El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo de la igualdad de género, la protección integral contra la violencia de género y no discriminación de las personas LGTBI. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.

La igualdad entre mujeres y hombres es, a la vez, un valor que informa todo el ordenamiento, un derecho fundamental (artículo 14 de la Constitución) y un mandato de actuación para los poderes públicos. Este tema recorre su plasmación constitucional, su desarrollo por la Ley Orgánica 3/2007, la protección integral frente a la violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004, el derecho general a la igualdad de trato y no discriminación de la Ley 15/2022, la garantía de los derechos de las personas trans y LGTBI de la Ley 4/2023 y, por último, la proyección autonómica de esta materia en la Comunidad de Madrid. Es un ámbito jurídico vivo, con reformas muy recientes que conviene manejar con precisión y neutralidad.

Índice

1. Marco constitucional: el artículo 14 CE y el mandato de igualdad
2. La Ley Orgánica 3/2007: objeto, ámbito y principio de igualdad de trato
3. Discriminación directa e indirecta; acoso sexual y acoso por razón de sexo
4. Embarazo, indemnidad, nulidad, acción positiva y tutela judicial
5. Transversalidad y criterios de actuación de los poderes públicos
6. Igualdad en el empleo, planes de igualdad y composición equilibrada
7. La Ley Orgánica 1/2004: concepto y ámbito de la violencia de género
8. Principios rectores y medidas de sensibilización, prevención y detección
9. Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
10. Tutela institucional, penal y judicial: la Delegación del Gobierno y las Secciones de Violencia sobre la Mujer
11. La Ley 15/2022: igualdad de trato y no discriminación
12. La Ley 4/2023: igualdad de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI
13. Comunidad de Madrid: la Ley 5/2005 contra la violencia de género
14. Comunidad de Madrid: identidad de género y no discriminación de las personas LGTBI
15. Cuadro normativo del tema
16. Esquema
17. Ideas fuerza

1. Marco constitucional: el artículo 14 CE y el mandato de igualdad

El principio de igualdad tiene en la Constitución una doble configuración. De un lado, el artículo 1.1 proclama la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico. De otro, el artículo 14 la concreta como derecho fundamental: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Se trata, por tanto, de una igualdad ante la ley y en la aplicación de la ley que actúa, además, como prohibición de discriminación.

La jurisprudencia constitucional ha precisado que el artículo 14 contiene dos mandatos diferenciados. El primero es una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la ley, que impide tratamientos diferentes de situaciones iguales que carezcan de una justificación objetiva y razonable. El segundo es una prohibición de discriminación que singulariza determinados motivos especialmente rechazables (entre ellos, el sexo), respecto de los cuales las diferencias de trato quedan sometidas a un canon de enjuiciamiento mucho más estricto. La enumeración del artículo 14 no es cerrada, pues concluye con la cláusula abierta «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Esta igualdad formal se completa con la igualdad material del artículo 9.2 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas» y «remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud». El artículo 9.2 es el fundamento constitucional de las medidas de acción positiva: no basta con prohibir la discriminación, sino que se exige una intervención activa para corregir desigualdades de hecho. Como veremos, la Ley Orgánica 3/2007 declara expresamente que persigue desarrollar los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.

El texto constitucional contiene, además, otras concreciones del principio: la igualdad jurídica de los cónyuges en el matrimonio (artículo 32), la igualdad en el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad (artículo 23.2 y 103.3) o la no discriminación en las relaciones laborales. La igualdad, en fin, no es solo un derecho subjetivo invocable ante los tribunales, sino un principio que impregna la interpretación y aplicación de todas las normas.

Este marco interno se inserta en un contexto internacional y europeo del que trae causa buena parte de la legislación española. En el plano universal, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, constituye el gran tratado de derechos de las mujeres. En el ámbito del Consejo de Europa, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, es la referencia en materia de violencia. Y en el Derecho de la Unión Europea, la igualdad entre mujeres y hombres es un valor y un objetivo de la Unión, reconocido en los artículos 21 (no discriminación) y 23 (igualdad entre mujeres y hombres) de la Carta de los Derechos Fundamentales, y desarrollado por diversas directivas de igualdad de trato que las leyes internas transponen. Las normas que integran este tema deben interpretarse, por tanto, en coherencia con esos instrumentos.

2. La Ley Orgánica 3/2007: objeto, ámbito y principio de igualdad de trato

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es la norma transversal de referencia en la materia. Su artículo 1 parte de una afirmación de principio: «Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes». A continuación fija el objeto: «hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural». La propia ley se anuda a los artículos 9.2 y 14 de la Constitución.

El artículo 1.2 anticipa los instrumentos de la ley: establece principios de actuación de los poderes públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas —públicas y privadas— y prevé medidas para eliminar y corregir «en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo». La ley opera, por tanto, tanto en el ámbito público como en el privado.

El ámbito de aplicación se define en el artículo 2. En su vertiente subjetiva, «todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo». En su vertiente territorial, las obligaciones de la ley se aplican «a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia».

El núcleo conceptual llega con el artículo 3, que define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como «la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil». Este precepto es clave porque vincula la igualdad de sexo con la protección frente a la discriminación por maternidad y por cargas familiares, dos de las causas históricas de desigualdad de la mujer en el empleo.

El artículo 4 eleva la igualdad a la categoría de principio informador: «La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas». No es, pues, un simple objetivo programático, sino un criterio hermenéutico obligatorio para todos los operadores jurídicos.

En el ámbito laboral, el artículo 5 garantiza el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo —público y privado—, en la formación y promoción profesionales y en las condiciones de trabajo, «incluidas las retributivas y las de despido». El propio precepto contempla una excepción tasada: no constituye discriminación una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, por la naturaleza de la actividad, «dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado».

3. Discriminación directa e indirecta; acoso sexual y acoso por razón de sexo

El artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007 distingue con precisión las dos modalidades de discriminación. La distinción es una de las cuestiones más recurrentes en los exámenes, por lo que conviene fijar la literalidad.

Se considera discriminación directa por razón de sexo «la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable» (artículo 6.1). Nótese que la ley alcanza no solo al trato pasado o presente, sino también al potencial (la persona que «pudiera ser» tratada de forma menos favorable). La discriminación directa se caracteriza porque el sexo es el motivo explícito del trato peyorativo.

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo «la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados» (artículo 6.2). La clave está en la apariencia neutra de la medida: formalmente no distingue por sexo, pero en su aplicación perjudica de forma desproporcionada a uno de ellos. A diferencia de la directa, la indirecta admite justificación objetiva (test de finalidad legítima y proporcionalidad). El artículo 6.3 cierra el precepto: «se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo».

El artículo 7 tipifica las dos formas de acoso, que también se confunden con frecuencia. Constituye acoso sexual «cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo» (artículo 7.1). Constituye acoso por razón de sexo «cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo» (artículo 7.2). La diferencia esencial: el acoso sexual tiene naturaleza sexual, mientras que el acoso por razón de sexo se realiza en función del sexo de la persona, sin que su contenido sea necesariamente sexual. El artículo 7.3 declara que ambos son «en todo caso discriminatorios», y el 7.4 añade que el condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación de acoso es también acto de discriminación.

Figura	Precepto	Elemento definidor	¿Admite justificación?
Discriminación directa	Art. 6.1 LO 3/2007	Trato menos favorable «en atención a su sexo» (real, pasado o potencial)	No (salvo excepciones legales tasadas, p. ej. art. 5)
Discriminación indirecta	Art. 6.2 LO 3/2007	Disposición, criterio o práctica «aparentemente neutros» que causan desventaja particular	Sí: finalidad legítima y medios necesarios y adecuados
Orden de discriminar	Art. 6.3 LO 3/2007	Instrucción de discriminar, directa o indirectamente	No
Acoso sexual	Art. 7.1 LO 3/2007	Comportamiento de «naturaleza sexual»	No: siempre discriminatorio
Acoso por razón de sexo	Art. 7.2 LO 3/2007	Comportamiento «en función del sexo» de la persona	No: siempre discriminatorio

4. Embarazo, indemnidad, nulidad, acción positiva y tutela judicial

La ley refuerza la protección con varias garantías. El artículo 8 establece que «constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad». Es una discriminación directa cualificada: no admite justificación y no exige término de comparación con un varón, porque el embarazo es una circunstancia exclusivamente femenina.

El artículo 9 consagra la garantía de indemnidad frente a represalias: se considera discriminación por razón de sexo «cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso» dirigidos a exigir el cumplimiento del principio de igualdad. Protege así a quien reacciona frente a la discriminación de sufrir una nueva por ese motivo.

El artículo 10 fija las consecuencias jurídicas: los actos y cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo «se considerarán nulos y sin efecto», y darán lugar a un sistema de reparaciones o indemnizaciones «reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido», así como a un sistema «eficaz y disuasorio de sanciones».

El artículo 11 regula las acciones positivas, expresión legal del artículo 9.2 CE. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de igualdad, «los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres». La ley acota su alcance: tales medidas «serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones» y «habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido». También las personas físicas y jurídicas privadas pueden adoptarlas. La acción positiva no es un privilegio permanente, sino un instrumento temporal y proporcionado de corrección de desigualdades reales.

La tutela judicial se aborda en el artículo 12: «Cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres», incluso tras la terminación de la relación en que se produjo la discriminación. En los litigios sobre acoso sexual y por razón de sexo, «la persona acosada será la única legitimada» (artículo 12.3). A esta tutela se añade una regla probatoria capital: el artículo 13, bajo la rúbrica «Prueba», consagra la modulación o inversión de la carga probatoria. Aportados por la parte actora indicios fundados de discriminación por razón de sexo, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación, ofreciendo una justificación objetiva y razonable, suficientemente acreditada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Esta regla, recogida también en las leyes procesales, se reproduce con nitidez en el artículo 66 de la Ley 4/2023, que exige que quien tiene a su alcance la prueba aporte «una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad». Se trata de compensar la dificultad de la víctima para probar una discriminación que a menudo se oculta tras decisiones formalmente neutras.

5. Transversalidad y criterios de actuación de los poderes públicos

El principio de transversalidad (o mainstreaming de género) se formula en el artículo 15: «El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos». Las Administraciones lo integrarán de forma activa «en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades». La igualdad deja de ser una política sectorial para convertirse en una perspectiva que atraviesa toda la acción pública.

El artículo 14 enumera los criterios generales de actuación de los poderes públicos. Entre ellos destacan: el compromiso con la efectividad del derecho de igualdad; la integración del principio en el conjunto de las políticas para evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas; la colaboración entre Administraciones; la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones; «la adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo»; la atención a las mujeres de colectivos especialmente vulnerables; la protección de la maternidad; la conciliación y la corresponsabilidad; y «la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo».

Como concreciones de la transversalidad, la ley prevé instrumentos y políticas específicos. El artículo 16 dispone que los poderes públicos «procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad». El artículo 17 encomienda al Gobierno aprobar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. El artículo 20 obliga a incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas y estudios públicos, para hacer visible la desigualdad. En materia educativa, los artículos 23 y 24 integran la igualdad entre los fines del sistema educativo, imponen la eliminación de contenidos sexistas en libros de texto y materiales y promueven la presencia equilibrada en los órganos de gobierno de los centros. El artículo 26 proyecta el principio sobre la creación y producción artística e intelectual.

Otro instrumento central de la transversalidad es el informe de impacto de género: los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica y social deben incorporar un informe sobre su impacto por razón de género, de modo que la perspectiva de igualdad se valore antes de aprobar la norma o la política pública. A ello se añaden las unidades de igualdad en los departamentos ministeriales y el deber de las Administraciones de emplear un uso no sexista del lenguaje. La transversalidad se traduce, así, en estructuras, procedimientos e instrumentos concretos, y no en una mera declaración de intenciones.

En el empleo público, el artículo 51 obliga a las Administraciones a remover los obstáculos a la igualdad efectiva en el acceso y la carrera profesional, facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, «promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración», establecer medidas frente al acoso y eliminar cualquier discriminación retributiva. El artículo 58 regula, para las funcionarias incluidas en el mutualismo administrativo, la licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, garantizando la plenitud de sus derechos económicos.

6. Igualdad en el empleo, planes de igualdad y composición equilibrada

Uno de los instrumentos más relevantes de la ley en el ámbito privado es el plan de igualdad. El artículo 45 establece que «las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral» y, con esa finalidad, deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier discriminación, «que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores». El apartado 2 fija el umbral determinante: «En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad (…) deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad». También es obligatorio cuando lo establezca el convenio colectivo aplicable o cuando la autoridad laboral lo haya acordado en sustitución de sanciones accesorias; para las demás empresas es voluntario.

El artículo 46 define el plan de igualdad como «un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo». Debe partir de un diagnóstico negociado que abarque, al menos, el proceso de selección y contratación, la clasificación profesional, la formación, la promoción, las condiciones de trabajo (incluida la auditoría salarial), el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, la infrarrepresentación femenina, las retribuciones y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. El precepto crea, además, un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, en el que estas están obligadas a inscribir sus planes.

La prevención del acoso se refuerza en el artículo 48, que impone a las empresas promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo —incluidos los cometidos en el ámbito digital—, mediante la elaboración de códigos de buenas prácticas, campañas informativas o acciones de formación, con la participación de la representación de los trabajadores. En cuanto a la conciliación, el artículo 44 reconoce los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral «en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares», remitiendo a la normativa laboral y de Seguridad Social la regulación de los permisos y prestaciones por nacimiento y cuidado del menor.

La ley incentiva además el compromiso empresarial con la igualdad mediante un distintivo empresarial en materia de igualdad, concedido por el Ministerio competente a las empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades, y que estas pueden utilizar con fines comerciales y publicitarios. Junto a los planes de igualdad de las empresas, la ley contempla igualmente la aprobación de planes de igualdad en el conjunto de la Administración General del Estado para el personal a su servicio, de modo que el sector público actúe como referente en la materia.

Finalmente, la disposición adicional primera define un concepto que recorre toda la ley y buena parte del examen: la composición o presencia equilibrada. A sus efectos «se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento». Es la regla del 60/40: la presencia equilibrada no exige la paridad exacta, sino que ningún sexo rebase el 60 por ciento ni baje del 40 por ciento.

7. La Ley Orgánica 1/2004: concepto y ámbito de la violencia de género

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aborda una de las manifestaciones más graves de la desigualdad. Su comprensión exige fijar con exactitud el concepto, porque es la cuestión más frecuentemente errada. El artículo 1.1 delimita el objeto: la ley actúa «contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

De esta definición se extraen las notas esenciales de la violencia de género en el sentido de la LO 1/2004. La víctima es siempre una mujer. El agresor es el hombre que es o ha sido su cónyuge, o que está o ha estado ligado a ella por una relación análoga de afectividad, aun sin convivencia (es decir, pareja o expareja). El fundamento es su carácter de manifestación de la discriminación y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Por consiguiente, la violencia de género de esta ley no es «cualquier violencia sobre una mujer», ni se identifica con la violencia doméstica o intrafamiliar, que puede tener otros sujetos activos y pasivos (ascendientes, descendientes, hermanos, personas convivientes). El elemento definidor es la relación de pareja o expareja entre agresor y víctima.

El artículo 1.3 precisa el contenido material: la violencia de género «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad». El artículo 1.2 fija la finalidad de la ley —«prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia»—, y el artículo 1.4 incorpora expresamente la llamada violencia vicaria, al comprender «la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad» por parte del agresor. La protección se extiende así a los hijos e hijas y a los menores a cargo de la víctima.

Para evitar confusiones conceptuales conviene distinguir tres nociones que a menudo se solapan. La violencia de género en sentido estricto (LO 1/2004) es la del hombre sobre su pareja o expareja mujer. La violencia doméstica es la que se produce en el seno del hogar o la familia y puede tener como sujetos, activos y pasivos, a cualquiera de sus miembros con independencia del sexo (ascendientes, descendientes, hermanos o personas convivientes). Y la violencia contra la mujer, en el sentido más amplio acuñado por los instrumentos internacionales, abarca todas las formas de violencia ejercidas sobre la mujer por el hecho de serlo —agresiones sexuales, mutilación genital, trata, acoso—, más allá del ámbito de la pareja. La LO 1/2004 se ciñe a la primera de esas nociones; otras normas, estatales y autonómicas, atienden a las restantes.

Conviene subrayar la neutralidad con que ha de manejarse esta materia: el examen valora la precisión técnica del concepto, no valoraciones de otro orden. El distractor clásico consiste en ampliar el ámbito a cualquier agresor o en confundir la violencia de género con la doméstica; ambos son errores jurídicos.

8. Principios rectores y medidas de sensibilización, prevención y detección

El artículo 2 enuncia los principios rectores, articulando «un conjunto integral de medidas» encaminadas, entre otros fines, a: fortalecer la sensibilización y la prevención en los ámbitos educativo, de servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático; consagrar derechos de las mujeres víctimas exigibles ante las Administraciones; reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral; garantizar derechos laborales y funcionariales y derechos económicos; y «establecer un sistema integral de tutela institucional» a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer. También fortalece el marco penal y procesal y fomenta la especialización de los profesionales que intervienen.

La ley se estructura en torno a la idea de protección integral, lo que se traduce en medidas que operan en distintos ámbitos. En el ámbito educativo, los artículos 4 a 9 disponen que el sistema educativo incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la resolución pacífica de conflictos; cada etapa educativa recibe un mandato específico, se prevé la formación inicial y permanente del profesorado (con especial atención a «la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar»), la actuación de los Consejos Escolares y la vigilancia de la inspección educativa. El artículo 5 garantiza, además, la escolarización inmediata de los hijos afectados por un cambio de residencia derivado de la violencia.

En el ámbito de la publicidad y los medios, los artículos 13 y 14 obligan a las Administraciones a velar por la erradicación de conductas que fomenten la desigualdad de las mujeres y a promover acuerdos de autorregulación; los medios «fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad», con especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones sobre violencia. La ley contempla también medidas en el ámbito sanitario, con protocolos de actuación y la promoción de la detección precoz. La detección y la prevención se conciben, en suma, como responsabilidad compartida de los servicios sociales, sanitarios y educativos.

9. Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

El Título II de la ley reconoce un catálogo de derechos exigibles. El artículo 17 sienta la garantía general: «Todas las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos», y atribuye carácter de servicios esenciales a los de información, atención psicosocial inmediata, asesoramiento jurídico 24 horas y acogida y asistencia social integral.

El artículo 18 reconoce el derecho a la información: las víctimas «tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal», con garantías reforzadas para las mujeres con discapacidad (formatos accesibles) y para quienes desconozcan el castellano. El artículo 19 desarrolla el derecho a la asistencia social integral: las víctimas «tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral», organizados conforme a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización y multidisciplinariedad. Este derecho alcanza también a los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la víctima o que convivan en entornos de violencia, con atención específica a la violencia vicaria.

El artículo 20 regula la asistencia jurídica: las víctimas «tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida». Una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima, y el derecho se articula conforme a la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, con designación urgente de letrado de oficio. Se garantiza, en todo caso, «la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata».

La ley reconoce, además, derechos laborales y de Seguridad Social para las trabajadoras y funcionarias víctimas: la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro, la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto y la extinción del contrato, así como la consideración como justificadas de determinadas ausencias o faltas de puntualidad motivadas por su situación. En el plano económico, el artículo 27 prevé una ayuda social de pago único cuando la víctima carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, «al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional» y concurran especiales dificultades para obtener empleo; su importe equivale a seis meses de subsidio por desempleo, que se elevan a doce si la víctima tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por 100, a dieciocho si tiene responsabilidades familiares y a veinticuatro si concurren responsabilidades familiares y discapacidad. A ello se añade la consideración de las víctimas como colectivo prioritario en el programa de renta activa de inserción y otras ayudas.

Para acceder a estos derechos, el artículo 23 regula la acreditación de la situación de violencia, que podrá realizarse mediante «una sentencia condenatoria (…), una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios». También cabe acreditarla por informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de acogida, «o por cualquier otro título, siempre que ello esté previsto» en la normativa sectorial de acceso a cada derecho.

Derecho	Precepto	Contenido esencial
Información y asesoramiento	Art. 18 LO 1/2004	Información plena y adaptada; formatos accesibles; garantía para quienes desconozcan el castellano
Asistencia social integral	Art. 19 LO 1/2004	Atención, emergencia, apoyo, acogida y recuperación integral; extensible a menores a cargo
Asistencia jurídica gratuita	Art. 20 LO 1/2004	Asesoramiento previo a la denuncia y defensa y representación gratuitas; misma dirección letrada
Derechos laborales y de Seguridad Social	Arts. 21-23 LO 1/2004	Reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad, suspensión con reserva y extinción; ausencias justificadas
Derechos económicos	Art. 27 LO 1/2004	Ayuda de pago único (6, 12, 18 o 24 meses de subsidio); renta activa de inserción como colectivo prioritario
Acreditación de la situación	Art. 23 LO 1/2004	Resolución judicial, orden de protección, informe del Fiscal o de servicios sociales/especializados

10. Tutela institucional, penal y judicial: la Delegación del Gobierno y las Secciones de Violencia sobre la Mujer

La ley articula un sistema de tutela en tres planos. En el plano institucional, la Administración General del Estado actúa a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (denominada en el artículo 2 «Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer»), a la que corresponde impulsar, proponer y coordinar las políticas públicas en la materia, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, órgano colegiado de asesoramiento, evaluación y análisis. La Delegación elabora, entre otros documentos, el informe anual de evaluación del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención (artículo 3).

En el plano penal, la ley reforzó el Código Penal para configurar como delitos específicos, con agravación de la respuesta punitiva, determinadas conductas cometidas por el hombre sobre quien es o ha sido su pareja (por ejemplo, en el maltrato, las amenazas o las coacciones), y previó penas accesorias de alejamiento y prohibición de comunicación. Se trata de una tutela penal reforzada precisamente por el contexto de dominación en el que estas conductas se producen.

En el plano judicial, la ley creó una jurisdicción especializada. Sus artículos 43 y 44 adicionaron a la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los artículos 87 bis y 87 ter, que crearon y regularon la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Estos órganos concentran, en el orden penal, la instrucción de los procesos por los delitos de violencia de género y, en el orden civil, determinados asuntos de familia conexos (filiación, nulidad, separación y divorcio, guarda y custodia, alimentos) cuando concurre violencia sobre la mujer, evitando la dispersión de procedimientos y la victimización secundaria. El artículo 62 remite, para la orden de protección, al artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y los artículos 61 a 68 regulan las medidas judiciales de protección y seguridad, entre ellas la salida del domicilio, el alejamiento y la prohibición de comunicación (artículo 64), que deben adoptarse mediante auto motivado, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa (artículo 68). Junto a estos órganos actúa el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer y las secciones especializadas de las Fiscalías.

La orden de protección merece una mención propia: es una resolución judicial que, en una única decisión, confiere a la víctima un estatuto integral de protección, al concentrar medidas penales (como el alejamiento o la prohibición de comunicación) y medidas civiles (atribución del uso de la vivienda familiar, guarda y custodia de los hijos, alimentos), y activa además las medidas de asistencia social establecidas por las Administraciones. Puede solicitarla la propia víctima, sus familiares o el Ministerio Fiscal, y el órgano judicial ha de pronunciarse sobre su adopción incluso de oficio; su tramitación es urgente. La coordinación de la protección se apoya, en el plano administrativo, en instrumentos como el sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género.

Novedad organizativa relevante: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha reorganizado la planta judicial sustituyendo los tradicionales juzgados unipersonales por los Tribunales de Instancia. En consecuencia, la competencia que la LO 1/2004 atribuyó a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se ejerce hoy a través de las Secciones de Violencia sobre la Mujer integradas en el correspondiente Tribunal de Instancia. Esta reforma ha ampliado, además, las competencias penales de dichas Secciones en materia de delitos contra la libertad sexual. Conviene no confundir esta ampliación de competencia procesal con el concepto sustantivo de violencia de género del artículo 1 de la LO 1/2004, que permanece ceñido al ámbito de la pareja o expareja.

11. La Ley 15/2022: igualdad de trato y no discriminación

La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, es la norma general antidiscriminatoria del ordenamiento español, más allá de la discriminación por razón de sexo. Su artículo 1 declara que tiene por objeto «garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución», regulando derechos y obligaciones, principios de actuación de los poderes públicos y medidas para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en los sectores público y privado.

El artículo 2 fija el ámbito subjetivo y, sobre todo, enumera las causas o categorías protegidas: nadie podrá ser discriminado «por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». La enumeración, como la del artículo 14 CE, es abierta. El artículo 3 delimita un amplísimo ámbito objetivo (empleo, educación, sanidad, transporte, cultura, seguridad ciudadana, protección social, vivienda, publicidad, medios, internet, actividades deportivas o inteligencia artificial, entre otros).

El artículo 6 es el precepto de definiciones y resulta esencial. Además de la discriminación directa e indirecta (con la novedad de calificar como discriminación directa «la denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad»), tipifica: la discriminación por asociación (cuando una persona sufre trato discriminatorio por su relación con otra sobre la que concurre una causa protegida), la discriminación por error (la que «se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona»), la discriminación múltiple (cuando concurren «dos o más causas» de forma simultánea o consecutiva) y la discriminación interseccional (cuando varias causas «concurren o interactúan (…) generando una forma específica de discriminación»). Completa el cuadro con el acoso discriminatorio, la inducción, orden o instrucción de discriminar, las represalias, las medidas de acción positiva y la segregación escolar.

La ley acompaña estas definiciones con un régimen de garantías. El artículo 4 configura el derecho a la igualdad de trato como principio informador del ordenamiento, que se integra «con carácter transversal en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas», y precisa que no toda diferencia de trato es discriminatoria: no lo es la que «pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla». El artículo 5 reconoce el derecho de las personas víctimas de discriminación a la información y al asesoramiento, incluido el asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia. Y, en el plano de la reparación, el artículo 26 declara nulos de pleno derecho las disposiciones, actos o cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación, mientras que el artículo 27 impone reparar el daño causado, presumiéndose la existencia de daño moral una vez acreditada la discriminación.

La ley crea, en su artículo 40, la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, «autoridad independiente encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación». Entre sus funciones figuran prestar asistencia y orientación independientes a las víctimas, constituirse en órgano de mediación o conciliación (con el consentimiento de las partes), iniciar investigaciones, ejercitar acciones judiciales, colaborar con el Defensor del Pueblo y elaborar informes y estadísticas. Según el artículo 41, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que actúa «con plena independencia y autonomía funcional respecto de las administraciones públicas». La ley cierra su régimen con un sistema de infracciones (leves, graves y muy graves) sancionadas con multas que van «de 300 a 500.000 euros» (artículos 46 a 50).

Categorías protegidas por el artículo 2 de la Ley 15/2022
Nacimiento · Origen racial o étnico · Sexo · Religión, convicción u opinión
Edad · Discapacidad · Orientación o identidad sexual · Expresión de género
Enfermedad o condición de salud · Estado serológico o predisposición genética a patologías
Lengua · Situación socioeconómica · Cualquier otra condición o circunstancia personal o social (cláusula abierta)

12. La Ley 4/2023: igualdad de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI

La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, es la norma estatal específica en la materia. Su artículo 1 declara la finalidad de «garantizar y promover el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (…), así como de sus familias», y anuncia que regula, además, «el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, nombre de las personas». El artículo 3 incorpora un extenso catálogo de definiciones (orientación sexual, identidad sexual, expresión de género, persona trans, intersexualidad, LGTBIfobia, homofobia, bifobia, transfobia, discriminación en sus diversas modalidades) que dota de precisión técnica a la ley. Los artículos 4 a 6 fijan el deber de protección de los poderes públicos, el reconocimiento institucional y las campañas de divulgación y sensibilización.

El aspecto más característico —y más preguntado— es la rectificación registral de la mención relativa al sexo, regulada en los artículos 43 y siguientes, que sustituye el modelo anterior (basado en informe médico y tratamiento) por otro fundado en la manifestación de voluntad. La legitimación del artículo 43 se articula por tramos de edad que deben memorizarse con exactitud:

• Las personas mayores de dieciséis años pueden solicitar «por sí mismas ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo» (artículo 43.1).
• Las personas mayores de catorce y menores de dieciséis años «podrán presentar la solicitud por sí mismas, asistidas en el procedimiento por sus representantes legales»; en caso de desacuerdo, se nombra un defensor judicial (artículo 43.2).
• Las personas mayores de doce y menores de catorce años no acuden a la vía registral por sí mismas: «podrán solicitar la autorización judicial» para la modificación, conforme a la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria (artículo 43.4).

El procedimiento del artículo 44 exige una comparecencia inicial ante el Registro Civil, información sobre las consecuencias jurídicas y una segunda comparecencia de ratificación en un plazo máximo de tres meses, tras la cual se dicta resolución. La ley prohíbe condicionar el ejercicio de este derecho «a la previa exhibición de informe médico o psicológico (…), ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal». La rectificación tiene efectos constitutivos desde su inscripción (artículo 46) y es reversible: transcurridos seis meses, cabe recuperar la mención anterior siguiendo el mismo procedimiento (artículo 47). El artículo 46.3 aclara un punto importante: la rectificación «no alterará el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004». La ley cierra su régimen con la regla probatoria del artículo 66 (ya examinada) y con un cuadro de infracciones leves, graves y muy graves sancionadas con multas «de 200 a 150.000 euros» (artículos 79 y 80), entre cuyas conductas muy graves figura la práctica de las mal llamadas terapias de conversión.

La ley no se limita a la rectificación registral. Reconoce el derecho de las personas LGTBI a la atención y al asesoramiento jurídico especializado en relación con la discriminación (artículo 67), con intervención de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y el derecho de las víctimas de violencia basada en la LGTBIfobia a una atención integral y especializada que comprende, al menos, información y orientación accesibles sobre sus derechos, asistencia psicológica y orientación jurídica, y atención a sus necesidades laborales y sociales (artículo 68). Contempla, asimismo, medidas de igualdad y no discriminación en ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario, el deportivo o el de los medios de comunicación, configurando una protección de alcance general que va más allá del cambio registral.

Edad	Vía	Precepto
16 años o más	Solicitud registral por sí misma	Art. 43.1 Ley 4/2023
14 a 16 años	Solicitud registral por sí misma, asistida por representantes legales (defensor judicial si hay desacuerdo)	Art. 43.2 Ley 4/2023
12 a 14 años	Autorización judicial (jurisdicción voluntaria), no vía registral directa	Art. 43.4 Ley 4/2023

13. Comunidad de Madrid: la Ley 5/2005 contra la violencia de género

La Comunidad de Madrid dispone de normativa propia en el marco de sus competencias estatutarias. En materia de violencia de género rige la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su artículo 1 fija el objeto: «prevenir y combatir la Violencia de Género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral».

Un rasgo técnico que conviene destacar es que el ámbito de aplicación de la ley madrileña es más amplio que el concepto de la LO 1/2004. Su artículo 2 comprende «todas las manifestaciones de Violencia de Género, ejercidas sobre la mujer, como expresión de la discriminación, la situación histórica de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres», e incluye no solo las agresiones del cónyuge o pareja, sino también —entre otras conductas definidas en el Código Penal— las agresiones y abusos sexuales, la mutilación genital femenina, la inducción a la prostitución, el acoso sexual en el ámbito laboral, las detenciones ilegales, amenazas y coacciones, y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Incluso contempla, para las mujeres con discapacidad, las agresiones ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional. La ley autonómica adopta así un concepto propio y extenso de violencia sobre la mujer, sin que ello altere el concepto estatal de la LO 1/2004.

La ley organiza medidas de sensibilización (ámbitos publicitario y de los medios de comunicación, artículos 3 a 5), de prevención y detección de situaciones de riesgo a través de los servicios sociales, sanitarios y educativos (artículos 6 a 10), de investigación y estadística (artículos 11 y 12) y de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 13). Como instrumentos institucionales característicos, la Comunidad de Madrid cuenta con el Observatorio Regional de la Violencia de Género y con los Puntos Municipales del Observatorio Regional, red de recursos de proximidad para la atención a las víctimas. El artículo 7 impone al personal de los centros y servicios sociales, sanitarios y escolares el deber de comunicar a dichos Puntos Municipales las situaciones de violencia o riesgo detectadas, siempre con conocimiento de la mujer.

En cuanto a la asistencia, el artículo 14 define las medidas de asistencia integral, dirigidas a informar y orientar a las víctimas, atender su salud física y mental, cubrir sus necesidades económicas, laborales, jurídicas, educativas y sociales, garantizar el acogimiento temporal —con manutención, alojamiento, accesibilidad y seguridad— y proporcionarles seguridad. De estas medidas pueden beneficiarse, además de las víctimas, los menores bajo su patria potestad, guarda o tutela y las personas en situación de dependencia de la mujer.

14. Comunidad de Madrid: identidad de género y no discriminación de las personas LGTBI

La Comunidad de Madrid cuenta también con dos leyes en materia de diversidad sexual y de género, que deben conocerse a alto nivel por tratarse de una zona normativa recientemente reformada. La primera es la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, centrada en las personas trans e intersexuales, con definiciones (artículo 1), un amplio ámbito de aplicación (artículo 2), la enunciación de derechos y objetivos (artículo 3) y previsiones sobre no discriminación (artículo 5) y menores trans (artículo 6). La segunda es la Ley 3/2016, de 22 de julio, cuyo objeto (artículo 1) es garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid «a no ser discriminada por razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, reales o percibidas», con protección efectiva frente a la discriminación y los delitos de odio.

Ambas leyes fueron objeto de reforma a finales de 2023. La Ley 2/2016 fue modificada por la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, que la adaptó a la legislación básica estatal (la Ley 4/2023): en particular, su régimen de infracciones y sanciones remite al de la ley estatal y se suprimieron determinados apartados del sistema autonómico previo. La Ley 3/2016 fue modificada por la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, que, entre otros extremos, cambió su denominación, que pasó a ser «Ley para la protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid». Como consecuencia de estas reformas, varios apartados y definiciones de las leyes originarias figuran hoy suprimidos.

Debe tenerse presente, además, que con ocasión de un recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión de varios preceptos de la reforma operada por la Ley 17/2023 y de un apartado de la Ley 18/2023. Por ello, esta materia se maneja a alto nivel —existencia, objeto, carácter reformado en 2023 y cambio de denominación de la Ley 3/2016— sin desarrollar como vigente ningún precepto afectado por la suspensión o por la controversia, hasta que el Tribunal Constitucional resuelva.

Conviene cerrar con una precisión frecuentemente preguntada: la Comunidad de Madrid no dispone de una ley propia de igualdad entre mujeres y hombres equivalente a la Ley Orgánica 3/2007. El principio de igualdad de género se sustenta en Madrid en el artículo 14 de la Constitución y en la citada ley orgánica estatal, complementados con instrumentos de planificación (estrategias y planes) de alcance autonómico. Sus normas autonómicas específicas se centran en la violencia de género (Ley 5/2005) y en la identidad de género y los derechos LGTBI (Leyes 2/2016 y 3/2016).

15. Cuadro normativo del tema

Norma	Ámbito	Objeto principal
Artículo 14 CE (y 9.2 CE)	Estatal (constitucional)	Igualdad ante la ley y prohibición de discriminación; mandato de igualdad material
LO 3/2007, de 22 de marzo	Estatal	Igualdad efectiva de mujeres y hombres: principio de igualdad de trato, transversalidad, acción positiva y planes de igualdad
LO 1/2004, de 28 de diciembre	Estatal	Protección integral contra la violencia de género (pareja o expareja): prevención, derechos de las víctimas y tutela penal y judicial
Ley 15/2022, de 12 de julio	Estatal	Igualdad de trato y no discriminación por un amplio elenco de causas; Autoridad Independiente
Ley 4/2023, de 28 de febrero	Estatal	Igualdad de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI; rectificación registral del sexo
Ley 5/2005, de 20 de diciembre	Comunidad de Madrid	Prevención y lucha integral contra la violencia de género; asistencia y protección de las víctimas
Ley 2/2016, de 29 de marzo (mod. Ley 17/2023)	Comunidad de Madrid	Identidad y expresión de género; personas trans e intersexuales
Ley 3/2016, de 22 de julio (mod. Ley 18/2023)	Comunidad de Madrid	Protección, igualdad efectiva y no discriminación de las personas LGTBI

Esquema

• Marco constitucional. Igualdad como valor (art. 1.1 CE), derecho fundamental (art. 14: igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, lista abierta) e igualdad material (art. 9.2: remover obstáculos; fundamento de la acción positiva).
• LO 3/2007 (igualdad mujeres/hombres).
  • Objeto (art. 1) y ámbito (art. 2); principio de igualdad de trato (art. 3); principio informador (art. 4); empleo (art. 5).
  • Discriminación directa (art. 6.1) e indirecta (art. 6.2, admite justificación); acoso sexual (art. 7.1, «de naturaleza sexual») y por razón de sexo (art. 7.2, «en función del sexo»).
  • Embarazo/maternidad = discriminación directa (art. 8); indemnidad (art. 9); nulidad (art. 10); acción positiva razonable y temporal (art. 11); tutela judicial (art. 12) e inversión de la carga de la prueba (art. 13).
  • Transversalidad (art. 15); criterios de los poderes públicos (art. 14); presencia equilibrada en nombramientos (art. 16); empleo público (art. 51).
  • Planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más (arts. 45-46); composición equilibrada 60/40 (DA 1.ª).
• LO 1/2004 (violencia de género).
  • Concepto (art. 1): mujer, agresor cónyuge o pareja/expareja aun sin convivencia; no es violencia doméstica ni cualquier violencia sobre la mujer; incluye violencia vicaria.
  • Principios (art. 2); prevención en educación, publicidad y sanidad (arts. 3-14).
  • Derechos: información (18), asistencia social integral (19), asistencia jurídica gratuita (20), laborales y de Seguridad Social (21-23), económicos (27); acreditación (23).
  • Tutela institucional (Delegación del Gobierno y Observatorio), penal (agravaciones) y judicial (Juzgados de Violencia sobre la Mujer, art. 87 ter LOPJ; hoy Secciones del Tribunal de Instancia tras la LO 1/2025).
• Ley 15/2022 (igualdad de trato). Objeto (1); categorías protegidas (2, lista abierta); definiciones —directa, indirecta, por asociación, por error, múltiple e interseccional— (6); Autoridad Independiente (40); sanciones de 300 a 500.000 euros.
• Ley 4/2023 (trans y LGTBI). Objeto (1); definiciones (3); rectificación registral (43): 16 por sí misma, 14-16 asistida, 12-14 autorización judicial; efectos constitutivos (46) y reversibilidad a los seis meses (47).
• Comunidad de Madrid. Ley 5/2005 (violencia de género, ámbito propio más amplio; Observatorio Regional y Puntos Municipales); Leyes 2/2016 y 3/2016 (identidad y LGTBI), reformadas por las Leyes 17/2023 y 18/2023, con cambio de título de la 3/2016 y suspensión de preceptos por el TC. Madrid carece de ley propia de igualdad mujeres/hombres.

Ideas fuerza

1. El artículo 14 CE combina una cláusula general de igualdad ante la ley con una prohibición de discriminación de lista abierta; el artículo 9.2 CE añade la igualdad material y fundamenta la acción positiva.
2. La LO 3/2007 define el principio de igualdad de trato como ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, con mención especial a la maternidad, las cargas familiares y el estado civil (art. 3), y lo eleva a principio informador del ordenamiento (art. 4).
3. Discriminación directa es el trato menos favorable por razón de sexo (real, pasado o potencial); la indirecta parte de una medida «aparentemente neutra» que causa desventaja particular y, a diferencia de la directa, admite justificación objetiva y proporcionada (art. 6).
4. El acoso sexual es de «naturaleza sexual» y el acoso por razón de sexo se realiza «en función del sexo»; ambos son en todo caso discriminatorios (art. 7). Confundirlos es el error típico.
5. Todo trato desfavorable por embarazo o maternidad es discriminación directa (art. 8); la garantía de indemnidad protege frente a represalias por reclamar la igualdad (art. 9).
6. La acción positiva del artículo 11 es una medida en favor de las mujeres, razonable, proporcionada y temporal («en tanto subsistan» las desigualdades), no un privilegio permanente.
7. La regla probatoria (art. 13 LO 3/2007, reiterada en el art. 66 de la Ley 4/2023): aportados indicios de discriminación, corresponde a la parte demandada probar su ausencia con una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada.
8. Composición equilibrada (DA 1.ª LO 3/2007) = ningún sexo supera el 60 por ciento ni baja del 40 por ciento. Los planes de igualdad son obligatorios en empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45).
9. Violencia de género (art. 1 LO 1/2004): la ejercida sobre la mujer por quien es o ha sido su cónyuge o pareja análoga, aun sin convivencia. No es la violencia doméstica ni cualquier violencia sobre una mujer; comprende la violencia física, psicológica, sexual, amenazas, coacciones y la violencia vicaria.
10. Las víctimas tienen derecho a la información (18), a la asistencia social integral (19), a la asistencia jurídica gratuita —incluido el asesoramiento previo a la denuncia— (20), a derechos laborales y de Seguridad Social (21-23) y económicos (27); la situación se acredita por resolución judicial, orden de protección o informe del Fiscal o de los servicios sociales (23).
11. La tutela institucional se articula por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Observatorio Estatal; la judicial, por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (art. 87 ter LOPJ), hoy Secciones de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia tras la LO 1/2025.
12. La Ley 15/2022 protege frente a la discriminación por múltiples causas (art. 2, lista abierta) y define figuras como la discriminación por asociación, por error, múltiple e interseccional (art. 6); crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (art. 40).
13. La Ley 4/2023 permite la rectificación registral del sexo por manifestación de voluntad: por sí misma desde los 16 años; entre 14 y 16, asistida por sus representantes legales; entre 12 y 14, mediante autorización judicial. Tiene efectos constitutivos y es reversible a los seis meses (arts. 43, 46 y 47).
14. En la Comunidad de Madrid, la Ley 5/2005 combate la violencia de género con un ámbito propio más amplio que el estatal (art. 2) y crea el Observatorio Regional y los Puntos Municipales.
15. Las Leyes madrileñas 2/2016 y 3/2016 (identidad y LGTBI) fueron reformadas en 2023 (Leyes 17/2023 y 18/2023, con cambio de título de la 3/2016) y algunos preceptos están suspendidos por el TC; Madrid carece de ley propia de igualdad entre mujeres y hombres, que se apoya en el art. 14 CE y en la LO 3/2007.