La Comunidad de Madrid (II): la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid: estructura y contenido. La Presidencia y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. La Administración Autonómica: organización y estructura básica. Las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.

Tema desarrollado para el primer ejercicio del Cuerpo de Administrativos (C1) de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026). Contenido verificado contra el texto consolidado del Estatuto de Autonomía (LO 3/1983) y la legislación autonómica de organización (Ley 1/1983, de Gobierno y Administración; Ley 1/1984, de Administración Institucional; Ley 1/1986, de la Función Pública). El programa evaluable exacto es el del Anexo de tu convocatoria; consúltalo siempre.

Índice

• 1. La Ley de Gobierno y Administración (Ley 1/1983): objeto y contenido
• 2. La Presidencia de la Comunidad: elección e investidura
• 3. Funciones y estatuto del Presidente
• 4. El Gobierno (Consejo de Gobierno): composición y naturaleza
• 5. Funciones y funcionamiento del Gobierno
• 6. Relaciones Gobierno-Asamblea: confianza, censura y disolución
• 7. Cese del Gobierno, Gobierno en funciones y responsabilidad
• 8. La Administración de la Comunidad: personalidad, principios y potestades
• 9. Organización y estructura básica: las Consejerías
• 10. La Administración institucional: organismos autónomos y entes
• 11. Esquema-resumen para memorizar

1. La Ley de Gobierno y Administración (Ley 1/1983): objeto y contenido

El Estatuto de Autonomía diseña las instituciones de autogobierno, pero remite su desarrollo a las leyes de la Asamblea. La norma que desarrolla el Gobierno y la Administración de la Comunidad es la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid. Es la ley institucional de referencia de este tema: regula el estatuto del Presidente, la composición y el funcionamiento del Consejo de Gobierno, la figura de los Vicepresidentes y Consejeros, la organización de las Consejerías, el ejercicio de la potestad reglamentaria y las relaciones del Gobierno con la Asamblea.

Junto a ella, completan el bloque normativo de organización: la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid (organismos autónomos y demás entes), y la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid (el estatuto de sus funcionarios, en el marco de la legislación básica del Estado). Este conjunto normativo, anclado en los artículos 8 a 25 y 35 a 40 del Estatuto, es el que da forma jurídica a la Administración en la que presta servicio un Administrativo de la Comunidad.

La Ley 1/1983 responde a una doble finalidad: por un lado, ordenar el Gobierno como órgano político (su composición, su elección, su cese y sus relaciones con la Asamblea); por otro, ordenar la Administración que aquél dirige (sus principios de actuación, su estructura en Consejerías y su régimen de funcionamiento). Ambos planos —el político y el administrativo— aparecen entrelazados, igual que en el Estado el Título IV de la Constitución une «Gobierno» y «Administración». Debe tenerse presente, además, que la Administración autonómica se rige supletoriamente por la legislación básica estatal de régimen jurídico y de procedimiento administrativo común (Ley 39/2015 y Ley 40/2015), que fija un mínimo común denominador aplicable a todas las Administraciones públicas, también a la madrileña.

2. La Presidencia de la Comunidad: elección e investidura

El Presidente de la Comunidad de Madrid es la figura central del ejecutivo autonómico. Su elección sigue el procedimiento de investidura del artículo 18 del Estatuto, que reproduce a escala regional el modelo estatal:

1. Tras cada renovación de la Asamblea (o cuando se produzca vacante en la Presidencia), el Presidente de la Asamblea, previa consulta con los representantes de los grupos políticos, propone a la Cámara a uno de sus miembros como candidato a la Presidencia de la Comunidad.
2. El candidato expone su programa y solicita la confianza de la Asamblea. Si obtiene la mayoría absoluta, el Rey lo nombra Presidente. De no alcanzarla, se somete a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando entonces la mayoría simple.
3. Si no se otorga la confianza, se tramitan sucesivas propuestas. Transcurridos dos meses desde la primera votación sin que ningún candidato resulte investido, la Asamblea queda disuelta y se convocan nuevas elecciones.

Nótese que el candidato a Presidente debe ser Diputado de la Asamblea; en cambio, para ser Vicepresidente o Consejero no se exige la condición de Diputado (art. 22.2). El Presidente es nombrado formalmente por el Rey y su nombramiento se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en el del Estado.

3. Funciones y estatuto del Presidente

El artículo 17 del Estatuto define la posición del Presidente, que reúne una doble representación:

• Ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid y la representación ordinaria del Estado en la misma.
• Preside y dirige la actividad del Gobierno y coordina la Administración.
• Designa y separa libremente a los Vicepresidentes y Consejeros.
• Puede delegar funciones ejecutivas y de representación en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno.
• Es políticamente responsable ante la Asamblea.

La Ley 1/1983 detalla estas funciones y añade, entre otras, la de convocar y presidir el Consejo de Gobierno y fijar su orden del día, promulgar las leyes de la Asamblea en nombre del Rey, ordenar su publicación, plantear la cuestión de confianza (previa deliberación del Gobierno), acordar la disolución anticipada de la Asamblea y nombrar los altos cargos que le correspondan. Su régimen de incompatibilidades es estricto, en garantía de la dedicación al cargo.

Conviene distinguir la doble condición del Presidente. Como suprema representación de la Comunidad, encarna a la institución autonómica en sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con las otras Comunidades. Como representación ordinaria del Estado en Madrid, es el símbolo de la unidad del Estado en el territorio de la Comunidad (función distinta, no obstante, de la que ejerce el Delegado del Gobierno como Administración periférica estatal, estudiada en el tema 4). Los actos más solemnes del Presidente —la promulgación de las leyes, la convocatoria de elecciones tras una disolución— revisten la forma de decreto del Presidente. En los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, el Presidente es sustituido por el Vicepresidente o, en su defecto, por el Consejero que corresponda según el orden que establezca la normativa de organización, garantizándose así la continuidad de la dirección del ejecutivo.

4. El Gobierno (Consejo de Gobierno): composición y naturaleza

El artículo 22 del Estatuto define el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad, al que corresponden las funciones ejecutivas y administrativas y el ejercicio de la potestad reglamentaria en las materias no reservadas por el Estatuto a la Asamblea. En la práctica y en la Ley 1/1983 se le denomina también Consejo de Gobierno.

Su composición es:

• El Presidente de la Comunidad, que lo preside.
• El o los Vicepresidentes, «en su caso» (su existencia es potestativa).
• Los Consejeros, titulares de cada Consejería.

Todos ellos son nombrados y cesados por el Presidente. Un dato que el examen suele preguntar: para ser Vicepresidente o Consejero no es necesaria la condición de Diputado de la Asamblea (art. 22.2), a diferencia del candidato a Presidente. Los miembros del Gobierno están sujetos a un régimen de incompatibilidades (no pueden ejercer otras actividades laborales, profesionales o empresariales ajenas al cargo, art. 23.1) y responden solidariamente ante la Asamblea, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión (art. 23.2).

La naturaleza colegiada del Gobierno tiene consecuencias importantes: aunque cada Consejero dirige su Consejería de forma individual (órgano unipersonal), las grandes decisiones se adoptan de forma conjunta en el seno del Consejo de Gobierno, donde impera la solidaridad. Esta doble condición —el Consejero como miembro del órgano colegiado y como jefe de un departamento— es idéntica a la del Ministro en el Estado (tema 4). La Vicepresidencia, cuando existe, no es un órgano necesario: su creación depende de la voluntad del Presidente al formar su Gobierno, y puede ir acompañada o no de la titularidad de una Consejería. El Vicepresidente asume las funciones que el Presidente le delegue y, señaladamente, la sustitución del Presidente en los casos de ausencia, enfermedad o vacante, garantizando la continuidad de la dirección política. Todo ello confirma la preeminencia del Presidente en el modelo autonómico: es él quien elige libremente a los miembros del Gobierno, quien fija su número y quien puede cesarlos, de modo que la suerte política del Gobierno va unida a la del Presidente que lo encabeza.

5. Funciones y funcionamiento del Gobierno

Como órgano colegiado de dirección, corresponden al Gobierno, entre otras, las siguientes funciones: dirigir la política y la Administración de la Comunidad; aprobar la estructura orgánica de la Administración autonómica; ejercer la potestad reglamentaria (aprobando decretos); elaborar y ejecutar el presupuesto que ha de aprobar la Asamblea; aprobar los proyectos de ley que se remiten a la Asamblea; ejercer la potestad de delegación legislativa cuando la Asamblea se la confiera; nombrar los altos cargos; e interponer recursos de inconstitucionalidad y suscitar conflictos de competencia (art. 41 del Estatuto). A través de estas funciones, el Gobierno concentra la capacidad de impulso normativo (proyectos de ley y reglamentos), de gestión (ejecución del presupuesto y de las políticas públicas) y de defensa institucional de la Comunidad ante el Tribunal Constitucional.

En cuanto a su funcionamiento, el Consejo de Gobierno se reúne convocado por el Presidente, que fija el orden del día y dirige las deliberaciones, que son secretas. Un extremo relevante conforme a la Ley 1/1983 es que sus acuerdos se adoptan por mayoría simple de los asistentes, decidiendo el voto del Presidente en caso de empate. De sus sesiones se levanta acta. Los reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno revisten la forma de decreto del Consejo de Gobierno, mientras que los que dictan los Consejeros en el ámbito de su Consejería adoptan la forma de orden.

Conviene diferenciar los productos normativos y de gobierno que emanan del Consejo. Cuando ejerce la potestad reglamentaria, aprueba decretos de contenido normativo, subordinados a la ley (autonómica o estatal) y sujetos al principio de jerarquía normativa. Cuando adopta decisiones singulares de gobierno o de gestión (aprobar el proyecto de presupuesto, autorizar un gasto de su competencia, nombrar un alto cargo, aprobar un plan) lo hace mediante acuerdos del Consejo de Gobierno, que no son normas sino actos. Y cuando la Asamblea le ha delegado la potestad de dictar normas con fuerza de ley, el Gobierno aprueba decretos legislativos (textos articulados o refundidos), en los términos de los artículos 82 a 84 de la Constitución a los que remite el artículo 15.3 del Estatuto. Como se vio en el tema 6, el ordenamiento madrileño no prevé el decreto-ley autonómico: el Gobierno no dispone de la vía de la legislación de urgencia.

Junto al Consejo de Gobierno pueden existir órganos de apoyo y colaboración, como las comisiones de viceconsejeros o de secretarios generales técnicos que preparan sus sesiones examinando previamente los asuntos, de modo análogo —a escala autonómica— a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios del Estado. Su misión es depurar técnicamente los expedientes antes de que lleguen al Consejo, sin sustituir la decisión de éste.

6. Relaciones Gobierno-Asamblea: confianza, censura y disolución

El sistema es parlamentario: el Gobierno nace de la confianza de la Asamblea y responde ante ella. Los instrumentos son tres:

• La cuestión de confianza (art. 19): el Presidente, previa deliberación del Gobierno, puede plantearla sobre su programa o una declaración de política general. La confianza se entiende otorgada por mayoría simple. Si la Asamblea la niega, el Presidente presenta su dimisión y se abre un nuevo procedimiento de investidura.
• La moción de censura (art. 20): la Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Gobierno. Es de carácter constructivo (debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia). Ha de ser propuesta por al menos el 15 por 100 de los Diputados y aprobarse por mayoría absoluta. No puede votarse hasta que transcurran cinco días desde su presentación; si no prospera, sus firmantes no pueden presentar otra en el mismo período de sesiones. Si se aprueba, cesa el Gobierno y el candidato incluido en la moción se entiende investido, siendo nombrado por el Rey.
• La disolución anticipada (art. 21): el Presidente, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, puede disolver la Asamblea antes del término de la legislatura, mediante decreto que convoca elecciones. No puede hacerlo durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para su fin, mientras se tramita una moción de censura, ni cuando esté convocado un proceso electoral estatal; tampoco cabe nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior.

Cuidado con la trampa de las mayorías: la moción de censura requiere el 15 % de los Diputados para su presentación y mayoría absoluta para su aprobación, mientras que la barrera electoral del artículo 10 es del 5 % de los votos. Son cifras que el examinador suele intercambiar para inducir a error.

El sentido de conjunto de estos tres instrumentos es dotar de estabilidad al Gobierno autonómico. El carácter constructivo de la moción de censura impide derribar a un Presidente sin acordar de inmediato su sustituto, evitando vacíos de poder; y los límites a la disolución impiden un uso abusivo de esta facultad. Se reproduce así, a escala regional, el parlamentarismo racionalizado de la Constitución, que prima la gobernabilidad sobre la mera aritmética parlamentaria.

7. Cese del Gobierno, Gobierno en funciones y responsabilidad

El artículo 24 del Estatuto enumera las causas de cese del Gobierno: tras la celebración de elecciones a la Asamblea, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria (cuestión de confianza o moción de censura) y por dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente. En todos estos supuestos, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con su cometido limitado al despacho ordinario de los asuntos y sin poder adoptar decisiones que condicionen al Gobierno entrante.

En cuanto a la responsabilidad penal (art. 25), la del Presidente, Vicepresidentes y Consejeros es exigible, con carácter general, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; no obstante, la de los Vicepresidentes y Consejeros, por delitos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad, corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es un aforamiento paralelo al de los Diputados (art. 11).

8. La Administración de la Comunidad: personalidad, principios y potestades

Bajo la dirección del Gobierno actúa la Administración de la Comunidad de Madrid, que el artículo 35 del Estatuto configura como un ente de derecho público con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar. Sirve con objetividad los intereses generales y se rige por los principios del artículo 103 de la Constitución (eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y sometimiento pleno a la ley y al Derecho), estudiados en el tema 4.

El artículo 36 reconoce a la Administración autonómica las mismas potestades y privilegios que a la del Estado, entre ellas la presunción de legitimidad y ejecutoriedad de sus actos, los poderes de ejecución forzosa y de revisión en vía administrativa, la potestad expropiatoria (incluida la declaración de urgente ocupación), la potestad sancionadora, la facultad de apremio y la inembargabilidad de sus bienes y derechos, así como las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio en materia de bienes. Corresponde a la Comunidad la creación y estructuración de su propia Administración dentro de los principios generales y las normas básicas del Estado (art. 37), y el régimen jurídico de la Administración y de sus funcionarios se regula por ley de la Asamblea (la citada Ley 1/1986 de la Función Pública).

El actuar de esta Administración se somete, además de a los principios del artículo 103 CE, a las garantías del administrado: el control por la jurisdicción contencioso-administrativa de sus actos y reglamentos (art. 43 del Estatuto), la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 35, que remite a la legislación estatal) y los principios de transparencia y buena administración. La Comunidad de Madrid dispone de normativa propia en materia de transparencia y de participación, que se apoya en la legislación básica estatal (Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Toda la actuación administrativa —también la del Cuerpo de Administrativos— se desenvuelve bajo estas garantías, que protegen al ciudadano frente a la Administración.

9. Organización y estructura básica: las Consejerías

La Administración de la Comunidad de Madrid se organiza en Consejerías, que son sus departamentos, equivalentes a los Ministerios en el Estado. El número y la denominación de las Consejerías no los fija el Estatuto, sino que se determinan por decreto del Presidente al inicio de cada legislatura, en función de las áreas de gobierno; de ahí que su número varíe de una legislatura a otra.

Al frente de cada Consejería está un Consejero, que es a la vez miembro del Gobierno y jefe superior de su Consejería, con potestad reglamentaria (órdenes) en su ámbito. Por debajo del Consejero, la estructura básica de una Consejería sigue un esquema jerárquico análogo al de los Ministerios:

• Viceconsejeros: órganos superiores que asisten al Consejero en la dirección de grandes áreas, cuando la estructura de la Consejería los prevé.
• Secretaría General Técnica: órgano encargado de los servicios comunes (régimen interior, asuntos generales, producción normativa y asistencia jurídica, personal, gestión económica) de la Consejería.
• Direcciones Generales: órganos directivos encargados de la gestión de un área funcional homogénea (por ejemplo, una Dirección General de un sector concreto de política pública).
• Subdirecciones Generales y, por debajo, las unidades administrativas (servicios, secciones y negociados) integradas por los puestos de trabajo que desempeñan los empleados públicos.

Este organigrama —Consejero, Viceconsejero, Secretaría General Técnica, Direcciones Generales, Subdirecciones y unidades— constituye la estructura básica a través de la cual la Comunidad presta sus servicios. Un Administrativo de la Comunidad desempeña habitualmente su puesto en alguna de estas unidades.

Al igual que en el Estado (tema 4), cabe distinguir dentro de la Consejería entre órganos superiores (el Consejero y, en su caso, los Viceconsejeros), que fijan los objetivos y planes de actuación, y órganos directivos (Secretario General Técnico, Directores Generales y Subdirectores Generales), que los desarrollan y ejecutan. Los puestos de trabajo se ordenan mediante las relaciones de puestos de trabajo (RPT), instrumento técnico que clasifica cada puesto (denominación, nivel, complemento, requisitos y forma de provisión) y que constituye la pieza básica de la ordenación del personal. Los Cuerpos de la Comunidad —entre ellos el Cuerpo de Administrativos (Grupo C1)— se estructuran conforme a la Ley 1/1986 de la Función Pública y a la legislación básica del Estado (el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que determinan el acceso por los principios de igualdad, mérito y capacidad, la clasificación en grupos (A1, A2, B, C1, C2) y el régimen de derechos y deberes de los funcionarios.

La distribución de competencias entre las Consejerías, así como la creación, modificación o supresión de éstas, se realiza por decreto —del Presidente, en cuanto a la estructura orgánica de nivel superior, y del Consejo de Gobierno para el desarrollo de la estructura de cada Consejería—. Esta flexibilidad permite que cada Gobierno adapte la organización a sus prioridades políticas sin necesidad de reformar el Estatuto ni una ley: es una manifestación de la potestad de autoorganización que el artículo 26.1.1 del Estatuto reconoce como competencia exclusiva de la Comunidad.

10. La Administración institucional: organismos autónomos y entes

Además de la Administración general (las Consejerías), la Comunidad de Madrid cuenta con una Administración institucional o sector público institucional, integrada por entes con personalidad jurídica propia a los que se encomienda la gestión de determinados servicios o actividades. Su régimen general es la Ley 1/1984, de 19 de enero, y el Estatuto la contempla en sus artículos 38 y 39, exigiendo ley de la Asamblea para la creación de estas entidades. Los principales tipos son:

• Organismos autónomos: entes de derecho público, dependientes de una Consejería, que realizan actividades de fomento, prestación o gestión de servicios públicos en régimen de descentralización funcional (por ejemplo, la Agencia Madrileña de Atención Social u otros organismos sectoriales).
• Entes de derecho público y entidades de derecho público que ajustan su actividad al Derecho privado en determinados ámbitos.
• Empresas públicas, con forma de sociedad mercantil de capital mayoritariamente público, para actividades de contenido económico o empresarial.
• Fundaciones del sector público autonómico, para fines de interés general sin ánimo de lucro.

La razón de ser de esta Administración institucional es la descentralización funcional: dotar de mayor agilidad de gestión a ciertos servicios, separándolos de la estructura burocrática central, aunque siempre bajo el control y la tutela de la Consejería de la que dependen. Conviene subrayar las notas comunes a estos entes: tienen personalidad jurídica propia distinta de la Administración general, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines; se crean por ley de la Asamblea (arts. 38 y 39 del Estatuto) o, cuando así lo permita la ley, por acuerdo del Consejo de Gobierno; y quedan adscritos a una Consejería, que ejerce sobre ellos las facultades de dirección estratégica, evaluación y control de eficacia. La diferencia esencial entre ellos radica en el régimen jurídico aplicable: los organismos autónomos actúan con sujeción plena al Derecho administrativo, mientras que las entidades de derecho público y, sobre todo, las empresas públicas y fundaciones se rigen en buena medida por el Derecho privado, sin perjuicio de las normas de contratación pública, presupuestarias y de control que también les alcanzan.

Esta arquitectura institucional convive con la Administración local del territorio (los municipios madrileños), con la que la Comunidad mantiene relaciones de cooperación, coordinación y asistencia; recuérdese que, al ser uniprovincial, la Comunidad asume además las funciones que en otras Comunidades corresponden a las Diputaciones (art. 40 LRBRL). El Estatuto (art. 38) prevé asimismo que la Comunidad pueda delegar funciones en los municipios y demás entidades locales, si lo autoriza una ley de la Asamblea que fije las formas de control y coordinación.

Conviene, por último, recordar dos particularidades madrileñas ya apuntadas: la Comunidad no dispone de Diputación provincial (por ser uniprovincial, asume sus funciones, art. 40 LRBRL) ni de Defensor del Pueblo autonómico propio, y su control económico externo corresponde a la Cámara de Cuentas (art. 44 del Estatuto), sin perjuicio del Tribunal de Cuentas del Estado.

11. Esquema-resumen para memorizar

• Ley 1/1983 = Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid (desarrolla el Estatuto). Completan: Ley 1/1984 (Administración Institucional) y Ley 1/1986 (Función Pública).
• Presidente: investido por la Asamblea (mayoría absoluta y, 48 h después, mayoría simple; 2 meses → disolución); nombrado por el Rey; suprema representación de la Comunidad + ordinaria del Estado; designa y separa a Vicepresidentes y Consejeros. El candidato a Presidente debe ser Diputado.
• Gobierno / Consejo de Gobierno (art. 22): Presidente + Vicepresidentes (en su caso) + Consejeros, nombrados y cesados por el Presidente; para Vicepresidente/Consejero NO se exige ser Diputado. Acuerdos por mayoría simple. Potestad reglamentaria: decretos (Consejo de Gobierno) y órdenes (Consejeros).
• Relaciones con la Asamblea: cuestión de confianza (mayoría simple); moción de censura (propuesta por el 15 %, aprobada por mayoría absoluta, constructiva, 5 días); disolución anticipada por el Presidente (con límites).
• Cese (art. 24): elecciones, pérdida de confianza, dimisión/incapacidad/fallecimiento del Presidente; Gobierno en funciones. Responsabilidad penal (art. 25): Sala de lo Penal del TS / TSJ de Madrid (delitos en el territorio).
• Administración: personalidad jurídica y plena capacidad (art. 35); potestades y privilegios de la Administración del Estado (art. 36). Organización en Consejerías (Consejero → Viceconsejero → Secretaría General Técnica → Direcciones Generales → Subdirecciones → unidades). Administración institucional (Ley 1/1984): organismos autónomos, entes y empresas públicas, creados por ley de la Asamblea.
• Trampas: 15 % (censura) frente a 5 % (barrera electoral); mayoría simple (acuerdos del Gobierno y cuestión de confianza) frente a mayoría absoluta (moción de censura); Consejero no necesita ser Diputado.

Para practicar, tienes el test de este tema con preguntas verificadas y sus flashcards. Coteja siempre los datos con el texto consolidado del BOE/BOCM, que prevalece sobre cualquier apunte.