Igualdad y no discriminación; violencia de género

Tema desarrollado para preparar el examen tipo test del Cuerpo de Auxilio Judicial. La información está verificada a fecha de actualización contra el texto consolidado del BOE; el contenido evaluable lo fija el temario del anexo VI.c) de tu convocatoria.

Índice

• 0. Por qué importa este tema
• 1. El derecho a la igualdad y a la no discriminación
• 2. La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
  • 2.1. Objeto y principio de igualdad de trato
  • 2.2. Discriminación directa e indirecta; acoso
  • 2.3. Acciones positivas y presencia equilibrada
  • 2.4. Transversalidad y planes de igualdad
  • 2.5. Igualdad en el empleo público
• 3. La LO 1/2004 contra la violencia de género
  • 3.1. Antecedentes y objeto
  • 3.2. Principios rectores
  • 3.3. Sensibilización, prevención y detección
  • 3.4. Derechos de las mujeres víctimas
  • 3.5. Tutela institucional
  • 3.6. Tutela penal y judicial: los JVM y la orden de protección
• 4. La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación
• 5. La Ley 4/2023 (trans y LGTBI)
• 6. Esquema de repaso (llaves)
• 7. Ideas fuerza para el test

0. Por qué importa este tema

Este tema reúne el bloque de igualdad y no discriminación que hoy aparece en casi todos los temarios de oposición. Para un Auxilio Judicial tiene doble interés: es materia de examen y, además, describe instituciones con las que trabajará a diario, como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la orden de protección. Es un tema muy «memorístico»: leyes con fecha, objeto, definiciones legales y porcentajes. Domínalo por sus datos exactos.

1. El derecho a la igualdad y a la no discriminación

La igualdad se proclama en la Constitución en un doble plano:

• Igualdad formal (art. 14 CE): «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es un derecho fundamental tutelable en amparo.
• Igualdad material o real (art. 9.2 CE): corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. Este mandato es la base constitucional de las acciones positivas.

El art. 35 CE añade que no puede haber discriminación por razón de sexo en el trabajo. Sobre estas bases se construye la legislación de igualdad que desarrolla el tema.

La igualdad tiene además una dimensión internacional y europea que conviene situar: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979) y, en violencia de género, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011, ratificado por España en 2014). En el Derecho de la Unión, el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres es un valor fundacional y objeto de numerosas directivas. Estas normas inspiran y obligan a la legislación interna que el tema desarrolla.

2. La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

2.1. Objeto y principio de igualdad de trato

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, en cualquiera de los ámbitos de la vida (art. 1). El principio de igualdad de trato (art. 3) supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, con especial atención a la derivada de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Conviene distinguir dos nociones que la ley maneja de forma complementaria: la igualdad de trato (no ser tratado de forma discriminatoria) y la igualdad de oportunidades (que los puntos de partida sean equivalentes, lo que a veces exige medidas de acción positiva). En cuanto a su ámbito de aplicación (art. 2), la ley obliga a todas las personas físicas y jurídicas que se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia, y se proyecta sobre los sectores público y privado. La ley es de las llamadas «horizontales»: no regula un sector concreto, sino que introduce el principio de igualdad como criterio informador (art. 4) de todo el ordenamiento y de la actuación de los poderes públicos, que deben integrarlo activamente en la adopción y ejecución de sus normas, en la definición de las políticas públicas y en el desarrollo del conjunto de sus actividades.

2.2. Discriminación directa e indirecta; acoso

• Discriminación directa por razón de sexo (art. 6.1): la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
• Discriminación indirecta (art. 6.2): la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente con una finalidad legítima y medios adecuados y necesarios.
• Acoso sexual (art. 7.1): cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
• Acoso por razón de sexo (art. 7.2): el que se realiza en función del sexo de una persona con el mismo propósito o efecto. Ambos se consideran discriminatorios.

Además, el art. 8 considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Y el art. 9 protege frente a las represalias (garantía de indemnidad): es discriminación cualquier trato adverso o efecto negativo que sufra una persona como consecuencia de haber presentado una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad.

La ley cierra el sistema con dos consecuencias jurídicas (art. 10): los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo son nulos y sin efecto, y dan lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sea real, efectivo y proporcionado al perjuicio sufrido. Junto a ello, la ley refuerza la tutela judicial con la inversión de la carga de la prueba del art. 13, ya vista, que traslada al demandado la justificación objetiva y razonable de las medidas cuestionadas cuando la parte actora aporta indicios fundados de discriminación.

2.3. Acciones positivas y presencia equilibrada

El art. 11 autoriza a los poderes públicos a adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho (acciones positivas), que serán razonables y proporcionadas. La ley introduce el principio de presencia o composición equilibrada: la disposición adicional primera lo define como la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto de que se trate, ninguno de ambos sexos supere el 60% ni sea menos del 40%. Es una cifra que cae mucho en el test: 40%-60%.

2.4. Transversalidad y planes de igualdad

El principio de transversalidad (art. 15) obliga a integrar el objetivo de la igualdad en la actuación de todos los poderes públicos. En las empresas, los planes de igualdad (art. 45) son un conjunto ordenado de medidas para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación; son obligatorios para las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, deben negociarse y estar inscritos en un registro público. La ley crea también el distintivo empresarial «Igualdad en la Empresa» (art. 50).

Dos instrumentos preventivos completan el sistema. El informe de impacto de género (art. 19): los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica y social han de incorporar un informe sobre su impacto por razón de género, para anticipar y corregir efectos discriminatorios antes de aprobar la norma. Y el Consejo de Participación de la Mujer, órgano colegiado de participación de las asociaciones y organizaciones de mujeres.

2.5. Igualdad en el empleo público

La ley dedica un título a la igualdad en el empleo público, de aplicación directa al personal de la Administración de Justicia:

• Presencia equilibrada (40%-60%) en los tribunales y órganos de selección del personal, salvo razones fundadas y objetivas debidamente motivadas.
• Medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (permisos, reducciones de jornada, adaptación) sin menoscabo de la promoción profesional.
• Un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el trabajo.
• La obligación de la Administración General del Estado y sus organismos de aprobar Planes de Igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario.
• La integración del principio de igualdad en la formación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Esta parte enlaza con las políticas de igualdad en la propia Administración de Justicia, que aprueba sus planes y protocolos siguiendo estos criterios.

3. La LO 1/2004 contra la violencia de género

3.1. Antecedentes y objeto

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue la primera ley española de carácter integral y multidisciplinar sobre esta materia (educativo, sanitario, social, laboral, penal y judicial). Su objeto (art. 1.1) es actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad (art. 1.3).

Conviene retener su estructura, porque el test pregunta «¿en qué título se regula…?»: un Título preliminar (objeto y principios); el Título I, medidas de sensibilización, prevención y detección (educación, publicidad y medios, sanidad); el Título II, derechos de las mujeres víctimas (información y asistencia social, derechos laborales y de Seguridad Social, derechos económicos); el Título III, tutela institucional (Delegación del Gobierno y Observatorio Estatal); el Título IV, tutela penal; y el Título V, tutela judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, medidas judiciales de protección y el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer). Es, por tanto, una respuesta que recorre toda la cadena: prevenir, proteger, perseguir y reparar.

3.2. Principios rectores

El art. 2 enumera los principios rectores a través de los cuales la ley articula un conjunto integral de medidas para conseguir sus fines:

• Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, de los servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
• Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones, con especial atención a las de mayor vulnerabilidad.
• Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigibles los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
• Garantizar derechos económicos para las víctimas, a fin de facilitar su integración social.
• Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, impulse la creación de políticas públicas.
• Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral a las víctimas desde las instancias jurisdiccionales.
• Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo y promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que actúan contra la violencia de género.
• Promover la formación especializada de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso (sanitario, policial y jurídico).
• Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, atendiendo a las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas.

3.3. Medidas de sensibilización, prevención y detección

El Título I regula estas medidas por ámbitos:

• Educativo: la transmisión de valores de respeto e igualdad y la eliminación de contenidos sexistas en el sistema educativo.
• Publicidad y medios de comunicación: se considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria; los medios fomentarán la protección de la igualdad.
• Sanitario: medidas de detección precoz y protocolos de actuación; el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud dispone de una comisión específica que impulsa la formación del personal sanitario y la aplicación uniforme de protocolos de detección.

La ley previó, además, la aprobación de un Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la violencia de género, con una doble finalidad: introducir en la sociedad nuevos valores basados en el respeto a los derechos y libertades y en la igualdad, y ofrecer a los agentes sociales y sanitarios instrumentos para la detección precoz. La prevención se apoya en un principio esencial: la violencia de género no es un problema privado, sino una cuestión de orden público y de responsabilidad colectiva, lo que justifica la intervención de todos los poderes públicos.

3.4. Derechos de las mujeres víctimas

El Título II reconoce un catálogo de derechos, que es el bloque más preguntado:

• Derecho a la información y a la asistencia social integral (servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación).
• Asistencia jurídica gratuita, inmediata y especializada, en todos los procesos vinculados a la violencia sufrida.
• Derechos laborales y de Seguridad Social: derecho a la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica o al cambio de centro, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y a la extinción del contrato; las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación se consideran justificadas.
• Derechos de las funcionarias víctimas (reducción/reordenación de jornada, movilidad, excedencia).
• Derechos económicos: una ayuda económica específica (art. 27) para víctimas con rentas por debajo de un umbral y con especiales dificultades para obtener empleo, cuya cuantía equivale a un número de meses de subsidio por desempleo (que aumenta si la víctima tiene responsabilidades familiares o una discapacidad); la Renta Activa de Inserción (RAI); y la consideración como colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.

Además, las víctimas extranjeras en situación irregular disponen de un régimen específico que evita que la denuncia derive automáticamente en un expediente sancionador de extranjería, y las víctimas con discapacidad y las que residen en el medio rural reciben una atención reforzada por su especial vulnerabilidad. Todos estos derechos se reconocen a todas las mujeres víctimas, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (art. 17).

La acreditación de la situación de violencia de género se realiza, con carácter general, por la orden de protección o, excepcionalmente, por informe del Ministerio Fiscal, además de por otros títulos que la normativa ha ido incorporando.

3.5. Tutela institucional

El Título III crea la tutela institucional: la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (impulsa y coordina las políticas), el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (órgano colegiado de asesoramiento, evaluación y propuesta) y las unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la formación específica de todos los operadores.

3.6. Tutela penal y judicial: los JVM y la orden de protección

El Título IV (tutela penal) agrava determinados tipos (lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones) cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad. El Título V (tutela judicial) crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM):

• Conocen, en el orden penal, de la instrucción de los procesos por los delitos de violencia de género y de la adopción de las órdenes de protección a las víctimas.
• Conocen, en el orden civil, de asuntos de familia (nulidad, separación, divorcio, filiación, guarda y custodia, alimentos) cuando concurran violencia de género y ciertos requisitos, de modo que una misma sede conozca de lo penal y de lo civil vinculados.
• Existe además un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y secciones especializadas en las Fiscalías.

Una precisión importante fruto de la evolución normativa: los menores que conviven en entornos de violencia de género son también víctimas de esa violencia, no meros testigos. Por eso las medidas de protección y de asistencia se extienden a los hijos e hijas de la víctima, y la orden de protección puede incluir la suspensión del régimen de visitas o de la patria potestad del agresor cuando resulte necesario para su seguridad.

La orden de protección es una resolución judicial que, en una sola comparecencia, otorga a la víctima un estatuto integral de protección combinando medidas penales (alejamiento, prohibición de comunicación), civiles (uso de la vivienda, custodia, alimentos, suspensión del régimen de visitas o de la patria potestad) y de asistencia social. Puede pedirla la víctima, sus allegados, el Ministerio Fiscal o acordarla el juez de oficio, y activa la inscripción en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. Las medidas civiles tienen una vigencia temporal (en torno a 30 días); si dentro de ese plazo se inicia el proceso de familia, se mantienen hasta que el juez civil se pronuncie.

Para hacer efectiva la protección, la Administración cuenta con instrumentos operativos: el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), gestionado por el Ministerio del Interior, que valora el nivel de riesgo de cada víctima (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo) y activa las medidas policiales de protección correspondientes; y los dispositivos telemáticos de control del cumplimiento de las medidas de alejamiento (las llamadas «pulseras»), que alertan cuando el agresor se aproxima a la víctima. Un Auxilio Judicial, en su trabajo de notificación y tramitación, maneja a diario resoluciones vinculadas a estas medidas.

Desde el punto de vista práctico de la oficina judicial conviene retener algunas notas procesales. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer atienden en régimen de guardia las actuaciones más urgentes; muchos asuntos se resuelven por el cauce de los juicios rápidos, lo que exige una tramitación ágil de las citaciones y notificaciones. La víctima tiene reconocida la dispensa de la obligación de declarar frente a su agresor cuando la ley procesal así lo prevé, con las excepciones y matices que la jurisprudencia ha ido perfilando. Y la protección de datos de la víctima es especialmente estricta: sus datos de contacto y domicilio se protegen para evitar que el agresor pueda localizarla. Estas cautelas, unidas a la coordinación entre el orden penal y el civil que asumen los JVM, hacen de la tramitación de los procesos de violencia de género una tarea sensible en la que el rigor del personal de la oficina judicial —incluido el Cuerpo de Auxilio Judicial— resulta determinante para la seguridad de la víctima.

4. La Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, es una ley «paraguas» que garantiza y promueve el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a respetar la igual dignidad de las personas. Su gran aportación es la lista abierta de causas protegidas (art. 2): nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación e identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico o predisposición genética, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Distingue discriminación directa, indirecta, por asociación y por error, el acoso discriminatorio y la inducción a discriminar; invierte la carga de la prueba (quien alega indicios de discriminación no ha de probarla plenamente, sino que corresponde a la parte demandada aportar una justificación objetiva y razonable); y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.

La ley proyecta el derecho a la igualdad de trato sobre un amplio abanico de ámbitos: el empleo (público y privado, incluida la negociación colectiva), la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda, los establecimientos y espacios abiertos al público, los medios de comunicación y la publicidad, y la actividad de las Administraciones. Incorpora una previsión moderna sobre la inteligencia artificial y los algoritmos: las Administraciones favorecerán mecanismos para que los procesos de toma de decisiones basados en algoritmos tengan en cuenta criterios de minimización de sesgos y de no discriminación. En materia de tutela, además de la reparación e indemnización del daño, reconoce la legitimación de las asociaciones y organizaciones para actuar en defensa de los derechos, con el consentimiento de la persona afectada. Frente a la LO 3/2007, ceñida al sexo, la Ley 15/2022 es la norma general del Derecho antidiscriminatorio español.

5. La Ley 4/2023 (trans y LGTBI)

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas trans y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales. Sus dos claves de examen son: la rectificación registral de la mención relativa al sexo en el Registro Civil basada en la libre manifestación de la voluntad de la persona (para las personas mayores de edad, sin necesidad de informe médico o psicológico ni de acreditar tratamiento alguno, mediante un procedimiento con dos comparecencias), y la prohibición de las prácticas de conversión de la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, aun con el consentimiento de la persona. Establece asimismo un régimen de infracciones y sanciones (leves, graves y muy graves).

La rectificación registral del sexo se articula ante el Registro Civil en un procedimiento con dos comparecencias: en la primera la persona manifiesta su voluntad y se le informa de las consecuencias jurídicas; transcurrido un plazo (máximo tres meses), una segunda comparecencia de ratificación confirma la decisión, y el encargado resuelve. Para los menores se prevén reglas específicas según la edad (con asistencia de sus representantes legales o, en ciertos tramos, autorización judicial). La rectificación tiene eficacia constitutiva: permite ejercer todos los derechos con la nueva mención de sexo, sin alterar la titularidad de los derechos y obligaciones anteriores. La ley despliega además medidas en los ámbitos laboral, educativo, sanitario, deportivo y familiar para garantizar la igualdad de trato del colectivo LGTBI y combatir la LGTBIfobia. Junto con la Ley 15/2022, completa el marco español de igualdad de trato más allá del binomio mujer-hombre del que parten los arts. 14 CE y la LO 3/2007.

6. Esquema de repaso (llaves)

• Igualdad en la CE: art. 14 (formal, no discriminación) + art. 9.2 (real y efectiva, remover obstáculos) + art. 35 (trabajo).
• LO 3/2007 (igualdad efectiva M/H)
  • Igualdad de trato = ausencia de discriminación directa o indirecta por sexo
  • Directa (art. 6.1) / indirecta (art. 6.2, «neutros» en desventaja) / acoso sexual (7.1) y por razón de sexo (7.2) / embarazo (art. 8)
  • Acciones positivas (art. 11) · presencia equilibrada 40%-60% (DA 1.ª) · transversalidad (art. 15) · planes de igualdad obligatorios ≥ 50 personas (art. 45)
• LO 1/2004 (violencia de género)
  • Ley integral; objeto: violencia del hombre sobre la mujer por relación (ex)cónyuge o análoga afectividad, aun sin convivencia; incluye física, psicológica, sexual, amenazas, coacciones, privación de libertad
  • Derechos: información + asistencia social integral + asistencia jurídica gratuita inmediata y especializada + laborales/SS + económicos (ayuda art. 27, RAI, vivienda)
  • Institucional: Delegación del Gobierno + Observatorio Estatal + unidades FCS
  • Judicial: Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penal + civil vinculado) + orden de protección + Fiscal de VG
• Ley 15/2022: igualdad de trato «paraguas»; causas abiertas; inversión de la carga de la prueba; Autoridad Independiente.
• Ley 4/2023: trans y LGTBI; rectificación registral del sexo por libre voluntad (mayores de edad); prohíbe terapias de conversión.

7. Ideas fuerza para el test

• Art. 14 CE = igualdad formal; art. 9.2 CE = igualdad real (base de las acciones positivas).
• LO 3/2007: memoriza directa vs. indirecta y la presencia equilibrada 40-60; planes de igualdad obligatorios desde 50 personas trabajadoras.
• LO 1/2004: es la ley de la relación de pareja (o expareja); crea los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la orden de protección, que combina medidas penales, civiles y sociales.
• Asistencia jurídica de la víctima: gratuita, inmediata y especializada.
• Ley 15/2022 = igualdad de trato general con causas abiertas; Ley 4/2023 = trans/LGTBI con rectificación registral por voluntad.