El procedimiento administrativo común. La capacidad de obrar y el concepto de interesado. Representación. Identificación y firma de los interesados. Derechos del interesado en el procedimiento administrativo. Obligación de resolver y silencio administrativo. Términos y plazos.

Tema desarrollado para el primer ejercicio del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social (subgrupo C1, ingreso libre). El contenido está verificado, artículo por artículo, contra el texto consolidado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). Es uno de los temas más rentables del bloque de Derecho Administrativo: describe el andamiaje sobre el que se levantan todos los procedimientos —quién puede actuar, cómo se identifica, qué derechos tiene, en qué plazos se resuelve y qué ocurre cuando la Administración calla— y de él caen preguntas en prácticamente todas las convocatorias. El programa evaluable exacto es el del Anexo de tu convocatoria (Resolución de 22 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-27158).

Índice

• 1. El procedimiento administrativo común: concepto y sentido de la LPAC
• 2. La capacidad de obrar ante las Administraciones (art. 3)
• 3. El concepto de interesado (art. 4)
• 4. La representación y el registro de apoderamientos (arts. 5 y 6)
• 5. Identificación y firma de los interesados (arts. 9 a 12 y 14)
• 6. Derechos de las personas y del interesado (arts. 13 y 53)
• 7. La obligación de resolver y la suspensión del plazo (arts. 21 y 22)
• 8. El silencio administrativo (arts. 24 y 25)
• 9. Términos y plazos (arts. 29 a 33)
• 10. Esquema-resumen y advertencias de examen

1. El procedimiento administrativo común: concepto y sentido de la LPAC

La Administración no puede actuar de cualquier modo ni por impulsos: para producir un acto que afecte a los derechos de las personas debe seguir un cauce formal, sucesivo y reglado. Ese cauce es el procedimiento administrativo, definido tradicionalmente como el conjunto ordenado de trámites y actuaciones que, formalizados por escrito o por medios electrónicos, preceden y preparan la decisión administrativa. El procedimiento cumple una doble función: de un lado es una garantía del ciudadano, porque le permite conocer qué se decide sobre él, alegar, aportar prueba y ser oído; de otro es un instrumento de acierto y eficacia para la propia Administración, que llega a la resolución tras reunir los datos, informes y valoraciones necesarios.

La regulación de ese cauce corresponde al Estado con carácter básico. El artículo 149.1.18.ª de la Constitución reserva a la competencia exclusiva estatal «las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas» y «el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas». De ese título nace la LPAC, que en 2015 sustituyó a la vieja Ley 30/1992 y separó en dos textos lo que antes iba junto: la Ley 39/2015 (LPAC) regula la relación de la Administración con los ciudadanos —el procedimiento, los actos, los recursos—, mientras que la Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización y el funcionamiento interno del sector público. Este tema se mueve por entero dentro de la primera.

Conviene fijar desde el principio una idea que la LPAC lleva en su ADN: es una ley pensada para una Administración electrónica. La tramitación en papel deja de ser la regla y pasa a ser la excepción; la identificación, la firma, los registros, las notificaciones y los apoderamientos se conciben, por defecto, en soporte digital. Muchas de las novedades que el tema recoge —el registro electrónico de apoderamientos, el Punto de Acceso General electrónico, la obligación de ciertos sujetos de relacionarse por medios electrónicos— solo se entienden desde esa premisa. La ley no obliga a todo el mundo a lo electrónico, pero sí lo convierte en el escenario natural y reserva el papel para las personas físicas que expresamente lo elijan.

El procedimiento administrativo común es, además, uno solo. La LPAC abandonó la idea de procedimientos «especiales» yuxtapuestos y estableció un único procedimiento con las mismas fases para todos, integrando en su seno lo que antes eran procedimientos separados (el sancionador y el de responsabilidad patrimonial pasaron a ser especialidades dentro del común, no cauces aparte). Sobre ese tronco común, este tema desgrana los presupuestos subjetivos (quién actúa y cómo se acredita) y las reglas temporales (obligación de resolver, silencio, plazos) que gobiernan cualquier expediente.

1.1. Ámbito de aplicación

La LPAC se aplica al sector público, concepto que integra la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que componen la Administración Local y el sector público institucional (organismos públicos y entidades de Derecho público vinculados o dependientes de aquellas). Cuando esas entidades de Derecho público actúan ejerciendo potestades administrativas, se rigen por la LPAC; cuando actúan sujetas al Derecho privado, quedan al margen del procedimiento común salvo en lo que expresamente se les aplique. Las corporaciones de Derecho público (colegios profesionales, cámaras) se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la LPAC cuando ejerzan funciones administrativas. Esta delimitación importa porque el tema entero presupone que estamos ante una actuación administrativa sometida a Derecho público: solo entonces operan la capacidad de obrar administrativa, el silencio y el resto de institutos que aquí se estudian.

1.2. Capacidad, condición de interesado y legitimación

Antes de entrar en el detalle conviene deslindar tres conceptos que el opositor tiende a mezclar y que la LPAC mantiene separados. La capacidad de obrar (art. 3) es la aptitud abstracta para realizar actos con eficacia jurídica ante la Administración; es un presupuesto general, previo a cualquier procedimiento concreto. La condición de interesado (art. 4) es la posición cualificada que ocupa, dentro de un procedimiento determinado, quien es titular de derechos o intereses legítimos afectados por él. Y la legitimación es la relación específica entre el sujeto y el objeto del procedimiento que justifica su intervención. Se puede tener capacidad de obrar y no ser interesado en un expediente concreto (quien no tiene ningún derecho o interés en juego); y a la inversa, no cabe ser interesado sin capacidad de obrar. La secuencia lógica, por tanto, es: primero se comprueba la capacidad; después, si existe una relación cualificada con el objeto del procedimiento, nace la condición de interesado; y solo el interesado goza de los derechos del artículo 53 y de la legitimación para recurrir.

2. La capacidad de obrar ante las Administraciones (art. 3)

Para intervenir en un procedimiento hay que tener capacidad de obrar, esto es, aptitud para realizar actos con eficacia jurídica ante la Administración. El artículo 3 de la LPAC no remite sin más al Derecho civil: fija una capacidad de obrar administrativa que en algunos puntos es más amplia que la civil, precisamente para no dejar sin defensa a quienes el ordenamiento reconoce ciertos ámbitos de actuación autónoma. Según el precepto, tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

• a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Este es el criterio general: se remite al Código Civil, de modo que la mayoría de edad y la ausencia de resolución que modifique la capacidad marcan la regla común.
• b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Es el punto donde la capacidad administrativa se separa de la civil: un menor puede actuar por sí mismo cuando una norma le habilita para ello (por ejemplo, en ciertos ámbitos laborales, sanitarios o educativos). Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la resolución que modifica la capacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos de que se trate.
• c) Cuando la Ley lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Aquí la capacidad no es automática: exige un reconocimiento legal expreso. La comunidad de bienes, la herencia yacente o un grupo de afectados solo tienen capacidad de obrar si una ley concreta se la atribuye para el ámbito de que se trate.

La distinción entre los tres apartados es un clásico de examen. El error típico consiste en presentar como automática la capacidad de las entidades sin personalidad; no lo es: depende de declaración legal expresa. Y otro error frecuente es negar toda capacidad al menor: la tiene, pero limitada a los ámbitos en que el ordenamiento le permite actuar sin asistencia. La capacidad de obrar es, además, un presupuesto distinto de la condición de interesado: se puede tener capacidad y no ser interesado en un procedimiento concreto, y la ley exige ambas cosas para actuar válidamente en él.

3. El concepto de interesado (art. 4)

No basta con tener capacidad de obrar: para intervenir en un procedimiento hay que ostentar en él la condición de interesado, que la LPAC vincula a la titularidad de derechos o intereses legítimos afectados por la decisión. El artículo 4.1 identifica tres categorías de interesados:

• a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Es el interesado por excelencia: quien inicia el procedimiento porque una decisión favorable satisface un derecho o interés propio.
• b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte. Nótese la diferencia con la letra siguiente: aquí se habla de derechos, y basta con que puedan resultar afectados; su llamada al procedimiento es prácticamente obligada para la Administración.
• c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. La clave de esta tercera categoría es doble: se refiere a intereses legítimos (no a derechos ya consolidados) y su incorporación exige un acto de personación, que además tiene un límite temporal —mientras no haya resolución definitiva—.

El deslinde entre las letras b) y c) es la trampa más habitual del precepto. El titular de un derecho afectado (letra b) es interesado aunque no se persone, porque la Administración debe traerlo al procedimiento; el titular de un mero interés legítimo (letra c) solo adquiere la condición si se persona y lo hace a tiempo. Distinguir «derecho» de «interés legítimo» y recordar que solo el segundo exige personación permite resolver casi cualquier pregunta sobre este artículo.

El artículo 4 se completa con dos reglas. El apartado 2 reconoce que las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca: es la puerta de entrada de sindicatos, asociaciones de consumidores o colegios profesionales a los procedimientos que afectan a los intereses que representan. Y el apartado 3 regula la sucesión en la condición de interesado: cuando esa condición derive de una relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en ella cualquiera que sea el estado del procedimiento. Si fallece el titular o transmite el bien o derecho de que se trate, quien le sucede ocupa su posición sin que el expediente tenga que reiniciarse.

El concepto de interés legítimo merece un apunte adicional, porque es más amplio que el de derecho subjetivo pero más estricto que el simple interés en la legalidad. Interés legítimo es toda ventaja o utilidad jurídica que la persona obtendría del éxito de su pretensión y que va más allá del interés genérico de cualquier ciudadano en que se cumpla la ley: quien vive junto a una industria tiene interés legítimo en el procedimiento de su autorización ambiental aunque no sea titular de un derecho subjetivo sobre ella. Ese interés cualificado es lo que legitima para intervenir (art. 4.1.c) y, después, para recurrir. La jurisprudencia ha ampliado progresivamente este concepto, pero mantiene el límite de que no basta el interés abstracto en la legalidad: se exige una relación material entre el sujeto y el objeto del procedimiento de la que pueda derivarse un beneficio o un perjuicio efectivos.

4. La representación y el registro de apoderamientos (arts. 5 y 6)

4.1. La actuación por medio de representante (art. 5)

El interesado con capacidad de obrar no está obligado a actuar personalmente: puede hacerlo por medio de representante, y en tal caso las actuaciones administrativas se entienden con este, salvo manifestación expresa en contra del interesado (art. 5.1). La ley parte, pues, de una regla favorable a la representación: nombrado el representante, la Administración se dirige a él.

¿Quién puede ser representante? El artículo 5.2 admite como tales a las personas físicas con capacidad de obrar y a las personas jurídicas, estas últimas siempre que ello esté previsto en sus Estatutos. Es un matiz que conviene retener: una persona jurídica solo puede representar a otro si sus estatutos lo contemplan.

La cuestión más preguntada es cuándo hay que acreditar la representación y cuándo se presume. El artículo 5.3 distingue con nitidez:

• Debe acreditarse la representación para los actos de mayor entidad: formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona.
• Se presume la representación para los actos y gestiones de mero trámite.

La representación puede acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia (art. 5.4). Entre esos medios, la ley destaca el apoderamiento «apud acta» —otorgado por comparecencia personal o electrónica en la sede— y la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos. El órgano que tramita debe incorporar al expediente la acreditación de la condición de representante y de los poderes reconocidos, valiendo a tal efecto el documento electrónico que refleje el resultado de la consulta al registro (art. 5.5).

Especial relevancia práctica tiene el artículo 5.6: la falta o insuficiente acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto en el plazo de diez días que el órgano debe conceder al efecto, o en un plazo superior si las circunstancias lo requieren. Es una regla antiformalista: prima la voluntad de actuar sobre el defecto documental, que se sana. Finalmente, el apartado 7 permite a las Administraciones habilitar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, sin perjuicio de que el interesado pueda comparecer siempre por sí mismo.

4.2. El registro electrónico de apoderamientos (art. 6)

Para dar seguridad y agilidad a la representación, la LPAC obliga a la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales a disponer de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse al menos los poderes de carácter general otorgados apud acta por quien ostente la condición de interesado a favor de un representante. En el ámbito estatal ese registro es el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Junto a los registros generales pueden existir registros particulares en cada organismo para los trámites específicos que en él se realicen (art. 6.1).

Los registros —generales y particulares y de todas las Administraciones— han de ser plenamente interoperables entre sí e interoperables también con los registros mercantil, de la propiedad y de los protocolos notariales, de modo que pueda comprobarse la representación de quien actúa en nombre de un tercero (art. 6.2). Cada asiento debe contener, al menos, los datos identificativos de poderdante y apoderado, la fecha de inscripción, el período por el que se otorga el poder y el tipo de poder (art. 6.3).

El artículo 6.4 tasa las tres tipologías de poder inscribibles, distinción muy preguntada:

• a) Poder general: el apoderado puede actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
• b) Poder ante una Administración u Organismo concreto: el apoderado puede actuar en cualquier actuación administrativa, pero solo ante una Administración u organismo determinado.
• c) Poder para trámites determinados: el apoderado solo puede actuar para la realización de trámites específicos señalados en el poder.

El apoderamiento apud acta se otorga por comparecencia electrónica en la sede (con los sistemas de firma de la ley) o por comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 6.5). Y un dato numérico que cae con frecuencia: los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción, pudiendo el poderdante revocar o prorrogar el poder en cualquier momento antes de su fin; las prórrogas tienen igualmente una validez máxima de cinco años desde la inscripción (art. 6.6). Las solicitudes de inscripción, revocación, prórroga o denuncia pueden dirigirse a cualquier registro, surtiendo efectos desde la fecha en que queden inscritas (art. 6.7).

El registro debe hacer constar, además, el bastanteo realizado del poder, esto es, la verificación por la Administración de que el documento presentado acredita efectivamente las facultades que se dicen otorgadas. Junto a la representación acreditada por poder, la ley admite la habilitación del artículo 5.7: la Administración puede autorizar, con carácter general o específico, a personas físicas o jurídicas para realizar determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados, fijando las condiciones y obligaciones asumidas y presumiéndose válida la representación así habilitada, sin perjuicio de que pueda requerirse su acreditación en cualquier momento y de que el interesado siempre pueda comparecer por sí mismo. Distinguir el apoderamiento (voluntad del poderdante, inscrita en el registro) de la habilitación (autorización administrativa a colectivos para operar electrónicamente) evita otro error frecuente.

5. Identificación y firma de los interesados (arts. 9 a 12 y 14)

La Administración necesita saber quién actúa (identificación) y, cuando el acto lo exige, constatar que esa persona expresa su voluntad (firma). La LPAC separa cuidadosamente ambos conceptos: identificar no es lo mismo que firmar, y no todos los trámites requieren firma.

5.1. Identificación (art. 9)

Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el DNI o documento identificativo equivalente (art. 9.1). Para la identificación electrónica, el artículo 9.2 admite tres tipos de sistemas: a) los basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»; b) los basados en certificados cualificados de sello electrónico; y c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, previo registro del usuario y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital. La ley garantiza que los sistemas de las letras a) y b) sean siempre posibles para cualquier procedimiento. Un dato relevante del apartado 4: la aceptación de un sistema por la Administración General del Estado sirve para acreditar, salvo prueba en contrario, la identificación ante todas las Administraciones.

5.2. Firma (art. 10)

Los interesados pueden firmar por cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento (art. 10.1). Si optan por relacionarse electrónicamente, se consideran válidos como firma: los sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados cualificados de firma; los de sello electrónico cualificado y avanzado; y cualquier otro sistema admitido en los términos del apartado c). Un punto que suele confundirse: cuando la normativa lo disponga expresamente, la Administración puede admitir los sistemas de identificación como sistema de firma si permiten acreditar la voluntad y el consentimiento (art. 10.4). Y, a la inversa, cuando el interesado usa un sistema de firma, su identidad se entiende ya acreditada por el propio acto de la firma (art. 10.5): quien firma, se identifica.

5.3. Cuándo se exige firma (art. 11)

Este es uno de los artículos más rentables del tema. La regla general (art. 11.1) es que, para cualquier actuación del procedimiento, basta con la identificación previa. La firma solo se exige obligatoriamente en los cinco supuestos tasados del artículo 11.2:

• a) Formular solicitudes.
• b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
• c) Interponer recursos.
• d) Desistir de acciones.
• e) Renunciar a derechos.

La coincidencia con los actos que exigen acreditar la representación (art. 5.3) no es casual: son las mismas actuaciones de mayor entidad. Memorizar esta lista de cinco supuestos —y recordar que fuera de ellos basta la identificación— resuelve muchas preguntas.

5.4. Asistencia y funcionario habilitado (art. 12)

La ley se preocupa por quien no maneja medios electrónicos. El artículo 12 obliga a las Administraciones a garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente y a asistir en su uso a quienes no estén obligados a ello y lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. Si un interesado no obligado no dispone de los medios electrónicos, su identificación o firma podrá ser realizada válidamente por un funcionario público habilitado mediante su propio sistema de firma; para ello el interesado debe identificarse ante el funcionario y prestar su consentimiento expreso, del que ha de quedar constancia. Cada Administración mantiene un registro de funcionarios habilitados, interoperable, en el que constan al menos los que prestan servicio en las oficinas de asistencia en materia de registros.

5.5. Los obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14)

El artículo 14 fija quién puede elegir el canal y quién no. La regla (art. 14.1) es que las personas físicas eligen en todo momento si se comunican con la Administración por medios electrónicos o no, pudiendo cambiar de canal cuando quieran. Pero el artículo 14.2 impone la obligación de relacionarse electrónicamente a los siguientes sujetos, para cualquier trámite:

• a) Las personas jurídicas.
• b) Las entidades sin personalidad jurídica.
• c) Quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria, para los trámites propios de esa actividad; se entienden incluidos en todo caso los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
• d) Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente.
• e) Los empleados de las Administraciones para los trámites que realicen por razón de su condición, en la forma que reglamentariamente se determine.

Además, el apartado 3 permite que reglamentariamente se extienda la obligación a determinados procedimientos y a ciertos colectivos de personas físicas que, por su capacidad económica, técnica o dedicación profesional, tengan acreditado el acceso a los medios electrónicos. El error clásico aquí es incluir a «todas las personas físicas» entre los obligados: no lo están; solo lo están las de la lista y las que un reglamento añada por reunir esas condiciones.

¿Qué ocurre si un sujeto obligado presenta una solicitud en papel? La consecuencia no es el rechazo inmediato, sino la aplicación de la regla de subsanación del artículo 68.4: la Administración requerirá al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, considerándose como fecha de presentación aquella en que se realice la subsanación. Es una manifestación más del principio antiformalista que recorre la ley: el defecto de canal se corrige, no se penaliza con la pérdida del derecho, aunque sí desplaza la fecha a efectos de plazo. Esta conexión entre el artículo 14 y el 68.4 es un guiño habitual del examen para comprobar si el opositor entiende que «obligado a lo electrónico» no significa «inadmisión automática del papel».

5.6. El ecosistema de la Administración electrónica

Los artículos anteriores no se entienden aislados, sino como piezas de un mismo engranaje digital. El Punto de Acceso General electrónico es el portal único a través del cual las personas se comunican con la Administración (art. 13.a) y consultan el estado de sus procedimientos (art. 53.1.a): funciona como la «puerta de entrada» común. La sede electrónica es la dirección electrónica de titularidad y responsabilidad de una Administración desde la que se realizan las actuaciones y cuyo reloj oficial marca el cómputo de plazos del registro (art. 31.2). Las oficinas de asistencia en materia de registros sustituyen a los antiguos registros presenciales y son el lugar donde el ciudadano no obligado a lo electrónico obtiene ayuda para identificarse, presentar solicitudes o apoderar apud acta de forma presencial (arts. 6.5 y 12.2). Y los funcionarios habilitados son quienes, en esas oficinas, pueden identificar o firmar por el interesado que carece de medios, previo su consentimiento expreso (art. 12.2 y 12.3). Comprender que identificación, firma, registro, apoderamiento y asistencia forman un sistema coherente —y no una lista inconexa de trámites— es lo que permite responder con seguridad las preguntas que cruzan varios de estos artículos.

El sistema Cl@ve es el ejemplo práctico más citado de identificación y firma para las personas físicas: permite identificarse mediante contraseña concertada (con o sin certificado) y realizar firmas en la nube, encajando en las previsiones de los artículos 9 y 10. Su existencia ilustra la filosofía de la ley: ofrecer al ciudadano medios accesibles para relacionarse electrónicamente sin necesidad de disponer siempre de un certificado en dispositivo, garantizando en todo caso que los sistemas basados en certificados cualificados de firma sigan estando disponibles para cualquier procedimiento.

6. Derechos de las personas y del interesado (arts. 13 y 53)

La LPAC distingue dos catálogos de derechos que a menudo se confunden: los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración (art. 13), que corresponden a cualquiera que tenga capacidad de obrar aunque no sea parte en un procedimiento, y los derechos del interesado en el procedimiento (art. 53), reservados a quien ya es parte en un expediente concreto.

6.1. Derechos de las personas (art. 13)

Quienes conforme al artículo 3 tienen capacidad de obrar son titulares, en sus relaciones con las Administraciones, de los siguientes derechos:

• a) A comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico.
• b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
• c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
• d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, conforme a la Ley 19/2013 de transparencia.
• e) A ser tratados con respeto y deferencia por autoridades y empleados, que deben facilitarles el ejercicio de sus derechos.
• f) A exigir responsabilidades de las Administraciones y autoridades cuando corresponda legalmente.
• g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica de la ley.
• h) A la protección de datos de carácter personal, y a la seguridad y confidencialidad de los datos.
• i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes.

El precepto se cierra advirtiendo que estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos a los interesados en el artículo 53. Es decir, el artículo 13 es el «suelo» común de cualquier persona; el artículo 53 añade una capa adicional para quien es parte en un procedimiento.

6.2. Derechos del interesado en el procedimiento (art. 53)

Además del resto de derechos de la ley, el interesado en un procedimiento tiene los del artículo 53.1:

• a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación y a acceder y obtener copia de los documentos; también a conocer el sentido del silencio que corresponda, el órgano competente para instrucción y resolución y los actos de trámite dictados. Quien se relaciona electrónicamente puede consultar esta información en el Punto de Acceso General electrónico.
• b) A identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos.
• c) A no presentar documentos originales salvo que excepcionalmente lo exija la norma, con derecho en tal caso a obtener copia autenticada.
• d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas o que ya obren en poder de las Administraciones o hayan sido elaborados por ellas.
• e) A formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, que deben ser tenidos en cuenta al redactar la propuesta de resolución.
• f) A obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos de sus proyectos o solicitudes.
• g) A actuar asistido de asesor cuando lo considere conveniente.
• h) A cumplir las obligaciones de pago por medios electrónicos (art. 98.2).
• i) Cualesquiera otros reconocidos por la Constitución y las leyes.

El artículo 53.2 añade, para los procedimientos sancionadores, derechos específicos del presunto responsable: a ser notificado de los hechos imputados, de las infracciones que puedan constituir y de las sanciones posibles, así como de la identidad del instructor y de la autoridad competente; y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario (la traslación al ámbito administrativo de la presunción de inocencia). Distinguir el catálogo común (53.1) del sancionador (53.2) es otra clave de examen.

6.3. La diferencia práctica entre los artículos 13 y 53

La clave para no confundir ambos catálogos es preguntarse quién es el titular del derecho. El artículo 13 corresponde a cualquier persona con capacidad de obrar, aunque no tenga ningún expediente abierto: puede dirigirse a la Administración, ser tratada con respeto, usar las lenguas oficiales, acceder a la información pública o exigir la protección de sus datos. Son derechos de relación, previos e independientes de cualquier procedimiento. El artículo 53, en cambio, presupone que la persona ya es parte en un procedimiento concreto: por eso sus derechos giran en torno a la tramitación —conocer su estado, el sentido del silencio, el órgano competente, formular alegaciones, no presentar documentos que ya obran en poder de la Administración, actuar asistido de asesor—. Un mismo sujeto puede ser titular de ambos catálogos simultáneamente, pero un ciudadano que solo pide información general disfruta de los del artículo 13 y no de los del 53, porque todavía no es interesado en ningún expediente. La propia ley subraya la relación de complementariedad al cerrar el artículo 13 recordando que sus derechos se entienden «sin perjuicio» de los del 53. En el examen, atribuir al artículo 13 un derecho que es del 53 (o viceversa) es un fallo recurrente que se evita reteniendo esta idea de «suelo común» frente a «capa del interesado».

7. La obligación de resolver y la suspensión del plazo (arts. 21 y 22)

7.1. La obligación de resolver (art. 21)

El artículo 21 abre con un principio capital: la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. El silencio no libera de este deber; es, como veremos, una ficción que protege al ciudadano, no un permiso para no resolver.

La propia ley matiza el alcance del deber. En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud y desaparición sobrevenida del objeto, la resolución consiste simplemente en declarar la circunstancia concurrente, con indicación de los hechos y las normas aplicables. Y se exceptúan de la obligación de resolver expresamente dos supuestos: los procedimientos terminados por pacto o convenio y los relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.

Los plazos son el núcleo cuantitativo del precepto:

• El plazo máximo para notificar la resolución es el que fije la norma reguladora del procedimiento, pero no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno mayor (art. 21.2).
• Cuando las normas no fijen plazo, este será de tres meses (art. 21.3). Es el plazo supletorio general.

El cómputo del inicio del plazo (art. 21.3) difiere según cómo empiece el procedimiento: en los iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla. La ley obliga además a informar al interesado del plazo máximo y del sentido del silencio, mención que se incluye en la notificación del acuerdo de inicio de oficio o en la comunicación dirigida al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de su solicitud (art. 21.4).

Finalmente, el artículo 21.6 establece la responsabilidad del personal y de los titulares de los órganos por el incumplimiento del deber de resolver en plazo, que puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria. El deber de resolver, por tanto, no es una recomendación: su desatención tiene consecuencias.

Conviene precisar las cinco circunstancias en que la resolución se limita a declarar lo que ha ocurrido, porque se confunden con facilidad. La prescripción es la extinción de un derecho o acción por el transcurso del tiempo sin ejercicio; la caducidad del procedimiento es la terminación por paralización imputable al interesado (en los iniciados a su solicitud) o el efecto del silencio en los de oficio de gravamen; el desistimiento es el abandono por el interesado de su solicitud concreta, sin renunciar al derecho, de modo que podría volver a pedir lo mismo si el derecho subsiste; la renuncia es el abandono del derecho mismo, definitiva; y la desaparición sobrevenida del objeto se produce cuando aquello sobre lo que versaba el procedimiento deja de existir. En todos estos casos la Administración no entra en el fondo, pero sí debe dictar una resolución que declare formalmente la circunstancia con los hechos y las normas aplicables. La diferencia entre desistimiento (de la solicitud) y renuncia (del derecho) es una pregunta clásica: quien desiste conserva su derecho; quien renuncia lo pierde.

7.2. La suspensión del plazo máximo para resolver (art. 22)

El transcurso del plazo máximo puede suspenderse, distinguiendo la ley entre supuestos en que la suspensión es potestativa («se podrá suspender», art. 22.1) y aquellos en que es obligada («se suspenderá», art. 22.2). Entre los del artículo 22.1 —potestativos— destacan:

• a) Cuando se requiera al interesado la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos, por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su cumplimiento (o el plazo concedido).
• b) y c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo de la Unión Europea, o exista un procedimiento no finalizado en su ámbito que condicione la resolución.
• d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración; esta suspensión no puede exceder de tres meses, y si el informe no llega en ese plazo, el procedimiento prosigue.
• e) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios propuestos por los interesados.
• f) Cuando se inicien negociaciones con vistas a un pacto o convenio.
• g) Cuando sea indispensable un pronunciamiento judicial previo.

Entre los del artículo 22.2 —de suspensión obligada— figuran el requerimiento de una Administración a otra para que anule o revise un acto ilegal que sirva de base, la realización de actuaciones complementarias del artículo 87, y la recusación planteada por los interesados, desde que se plantea hasta que la resuelve el superior jerárquico del recusado. La distinción entre suspensión potestativa (22.1) y obligada (22.2), y el límite de tres meses de la suspensión por informes, son los puntos que más se preguntan del precepto.

8. El silencio administrativo (arts. 24 y 25)

El silencio administrativo es la respuesta que el ordenamiento da a la inactividad de la Administración: transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, la ley atribuye un sentido —estimatorio o desestimatorio— a ese silencio para no dejar al ciudadano indefenso. Es esencial entender que el silencio no exime de la obligación de resolver: es una garantía a favor del interesado, no un privilegio de la Administración morosa. El régimen difiere radicalmente según el procedimiento se haya iniciado a solicitud del interesado o de oficio.

La naturaleza del silencio es distinta según su signo, y de ella derivan casi todas las consecuencias del instituto. El silencio estimatorio es un verdadero acto administrativo presunto, finalizador del procedimiento, que produce todos sus efectos desde el vencimiento del plazo y que puede hacerse valer frente a la Administración y frente a cualquier tercero. El silencio desestimatorio, en cambio, no es un acto, sino una mera ficción legal creada para un único fin: abrir al interesado la vía de recurso, evitando que la pasividad administrativa le impida acceder a la revisión administrativa o judicial. Esta diferencia de naturaleza explica que la resolución tardía quede vinculada al silencio positivo (no puede contradecir un acto ya nacido) pero sea libre frente al negativo (no hay acto que respetar), y que la existencia del acto presunto pueda acreditarse por cualquier medio de prueba, incluido el certificado que el órgano competente ha de expedir de oficio en el plazo de quince días desde la expiración del plazo para resolver.

8.1. Silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado (art. 24)

La regla general es el silencio positivo o estimatorio: el vencimiento del plazo máximo sin notificación de resolución expresa legitima al interesado para entender estimada su solicitud por silencio administrativo (art. 24.1). Esta regla cede, no obstante, en varios grupos de excepciones en que el silencio es negativo o desestimatorio:

• Cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Si el procedimiento tiene por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que fije el silencio desestimatorio debe fundarse en razones imperiosas de interés general.
• Los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición (art. 29 CE).
• Aquellos cuya estimación transfiriera al solicitante o a terceros facultades sobre el dominio público o el servicio público.
• Los que impliquen actividades que puedan dañar el medio ambiente.
• Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones.
• Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra una desestimación por silencio y, llegado el plazo, el órgano no resuelva expresamente, se entenderá estimado el recurso (silencio positivo de «segundo grado»), salvo que se refiera a las materias exceptuadas anteriores.

Los efectos son muy distintos según el signo (art. 24.2): la estimación por silencio es a todos los efectos un verdadero acto administrativo finalizador del procedimiento; la desestimación por silencio, en cambio, tiene los solos efectos de permitir al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso que proceda —es una mera ficción para abrir la vía de recurso, no un acto con contenido—. De ahí una consecuencia capital sobre la resolución expresa tardía (art. 24.3): si el silencio fue estimatorio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria del silencio; si fue desestimatorio, la Administración resuelve sin vinculación alguna al sentido del silencio (puede estimar o desestimar). Los actos producidos por silencio pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona, y su existencia puede acreditarse por cualquier medio de prueba, incluido el certificado acreditativo del silencio, que el órgano expide de oficio en quince días desde que expira el plazo (art. 24.4).

8.2. Silencio en procedimientos iniciados de oficio (art. 25)

Cuando el procedimiento se inicia de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución expresa no exime tampoco de la obligación de resolver, y produce efectos distintos según la naturaleza del procedimiento (art. 25.1):

• a) En los procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos u otras situaciones favorables, los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.
• b) En los procedimientos en que la Administración ejerza potestades sancionadoras o, en general, de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se produce la caducidad. La resolución que declare la caducidad ordena el archivo de las actuaciones (art. 95).

La regla mnemotécnica es clara: en los procedimientos de oficio nunca hay silencio positivo; si podían dar algo favorable, el silencio desestima; si podían perjudicar (sancionadores o de gravamen), caducan. Además, si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar (art. 25.2). Conviene no confundir la caducidad del procedimiento del artículo 25.1.b) —efecto del silencio en procedimientos de oficio de gravamen— con la caducidad como forma de terminación por paralización imputable al interesado en procedimientos a solicitud: son figuras distintas que la ley trata en preceptos separados.

9. Términos y plazos (arts. 29 a 33)

Los plazos ordenan el tiempo del procedimiento y son fuente inagotable de preguntas de examen, porque combinan reglas de cómputo precisas. El artículo 29 sienta el principio: los términos y plazos obligan tanto a las autoridades y al personal de las Administraciones como a los interesados. No son una carga solo para el ciudadano ni un mero indicativo para la Administración: vinculan a ambas partes.

9.1. El cómputo de los plazos (art. 30)

El artículo 30 es el corazón cuantitativo del tema. Distingue según la unidad de medida:

• Plazos por horas (art. 30.1): salvo que la ley o el Derecho de la UE dispongan otro cómputo, se entiende que las horas son hábiles; son hábiles todas las horas de un día hábil. Se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación o publicación y no pueden superar las veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en días.
• Plazos por días (art. 30.2): salvo disposición en contrario, se entienden hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Esta es la regla capital tras la LPAC: los sábados dejaron de ser hábiles a efectos de plazos. Si una ley o el Derecho de la UE señalan días naturales, debe hacerse constar en la notificación.
• Inicio del cómputo (art. 30.3): los plazos en días se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, o al que se produzca la estimación o desestimación por silencio.
• Plazos por meses o años (art. 30.4): se computan de fecha a fecha. Empiezan a contar el día siguiente al de la notificación, publicación o silencio, y concluyen el mismo día en que se produjo ese hecho en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente, el plazo expira el último día del mes.
• Último día inhábil (art. 30.5): cuando el último día del plazo sea inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.
• Discordancia de calendarios (art. 30.6): cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad del interesado e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso.

El calendario de días inhábiles lo fijan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con sujeción al calendario laboral oficial; el aprobado por las Comunidades comprende los días inhábiles de las Entidades Locales de su ámbito, y debe publicarse antes del comienzo de cada año (art. 30.7). La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo ni la jornada de las Administraciones (art. 30.8).

9.2. El registro electrónico y el cómputo (art. 31)

El artículo 31 introduce una regla propia para el registro electrónico, que funciona todos los días del año durante las veinticuatro horas (art. 31.2.a). A efectos del cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil; los documentos presentados en día inhábil se reputan anteriores a los del primer día hábil posterior, por el orden de su hora efectiva. El registro se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica. Y aquí aparece un matiz importante: el calendario de inhábiles del artículo 30.7 se aplica al registro electrónico, pero no le resulta aplicable la regla de discordancia de calendarios del art. 30.6 (art. 31.3): para el registro electrónico rige un único calendario de inhábiles, el de la sede.

9.3. Ampliación de los plazos (art. 32)

La Administración, salvo precepto en contrario, puede conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero; el acuerdo debe notificarse (art. 32.1). La ampliación por el tiempo máximo se aplica en todo caso a los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares y a los que exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España (art. 32.2). Tanto la petición como la decisión deben producirse antes del vencimiento del plazo: en ningún caso puede ampliarse un plazo ya vencido (art. 32.3). Los acuerdos sobre ampliación o su denegación no son recurribles, sin perjuicio del recurso contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Los apartados 4 y 5 permiten además la ampliación de plazos no vencidos por incidencia técnica que impida el funcionamiento del sistema, y la ampliación general de plazos cuando un ciberincidente afecte gravemente a los servicios y sistemas de tramitación.

9.4. La tramitación de urgencia (art. 33)

Cuando razones de interés público lo aconsejen, puede acordarse —de oficio o a petición del interesado— la aplicación de la tramitación de urgencia, por la cual se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos (art. 33.1). Contra el acuerdo que declare la urgencia no cabe recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución final (art. 33.2). Conviene no confundir la ampliación (art. 32, que alarga los plazos hasta la mitad más) con la tramitación de urgencia (art. 33, que los acorta a la mitad): son mecanismos opuestos, con el mismo módulo de «la mitad» pero en sentido inverso.

9.5. Casos prácticos de cómputo de plazos

Las reglas del artículo 30 se entienden mejor con ejemplos, que además reproducen el tipo de pregunta que aparece en el examen. Supongamos una notificación practicada el viernes 2 de octubre con un plazo de diez días hábiles para alegar. El cómputo arranca el día siguiente hábil, es decir, el lunes 5 (el sábado 3 y el domingo 4 no cuentan); a partir de ahí se van descontando sábados, domingos y festivos hasta sumar diez días hábiles. Si el décimo día hábil cayera en sábado o festivo, el plazo se prorrogaría al primer día hábil siguiente (art. 30.5). El error clásico consiste en empezar a contar el mismo día de la notificación o en incluir los sábados: desde la LPAC, el sábado no es hábil a efectos de plazos.

Con plazos por meses el cómputo es «de fecha a fecha» e ignora la distinción hábil/inhábil dentro del período: un plazo de un mes desde una notificación del 15 de marzo vence el 15 de abril (art. 30.4). La única corrección es doble: si el mes de vencimiento carece de día equivalente —por ejemplo, un plazo de un mes desde el 31 de enero— el plazo expira el último día del mes (el 28 o 29 de febrero); y si ese día de vencimiento resulta inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente (art. 30.5). Nótese que en los plazos por meses o años no se descuentan los días inhábiles intermedios: solo importa el día inicial y el de vencimiento.

Un tercer supuesto habitual es la presentación en el registro electrónico un día inhábil. Si el interesado presenta una solicitud un domingo a las 23:50, a efectos del cumplimiento de su plazo se entiende presentada en la primera hora del primer día hábil siguiente (art. 31.2.b); pero, frente a otros escritos, se reputa anterior a los presentados el lunes hábil, por el orden de su hora efectiva. Y el plazo que ha de cumplir la Administración empieza a contar por la fecha y hora de presentación en el registro (art. 31.2.c), que debe comunicarse a quien presentó el documento.

9.6. Casos prácticos de silencio

El signo del silencio también se fija mejor con supuestos. Una licencia de actividad solicitada por un particular, si la norma no dice otra cosa, se entiende estimada por silencio positivo transcurrido el plazo (art. 24.1); pero si su estimación implicara transferir facultades sobre el dominio público o autorizar una actividad que pueda dañar el medio ambiente, el silencio sería negativo. Una reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños causados por un servicio público se entiende siempre desestimada por silencio (excepción expresa del art. 24.1). Un recurso de alzada presentado y no resuelto en tres meses se entiende desestimado por silencio; pero si ese recurso de alzada se interpuso precisamente contra una desestimación presunta y, llegado el plazo, tampoco se resuelve, entonces se entiende estimado (silencio positivo de segundo grado del art. 24.1), salvo materias exceptuadas.

En los procedimientos de oficio la lógica se invierte. Un expediente sancionador que la Administración incoa y no resuelve en plazo caduca (art. 25.1.b): la resolución de caducidad ordena el archivo, aunque la infracción, si no ha prescrito, podría dar lugar a un nuevo procedimiento. En cambio, un procedimiento de oficio del que pudiera derivarse el reconocimiento de un derecho para el interesado comparecido produce la desestimación presunta de su pretensión (art. 25.1.a). La regla nemotécnica ya apuntada resuelve el caso: de oficio nunca hay silencio positivo; lo favorable se desestima y lo de gravamen caduca.

Especial atención merece la resolución expresa tardía. Producido un silencio positivo, la Administración conserva el deber de resolver, pero su resolución posterior solo puede confirmar lo ya ganado por silencio (art. 24.3.a): no puede «arrepentirse» y denegar lo que la ley ya tuvo por concedido; si quisiera privar de efectos al acto presunto favorable, tendría que acudir a la revisión de oficio o a la declaración de lesividad. Producido un silencio negativo, en cambio, la resolución tardía es libre (art. 24.3.b): la Administración puede estimar la solicitud pese a la desestimación presunta, porque esta era una mera ficción para permitir el recurso. Esta asimetría —vinculación al silencio positivo, libertad frente al negativo— es uno de los puntos más finos y más preguntados del tema.

10. Esquema-resumen y advertencias de examen

Reunidos los preceptos, el tema puede memorizarse como una secuencia lógica: quién actúa (capacidad, art. 3; interesado, art. 4), cómo actúa (representación, arts. 5-6; identificación y firma, arts. 9-12 y 14), qué puede exigir (derechos, arts. 13 y 53) y en qué tiempos (obligación de resolver y silencio, arts. 21-25; plazos, arts. 29-33). Los datos que con más frecuencia se preguntan y que conviene tener grabados son:

• Capacidad (art. 3): personas físicas/jurídicas por remisión civil; menores para lo que el ordenamiento les permite sin asistencia; entidades sin personalidad solo cuando la ley lo declare expresamente.
• Interesado (art. 4): promotores, titulares de derechos afectados (sin necesidad de personarse) y titulares de intereses legítimos que se personen antes de la resolución definitiva. Sucesión en la condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
• Representación (art. 5): se acredita para solicitudes, declaraciones/comunicaciones, recursos, desistir y renunciar; se presume para el mero trámite; subsanación en diez días.
• Apoderamientos (art. 6): tres tipos de poder (general; ante una Administración; para trámites concretos); validez máxima cinco años.
• Firma obligatoria (art. 11.2): solicitudes, declaraciones/comunicaciones, recursos, desistir y renunciar; en lo demás basta identificarse. Quien firma, se identifica (art. 10.5).
• Obligados a lo electrónico (art. 14.2): personas jurídicas, entidades sin personalidad, colegiados obligatorios (notarios y registradores incluidos), representantes de obligados y empleados públicos. Las personas físicas eligen.
• Obligación de resolver (art. 21): siempre; plazo máximo seis meses salvo ley o UE; supletorio tres meses; el cómputo arranca del acuerdo de inicio (de oficio) o de la entrada en el registro (a solicitud).
• Silencio a solicitud (art. 24): regla positivo; excepciones desestimatorias (ley/UE, petición, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación y revisión de oficio). El estimatorio es acto verdadero; el desestimatorio, mera ficción para recurrir.
• Silencio de oficio (art. 25): favorables → desestimación; sancionadores o de gravamen → caducidad y archivo.
• Plazos (art. 30): días hábiles excluyen sábados, domingos y festivos; inicio el día siguiente; meses/años de fecha a fecha; último día inhábil se prorroga al siguiente hábil.
• Ampliación (art. 32) vs. urgencia (art. 33): la primera alarga hasta la mitad más (nunca un plazo vencido); la segunda reduce a la mitad, salvo solicitudes y recursos; ninguno de los dos acuerdos es recurrible de forma autónoma.

Una última advertencia metodológica: en este tema los errores de examen no suelen estar en el concepto, sino en el matiz numérico o en la excepción. Confundir «derecho» con «interés legítimo», olvidar que el sábado ya no es hábil, dar por recurrible el acuerdo de urgencia, extender a todas las personas físicas la obligación de relacionarse electrónicamente o creer que el silencio positivo permite una resolución posterior contraria son las trampas que se repiten convocatoria tras convocatoria. Dominar las listas tasadas (los cinco supuestos de firma, las excepciones al silencio positivo, las tipologías de poder) y los plazos exactos (diez días, seis meses, tres meses, cinco años, la mitad) es lo que separa un aprobado holgado de un suspenso por descuido. Todo el contenido de este apunte ha sido verificado contra el texto consolidado vigente de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.