integrado en el Servicio Fiscal y de Fronteras), que actúan en puertos, aeropuertos, aduanas y a lo largo de las costas, a menudo en estrecha coordinación con la Vigilancia Aduanera de la AEAT. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil desempeña también un papel esencial en la vigilancia del litoral frente al contrabando y el narcotráfico. En su labor cotidiana, el guardia civil puede intervenir mercancías, levantar actas, colaborar en registros aduaneros y remitir las actuaciones a la autoridad competente. En definitiva, la Guardia Civil es, desde su fundación, un pilar de la protección de los ingresos públicos, una tarea menos visible que la persecución del delito común pero igualmente esencial para el sostenimiento del Estado.

Conviene entender por qué el contrabando y el fraude fiscal no son delitos "menores" o "sin víctima". Cuando alguien introduce tabaco de contrabando, defrauda el IVA en una operación o desembarca mercancía sin pagar aranceles, no se limita a beneficiarse ilícitamente: priva a la colectividad de recursos que debían financiar servicios públicos, compite deslealmente con quienes cumplen sus obligaciones y, muy a menudo, alimenta redes de criminalidad organizada. El contrabando de tabaco, el narcotráfico por vía marítima o el blanqueo del dinero obtenido con esos tráficos están frecuentemente entrelazados, y la vigilancia de las costas y las fronteras que ejerce la Guardia Civil es una barrera esencial frente a todos ellos. Por eso el resguardo fiscal no es una función administrativa rutinaria, sino una pieza de la seguridad del Estado en sentido amplio.

El fraude fiscal propiamente dicho —la elusión del pago de los impuestos mediante el ocultamiento de ingresos o la simulación— constituye, cuando supera determinados umbrales de cuota defraudada, un delito contra la Hacienda pública tipificado en el Código Penal (arts. 305 y siguientes). Su investigación corresponde principalmente a la Agencia Tributaria y a las unidades de policía judicial, pero la Guardia Civil colabora en numerosas operaciones, especialmente cuando el fraude se conecta con el contrabando, el blanqueo de capitales o la delincuencia organizada. La lucha contra el fraude es, además, una exigencia de justicia: cada euro defraudado por unos pocos es un euro que acaban pagando de más los contribuyentes honrados o que se detrae de la sanidad, la educación o las pensiones. Comprender esta dimensión ayuda al guardia civil a valorar la importancia de una competencia que, por técnica, podría parecer alejada de su vocación de servicio, pero que en realidad protege el bien común tanto como cualquier otra.

7. Ideas fuerza para el test

• El deber de contribuir se consagra en el artículo 31 de la Constitución: todos contribuirán según su capacidad económica, mediante un sistema justo, igualitario y progresivo, sin alcance confiscatorio.
• Los tributos (art. 2 LGT) se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos.
• Tasa: uso del dominio público o servicio que afecta al obligado (DNI, basuras). Contribución especial: beneficio o aumento de valor por una obra o servicio público. Impuesto: sin contraprestación, por manifestar capacidad económica.
• Principios del sistema tributario: capacidad económica, generalidad, igualdad, progresividad, no confiscatoriedad y legalidad (reserva de ley).
• La potestad tributaria originaria corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley; las CC. AA. y las entidades locales tienen potestad derivada.
• La Ley General Tributaria (Ley 58/2003) fija el marco común. Conceptos: hecho imponible (origina la obligación), obligado/contribuyente, base imponible (y liquidable, tras reducciones), tipo, cuota y deuda tributaria.
• La obligación tributaria principal es el pago de la cuota. La autoliquidación es la forma habitual de aplicar los tributos.
• Impuestos directos (gravan renta o patrimonio): IRPF (personas físicas, progresivo), IS (sociedades). Impuestos indirectos (gravan el consumo): IVA (tipos 21/10/4 %) e Impuestos Especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos).
• Impuestos locales: IBI, IAE e IVTM (impuesto de circulación). Territorios forales (País Vasco y Navarra): régimen de concierto y convenio.
• El IRPF es personal, directo y progresivo, con retenciones a cuenta; el IVA lo repercute el empresario y lo soporta el consumidor final.
• La deuda tributaria prescribe a los 4 años. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves; superado el umbral penal, hay delito contra la Hacienda pública (art. 305 CP).
• La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), del Ministerio de Hacienda, aplica el sistema: gestión, inspección y recaudación. Incluye el Servicio de Vigilancia Aduanera.
• La Guardia Civil tiene atribuidos, en exclusiva (art. 12 LO 2/1986), el resguardo fiscal del Estado y la represión del contrabando (Ley Orgánica 12/1995), a través del Servicio Fiscal y de Fronteras, en coordinación con la Vigilancia Aduanera.