La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. La reforma de la Constitución

Tema desarrollado para el primer ejercicio del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (subgrupo C1, ingreso libre). El contenido está verificado contra el texto consolidado de la Constitución Española de 1978, incluidas sus cuatro reformas (art. 13.2, de 1992; art. 135, de 2011; art. 49, de 2024; y art. 69.3, de 2026). El programa evaluable exacto es el del Anexo de tu convocatoria (Resolución de 22 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-27158).

Índice

• 1. La Constitución de 1978: gestación y proceso de elaboración
• 2. Concepto y caracteres de la Constitución
• 3. La estructura de la Constitución
• 4. Parte dogmática y parte orgánica
• 5. El Título Preliminar: valores y principios
• 6. El contenido de los diez títulos
• 7. La reforma de la Constitución (Título X)
• 8. Las cuatro reformas realizadas
• 9. La Constitución en el sistema de fuentes y la Unión Europea
• 10. Claves de examen y errores frecuentes
• Esquema de repaso
• Ideas fuerza

1. La Constitución de 1978: gestación y proceso de elaboración

La Constitución Española es la norma que culmina la Transición política de la dictadura a la democracia. Su proceso arranca con la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política —la última de las Leyes Fundamentales del franquismo, que operó como puente jurídico hacia el nuevo régimen— y con las elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, de las que salieron unas Cortes que, sin haber sido formalmente convocadas como constituyentes, asumieron esa función.

El texto lo preparó una Ponencia de siete diputados en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, los llamados «padres de la Constitución»: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero de Miñón (UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Manuel Fraga (Alianza Popular), Miquel Roca (por la minoría catalana y vasca) y Jordi Solé Tura (por el grupo comunista). Este origen plural explica el rasgo que define al texto: el consenso.

El calendario de aprobación conviene memorizarlo con precisión, porque es objeto habitual de pregunta:

• El texto fue aprobado por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978.
• Fue ratificado por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
• Fue sancionado y promulgado por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978.
• Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que, conforme a su disposición final, entró en vigor (el mismo día de su publicación).

Por eso el Día de la Constitución se celebra el 6 de diciembre (aniversario del referéndum), aunque la vigencia jurídica del texto date del 29 de diciembre.

El proceso de elaboración fue largo y minucioso. El anteproyecto de la Ponencia se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes en enero de 1978, se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el Pleno del Congreso, pasó después al Senado y culminó en una Comisión Mixta Congreso-Senado que fijó el texto definitivo sometido a votación el 31 de octubre. En el referéndum del 6 de diciembre la participación superó el 67 % del censo y los votos afirmativos rondaron el 88 % de los emitidos, lo que dotó al texto de una amplísima legitimidad democrática. Esa vocación de acuerdo —el «consenso constitucional»— explica que muchos preceptos empleen fórmulas abiertas, deliberadamente flexibles, que remiten su concreción al legislador y a la interpretación del Tribunal Constitucional. Frente a las constituciones anteriores de nuestra historia, casi siempre «de partido» (impuestas por la mayoría vencedora), la de 1978 es la primera que nace del pacto entre casi todas las fuerzas políticas.

2. Concepto y caracteres de la Constitución

La Constitución es la norma jurídica suprema del ordenamiento español: no es una simple declaración programática, sino Derecho directamente aplicable que se impone a todas las demás normas y a todos los poderes públicos. El artículo 9.1 lo expresa con rotundidad: «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». De este carácter supremo derivan dos consecuencias capitales: la rigidez (su reforma exige procedimientos especiales, más gravosos que los de la ley ordinaria) y el control de constitucionalidad (existe un órgano, el Tribunal Constitucional, encargado de expulsar del ordenamiento las leyes que la contradigan).

Sus caracteres tradicionales son los siguientes:

• Escrita y codificada: se recoge en un único documento solemne, frente al modelo de constitución consuetudinaria (como la británica).
• Rígida: su modificación no puede hacerse por el procedimiento legislativo ordinario, sino por los cauces agravados del Título X (arts. 166 a 169).
• Extensa: con 169 artículos y numerosas disposiciones, es una de las constituciones más largas de nuestro entorno.
• Derivada o «de importación»: recibe influencia de otros textos, señaladamente la Ley Fundamental de Bonn de 1949 (Estado social, defensa del contenido esencial de los derechos), la Constitución italiana de 1947 (regiones, ordenación territorial) y la portuguesa de 1976.
• De consenso: fruto del pacto entre fuerzas políticas de ideología muy diversa, lo que le da un tono con frecuencia abierto y de fórmulas transaccionales.
• Ideológicamente ecléctica o compromisoria: combina el reconocimiento de derechos individuales de raíz liberal con los principios rectores del Estado social.

La propia Constitución define en su artículo 1.1 el modelo de Estado: España se constituye en un «Estado social y democrático de Derecho». Cada uno de esos tres adjetivos tiene contenido propio: «de Derecho» (imperio de la ley, separación de poderes, sujeción de la Administración a control), «democrático» (soberanía popular, pluralismo, participación) y «social» (los poderes públicos deben promover la igualdad real y remover los obstáculos que la impiden, art. 9.2).

El componente social es el que fundamenta constitucionalmente la Seguridad Social y todo el sistema de prestaciones. El Estado social no se limita a reconocer libertades frente al poder (como el Estado liberal clásico), sino que asume prestaciones positivas: sanidad, educación, pensiones, protección ante la necesidad. Por eso el Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52) enuncia un catálogo de «principios rectores de la política social y económica» que orientan la actuación de los poderes públicos y en el que se inserta el mandato de mantener un régimen público de Seguridad Social (art. 41). El componente de Derecho, por su parte, se traduce en garantías que el personal administrativo aplica a diario: la sujeción plena de la Administración a la ley y al Derecho (art. 103.1), el control judicial de su actuación (art. 106.1) y la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2).

2.1. La Constitución como norma jurídica suprema

La Constitución de 1978 supone un cambio de paradigma respecto del constitucionalismo español anterior: deja de ser un texto meramente programático o político para convertirse en norma jurídica directamente aplicable y de rango supremo. De ahí derivan varias consecuencias técnicas de gran importancia práctica:

• Supremacía formal y material: ninguna norma puede contradecirla. Las leyes contrarias a la Constitución son inconstitucionales y pueden ser expulsadas del ordenamiento por el Tribunal Constitucional (arts. 161 y 163); los reglamentos y actos administrativos que la vulneren son nulos.
• Eficacia derogatoria: su disposición derogatoria dejó sin efecto cuantas disposiciones se opusieran a lo establecido en ella, incluidas las Leyes Fundamentales del régimen anterior.
• Aplicación directa: no todos sus preceptos tienen el mismo grado de aplicabilidad inmediata (los derechos fundamentales sí; los principios rectores del Capítulo III requieren desarrollo legal, art. 53.3), pero toda ella vincula.
• El «bloque de la constitucionalidad»: para enjuiciar la validez de las leyes, el Tribunal Constitucional utiliza como parámetro no solo la Constitución, sino también los Estatutos de Autonomía y las leyes que delimitan competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

2.2. El constitucionalismo español: breve recorrido histórico

La Constitución de 1978 es el último eslabón de una tradición constitucional iniciada a comienzos del siglo XIX. Conocer sus antecedentes ayuda a entender por qué el texto de 1978 se concibió, deliberadamente, como una norma de consenso y de ruptura con la inestabilidad anterior. Con carácter previo, el Estatuto de Bayona de 1808 y el Estatuto Real de 1834 no fueron verdaderas constituciones, sino cartas otorgadas (concedidas desde el poder, sin soberanía nacional). Las constituciones propiamente dichas, ya con soberanía nacional o compartida, fueron seis:

• La Constitución de 1812 («La Pepa», promulgada en Cádiz el 19 de marzo), primera constitución española, de signo liberal, que proclamó la soberanía nacional, la división de poderes y una amplia declaración de derechos.
• La Constitución de 1837, de compromiso entre progresistas y moderados durante la regencia de María Cristina.
• La Constitución de 1845, de signo moderado, con soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
• La Constitución de 1869, la más avanzada del siglo XIX, fruto de la revolución de 1868 («La Gloriosa»), con sufragio universal masculino y un amplio catálogo de derechos.
• La Constitución de 1876, la de mayor vigencia de nuestra historia hasta la actual, base del sistema de la Restauración.
• La Constitución de 1931, de la Segunda República, muy avanzada en derechos sociales, con sufragio femenino y un «Estado integral» abierto a las autonomías.

Quedaron en proyectos no promulgados la Constitución «nonata» de 1856 y la federal de 1873 de la Primera República. Ese vaivén —seis constituciones y varios proyectos frustrados en poco más de siglo y medio, con frecuentes pronunciamientos y rupturas— contrasta con la vocación de permanencia de la Constitución de 1978, que se sitúa ya, junto a la de 1876, entre las de mayor vigencia de nuestra historia constitucional. La lección que sus redactores extrajeron de aquella inestabilidad —constituciones «de partido» que la siguiente mayoría derogaba— fue precisamente la del pacto: de ahí el consenso y la rigidez que caracterizan al texto vigente.

2.3. El modelo de Estado del artículo 1

El artículo 1 condensa las decisiones políticas fundamentales y merece un análisis detenido, porque cada uno de sus términos tiene consecuencias jurídicas. El apartado 1.1 define a España como «Estado social y democrático de Derecho» y proclama cuatro valores superiores del ordenamiento:

• La libertad, base de los derechos y libertades del Título I y del libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1).
• La justicia, que orienta tanto la actuación de los poderes públicos como la organización del Poder Judicial.
• La igualdad, en su doble vertiente: formal —igualdad ante la ley del art. 14— y material o real —el mandato del art. 9.2 de remover los obstáculos que la impiden—.
• El pluralismo político, que se traduce en el reconocimiento de los partidos (art. 6), los sindicatos y las asociaciones empresariales (art. 7) y en un sistema electoral abierto a la diversidad.

La cláusula «social y democrático de Derecho» no es retórica: cada adjetivo aporta un contenido diferenciado. El Estado de Derecho significa imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la Administración y control judicial de sus actos. El Estado democrático descansa en la soberanía popular, el pluralismo y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (art. 23). Y el Estado social compromete a los poderes públicos con la igualdad real y con un conjunto de prestaciones (sanidad, educación, pensiones, protección ante la necesidad) del que forma parte, como pieza central, el régimen público de Seguridad Social del artículo 41.

El apartado 1.2 sitúa la soberanía nacional en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado: es el fundamento democrático de todo el sistema y la razón de que ningún órgano —tampoco el Rey— sea titular de una soberanía propia. Y el apartado 1.3 fija la forma política del Estado: la Monarquía parlamentaria. Conviene distinguir con precisión la forma política (Monarquía parlamentaria, art. 1.3) de la forma de gobierno y de la forma territorial (el Estado autonómico del Título VIII): son tres planos distintos que el examen a veces mezcla en los distractores. En la Monarquía parlamentaria el Rey reina pero no gobierna: es Jefe del Estado con funciones tasadas y actos siempre refrendados, mientras la dirección política corresponde a un Gobierno responsable ante el Parlamento.

3. La estructura de la Constitución

Formalmente, la Constitución se compone de un preámbulo, una parte articulada y una parte final.

El preámbulo enuncia los grandes objetivos de la Nación (garantizar la convivencia democrática, consolidar un Estado de Derecho, proteger a los pueblos de España en sus culturas y lenguas, promover el progreso, establecer una sociedad democrática avanzada). No tiene valor normativo directo —no se pueden fundar en él pretensiones jurídicas— pero sí un valor interpretativo del resto del texto.

La parte articulada comprende un título preliminar y diez títulos numerados del I al X, con un total de 169 artículos. La parte final añade cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. Conviene retener ese reparto (4 adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final), porque es un clásico de examen.

La relación de títulos, con su rúbrica oficial, es la siguiente:

• Título Preliminar (arts. 1 a 9).
• Título I: «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10 a 55). Es el más extenso.
• Título II: «De la Corona» (arts. 56 a 65).
• Título III: «De las Cortes Generales» (arts. 66 a 96).
• Título IV: «Del Gobierno y de la Administración» (arts. 97 a 107).
• Título V: «De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales» (arts. 108 a 116).
• Título VI: «Del Poder Judicial» (arts. 117 a 127).
• Título VII: «Economía y Hacienda» (arts. 128 a 136).
• Título VIII: «De la Organización Territorial del Estado» (arts. 137 a 158).
• Título IX: «Del Tribunal Constitucional» (arts. 159 a 165).
• Título X: «De la reforma constitucional» (arts. 166 a 169).

Un buen truco nemotécnico: la Constitución empieza por la persona y sus derechos (Título I), sigue con los grandes órganos del Estado por el orden clásico de los poderes (Corona, Cortes, Gobierno, relaciones Gobierno-Cortes y Poder Judicial), aborda después la economía, la organización territorial y el guardián de la Constitución (el Tribunal Constitucional) y termina con las reglas para modificarse a sí misma (Título X).

4. Parte dogmática y parte orgánica

La doctrina divide la Constitución en dos grandes bloques:

• La parte dogmática contiene los principios, valores y derechos: comprende el Título Preliminar y el Título I. Responde a la pregunta «¿qué valores y qué derechos protege el Estado?».
• La parte orgánica regula la estructura, composición y funcionamiento de los órganos del Estado: comprende del Título II al Título X. Responde a la pregunta «¿cómo se organiza y ejerce el poder?».

La distinción no es meramente académica. Como se verá al estudiar la reforma, el núcleo más protegido de la parte dogmática (el Título Preliminar y los derechos fundamentales de la Sección 1.ª del Capítulo II del Título I) solo puede modificarse por el procedimiento agravado del artículo 168, mientras que la mayor parte de la parte orgánica se reforma por el procedimiento ordinario del artículo 167.

5. El Título Preliminar: valores y principios

El Título Preliminar (artículos 1 a 9) contiene las decisiones políticas fundamentales sobre las que se asienta todo el edificio constitucional.

El artículo 1 es el pórtico del sistema:

• Art. 1.1: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
• Art. 1.2: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
• Art. 1.3: la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

El artículo 2 descansa en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Es la base de la organización territorial del Título VIII.

El artículo 3 regula las lenguas: el castellano es la lengua española oficial del Estado, con el deber de conocerla y el derecho a usarla; las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos, y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección. Completan el Título los artículos 4 (la bandera de España y las de las comunidades autónomas), 5 (la capital del Estado es la villa de Madrid, con esa palabra exacta), 6 (los partidos políticos, expresión del pluralismo) y 7 (los sindicatos y las asociaciones empresariales).

Cierra el Título el capital artículo 9, que reúne tres mandatos:

• 9.1: sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al ordenamiento (principio de constitucionalidad y legalidad).
• 9.2: los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas y remover los obstáculos que impidan su plenitud (la llamada igualdad material o sustancial, seña del Estado social).
• 9.3: la Constitución garantiza siete principios que operan como reglas del propio ordenamiento: el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

5.1. Los siete principios del artículo 9.3, uno a uno

El artículo 9.3 es una pieza capital porque «constitucionaliza» siete principios que rigen el propio funcionamiento del ordenamiento y que el personal administrativo aplica a diario. Conviene dominarlos por separado, porque el examen suele pedir identificarlos o distinguirlos:

• Principio de legalidad: los poderes públicos actúan sometidos a la ley y al Derecho; la Administración necesita una habilitación normativa para actuar (vinculación positiva) y no puede contravenir la ley. Enlaza con los artículos 103.1 y 106.1.
• Jerarquía normativa: las normas se ordenan en una pirámide (Constitución, ley, reglamento) en la que la inferior no puede contradecir a la superior; el reglamento contrario a la ley es nulo de pleno derecho.
• Publicidad de las normas: para obligar, las normas han de publicarse oficialmente (BOE, boletines autonómicos). Es garantía de seguridad jurídica y presupuesto de su entrada en vigor, tras la vacatio legis del artículo 2.1 del Código Civil (veinte días, salvo que la propia norma disponga otra cosa).
• Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales: la norma que agrava sanciones o restringe derechos no se aplica a hechos anteriores. A contrario, la Constitución no prohíbe la retroactividad de las disposiciones favorables, que sí es admisible (por ejemplo, la ley sancionadora más benigna se aplica retroactivamente).
• Seguridad jurídica: los ciudadanos deben poder conocer de antemano y prever las consecuencias jurídicas de sus actos. Es un principio-síntesis que engloba a los demás (legalidad, jerarquía, publicidad, irretroactividad) y que el Tribunal Constitucional ha definido como «suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad».
• Responsabilidad de los poderes públicos: su actuación no queda exenta de consecuencias. Se concreta en la responsabilidad patrimonial de las Administraciones por el funcionamiento de los servicios públicos (art. 106.2) y en la responsabilidad de las autoridades y del personal a su servicio.
• Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: se prohíbe la actuación caprichosa o carente de justificación racional. Toda decisión pública —una ley, un reglamento, un acto— debe poder apoyarse en razones objetivas; de ahí, por ejemplo, el deber de motivar.

Estos principios no son meras proclamas: el Tribunal Constitucional los ha empleado como parámetro para anular leyes (por vulnerar la seguridad jurídica o incurrir en arbitrariedad), y los tribunales ordinarios los invocan a diario para controlar los reglamentos y los actos administrativos. Para el personal de la Seguridad Social, el binomio legalidad–interdicción de la arbitrariedad es el fundamento último de que cada resolución (un reconocimiento de pensión, una liquidación de cotizaciones) deba dictarse conforme a la norma y motivarse.

6. El contenido de los diez títulos

Repasamos ahora el contenido de cada título, que es lo que el programa denomina «estructura y contenido». No se trata de agotar cada materia (cada una es tema propio del temario), sino de fijar la panorámica que el examen exige.

6.1. Título I. De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55)

Es el título más extenso y el corazón de la parte dogmática. Se abre con el artículo 10, que proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1), y fija en su apartado 10.2 una regla interpretativa clave: los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales ratificados por España. Su estructura interna es:

• Capítulo I (arts. 11 a 13): «De los españoles y los extranjeros» (nacionalidad, mayoría de edad a los dieciocho años, régimen de los extranjeros y extradición).
• Capítulo II (arts. 14 a 38): «Derechos y libertades». Se abre con el artículo 14 (igualdad ante la ley) y se divide en la Sección 1.ª «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» (arts. 15 a 29, los más protegidos) y la Sección 2.ª «De los derechos y deberes de los ciudadanos» (arts. 30 a 38).
• Capítulo III (arts. 39 a 52): «De los principios rectores de la política social y económica».
• Capítulo IV (arts. 53 y 54): «De las garantías de las libertades y derechos fundamentales».
• Capítulo V (art. 55): «De la suspensión de los derechos y libertades».

Para esta oposición interesa subrayar que en el Capítulo III se ubica el artículo 41, según el cual «los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo». Este precepto es el fundamento constitucional de todo el sistema y el punto de partida del Tema 24 (parte específica). El desarrollo pormenorizado de los derechos, sus garantías y su suspensión corresponde al Tema 2 del temario.

Junto a los derechos, el Título I recoge también deberes constitucionales. Los más relevantes son el deber de defender a España (art. 30), el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica mediante un sistema tributario justo (art. 31.1), el deber de trabajar (art. 35, configurado simultáneamente como derecho) y el deber de los poderes públicos y de los ciudadanos en materia de conservación del medio ambiente (art. 45). Importa retener que el nivel de protección de cada derecho depende de su ubicación sistemática: los del artículo 14 y la Sección 1.ª (arts. 15 a 29) gozan de la tutela reforzada del procedimiento preferente y sumario y del recurso de amparo (art. 53.2), y los de la Sección 1.ª, además, de la reserva de ley orgánica (art. 81.1), que no alcanza al artículo 14; los del resto del Capítulo II vinculan a los poderes públicos y se regulan por ley respetando su contenido esencial; y los principios rectores del Capítulo III solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen (art. 53). Esta gradación es la que después determina qué materias exigen el procedimiento agravado de reforma.

6.2. Título II. De la Corona (arts. 56 a 65)

Regula al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones (art. 56). Establece la sucesión a la Corona (art. 57, con el orden regular de primogenitura y representación), la regencia y la tutela del Rey menor (arts. 59 y 60), el juramento (art. 61), las funciones del Rey (art. 62, competencias tasadas como sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, proponer y nombrar al Presidente del Gobierno, el mando supremo de las Fuerzas Armadas) y el refrendo (art. 64), pieza esencial: los actos del Rey deben ser refrendados (por el Presidente del Gobierno, los ministros o el Presidente del Congreso), y de ellos responde quien los refrenda, de modo que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3).

6.3. Título III. De las Cortes Generales (arts. 66 a 96)

Las Cortes Generales representan al pueblo español y ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art. 66). Son bicamerales: Congreso de los Diputados y Senado. Se estructura en tres capítulos: «De las Cámaras» (composición, elección, inviolabilidad e inmunidad de diputados y senadores, funcionamiento), «De la elaboración de las leyes» (iniciativa legislativa, leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes y decretos legislativos, tratados internacionales) y «De los tratados internacionales». El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (actualmente 350) elegidos por sufragio universal en circunscripciones provinciales con criterio proporcional; el Senado es definido como cámara de representación territorial (art. 69), con senadores elegidos por provincias, islas y comunidades autónomas. Justamente el artículo 69, apartado 3, es el que fue objeto de la cuarta reforma constitucional (2026) para atribuir a Formentera un senador propio. En la elaboración de las leyes conviene retener la distinta posición de ambas Cámaras: el Senado dispone de un plazo de dos meses para vetar (por mayoría absoluta) o enmendar los proyectos, pero el veto puede ser levantado por el Congreso, lo que sitúa a esta última Cámara en una posición de preeminencia.

6.4. Título IV. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107)

El artículo 97 encomienda al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, así como la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Regula la composición del Gobierno (Presidente, Vicepresidentes en su caso y Ministros), su estatuto, el Gobierno en funciones, los principios de actuación de la Administración pública (art. 103: sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación) y el Consejo de Estado como supremo órgano consultivo (art. 107).

6.5. Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116)

Articula el parlamentarismo: la responsabilidad solidaria del Gobierno ante el Congreso (art. 108), la cuestión de confianza (art. 112) y la moción de censura (art. 113, de carácter constructivo: debe incluir un candidato alternativo a la Presidencia), la disolución de las Cámaras (art. 115) y los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116), desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981.

6.6. Título VI. Del Poder Judicial (arts. 117 a 127)

Consagra que la justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117), el principio de unidad jurisdiccional, la exclusividad de jueces y tribunales para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno (art. 122), el Tribunal Supremo como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes (art. 123) y el Ministerio Fiscal (art. 124).

6.7. Título VII. Economía y Hacienda (arts. 128 a 136)

Subordina toda la riqueza del país al interés general (art. 128), regula la iniciativa pública en la actividad económica, la planificación (art. 131), el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional (art. 132), la potestad tributaria (art. 133: solo por ley se establecen tributos), los Presupuestos Generales del Estado (art. 134) y el artículo 135, sobre estabilidad presupuestaria (reformado en 2011). Cierra el Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador (art. 136). Este título tiene una conexión directa con la Seguridad Social: el artículo 134.2 obliga a que los Presupuestos Generales del Estado incluyan la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal, y el presupuesto de la Seguridad Social se integra en ellos; además, el compromiso de estabilidad del art. 135 y la exigencia de equilibrio financiero enmarcan la sostenibilidad del sistema de pensiones y el papel del Fondo de Reserva (materia del Tema 36).

6.8. Título VIII. De la Organización Territorial del Estado (arts. 137 a 158)

Estructura el Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, todos con autonomía para la gestión de sus intereses (art. 137). Contiene los principios de la organización territorial (arts. 137 a 139: solidaridad, prohibición de privilegios y de barreras a la libre circulación), la Administración local (arts. 140 a 142: autonomía municipal, la provincia, las islas) y las comunidades autónomas (arts. 143 a 158: acceso a la autonomía, Estatutos, distribución de competencias de los arts. 148 y 149, control y financiación). La delimitación competencial descansa en dos listas: el artículo 148 enumera las materias que las comunidades autónomas pueden asumir, y el artículo 149 reserva al Estado la competencia exclusiva sobre otras. Para la Seguridad Social importa el artículo 149.1.17.ª, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Es el título competencial que explica que la normativa nuclear del sistema (afiliación, cotización, prestaciones) sea estatal y uniforme en todo el territorio.

6.9. Título IX. Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165)

Regula al Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución: sus doce miembros, su estatuto, y sus competencias (recurso y cuestión de inconstitucionalidad, recurso de amparo, conflictos de competencia). Su desarrollo es objeto del Tema 3 del temario.

6.10. Título X. De la reforma constitucional (arts. 166 a 169)

Cierra el texto regulando su propia modificación. Por su importancia para este tema se estudia en el apartado siguiente.

6.11. Las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final

La parte final del texto tiene contenido propio y también se pregunta:

• Las cuatro disposiciones adicionales tienen contenido propio: la primera ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales (base constitucional de los regímenes de concierto y convenio económico del País Vasco y de Navarra); la segunda precisa que la declaración de mayoría de edad del artículo 12 no perjudica las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado; la tercera prevé que la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la comunidad autónoma; y la cuarta se refiere al régimen de las Audiencias Territoriales. La disposición adicional primera es la más preguntada por su conexión con la financiación foral.
• Las nueve disposiciones transitorias regularon fundamentalmente el proceso de acceso a la autonomía de los distintos territorios y la constitución de sus instituciones, así como reglas transitorias sobre la organización de las Cámaras y otros órganos en el momento de entrada en vigor.
• La disposición derogatoria derogó expresamente la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, y las Leyes Fundamentales del régimen anterior, y con carácter general cuantas disposiciones se opusieran a la Constitución.
• La disposición final ordenó la publicación de la Constitución también en las demás lenguas de España y fijó su entrada en vigor el día de su publicación en el BOE.

7. La reforma de la Constitución (Título X)

La rigidez constitucional se traduce en el Título X (artículos 166 a 169), que establece dos procedimientos de reforma —uno ordinario y otro agravado o extraordinario— según cuál sea la parte del texto que se pretende modificar, además de las reglas de iniciativa y los límites temporales.

7.1. La iniciativa de reforma (art. 166)

El artículo 166 remite la iniciativa de reforma a lo previsto en los apartados 1 y 2 del artículo 87. Están por tanto legitimados para proponer la reforma:

• El Gobierno.
• El Congreso de los Diputados y el Senado (iniciativa de las propias Cámaras).
• Las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que pueden solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto o remitir a la Mesa del Congreso una proposición.

Dato de examen muy repetido: queda excluida la iniciativa legislativa popular. El artículo 166 se remite solo a los apartados 1 y 2 del artículo 87, no al 87.3, que es el que regula la iniciativa popular; por eso los ciudadanos no pueden promover directamente una reforma de la Constitución mediante recogida de firmas. (El propio artículo 87.3, por su parte, excluye la iniciativa popular en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional y en lo relativo a la prerrogativa de gracia; la exclusión en materia de reforma constitucional no está en el 87.3, sino que deriva de que el artículo 166 no lo invoca.)

7.2. El procedimiento ordinario (art. 167)

El artículo 167 se aplica a la reforma de cualquier parte de la Constitución salvo las reservadas al procedimiento agravado. Sus fases son:

• Aprobación por mayoría de tres quintos (3/5) de cada una de las Cámaras (art. 167.1). Es la regla general.
• Comisión mixta paritaria: si no hay acuerdo entre Congreso y Senado, se crea una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presenta un texto que se votará de nuevo por ambas Cámaras (art. 167.1).
• Regla de desbloqueo: si aun así no se logra la aprobación mediante el procedimiento anterior, y siempre que el Senado haya aprobado el texto por mayoría absoluta, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios (2/3) (art. 167.2).
• Referéndum facultativo: aprobada la reforma por las Cortes Generales, se someterá a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte (1/10) de los miembros de cualquiera de las Cámaras (art. 167.3). Si nadie lo solicita en ese plazo, la reforma queda aprobada sin referéndum.

7.3. El procedimiento agravado o extraordinario (art. 168)

El artículo 168 reserva un procedimiento reforzado a las materias que la Constitución considera más sensibles. Se aplica cuando se proponga:

• la revisión total de la Constitución, o
• una revisión parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo II, Sección 1.ª del Título I (los derechos fundamentales de los artículos 15 a 29) o al Título II (De la Corona).

Sus fases, mucho más gravosas, son:

• Aprobación del principio de la reforma por mayoría de dos tercios (2/3) de cada Cámara.
• Disolución inmediata de las Cortes Generales y convocatoria de nuevas elecciones.
• Ratificación de la decisión por las nuevas Cámaras elegidas, que además procederán al estudio del nuevo texto constitucional, el cual deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios (2/3) de ambas Cámaras.
• Referéndum obligatorio: aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación. A diferencia del procedimiento ordinario, aquí el referéndum es preceptivo, no potestativo.

Compárese: en el ordinario basta 3/5 de cada Cámara (con reglas de desbloqueo) y el referéndum es facultativo; en el agravado se exige 2/3, la disolución de las Cortes, la ratificación por las nuevas Cámaras y un referéndum obligatorio. Es, con razón, uno de los procedimientos de reforma más rígidos del constitucionalismo comparado.

7.4. Los límites de la reforma (art. 169)

El artículo 169 establece un límite temporal o circunstancial: «no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116» (alarma, excepción y sitio). Es importante subrayar que la Constitución de 1978 no contiene «cláusulas de intangibilidad» o límites materiales expresos: a diferencia de otros textos (como la Ley Fundamental de Bonn, que blinda ciertos contenidos), en teoría cualquier parte de la Constitución española puede reformarse, siempre que se siga el procedimiento agravado cuando corresponda. Los únicos límites explícitos son, pues, los circunstanciales del artículo 169.

7.5. El alcance de la rigidez constitucional

La combinación de un procedimiento ordinario ya exigente (3/5 de ambas Cámaras) y un procedimiento agravado extraordinariamente gravoso (2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio) convierte a la Constitución española en una de las más rígidas de su entorno. Esa rigidez cumple una función de garantía: impide que mayorías coyunturales alteren con facilidad las reglas básicas de convivencia, y protege de modo especialmente reforzado el núcleo del sistema (Título Preliminar, derechos fundamentales de los arts. 15 a 29 y la Corona). Como contrapartida, se le ha reprochado que dificulta la adaptación del texto a nuevas realidades sociales, lo que explica que muchas de las tensiones se hayan canalizado por la vía de la interpretación del Tribunal Constitucional y por la legislación de desarrollo, más que por la reforma formal. De hecho, buena parte de los debates sobre una eventual reforma (la organización territorial, el Senado como cámara de representación territorial, la mención de las comunidades autónomas por su nombre, la incorporación expresa de la Unión Europea o la actualización de derechos sociales) siguen abiertos precisamente por la exigencia de amplios consensos que impone el Título X.

Debe distinguirse con claridad, además, entre reforma y mutación constitucional: la primera es la modificación del texto por los cauces del Título X; la segunda es el cambio en el significado o la aplicación de un precepto sin alterar su letra, algo frecuente por vía interpretativa. El programa de esta oposición se refiere a la reforma en sentido estricto.

8. Las cuatro reformas realizadas

Desde su entrada en vigor en 1978, la Constitución Española se ha reformado cuatro veces. Este dato es sensible al tiempo y debe manejarse con cuidado: la cuarta reforma es reciente y suele aparecer mal recogida en materiales antiguos que aún hablan de «dos» o «tres» reformas. A día de hoy son cuatro, y todas ellas se han tramitado por el procedimiento ordinario del artículo 167 (ninguna ha requerido el agravado del artículo 168), sin que en ninguna se llegara a celebrar referéndum. En orden cronológico:

1. Reforma del artículo 13.2, de 27 de agosto de 1992. La primera reforma añadió las palabras «y pasivo» al artículo 13.2 para permitir el sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de la Unión Europea en las elecciones municipales, en cumplimiento del Tratado de Maastricht. Fue necesaria porque el texto originario reconocía a los extranjeros solo el derecho de sufragio activo.
2. Reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011. La segunda reforma introdujo el principio de estabilidad presupuestaria, consagrando que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta y que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural superior a los márgenes fijados por la Unión Europea. Se aprobó en el contexto de la crisis financiera de la eurozona.
3. Reforma del artículo 49, de 15 de febrero de 2024 (publicada en el BOE de 17 de febrero de 2024). La tercera reforma sustituyó el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad» y actualizó por completo la redacción del artículo 49 para reforzar la protección y la autonomía de estas personas, en línea con la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Fue la primera reforma referida a la parte dogmática (aunque el art. 49 está en el Capítulo III, fuera del núcleo del art. 168, por lo que bastó el procedimiento ordinario).
4. Reforma del artículo 69.3, de 19 de mayo de 2026 (publicada en el BOE de 20 de mayo de 2026). La cuarta y más reciente reforma modificó la composición territorial del Senado para que Formentera elija senador propio: cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción a efectos de la elección de senadores, de modo que Formentera pasa a tener su propio senador. Su eficacia queda pospuesta a las primeras elecciones al Senado que se celebren tras su entrada en vigor.

En síntesis, a fecha de este tema la Constitución acumula cuatro reformas (arts. 13.2, 135, 49 y 69.3), la última de 2026. Cualquier afirmación que reduzca ese número a dos o a tres está desactualizada.

De cara al examen, este bloque suele preguntarse de tres maneras: por el número total de reformas (cuatro), por el emparejamiento artículo–contenido–año (13.2 con el sufragio de los comunitarios de 1992, 135 con la estabilidad presupuestaria de 2011, 49 con las personas con discapacidad de 2024 y 69.3 con el senador de Formentera de 2026) y por el procedimiento seguido (todas por el ordinario del art. 167, ninguna por el agravado del art. 168 y ninguna sometida finalmente a referéndum). Conviene también no confundir estas reformas efectivamente aprobadas con los numerosos proyectos de reforma que no prosperaron: la única reforma de la Constitución que se ha sometido a referéndum en España es, hasta la fecha, la del propio texto en 1978, ya que en ninguna de las cuatro reformas posteriores se solicitó la consulta facultativa del art. 167.3.

9. La Constitución en el sistema de fuentes y la Unión Europea

La Constitución es la norma suprema y, como tal, cabeza del sistema de fuentes. Por debajo de ella se sitúan, sucesivamente, los tratados internacionales y el Derecho de la Unión Europea, la ley (orgánica y ordinaria) y las normas del Gobierno con fuerza de ley, y el reglamento, subordinado a la ley. Dos preceptos del propio texto conectan el ordenamiento interno con el internacional y europeo, y por eso forman parte del «contenido» de la Constitución que el programa exige conocer:

• El artículo 96.1 dispone que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno, y que sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional. El tratado, por tanto, tiene una fuerza pasiva reforzada: una ley posterior no puede derogarlo unilateralmente.
• El artículo 93 es la «cláusula de integración europea»: mediante ley orgánica se puede autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Este artículo fue el cauce jurídico de la adhesión de España a las Comunidades Europeas (Tratado de Adhesión de 1985, en vigor el 1 de enero de 1986) y de la ratificación de los sucesivos tratados de la Unión.

La incorporación al Derecho de la Unión ha tenido dos consecuencias capitales que conviene no confundir. La primacía del Derecho de la Unión implica que, en caso de conflicto, la norma europea se aplica con preferencia a la interna, incluso a la ley nacional; y el efecto directo permite que los particulares invoquen ciertas normas europeas ante los tribunales. Ahora bien, el Tribunal Constitucional, en su Declaración 1/2004, precisó la diferencia entre primacía y supremacía: el Derecho de la Unión goza de primacía en su aplicación, pero la Constitución sigue siendo la norma suprema del ordenamiento y el fundamento último de validez, de modo que esa primacía opera dentro del marco que la propia Constitución consiente a través del artículo 93. Es una distinción fina, pero de las que el examen aprecia.

Por último, aunque la Constitución no menciona expresamente a la Unión Europea en su articulado —una de las reformas más debatidas y nunca realizadas sería precisamente su constitucionalización explícita—, la pertenencia a la Unión condiciona hoy amplios sectores del ordenamiento, incluida la coordinación de los sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros, que se rige por reglamentos europeos de aplicación directa (materia que se retomará en los temas de la parte europea y en la específica de Seguridad Social).

10. Claves de examen y errores frecuentes

Este tema, por ser el primero del programa y de estructura muy memorística, se presta a preguntas «trampa» que giran siempre sobre los mismos puntos. Conviene tenerlos localizados:

• Fechas. No confundir el referéndum (6-dic-1978), la sanción del Rey (27-dic-1978) y la publicación y entrada en vigor (29-dic-1978). El Día de la Constitución conmemora el referéndum, pero la vigencia jurídica arranca el 29 de diciembre.
• Número de artículos y disposiciones. Son 169 artículos (título preliminar + diez títulos) y 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. Es un distractor clásico alterar cualquiera de esas cifras.
• El preámbulo. Tiene valor interpretativo, no normativo: no se pueden fundar en él pretensiones jurídicas directas. Afirmar que «carece de todo valor» o que «tiene valor normativo pleno» es igualmente falso.
• Parte dogmática y orgánica. La dogmática es Título Preliminar + Título I; la orgánica, del Título II al X. Un error común es incluir el Título Preliminar en la parte orgánica.
• Iniciativa de reforma. No cabe la iniciativa popular (el art. 166 remite solo a los apartados 1 y 2 del art. 87). Sí pueden iniciarla el Gobierno, el Congreso, el Senado y las Asambleas de las CCAA.
• Mayorías de reforma. Ordinaria (art. 167): 3/5 de cada Cámara y referéndum facultativo. Agravada (art. 168): 2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio. No confundir las fracciones ni el carácter del referéndum.
• Materias del art. 168. El procedimiento agravado se reserva a cuatro supuestos: la revisión total y, en la revisión parcial, el Título Preliminar, los derechos fundamentales de los artículos 15 a 29 (Sección 1.ª del Capítulo II del Título I) y el Título II (Corona). El artículo 14 (igualdad) y el resto del Título I van por el procedimiento ordinario.
• Límites de la reforma. El único límite expreso es el circunstancial del art. 169 (no reformar en tiempo de guerra ni bajo los estados del art. 116). La Constitución no tiene cláusulas de intangibilidad materiales.
• Número de reformas. Son cuatro (1992, 2011, 2024 y 2026). Cualquier material que diga «dos» o «tres» está desactualizado. Todas se tramitaron por el procedimiento ordinario y ninguna se sometió a referéndum.
• La reforma de 2026. Afectó al art. 69.3 (Senado), no a la Corona ni a los derechos fundamentales; por eso bastó el procedimiento ordinario. Atribuye a Formentera senador propio y su eficacia se pospone a las próximas elecciones al Senado.

Esquema de repaso

La Constitución de un vistazo

Aprobación	Cortes 31-oct-1978 · referéndum 6-dic-1978 · sanción del Rey 27-dic-1978
Publicación y vigor	BOE de 29-dic-1978 (entró en vigor ese mismo día)
Estructura	Preámbulo (interpretativo, no normativo) + título preliminar + 10 títulos = 169 artículos
Disposiciones	4 adicionales · 9 transitorias · 1 derogatoria · 1 final
Caracteres	Escrita · codificada · rígida · extensa · derivada · de consenso
Partes	Dogmática (T. Preliminar + T. I) · orgánica (T. II a T. X)

Los diez títulos

Título	Materia	Arts.
Preliminar	Principios y valores del Estado	1-9
I	Derechos y deberes fundamentales	10-55
II	La Corona	56-65
III	Las Cortes Generales	66-96
IV	Gobierno y Administración	97-107
V	Relaciones Gobierno-Cortes	108-116
VI	Poder Judicial	117-127
VII	Economía y Hacienda	128-136
VIII	Organización Territorial	137-158
IX	Tribunal Constitucional	159-165
X	Reforma constitucional	166-169

La reforma constitucional (Título X)

Iniciativa (art. 166 → art. 87.1 y 2): Gobierno · Congreso · Senado · Asambleas de las CCAA. No cabe iniciativa popular.

	Ordinaria · art. 167	Agravada · art. 168
Cuándo se usa	Resto del texto constitucional	Revisión total · T. Preliminar · arts. 15-29 · T. II (Corona)
Mayoría	3/5 de cada Cámara	2/3 de cada Cámara
Disolución de Cortes	No	Sí; las nuevas Cámaras ratifican y aprueban por 2/3
Referéndum	Facultativo (1/10 de una Cámara, 15 días)	Obligatorio

Límite (art. 169): no puede iniciarse en tiempo de guerra ni bajo los estados del art. 116 (alarma, excepción o sitio).

Las cuatro reformas realizadas

Año	Artículo	Qué cambió
1992	art. 13.2	Sufragio pasivo de los comunitarios en elecciones municipales (Tratado de Maastricht)
2011	art. 135	Estabilidad presupuestaria; prioridad del pago de la deuda pública
2024	art. 49	«Personas con discapacidad» (sustituye el término «disminuidos»)
2026	art. 69.3	Formentera elige senador propio

Recuerda: la Constitución acumula CUATRO reformas (1992, 2011, 2024 y 2026), todas por el procedimiento ordinario del art. 167 y ninguna sometida a referéndum.

Ideas fuerza

• La Constitución se publicó y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978; el referéndum fue el 6 de diciembre (Día de la Constitución) y la sanción del Rey el 27 de diciembre.
• Estructura: título preliminar + diez títulos = 169 artículos, más 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final. El preámbulo no es normativo, pero orienta la interpretación.
• La parte dogmática (T. Preliminar + T. I) recoge valores y derechos; la parte orgánica (T. II a X) regula los órganos del Estado.
• El art. 1 concentra tres decisiones: Estado social y democrático de Derecho y valores superiores (1.1), soberanía en el pueblo (1.2) y Monarquía parlamentaria (1.3).
• La Seguridad Social tiene anclaje constitucional en el art. 41 (Capítulo III del Título I): régimen público para todos los ciudadanos ante situaciones de necesidad.
• La reforma se regula en el Título X (arts. 166-169). La iniciativa excluye a los ciudadanos (no hay iniciativa popular en reforma constitucional).
• Procedimiento ordinario (art. 167): 3/5 de cada Cámara y referéndum facultativo (a petición de 1/10 de una Cámara en 15 días).
• Procedimiento agravado (art. 168) para revisión total o del T. Preliminar, arts. 15-29 o T. II: 2/3, disolución de las Cortes, ratificación por las nuevas Cámaras y referéndum obligatorio.
• Único límite expreso: el circunstancial del art. 169 (no reformar en guerra ni bajo estados de alarma, excepción o sitio). No hay cláusulas de intangibilidad materiales.
• La Constitución se ha reformado cuatro veces: art. 13.2 (1992), art. 135 (2011), art. 49 (2024) y art. 69.3 (2026, senador de Formentera), todas por el procedimiento ordinario.
• España ha tenido seis constituciones (1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931), más los proyectos no promulgados de 1856 y 1873; el Estatuto de Bayona (1808) y el Estatuto Real (1834) fueron cartas otorgadas, no constituciones.
• El art. 9.3 garantiza siete principios: legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de lo sancionador desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
• El art. 93 (cláusula de integración) fue la vía de la adhesión a las Comunidades Europeas; el art. 96 incorpora los tratados al ordenamiento tras su publicación. La primacía del Derecho de la UE convive con la supremacía de la Constitución (Declaración TC 1/2004).