El Poder Judicial, el CGPJ y el Ministerio Fiscal

Tema desarrollado para preparar el examen tipo test del Cuerpo de Auxilio Judicial. La información está verificada a fecha de actualización contra el texto consolidado del BOE; el contenido evaluable lo fija el temario del anexo VI.c) de tu convocatoria.

Índice

• 0. Situar el tema
• 1. El Poder Judicial y sus principios
  • 1.1. La configuración del artículo 117
  • 1.2. Unidad jurisdiccional y exclusividad
  • 1.3. Otras garantías constitucionales
• 2. La independencia judicial
• 3. El Consejo General del Poder Judicial
  • 3.1. Composición
  • 3.2. Funciones y órganos
• 4. La jurisdicción: Jueces y Magistrados
  • 4.1. Los órdenes jurisdiccionales
  • 4.2. La carrera judicial
• 5. El Ministerio Fiscal
  • 5.1. Misión y principios
  • 5.2. Organización
• 6. Esquema de repaso (llaves)
• 7. Ideas fuerza para el test

0. Situar el tema

Con este tema entramos en el corazón del temario: el Poder Judicial, en el que un Auxilio Judicial va a trabajar. Aquí se estudian los principios que rigen la actuación de los jueces (independencia, inamovilidad, unidad jurisdiccional), el órgano que los gobierna (el Consejo General del Poder Judicial), cómo se organiza la jurisdicción y la carrera judicial, y el Ministerio Fiscal, que actúa ante los tribunales en defensa de la legalidad. Conviene tener presente una idea que ya vimos en el tema 3: el Poder Judicial es independiente y su gobierno corresponde al CGPJ, mientras que el Ministerio de Justicia se ocupa solo de los medios. Las normas cabeza del tema son el Título VI de la Constitución (arts. 117 a 127), la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ) y, para el Ministerio Fiscal, el art. 124 CE y su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981).

1. El Poder Judicial y sus principios

1.1. La configuración del artículo 117

El artículo 117 CE es la norma nuclear. Su apartado primero proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. En una sola frase se contienen los cuatro grandes principios del estatuto judicial: independencia, inamovilidad, responsabilidad y sumisión a la ley. Que la justicia se administre «en nombre del Rey» es una fórmula simbólica: el Rey es la Jefatura del Estado y encabeza formalmente los tres poderes, pero no juzga ni interviene en la función jurisdiccional, que ejercen con plena independencia los jueces. Y que la justicia «emane del pueblo» expresa su legitimidad democrática, pese a que los jueces no sean elegidos por sufragio, sino seleccionados por mérito y capacidad. La LOPJ desarrolla todo el Título VI: la organización de juzgados y tribunales, el estatuto de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal en lo que le afecta, la Oficina judicial y los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, entre ellos el de Auxilio Judicial.

1.2. Unidad jurisdiccional y exclusividad

El art. 117 añade dos principios organizativos capitales:

• Unidad jurisdiccional (art. 117.5): es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Solo la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio. No caben, por tanto, jurisdicciones especiales al margen de la ordinaria.
• Exclusividad (art. 117.3 y 117.4): el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes (exclusividad positiva); y estos no ejercerán más funciones que las jurisdiccionales y las que expresamente les atribuya la ley en garantía de cualquier derecho (exclusividad negativa).

La Constitución prohíbe los Tribunales de excepción (art. 117.6): nadie puede ser juzgado por un tribunal creado ad hoc después de los hechos; es la garantía del juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE).

1.3. Otras garantías constitucionales

El Título VI recoge un conjunto de garantías que caen en el test:

• Deber de colaboración (art. 118): es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
• Gratuidad de la justicia (art. 119): la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
• Publicidad y motivación (art. 120): las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento; el procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal; y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
• Responsabilidad del Estado (art. 121): los daños causados por error judicial y los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia darán derecho a una indemnización a cargo del Estado.
• Acción popular y participación (art. 125): los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en los procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
• Policía Judicial (art. 126): depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

La participación ciudadana del art. 125 se materializa, sobre todo, en la acción popular (que permite a cualquier ciudadano ejercer la acción penal aunque no sea el ofendido por el delito) y en el Tribunal del Jurado, regulado por la Ley Orgánica 5/1995: nueve jurados legos, presididos por un Magistrado, deciden sobre los hechos (culpabilidad o inocencia) en el enjuiciamiento de determinados delitos que la ley determina, mientras que la aplicación de la pena corresponde al Magistrado-Presidente. A ello se suma la gratuidad de la justicia para quien carece de recursos (desarrollada por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita), que hace efectivo el derecho a la tutela judicial del art. 24 CE. El conjunto de estas garantías dibuja una Administración de Justicia independiente, responsable, pública y accesible, que es el marco en el que se desenvuelve el trabajo del Cuerpo de Auxilio Judicial.

2. La independencia judicial

La independencia es la garantía de que el juez resuelve sometido solo a la ley, sin recibir instrucciones ni presiones. Se proyecta frente a todos: frente a los demás poderes, frente a las partes e incluso frente a los órganos judiciales superiores (que pueden revocar sus resoluciones por vía de recurso, pero no darle órdenes sobre cómo fallar). Sus garantías son:

• La inamovilidad (art. 117.2 CE): los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. Es la garantía estrella de la independencia.
• El gobierno autónomo por el CGPJ, que sustrae al Gobierno las decisiones sobre la carrera judicial (nombramientos, ascensos, régimen disciplinario).
• Un régimen estricto de incompatibilidades y prohibiciones (art. 127 CE): los Jueces, Magistrados y Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos; la ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los jueces.
• La responsabilidad (civil, penal y disciplinaria), como contrapeso de la independencia: el juez independiente responde de sus actos conforme a la ley.

La responsabilidad del juez se manifiesta en tres planos: la penal (por los delitos que pueda cometer en el ejercicio del cargo, como la prevaricación), la civil (que hoy se canaliza a través de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin perjuicio de la acción de repetición) y la disciplinaria (por las infracciones de sus deberes, que sanciona el CGPJ o la Comisión Disciplinaria según la gravedad, clasificadas en leves, graves y muy graves). Este régimen es el contrapeso de la independencia: un juez independiente no es un juez irresponsable.

La independencia no es un privilegio del juez, sino una garantía del ciudadano: asegura un juicio imparcial. Se completa con la imparcialidad, que se protege mediante la abstención (el juez que advierte en sí una causa legal debe apartarse del asunto) y la recusación (las partes pueden pedir su apartamiento cuando concurra una de esas causas, como el parentesco, la amistad íntima o la enemistad manifiesta, o un interés en el pleito). Independencia e imparcialidad son dos caras de una misma garantía: la primera mira a la posición del juez frente a los poderes; la segunda, a su neutralidad frente al caso concreto y a las partes.

3. El Consejo General del Poder Judicial

3.1. Composición

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno del Poder Judicial (art. 122.2 CE). No juzga —esa es tarea de los tribunales—, sino que gobierna a los jueces para preservar su independencia frente al Ejecutivo. Su composición, fijada en el art. 122.3 CE, es:

• El Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside (es, a la vez, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo).
• 20 vocales nombrados por el Rey por un período de cinco años, distribuidos así: 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; y 8 entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio, propuestos 4 por el Congreso y 4 por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos.

Memoriza la clave: Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces + 8 juristas) · 5 años · 3/5. El Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ es la primera autoridad judicial de la Nación.

3.2. Funciones y órganos

El CGPJ ejerce las competencias que garantizan la independencia de los jueces en el ejercicio de su función, sin asumir las jurisdiccionales. Sus funciones principales son:

• Nombramientos, ascensos y provisión de destinos en la carrera judicial.
• La inspección de juzgados y tribunales y la potestad disciplinaria sobre Jueces y Magistrados.
• La formación (Escuela Judicial) y el régimen de situaciones administrativas de los jueces.
• Informar los anteproyectos de ley y disposiciones que afecten a la Administración de Justicia.
• Proponer el nombramiento de dos Magistrados del Tribunal Constitucional (los otros diez los proponen el Congreso, el Senado y el Gobierno).
• Elaborar y ejecutar su propio presupuesto, publicar una Memoria anual sobre el estado de la Administración de Justicia y elegir a su Presidente.

El reparto de competencias entre sus órganos es relevante: el Pleno se reserva las decisiones de mayor trascendencia (nombramientos de altos cargos judiciales, informe de anteproyectos, propuesta de magistrados del TC, elección del Vicepresidente); la Comisión Permanente asume la gestión ordinaria y los nombramientos reglados; y la Comisión Disciplinaria resuelve los expedientes por faltas graves y muy graves. El CGPJ no puede, en ningún caso, dictar instrucciones a los jueces sobre la interpretación o aplicación del Derecho en un caso concreto: eso invadiría su independencia. Su papel es de gobierno (administrar la carrera y garantizar la independencia), nunca de dirección de la función de juzgar.

Actúa en Pleno y a través de comisiones, entre las que destacan la Comisión Permanente, la Comisión Disciplinaria, la Comisión de Asuntos Económicos y la de Igualdad. El Consejo cuenta con un Vicepresidente (elegido por el Pleno a propuesta del Presidente) y con órganos técnicos como el Gabinete Técnico y el Servicio de Inspección.

El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es elegido por el Pleno del propio Consejo en su sesión constitutiva, por mayoría de tres quintos, y nombrado por el Rey; puede recaer en un miembro de la carrera judicial o en un jurista de reconocida competencia. Su mandato coincide con el del Consejo (cinco años) y puede ser reelegido una sola vez. Los vocales del Consejo no tienen mandato imperativo ni pueden ser removidos por quien los propuso: una vez nombrados, actúan con independencia. En la práctica, la renovación del Consejo cada cinco años depende de que el Congreso y el Senado alcancen la mayoría reforzada de tres quintos, lo que ha provocado en ocasiones prórrogas del mandato del Consejo saliente hasta la designación del nuevo.

4. La jurisdicción: Jueces y Magistrados

4.1. Los órdenes jurisdiccionales

La jurisdicción es única (unidad jurisdiccional) pero se distribuye, por razón de la materia, en cuatro órdenes jurisdiccionales: el civil (litigios entre particulares y todo lo que no esté atribuido a otro orden, por su carácter común o residual), el penal (enjuiciamiento de delitos y faltas), el contencioso-administrativo (control de la actuación de las Administraciones públicas) y el social (relaciones laborales y de Seguridad Social). Junto a ellos existe la jurisdicción militar, integrada en el Poder Judicial y limitada al ámbito castrense y a los supuestos de estado de sitio.

La distribución de asuntos entre estos órdenes obedece a la competencia, que la ley fija por criterios objetivos (la materia y la cuantía), territoriales (el lugar) y funcionales (la instancia o el recurso). El orden civil tiene, además, carácter común: conoce de las materias que le son propias y de todas las que no estén expresamente atribuidas a otro orden, lo que lo convierte en el cauce residual. El orden penal es el único competente para el enjuiciamiento de los delitos, con la garantía de que solo un juez puede imponer una pena. El contencioso-administrativo hace posible el control judicial de la Administración que exige el art. 106 CE. Y el social resuelve los conflictos laborales, individuales y colectivos, y los de Seguridad Social.

4.2. La carrera judicial

Los Jueces y Magistrados de carrera forman un Cuerpo único con tres categorías: Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo. El ingreso en la carrera se produce, con carácter general, por oposición libre entre licenciados o graduados en Derecho y posterior superación de un curso teórico-práctico en la Escuela Judicial (con sede en Barcelona), tras el cual se obtiene el primer destino como Juez; se accede a la categoría de Magistrado por promoción interna (antigüedad y pruebas de especialización) y, en parte de las plazas, por concurso entre juristas de reconocido prestigio (el llamado «cuarto turno»), y a Magistrado del Tribunal Supremo por nombramiento del CGPJ. El estatuto del juez comprende un régimen propio de situaciones administrativas, de incompatibilidades (no puede ejercer la abogacía ni el comercio) y de asociación profesional, que la Constitución permite frente a la prohibición de sindicarse. La selección por mérito y capacidad, y no por designación política, es una garantía añadida de la independencia. Los jueces ejercen su función en los distintos órganos de la organización judicial, cuya planta y demarcación fija la ley: Juzgados (de Paz, de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Violencia sobre la Mujer, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Mercantil), Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, reservado al Tribunal Constitucional).

El Tribunal Supremo, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, culmina la organización judicial y unifica la doctrina a través del recurso de casación; se organiza en cinco Salas (Civil, Penal, Contencioso-Administrativa, Social y Militar). La Audiencia Nacional, también con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, conoce de asuntos de especial trascendencia (determinados delitos económicos, terrorismo, crimen organizado, extradiciones). Los Tribunales Superiores de Justicia culminan la organización judicial en el ámbito de cada Comunidad Autónoma. En el nivel de base, un mismo juez puede servir en distintos órganos a lo largo de su carrera. Conviene distinguir la figura del Juez (que juzga) de la del Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario judicial), que dirige la Oficina judicial, ejerce la fe pública judicial y la ordenación formal del proceso; y del personal de los Cuerpos generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial), que ejecuta materialmente la tramitación. Todos ellos integran la Oficina judicial, la organización de medios que sirve de soporte a la actividad de los tribunales y en la que trabajará el opositor.

Conviene anticipar la estructura de esa Oficina judicial, que se estudia con detalle en el tema 10 pero cuya lógica ilumina todo el sistema. La LOPJ la diseña como una organización instrumental, al servicio de jueces y tribunales, que se estructura en dos tipos de unidades: las unidades procesales de apoyo directo (UPAD), que asisten a un juez o tribunal concreto en el ejercicio de su función, y los servicios comunes procesales, dirigidos por un Letrado de la Administración de Justicia, que asumen labores centralizadas (registro y reparto, actos de comunicación, ejecución, ordenación del procedimiento) para varios órganos a la vez. Un Auxilio Judicial puede prestar servicio tanto en una UPAD como en un servicio común, y precisamente los actos de comunicación y la ejecución —notificaciones, embargos, lanzamientos— son el núcleo de sus funciones, que se desarrollan en los temas específicos del programa.

Cierra el estatuto del Poder Judicial la garantía de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia (art. 121 CE). Se distinguen tres supuestos: el error judicial (que requiere una previa decisión judicial que lo reconozca), el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (retrasos indebidos, pérdida de actuaciones, defectos de la organización) y la prisión preventiva seguida de absolución o sobreseimiento en los casos que la ley determina. En todos ellos el perjudicado puede reclamar una indemnización a cargo del Estado, que responde de forma objetiva sin perjuicio de la eventual responsabilidad personal del juez. Esta garantía es la contrapartida de la posición de fuerza que la independencia confiere al Poder Judicial: a mayor independencia, mayor exigencia de responsabilidad y de reparación de los daños que su funcionamiento pueda causar a los ciudadanos. La reclamación se dirige al Ministerio de Justicia y, agotada la vía administrativa, puede recurrirse ante la jurisdicción contencioso-administrativa; el plazo general para reclamar es de un año desde que la decisión judicial que reconoce el error o desde que se produjo el daño por el funcionamiento anormal. Con esta pieza se completa el retrato del Poder Judicial que exige el temario: un poder independiente en su función, gobernado por el CGPJ, servido por una oficina judicial profesional y responsable ante la ciudadanía.

5. El Ministerio Fiscal

5.1. Misión y principios

El Ministerio Fiscal se regula en el artículo 124 CE y en su Estatuto Orgánico (Ley 50/1981). Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de:

• Unidad de actuación y dependencia jerárquica (el Ministerio Fiscal es único para todo el Estado y sus miembros actúan bajo la dirección del Fiscal General del Estado).
• Legalidad (actúa con sujeción a la Constitución, las leyes y el ordenamiento) e imparcialidad (con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados).

Importante para no confundir: el Ministerio Fiscal no forma parte del Poder Judicial (los fiscales no juzgan), sino que se integra en él con autonomía funcional; y sus principios (unidad y dependencia jerárquica) son distintos de los de los jueces (independencia e inamovilidad).

5.2. Organización

El Fiscal General del Estado es la cabeza del Ministerio Fiscal. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio. Órganos del Ministerio Fiscal son, además: el Consejo Fiscal (órgano de asesoramiento y participación de los fiscales), la Junta de Fiscales de Sala, la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las Fiscalías especiales (Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, y las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Audiencias Provinciales y de las Áreas. La Fiscalía se organiza territorialmente en paralelo a la planta judicial. Un Auxilio Judicial colabora a diario con las Fiscalías en la tramitación de los procesos.

Entre las funciones del Ministerio Fiscal destacan: ejercer la acción penal (y también la civil derivada del delito, cuando proceda), interviniendo en el proceso penal en defensa de la legalidad y del interés público; velar por la protección procesal de las víctimas y de las personas más vulnerables (menores, personas con discapacidad); intervenir en los procesos civiles que afectan al interés social o a esas personas; dirigir la investigación de los hechos en el proceso penal de menores; velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales; e intervenir ante el Tribunal Constitucional en los términos previstos. El Fiscal General del Estado cesa cuando lo hace el Gobierno que lo propuso (su mandato se vincula al de este) y en los demás casos legalmente tasados; comparece ante el Congreso y presenta una Memoria anual sobre la actividad del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal goza de autonomía funcional dentro del Poder Judicial, pero no es un órgano jurisdiccional: pide justicia ante los tribunales, pero no la administra.

Los fiscales integran una carrera propia —la Carrera Fiscal—, a la que se accede por una oposición común con la judicial (los aspirantes eligen carrera por orden de nota), y comparte con aquella tres categorías (Fiscal, Fiscal, y Fiscal de Sala del Tribunal Supremo). La diferencia esencial con los jueces está en los principios: mientras el juez es independiente e inamovible y solo obedece a la ley, el fiscal actúa por unidad de actuación y dependencia jerárquica, recibiendo instrucciones de sus superiores y, en última instancia, del Fiscal General del Estado (aunque puede hacer constar su discrepancia y existe un mecanismo interno para resolverla). El Consejo Fiscal, presidido por el Fiscal General e integrado por vocales elegidos por los propios fiscales, es el órgano de participación y asesoramiento de la carrera, con funciones en materia de nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. Esta doble lógica —independencia de los jueces, jerarquía de los fiscales— es una de las claves que más se preguntan en el test, porque es fácil confundirlas.

6. Esquema de repaso (llaves)

• Poder Judicial (Tít. VI CE, arts. 117-127 + LOPJ)
  • Art. 117: justicia emana del pueblo, se administra en nombre del Rey; jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos a la ley
  • Unidad jurisdiccional (117.5); exclusividad: juzgar y ejecutar solo Juzgados y Tribunales (117.3); prohibición de Tribunales de excepción (117.6)
  • Sentencias siempre motivadas y en audiencia pública (120); responsabilidad del Estado por error judicial (121); Jurado y acción popular (125)
• Independencia: inamovilidad (117.2, no separado/suspendido/trasladado/jubilado salvo por ley) + gobierno del CGPJ + incompatibilidades (127: sin partidos ni sindicatos en activo)
• CGPJ (art. 122): órgano de GOBIERNO del Poder Judicial; Presidente del TS + 20 vocales (12 jueces + 8 juristas), 5 años, propuestos por Congreso/Senado por 3/5; nombramientos, inspección y disciplina; NO juzga
• Jurisdicción: 4 órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo, social) + militar; carrera judicial de 3 categorías (Juez, Magistrado, Magistrado del TS); TS = órgano superior en todos los órdenes
• Ministerio Fiscal (art. 124): promueve la justicia en defensa de la legalidad, los derechos y el interés público; principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica + legalidad e imparcialidad; Fiscal General = nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ

7. Ideas fuerza para el test

• Art. 117 = estatuto del juez: independiente, inamovible, responsable y sometido a la ley; la justicia se administra en nombre del Rey.
• Inamovilidad: no separado, suspendido, trasladado ni jubilado salvo por causas legales.
• El CGPJ gobierna (no juzga): Presidente del TS + 20 vocales (12 + 8), 5 años, 3/5.
• Los jueces, en activo, no pueden pertenecer a partidos ni sindicatos (art. 127).
• El Ministerio Fiscal actúa por unidad y dependencia jerárquica (¡no independencia!); su jefe es el Fiscal General del Estado.
• Órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social; el Tribunal Supremo es el órgano superior en todos ellos.