La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

Tema desarrollado para preparar el examen tipo test del Cuerpo de Auxilio Judicial. La información está verificada a fecha de actualización contra las fuentes oficiales; el contenido evaluable lo fija el temario del anexo VI.c) de tu convocatoria. Este tema une una declaración de derechos —la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia (2002)— con una ley en vigor —la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita—: distingue bien qué es cada cosa.

Índice

• 0. El marco: la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)
• 1. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
  • 1.1. Origen, naturaleza y valor
  • 1.2. Estructura en bloques
• 2. Derechos de información (una justicia transparente)
• 3. Derechos de atención y gestión (una justicia atenta)
• 4. Derecho a la identificación de actuaciones y funcionarios
• 5. Los derechos lingüísticos
• 6. Una justicia que protege a los más débiles
• 7. Derechos frente a los profesionales: Abogados, Procuradores y Graduados Sociales
  • 7.1. El abogado o la abogada
  • 7.2. El procurador o la procuradora
  • 7.3. El graduado o la graduada social
  • 7.4. Los derechos del ciudadano frente a ellos
• 8. El derecho a la justicia gratuita
  • 8.1. El artículo 119 CE y la Ley 1/1996
  • 8.2. Quién tiene derecho (titulares)
  • 8.3. El umbral económico (IPREM)
  • 8.4. El contenido del derecho (prestaciones)
  • 8.5. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
• 9. Esquema de repaso (llaves)
• 10. Ideas fuerza para el test

0. El marco: la tutela judicial efectiva (art. 24 CE)

El punto de partida de este tema es el artículo 24 de la Constitución, que reconoce a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. De ese derecho fundamental derivan garantías tan importantes como el derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, y a utilizar los medios de prueba pertinentes.

Ahora bien, un derecho tan valioso corre el riesgo de quedar en papel mojado si el ciudadano se siente perdido ante una Administración de Justicia lejana, incomprensible o inaccesible. Por eso, a comienzos de este siglo se sintió la necesidad de traducir ese derecho abstracto en un catálogo concreto y cotidiano de derechos del ciudadano frente a la justicia. Ese catálogo es la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. Y para que la tutela judicial no dependa del dinero, el artículo 119 CE garantiza la justicia gratuita a quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, que desarrolla la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Estos son los tres ejes del tema: la Carta, los profesionales y la justicia gratuita.

1. La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia

1.1. Origen, naturaleza y valor

La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia fue aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 16 de abril de 2002, por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios, como Proposición no de Ley. Nació del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia (2001) y responde a un objetivo claro: acercar la justicia al ciudadano y hacerla más transparente, comprensible, atenta, responsable y ágil.

Un dato esencial para el test es su naturaleza jurídica: la Carta no es una ley en sentido formal, ni tiene rango de norma jurídica. Es una declaración solemne, una proposición no de ley, que actúa como mandato a los poderes públicos (jueces, letrados, funcionarios, Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, Fiscalía y colegios profesionales) para que ajusten su actuación a los derechos que enumera. Pese a no ser una ley, la propia Carta declara que sus derechos son exigibles y encomienda al Consejo General del Poder Judicial velar por su cumplimiento; además, ha inspirado numerosas reformas legales posteriores. Conviene, por tanto, no confundirla con una ley ni atribuirle un articulado con numeración de ley: se estructura en puntos o apartados agrupados por bloques.

1.2. Estructura en bloques

La Carta se organiza en grandes bloques temáticos. Los que hay que dominar son:

• I. Una justicia moderna y abierta a los ciudadanos. Comprende una justicia transparente (derechos de información), comprensible (lenguaje claro), atenta con el ciudadano (trato y atención), responsable ante el ciudadano (quejas y reclamaciones) y ágil y tecnológicamente avanzada (plazos razonables y nuevas tecnologías).
• II. Una justicia que protege a los más débiles. Recoge derechos reforzados de las víctimas del delito, los menores, las personas con discapacidad y los inmigrantes (con los derechos lingüísticos y de interpretación).
• III. Una relación de confianza con Abogados y Procuradores. Recoge los derechos del ciudadano frente a los profesionales que le asisten y representan.

La Carta se cierra con una parte relativa a su eficacia, en la que se prevé su amplia difusión y el papel de garantía del Consejo General del Poder Judicial. El epígrafe del tema selecciona, dentro de esta estructura, cuatro grupos de derechos que estudiamos a continuación: información, atención y gestión, identificación, y lingüísticos.

2. Derechos de información (una justicia transparente)

La primera exigencia de una justicia abierta es la transparencia. La Carta reconoce que el ciudadano tiene derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos, información que se facilitará especialmente en los servicios de atención al ciudadano y en las oficinas de información.

En el plano concreto de su propio asunto, el ciudadano tiene derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte y a obtener copias selladas de los documentos que aporte, así como a la devolución de los originales cuando no deban obrar en el expediente. Tiene también derecho a conocer el contenido y estado de las actuaciones y a que se le entreguen, si lo solicita, copias de los documentos que consten en autos, salvo las excepciones legales (secreto de las actuaciones, protección de datos, intimidad). Este derecho de información es, en la práctica, uno de los que más contacto genera con el personal de la Oficina judicial, que es quien atiende estas peticiones.

La transparencia se completa con la exigencia de que las resoluciones y notificaciones se redacten en un lenguaje claro y comprensible, evitando el uso de elementos intimidatorios o innecesarios, de modo que el ciudadano —sin ser jurista— pueda entender qué se le comunica y qué debe hacer. Es la vertiente de la justicia comprensible.

3. Derechos de atención y gestión (una justicia atenta)

La Carta configura una justicia atenta con el ciudadano, que le trata como destinatario de un servicio público y no como una molestia. De aquí derivan varios derechos:

• Derecho a ser atendido de forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias, en un horario amplio y en instalaciones adecuadas y señalizadas.
• Derecho a que las comparecencias se celebren con la máxima puntualidad y a que no se le hagan esperar innecesariamente; a ser informado si la actuación en la que ha de intervenir no puede celebrarse a la hora prevista.
• Derecho a que se procure evitar comparecencias y desplazamientos innecesarios, concentrando en un solo día los distintos actos que requieran su presencia.
• Derecho, cuando declare como testigo o perito, a ser atendido con corrección, a conocer el motivo de su comparecencia y a ser indemnizado por los gastos ocasionados.

Estos derechos de atención y gestión afectan de lleno al trabajo diario del Cuerpo de Auxilio Judicial y del resto del personal, que son la cara visible de la Administración de Justicia: la señalización, la puntualidad de los señalamientos, el llamamiento ordenado de las partes y testigos y el trato correcto son responsabilidad cotidiana de la Oficina judicial.

4. Derecho a la identificación de actuaciones y funcionarios

Una justicia responsable exige poder saber quién actúa. Por eso la Carta reconoce al ciudadano el derecho a conocer la identidad y la categoría de las autoridades y del personal al servicio de la Administración de Justicia que tramitan sus asuntos o con quienes se relaciona. En la práctica, esto se traduce en que las actuaciones deben estar identificadas (con indicación del órgano, del procedimiento y del funcionario que las realiza) y en que el ciudadano puede solicitar que se le identifique a quien le atiende.

Este derecho de identificación es la base de la responsabilidad: solo si se sabe quién ha actuado puede el ciudadano formular una queja o reclamación por el mal funcionamiento del servicio o por el trato recibido. La Carta reconoce, en efecto, el derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia y a recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad, así como a exigir, en su caso, las responsabilidades derivadas del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y del error judicial, en los términos previstos en la ley.

La Carta añade, dentro de una justicia ágil y tecnológicamente avanzada, el derecho a que la causa sea resuelta en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, así como a comunicarse con la Administración de Justicia a través del correo, del teléfono o de los medios telemáticos, con respeto a las garantías y requisitos previstos en las leyes procesales. Este mandato de modernización tecnológica anticipó buena parte de las reformas posteriores sobre expediente judicial electrónico, presentación telemática de escritos y videoconferencia, que hoy son ya realidad y que se estudian en el tema de la modernización de la oficina judicial. En conjunto, el bloque de una justicia moderna y abierta persigue que el ciudadano perciba la justicia como un servicio público de calidad, cercano y accesible, y no como una maquinaria opaca y lenta.

5. Los derechos lingüísticos

España es un Estado con varias lenguas oficiales. La Carta reconoce el derecho del ciudadano a utilizar con la Administración de Justicia el idioma oficial propio de su Comunidad Autónoma (además del castellano, lengua oficial del Estado), sin sufrir por ello indefensión ni retrasos indebidos en la tramitación. Este derecho conecta con la regulación de la lengua en las actuaciones judiciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 231), conforme a la cual en las actuaciones judiciales podrá usarse el castellano o la lengua oficial propia de la Comunidad, con validez y sin necesidad de traducción salvo en los casos que la ley determina.

Además, la Carta reconoce el derecho a un intérprete gratuito cuando el ciudadano no conozca o no comprenda el castellano o la lengua oficial correspondiente, o cuando sea sordo o tenga dificultades de comprensión, de forma que pueda participar plenamente en las actuaciones. Este derecho es especialmente relevante para los extranjeros e inmigrantes y para las víctimas y testigos que no dominen la lengua del procedimiento, y es una de las manifestaciones más claras de la justicia que protege a los más débiles.

6. Una justicia que protege a los más débiles

El segundo gran bloque de la Carta agrupa derechos reforzados para quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad:

• Víctimas del delito: derecho a ser informadas con claridad sobre su intervención en el proceso, las posibilidades de obtener reparación y el curso de las actuaciones; a ser protegidas cuando exista riesgo; y a que se reduzcan las molestias derivadas del proceso (evitando la confrontación con el agresor y las declaraciones reiteradas). Estos derechos se han desarrollado después en el Estatuto de la víctima del delito.
• Menores: derecho a que su comparecencia se desarrolle de forma adecuada a su edad, madurez y circunstancias, procurando evitarles perjuicios; y a que se preserve su intimidad y su imagen.
• Personas con discapacidad: derecho a acceder a la justicia sin barreras y a recibir la asistencia y los medios necesarios (accesibilidad, apoyos, medios de comunicación adaptados) para el ejercicio de sus derechos.
• Inmigrantes y extranjeros: derecho a la asistencia de intérprete y a recibir información comprensible sobre sus derechos, así como al reconocimiento de los derechos lingüísticos ya vistos.

Este bloque es la expresión del principio de igualdad material: la justicia no puede tratar por igual a quien está en situaciones desiguales; ha de reforzar la protección de los más débiles para que su derecho a la tutela judicial sea real y efectivo.

7. Derechos frente a los profesionales: Abogados, Procuradores y Graduados Sociales

El tercer bloque de la Carta ordena la relación de confianza entre el ciudadano y los profesionales que le asisten y representan ante los tribunales. Antes de ver los derechos del ciudadano frente a ellos, conviene distinguir bien las tres figuras, que el examen suele confundir.

7.1. El abogado o la abogada

El abogado es el profesional que asume la dirección técnica y la defensa de la parte: asesora, redacta los escritos, propone y practica la prueba, y defiende oralmente los intereses de su cliente. Su función es la defensa. Para ejercer debe estar colegiado en un Colegio de la Abogacía. Su estatuto profesional es el Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo. Rasgos clave: está sujeto al secreto profesional (deber y derecho de guardar reserva de cuanto conozca por su actuación), tiene libertad de defensa e independencia, y sus honorarios son libremente convenidos con el cliente.

7.2. El procurador o la procuradora

El procurador es el profesional que asume la representación procesal de la parte: actúa en su nombre ante el tribunal, recibe las notificaciones y demás actos de comunicación, y traslada los escritos e impulsa el procedimiento. Su función es la representación, no la defensa. Necesita un poder que acredite su representación (poder notarial o apoderamiento apud acta, otorgado ante el letrado de la Administración de Justicia o por comparecencia electrónica). Debe estar colegiado en un Colegio de Procuradores. Su estatuto es el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España (Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre). La regla general es que la representación por procurador y la defensa por abogado son preceptivas en la mayoría de los procesos, con las excepciones que fijan las leyes (juicios verbales de menor cuantía, procedimiento monitorio, juicios sobre delitos leves, orden social, etc.).

7.3. El graduado o la graduada social

El graduado social es un profesional especializado en Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. En el orden jurisdiccional social, la ley le permite asumir la representación técnica de las partes: puede comparecer en juicio en nombre de trabajadores y empresarios y, con la colegiación correspondiente, actuar incluso en el recurso de suplicación. Su intervención se limita al orden social; no puede sustituir al abogado en la defensa penal ni al procurador en los demás órdenes. Es una figura característica de la jurisdicción laboral y refleja la especialización de esa rama.

7.4. Los derechos del ciudadano frente a ellos

La Carta reconoce al ciudadano una serie de derechos en su relación con estos profesionales:

• Derecho a una identificación clara del profesional que le atiende y a conocer el Colegio al que pertenece.
• Derecho a ser informado, de forma comprensible, sobre el desarrollo de su asunto y sobre las consecuencias y coste aproximado de la actuación, así como a recibir una minuta o factura detallada de los honorarios y a conocer las bases de su cálculo.
• Derecho a exigir de los profesionales un servicio de calidad y a formular quejas y reclamaciones ante los Colegios profesionales por las conductas irregulares, que están obligados a tramitarlas y a informar de su resultado.
• Derecho a la confidencialidad de cuanto revele a su abogado, amparado por el secreto profesional.
• Derecho a la designación de abogado y procurador de oficio cuando se tenga derecho a la asistencia jurídica gratuita, con la que enlaza el último bloque del tema.

8. El derecho a la justicia gratuita

8.1. El artículo 119 CE y la Ley 1/1996

El artículo 119 de la Constitución dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Este mandato lo desarrolla la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuyo objeto (art. 1) es determinar el contenido y alcance del derecho y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad. El servicio de asistencia jurídica gratuita es obligatorio, y sus disposiciones se aplican en todo tipo de procesos judiciales, incluido el recurso de amparo constitucional y el asesoramiento previo al proceso.

8.2. Quién tiene derecho (titulares)

El artículo 2 de la Ley 1/1996 enumera los titulares del derecho. Con carácter general, lo tienen, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España; determinadas personas jurídicas (asociaciones de utilidad pública y fundaciones inscritas); y, en el orden social, los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social. Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social lo tienen en todo caso.

La ley reconoce el derecho con independencia de la existencia de recursos para litigar (es decir, sin prueba de insuficiencia económica) a colectivos especialmente protegidos: las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y personas con discapacidad víctimas de determinados delitos, en los procesos vinculados a su condición de víctimas. Es un dato muy preguntado: a estos colectivos se les presta la asistencia de inmediato y sin acreditar sus ingresos.

8.3. El umbral económico (IPREM)

El artículo 3 fija el umbral general de insuficiencia de recursos para las personas físicas, tomando como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y computando los ingresos brutos, anuales y por unidad familiar:

• Dos veces el IPREM, cuando el solicitante no esté integrado en ninguna unidad familiar.
• Dos veces y media el IPREM, cuando esté integrado en una unidad familiar de menos de cuatro miembros.
• El triple del IPREM, cuando la unidad familiar tenga cuatro o más miembros o sea familia numerosa.

Además, el artículo 5 permite un reconocimiento excepcional: atendiendo a las circunstancias de familia, salud o discapacidad, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita puede conceder el derecho, mediante resolución motivada, a personas cuyos ingresos, superando el umbral del artículo 3, no excedan del quíntuplo (cinco veces) del IPREM. Retén los números clave: 2 / 2,5 / 3 veces el IPREM como regla general y hasta 5 veces de forma excepcional.

8.4. El contenido del derecho (prestaciones)

El artículo 6 enumera las prestaciones que comprende el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las principales son:

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, incluida la información sobre mediación y otros medios de solución de conflictos.
• Asistencia de abogado al detenido, preso o investigado que no lo hubiera designado, sin necesidad de acreditar previamente la insuficiencia de recursos.
• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea preceptiva o así lo acuerde el tribunal.
• Inserción gratuita de anuncios o edictos que deban publicarse en periódicos oficiales.
• Exención del pago de tasas judiciales y de los depósitos para recurrir.
• Asistencia pericial gratuita a cargo de personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas.
• Obtención gratuita de copias, testimonios y actas notariales, y una reducción del 80 % de determinados aranceles notariales y registrales.

Conforme al artículo 7, el derecho reconocido en una instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, y se mantiene para los recursos contra la resolución que ponga fin al proceso, pero no puede aplicarse a un proceso distinto.

8.5. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

El artículo 9 crea, como órgano responsable del reconocimiento del derecho, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Se constituye una en cada capital de provincia, en Ceuta y Melilla y en cada isla con uno o más partidos judiciales; y, para los órganos con competencia en todo el territorio nacional, una Comisión Central en la capital del Estado, dependiente de la Administración General del Estado.

El procedimiento arranca con la solicitud del interesado ante el Colegio de la Abogacía del lugar del tribunal (o ante el juzgado del domicilio), que efectúa una primera comprobación y puede acordar la designación provisional de abogado y procurador de oficio. La resolución definitiva corresponde a la Comisión, que debe resolver en el plazo de treinta días; contra su resolución cabe impugnación ante el órgano judicial. Es importante retener que el reconocimiento definitivo del derecho lo hace la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, no el Colegio ni el juez, aunque intervengan en el procedimiento.

Sobre el momento de la solicitud, el artículo 8 establece una regla importante: no se reconoce el derecho al actor una vez presentada la demanda, ni al demandado una vez formulada la contestación, salvo que se acredite que las circunstancias que dan derecho al beneficio sobrevinieron con posterioridad; y ese reconocimiento sobrevenido no tiene carácter retroactivo. Tampoco procede solicitarlo cuando el proceso ya haya finalizado por resolución firme, salvo para su ejecución. La Comisión, en su composición, integra a representantes de la Abogacía y de la Procura, junto con un representante del Ministerio Fiscal y personal de la Administración con competencias en Justicia, lo que garantiza que el reconocimiento del derecho se decida con la participación de todos los implicados. Finalmente, conviene recordar que la asistencia jurídica gratuita puede revocarse si se comprueba que se obtuvo con datos falsos o si mejora la fortuna del beneficiario, y que quien la disfrutó indebidamente puede quedar obligado al pago de las prestaciones. Con este engranaje —titulares, umbral del IPREM, contenido y Comisión— el legislador hace efectivo el mandato del artículo 119 CE de que nadie quede sin justicia por falta de medios económicos.

9. Esquema de repaso (llaves)

• Marco: art. 24 CE (tutela judicial efectiva) + art. 119 CE (justicia gratuita)
• Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia
  • Aprobada por el Pleno del Congreso el 16-abr-2002, por unanimidad, como Proposición no de Ley (NO es una ley)
  • Bloques: I moderna y abierta (transparente/comprensible/atenta/responsable/ágil) · II protege a los más débiles (víctimas/menores/discapacidad/inmigrantes) · III confianza con Abogados y Procuradores
  • Derechos: información · atención y gestión · identificación de actuaciones y funcionarios · lingüísticos (lengua oficial propia + intérprete gratuito)
• Profesionales
  • Abogado = defensa/dirección técnica; Estatuto RD 135/2021; secreto profesional; honorarios libres
  • Procurador = representación procesal; poder (notarial o apud acta); Estatuto RD 1281/2002
  • Graduado social = representación técnica en el orden social
• Justicia gratuita (Ley 1/1996)
  • Titulares (art. 2): españoles, UE y extranjeros en España con insuficiencia de recursos; víctimas de violencia de género/terrorismo/trata SIN acreditar recursos
  • Umbral (art. 3): 2 / 2,5 / 3 veces el IPREM; excepcional (art. 5): hasta 5 veces
  • Contenido (art. 6): asesoramiento previo, abogado al detenido, defensa y representación, exención de tasas, peritos, edictos
  • Reconocimiento: Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (una por capital de provincia + Comisión Central); resuelve en 30 días

10. Ideas fuerza para el test

• La Carta de Derechos se aprobó por el Congreso el 16-abr-2002 por unanimidad y no es una ley: es una Proposición no de Ley.
• Derechos de la Carta: información (justicia transparente), atención y gestión (justicia atenta), identificación de actuaciones y funcionarios y lingüísticos.
• Los derechos lingüísticos incluyen usar la lengua oficial propia de la Comunidad e intérprete gratuito para quien no comprenda la lengua o sea sordo.
• Abogado = defensa; procurador = representación; graduado social = representación técnica en el orden social.
• El art. 119 CE garantiza la justicia gratuita a quien acredite insuficiencia de recursos; la desarrolla la Ley 1/1996.
• Umbrales del IPREM: 2 / 2,5 / 3 veces (art. 3) y, excepcionalmente, hasta 5 veces (art. 5).
• Reconoce el derecho sin acreditar recursos a las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata.
• El reconocimiento definitivo lo hace la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita (una por capital de provincia + Comisión Central), que resuelve en 30 días.