Actos de comunicacion a las partes: notificaciones, requerimientos, citaciones, emplazamientos y nuevas tecnologias

Tema desarrollado para preparar el examen tipo test del Cuerpo de Auxilio Judicial. La información está verificada a fecha de actualización contra el texto consolidado de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (LEC) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Este es un tema NUCLEAR para el Auxilio Judicial: la propia LEC (art. 152) atribuye a este Cuerpo la ejecución material de los actos de comunicación a las partes. Domina las formas de notificación, sus efectos, la comunicación edictal, el régimen de nulidad y subsanación y las nuevas tecnologías, porque son de las cuestiones más preguntadas y más ligadas a tu función diaria.

Índice

• 0. Los actos de comunicación a las partes
• 1. Clases: notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos
• 2. Quién los ejecuta y en qué plazo
• 3. Formas de practicar la comunicación
  • 3.1. Por procurador y por medios electrónicos
  • 3.2. Por remisión y por entrega
  • 3.3. Averiguación del domicilio y comunicación edictal
• 4. Nulidad y subsanación
• 5. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el proceso penal
• 6. Formas de notificación y nuevas tecnologías
• 7. Esquema de repaso (llaves)
• 8. Ideas fuerza para el test

0. Los actos de comunicación a las partes

Los actos de comunicación a las partes y demás intervinientes son aquellos por los que se pone en su conocimiento una resolución o actuación, o se les requiere una conducta. Su importancia es capital porque de ellos depende el ejercicio del derecho de defensa y el principio de contradicción: si una parte no es correctamente citada o emplazada, no puede defenderse, y la actuación puede producir indefensión con vulneración del artículo 24 de la Constitución. Por eso el legislador rodea estos actos de garantías formales estrictas.

Para el Cuerpo de Auxilio Judicial este tema es esencial: el artículo 152 LEC dispone que los actos de comunicación se realizan bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia —responsable de la adecuada organización del servicio— y se ejecutan por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el procurador de la parte que lo solicite. Es decir, la práctica material de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos —desplazándose al domicilio, entregando la cédula, documentando la diligencia— es una función propia del Auxilio Judicial, que actúa como agente de la autoridad.

La regulación de los actos de comunicación persigue conjugar dos objetivos que a veces tiran en direcciones opuestas: garantizar que el destinatario conozca realmente la actuación que le afecta (para que pueda defenderse) y, al mismo tiempo, evitar que la ocultación o la mera pasividad del destinatario paralicen indefinidamente el proceso. De ese equilibrio nacen las reglas sobre formas de comunicación, sobre las averiguaciones del domicilio y sobre los efectos de la negativa a recibir. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que los actos de comunicación —en especial el emplazamiento inicial del demandado— son una pieza esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, de modo que su defectuosa práctica, cuando priva a una parte de la posibilidad de intervenir, genera indefensión y puede acarrear la nulidad de lo actuado. Por eso el trabajo del Auxilio Judicial en esta materia es tan delicado: una diligencia mal documentada o una entrega irregular pueden viciar todo el proceso.

1. Clases: notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos

Como vimos, el artículo 149 LEC distingue seis clases de actos de comunicación; cuatro de ellas se dirigen a las partes y demás intervinientes. La notificación (sentido estricto) tiene por objeto dar noticia de una resolución o actuación, sin exigir del destinatario una conducta concreta. El emplazamiento se dirige a personarse y a actuar dentro de un plazo (por ejemplo, el emplazamiento al demandado para contestar en veinte días). La citación determina lugar, fecha y hora para comparecer y actuar (por ejemplo, la citación a una vista o a declarar). Y el requerimiento se dirige a ordenar una conducta o inactividad (por ejemplo, requerir el pago o la entrega de un bien). La clave para distinguirlos es qué se pide al destinatario: nada (notificación), actuar en un plazo (emplazamiento), comparecer en un momento (citación) o hacer o no hacer algo (requerimiento).

El documento por el que se practica la comunicación es la cédula, que contiene la copia de la resolución o su extracto, la identificación del tribunal y del asunto, el objeto de la comunicación y, según el caso, el plazo, el día y la hora, o la conducta requerida. La entrega de la cédula, con las formalidades que se verán, es lo que da eficacia al acto; sin una entrega válida y correctamente documentada, la resolución no despliega frente al destinatario los efectos que le son propios.

Conviene precisar la diferencia entre emplazamiento y citación, que suele confundirse. El emplazamiento concede un plazo —un espacio de tiempo— para personarse o actuar (por ejemplo, «veinte días para contestar»); la citación fija un término —un momento concreto, día y hora— para comparecer (por ejemplo, «el día 5 a las 10:00 para la vista»). El requerimiento, por su parte, no busca la comparecencia ni abre un plazo de actuación procesal, sino que ordena al destinatario una conducta positiva (pagar, entregar, hacer) o negativa (abstenerse), bajo los apercibimientos que la ley establezca. Y la notificación en sentido estricto se limita a transmitir información, sin exigir reacción alguna. Esta clasificación no es un mero ejercicio teórico: de la correcta calificación del acto depende su contenido, sus advertencias y los efectos de su incumplimiento, cuestiones que se preguntan con frecuencia en el examen.

2. Quién los ejecuta y en qué plazo

Las resoluciones se notifican a todos los que sean parte en el proceso (artículo 150 LEC); por disposición del tribunal, también se notifica la pendencia del proceso a quienes, según los autos, puedan verse afectados por la resolución que se dicte en su momento. En cuanto al tiempo, el artículo 151 LEC ordena que todas las resoluciones se notifiquen en el plazo máximo de tres días desde su fecha o publicación. Y respecto a quién los ejecuta, el artículo 152 LEC es tajante: bajo la dirección del Letrado de la Administración de Justicia, los actos de comunicación se ejecutan por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o por el procurador de la parte que así lo solicite. La parte debe manifestar en su primer escrito si le interesa que sus actos de comunicación los realice su procurador; si no dice nada, los realiza el Auxilio Judicial.

El plazo general de tres días del artículo 151 se computa desde la fecha de la resolución o de su publicación. El propio precepto contiene reglas para los actos de comunicación dirigidos al Ministerio Fiscal, a la Abogacía del Estado, a los letrados de las Cortes y de las Administraciones públicas, y a los servicios jurídicos de la Seguridad Social, que se practican por vías específicas y con reglas propias de cómputo. La responsabilidad por la práctica de los actos de comunicación recae, conforme al artículo 168 LEC, sobre el Letrado de la Administración de Justicia y sobre los funcionarios que los ejecuten: quien, por dolo, negligencia o morosidad, cause un perjuicio incurre en responsabilidad disciplinaria y, en su caso, civil. Esta previsión subraya la trascendencia de la actuación del Auxilio Judicial, cuya diligencia y correcta documentación son la mejor garantía de la validez de las comunicaciones.

Cuando las partes están personadas y representadas por procurador, la comunicación se hace a través de este (artículo 153 LEC): el procurador firma las notificaciones, emplazamientos, citaciones y requerimientos, y la comunicación con él se practica en la sede del tribunal o en el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores (artículo 154 LEC). Hay, no obstante, actos que, por su trascendencia, deben entenderse directamente con la parte y no solo con su procurador (por ejemplo, ciertos requerimientos o citaciones personales).

3. Formas de practicar la comunicación

3.1. Por procurador y por medios electrónicos

La primera forma es la comunicación a través del procurador de la parte personada, ya descrita. La segunda, cada vez más generalizada, es la comunicación por medios electrónicos (artículo 162 LEC): cuando las oficinas judiciales y los destinatarios estén obligados —legal o contractualmente— a enviar y recibir los actos por medios electrónicos, o cuando opten por ellos, la comunicación se practica por esos medios, con constancia de la transmisión, su contenido y el momento de recepción. Los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales) y las personas jurídicas, entre otros sujetos, están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia (art. 273 LEC). Para las personas físicas no obligadas, el uso de los medios electrónicos es voluntario, y se les comunica por las formas tradicionales si no los han elegido.

El artículo 273 LEC concreta la obligación de relacionarse electrónicamente: están obligados al empleo de los sistemas telemáticos, entre otros, todos los profesionales de la justicia (abogados, procuradores, graduados sociales), las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria en los trámites de su ejercicio, los notarios y registradores y quienes representen a un obligado. El sistema de notificación electrónica por excelencia ha sido LexNET, junto a la dirección electrónica habilitada y las sedes judiciales electrónicas. Un rasgo esencial de la notificación electrónica es su régimen de efectos: se entiende practicada cuando el destinatario accede a su contenido; y si transcurre el plazo legalmente previsto sin que acceda, se entiende que la comunicación ha sido rechazada y produce efectos, salvo que se acredite la imposibilidad técnica o material del acceso. Este régimen incentiva la diligencia de los profesionales y evita que la simple inactividad frustre la comunicación.

3.2. Por remisión y por entrega

Cuando no procede la comunicación por procurador ni por medios electrónicos, se acude a la comunicación por remisión o por entrega. La comunicación por remisión (artículo 160 LEC) se hace mediante correo certificado o telegrama con acuse de recibo, o cualquier otro medio semejante que permita dejar en los autos constancia fehaciente de haberse recibido la comunicación, de su fecha y de su contenido. La comunicación por entrega (artículo 161 LEC) consiste en la entrega al destinatario de la copia de la resolución o de la cédula, que se efectúa en la sede judicial electrónica, en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, citada, emplazada o requerida. La entrega domiciliaria se documenta mediante diligencia firmada por el funcionario (o procurador) que la efectúe y por la persona a quien se haga, con sus datos identificativos.

El artículo 161 resuelve los supuestos difíciles. Si el destinatario es hallado en el domicilio y se niega a recibir la copia o a firmar la diligencia, se le hace saber que la copia queda a su disposición en la Oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación. Si no se encuentra al destinatario, la comunicación puede entregarse a cualquier empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que se halle en el domicilio, o al conserje de la finca, advirtiéndoles de su obligación de entregar la copia al destinatario o de darle aviso. En todos los casos, la diligencia deja constancia de a quién se hizo la entrega y de las circunstancias, garantía esencial de la validez del acto.

La persona que recibe la comunicación en lugar del destinatario asume el deber de entregarle la copia o de darle aviso, y se le advierte de la responsabilidad en que incurre si no colabora. Cuando la comunicación se dirige al lugar de trabajo no ocasional del destinatario, en ausencia de este, la entrega se hace a persona que manifieste conocerle o al responsable de la recepción de documentos. Es importante que la diligencia refleje con precisión el lugar, la fecha y la hora de la entrega, la identidad de quien la recibe y su relación con el destinatario, pues esos datos son los que permiten al tribunal comprobar que la comunicación se practicó con todas las garantías. Un dato singular: la comunicación puede dirigirse al domicilio que figure en el padrón municipal, en registros oficiales o en publicaciones de colegios profesionales, o al que las partes hayan designado; y, tratándose del demandante, al que haya hecho constar en su demanda. La correcta determinación del domicilio es, por tanto, el primer eslabón de una comunicación válida.

3.3. Averiguación del domicilio y comunicación edictal

Si se desconoce el domicilio del destinatario, el artículo 156 LEC impone al Letrado de la Administración de Justicia la práctica de averiguaciones, utilizando los medios de que disponga la Administración de Justicia (registros, organismos, el Punto Neutro Judicial). Solo cuando, agotadas las averiguaciones, no pueda conocerse el domicilio del destinatario, o no pueda hallársele ni efectuarse la comunicación, procede la comunicación edictal (artículo 164 LEC): la fijación de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial o, en los términos legales, su publicación en el Tablón Edictal Judicial Único. La comunicación edictal es subsidiaria y de último recurso, precisamente porque ofrece menos garantías de conocimiento real; su empleo indebido, sin agotar antes las averiguaciones, es causa frecuente de nulidad por indefensión. Las comunicaciones a testigos, peritos y otras personas que deban intervenir sin ser parte se remiten conforme a las reglas generales (artículo 159 LEC).

El Tablón Edictal Judicial Único merece una mención especial. Se trata de un tablón electrónico, gestionado de forma centralizada en el Boletín Oficial del Estado, que ha sustituido a la dispersión de los antiguos tablones físicos de cada juzgado y a las costosas publicaciones en boletines. La publicación edictal en este tablón único es gratuita con carácter general y garantiza un punto de acceso común para la consulta de los edictos judiciales. Pese a ello, la comunicación edictal sigue siendo el último recurso: la ley exige agotar previamente las averiguaciones del domicilio (art. 156), consultando los registros y organismos disponibles, porque la publicación por edictos, por su escasa efectividad real, solo se justifica cuando se han frustrado todas las demás vías. La utilización prematura o injustificada de los edictos, sin haber intentado seriamente localizar al destinatario, es una de las causas más habituales de nulidad por indefensión que aprecian los tribunales.

4. Nulidad y subsanación

El artículo 166 LEC establece el régimen de invalidez: serán nulos los actos de comunicación que no se practiquen con arreglo a lo dispuesto en la ley y pudieren causar indefensión. La nulidad exige, pues, dos requisitos: la infracción de las formas y la potencial indefensión. Ahora bien, rige un importante criterio de subsanación: cuando la persona notificada, citada, emplazada o requerida se hubiera dado por enterada del asunto y no denunciara la nulidad en su primera actuación, o cuando conste que el acto ha cumplido su finalidad, el defecto queda subsanado. Este equilibrio —rigor formal, pero prevalencia de la finalidad cuando se ha logrado el conocimiento real— es coherente con el tratamiento general de la nulidad de los actos procesales.

Interesa detallar algunos supuestos. Un acto de comunicación puede ser nulo, por ejemplo, si se acude a los edictos sin haber agotado las averiguaciones del domicilio, si la entrega se hace a persona que no reúne los requisitos legales, o si se emplaza a la parte en un domicilio manifiestamente erróneo que le impide conocer el proceso. En todos estos casos, el vicio genera indefensión y puede provocar la retroacción de las actuaciones al momento en que debió practicarse correctamente la comunicación. Por el contrario, el defecto se subsana si el destinatario, pese a la irregularidad, tuvo conocimiento del acto y actuó en consecuencia sin denunciar la nulidad en su primera intervención, pues entonces la finalidad de la comunicación —el conocimiento real— se ha alcanzado. La carga de denunciar el defecto con diligencia recae, por tanto, sobre quien lo padece. Esta doctrina, de intensa aplicación práctica, exige del Auxilio Judicial un cuidado extremo en la documentación de cada diligencia, porque de su corrección depende que la comunicación resista un eventual incidente de nulidad y que el proceso no deba retrotraerse, con la consiguiente pérdida de tiempo y de recursos.

5. Notificaciones, citaciones y mandamientos en el proceso penal

En el proceso penal, la LECrim regula los actos de comunicación con reglas propias, aunque de estructura análoga. El artículo 166 LECrim dispone que los actos de comunicación se realizan bajo la dirección del Secretario judicial (Letrado de la Administración de Justicia), y que las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se practiquen fuera de los estrados del juzgado se documentan debidamente. Para la práctica de las notificaciones, el Letrado de la Administración de Justicia extiende una cédula (artículo 167 LECrim) que contiene la expresión del objeto de la causa, los nombres y apellidos de los interesados, la copia literal de la resolución y la identificación del juzgado. En la diligencia se anota el día y hora de la entrega, firmada por la persona a quien se hace y por el funcionario que la practica (artículo 171).

Las citaciones y emplazamientos penales (artículo 175 LECrim) se practican en la forma de las notificaciones, con la particularidad de que la cédula de citación contiene la expresión del juez o tribunal, el objeto de la comparecencia, el lugar, día y hora, y la advertencia de las consecuencias de no comparecer. Si el destinatario carece de domicilio conocido, el juez ordena su averiguación (artículo 178). Las notificaciones, citaciones y emplazamientos pueden hacerse a los procuradores de las partes (artículo 182), con excepciones: las citaciones que por disposición legal deban hacerse personalmente a las propias partes (por ejemplo, al investigado para determinadas diligencias). Los mandamientos en el proceso penal, como se estudió en el tema anterior, se dirigen a registradores, notarios y funcionarios de justicia (art. 186 LECrim).

En el proceso penal, la correcta citación tiene una relevancia añadida, pues de ella depende la posibilidad de declarar en rebeldía al acusado, de celebrar el juicio en su ausencia en los casos legalmente admitidos, o incluso de acordar su detención si, citado en debida forma, no comparece injustificadamente. La cédula de citación penal advierte expresamente de estas consecuencias. Además, en la instrucción penal es frecuente la citación de testigos y peritos para declarar y la notificación al investigado de las resoluciones que le afectan (por ejemplo, el auto de procesamiento o el de transformación en procedimiento abreviado), actuaciones todas ellas en las que el Auxilio Judicial desempeña un papel material constante. La reforma digital ha llegado también al proceso penal, de modo que las comunicaciones con los profesionales se practican por medios electrónicos, reservándose las formas presenciales para quienes no están obligados a relacionarse electrónicamente y para las citaciones que la ley exige hacer personalmente.

6. Formas de notificación y nuevas tecnologías

La Administración de Justicia ha experimentado una profunda transformación digital, impulsada por la Ley 18/2011, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, y por las reformas posteriores. Sus manifestaciones principales son: el expediente judicial electrónico; la sede judicial electrónica, punto de acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración de Justicia; los sistemas de notificación electrónica (como LexNET y la dirección electrónica habilitada), a través de los cuales los profesionales reciben las comunicaciones; y la obligación de relacionarse electrónicamente (art. 273 LEC) que pesa sobre los profesionales de la justicia y las personas jurídicas. La Ley 18/2011 y las reformas posteriores persiguen un doble objetivo: agilizar la tramitación y garantizar la seguridad, la autenticidad y la integridad de las comunicaciones, con plena validez jurídica de las actuaciones realizadas por medios electrónicos.

Las notificaciones electrónicas producen sus efectos con arreglo a reglas propias: se entienden practicadas en el momento en que conste el acceso a su contenido o, transcurrido el plazo legalmente previsto sin acceder, se entiende rechazada la comunicación, salvo imposibilidad técnica o material acreditada. La videoconferencia ha permitido, además, la participación telemática en vistas y comparecencias. Para el Auxilio Judicial, la digitalización ha desplazado buena parte de las comunicaciones a los canales electrónicos, pero mantiene su papel esencial en las comunicaciones presenciales —a personas físicas no obligadas a relacionarse electrónicamente, entregas domiciliarias, citaciones personales— y en las actuaciones que exigen presencia física. El opositor debe conocer tanto las formas tradicionales (remisión, entrega, edictos) como las electrónicas, y comprender que estas conviven según el destinatario y la naturaleza del acto.

La transformación digital se apoya en varios pilares que conviene enumerar. La sede judicial electrónica es la dirección electrónica, titularidad de la Administración de Justicia, a través de la cual los ciudadanos y profesionales acceden a sus servicios; en ella pueden practicarse comunicaciones y consultarse el estado de los procedimientos. El expediente judicial electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento, que sustituye al tradicional soporte en papel. Los sistemas de gestión procesal y de interoperabilidad permiten que las oficinas judiciales y otras Administraciones intercambien datos de forma segura. Y el Punto Neutro Judicial facilita las averiguaciones patrimoniales y de domicilio. La identificación y firma electrónica garantizan la autenticidad e integridad de las actuaciones. Todo ello ha convertido a la Oficina judicial en un entorno mayoritariamente electrónico, aunque conviven con él las actuaciones presenciales imprescindibles. Para el Auxilio Judicial, esta convivencia significa combinar el manejo de las herramientas informáticas con la práctica personal de las comunicaciones que aún requieren presencia física, sin que ninguna de las dos dimensiones pueda descuidarse.

7. Esquema de repaso (llaves)

Síntesis para el repaso rápido:

• Clases (149): notificación (dar noticia), emplazamiento (personarse y actuar en un plazo), citación (comparecer en lugar, fecha y hora), requerimiento (ordenar conducta o inactividad).
• Quién los ejecuta (152): bajo la dirección del LAJ, los realizan los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador que lo solicite. Se notifican a todas las partes (150), en 3 días (151).
• Con partes personadas: a través del procurador (153-154, sede del tribunal o servicio común del Colegio).
• Formas:
  • Electrónica (162, 273): obligatoria para profesionales y personas jurídicas.
  • Remisión (160): correo certificado o telegrama con acuse de recibo (constancia fehaciente).
  • Entrega (161): en sede electrónica, sede del tribunal o domicilio; diligencia; negativa a recibir → queda a disposición; entrega a familiar/empleado/conserje mayor de 14 años.
  • Edictal (164): subsidiaria, tras averiguar el domicilio (156); Tablón Edictal Judicial Único.
• Nulidad (166): nulos los actos que infrinjan la ley y puedan causar indefensión; se subsanan si el destinatario se da por enterado y no denuncia la nulidad.
• Penal (LECrim): bajo la dirección del LAJ (166); cédula (167); citaciones con advertencia (175); a procuradores salvo citaciones personales (182); mandamientos a registradores/notarios (186).
• Nuevas tecnologías: Ley 18/2011; expediente y sede judicial electrónica; LexNET/dirección electrónica habilitada; obligación electrónica (273); efectos por acceso o rechazo.

8. Ideas fuerza para el test

• Los actos de comunicación los dirige el LAJ y los ejecuta el Cuerpo de Auxilio Judicial o el procurador (art. 152 LEC): dato clave de esta oposición.
• Distingue: notificación (noticia), emplazamiento (plazo), citación (día y hora), requerimiento (conducta).
• Las resoluciones se notifican en el plazo máximo de tres días (art. 151 LEC).
• Con partes personadas, la comunicación se hace a través del procurador (153).
• La remisión se hace por correo certificado con acuse de recibo (160); la entrega, en sede o domicilio, documentada por diligencia (161).
• Ante la negativa a recibir, la copia queda a disposición en la Oficina judicial y surte efectos; cabe entrega a familiar o conserje mayor de 14 años (161).
• La comunicación edictal (164) es subsidiaria: solo tras agotar la averiguación del domicilio (156).
• Son nulos los actos de comunicación que infrinjan la ley y puedan causar indefensión (166), pero se subsanan si el destinatario se da por enterado.