Tema desarrollado para preparar el examen de conocimientos de la Escala Básica (100 preguntas, 50 minutos). La información es orientativa y está verificada a fecha de actualización: el contenido evaluable lo fija el temario del anexo I de tu convocatoria.

Índice

• 0. Introducción y marco normativo
• 1. Disposiciones generales: concepto y fines
• 2. Las actividades de seguridad privada (art. 5)
• 3. Coordinación y colaboración con las FCSE
• 4. Empresas de seguridad y despachos de detectives
• 5. El personal de seguridad privada (art. 26)
  • 5.1. Las clases de personal
  • 5.2. Requisitos y habilitación
  • 5.3. Principios de actuación (art. 30)
  • 5.4. Las funciones del vigilante de seguridad (art. 32)
• 6. Los detectives privados y la investigación privada
• 7. Servicios y medidas de seguridad
• 8. Ideas fuerza para el test

0. Introducción y marco normativo

La seguridad privada es un sector que complementa a la seguridad pública, y su control es una competencia material propia de la Policía Nacional (art. 12.A de la LO 2/1986): el control de las entidades y servicios privados de seguridad, de su personal, medios y actuaciones. Su norma es la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, desarrollada por su reglamento. Vela por que el sector privado colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin sustituirlas: la seguridad sigue siendo monopolio del Estado, y la privada solo lo complementa.

Órganos de control: el Ministerio del Interior ejerce el control a través de la Policía Nacional (la Unidad Central de Seguridad Privada y las unidades territoriales) y, en el ámbito rural, de la Guardia Civil; el Registro Nacional de Seguridad Privada inscribe empresas, despachos y personal.

Este tema se apoya en tres ideas que vertebran toda la Ley 5/2014 y que conviene tener claras desde el principio: la subordinación funcional de la seguridad privada a la pública (colabora y sigue instrucciones de las FCS), la complementariedad (integra sus medios como «recurso externo» de la seguridad pública, sin sustituir al Estado) y la habilitación previa (nadie ejerce funciones de seguridad privada sin estar habilitado e inscrito en el Registro). No olvides el enlace con el art. 4.2 de la LO 2/1986, que impone al personal de seguridad privada el deber especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de seguir sus instrucciones. La Ley se estructura, además, en torno a cuatro sujetos: las empresas de seguridad, los despachos de detectives, el personal de seguridad privada y los usuarios.

1. Disposiciones generales: concepto y fines

Seguridad privada (art. 2) es el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, y prestadas por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada, para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes.

«Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus actividades.» (art. 2.1)

El art. 2 define además los conceptos que se usan a lo largo de la Ley: actividades (ámbitos de actuación material), servicios (acciones que materializan las actividades), funciones (facultades del personal) y medidas (disposiciones de prevención o protección). Distinguir estos cuatro términos es una de las trampas del tema.

El mismo art. 2 identifica a los prestadores de servicios de seguridad privada —las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal habilitado— y al usuario, que es la persona física o jurídica que, de forma voluntaria u obligatoria, contrata servicios o adopta medidas de seguridad privada. Esa doble vía —voluntaria u obligatoria— es importante: la mayoría de la seguridad privada se contrata libremente, pero determinados establecimientos (bancos, joyerías, etc.) están obligados por la normativa a adoptar medidas de seguridad, como se ve en el epígrafe 7. El sector, además, incluye figuras auxiliares como el personal acreditado (profesores de centros de formación, ingenieros, técnicos y operadores de seguridad), que no es «personal de seguridad privada» en sentido estricto pero colabora en el sistema.

Los fines (art. 4) son tres, y el tercero es el más preguntado:

• a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios.
• b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, prevenir infracciones y aportar información a los procedimientos.
• c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado.

«La seguridad privada tiene como fines: a) Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de los usuarios de seguridad privada [...]. b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos [...]. c) Complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública.» (art. 4)

Dato de examen: el fin de la letra c) es la clave del tema: la seguridad privada complementa (no sustituye) el monopolio de la seguridad del Estado. La expresión «recurso externo de la seguridad pública» es literal del art. 4.c) y aparece con frecuencia en los tests.

2. Las actividades de seguridad privada (art. 5)

El art. 5 enumera las actividades que constituyen seguridad privada (cuadro clásico de examen):

• a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, y de las personas que se encuentren en ellos.
• b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas (la función del escolta).
• c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas, billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades u obras de arte.
• d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería y objetos peligrosos.
• e) El transporte y distribución de los objetos de las letras c) y d).
• f) La instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
• g) La explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma (las centrales receptoras de alarmas, CRA).
• h) La investigación privada (la función del detective).

«Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes: a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos. b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad. c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte [...]. d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica [...]. e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores. f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia. g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma [...]. h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte.» (art. 5.1)

«Los servicios sobre las actividades relacionadas en los párrafos a) a g) [...] únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada [...]. Los despachos de detectives podrán prestar, con carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre la actividad a la que se refiere el párrafo h) [...].» (art. 5.2)

La seguridad informática se contempla como actividad compatible (no exclusiva de la seguridad privada). Quedan fuera del ámbito de la ley, entre otras, las actividades de autoprotección y las de personal que no tenga la condición de seguridad privada (porteros, conserjes, controladores de acceso), que no ejercen funciones de seguridad.

Actividades compatibles y excluidas (art. 6). La Ley deja fuera de su ámbito (sin perjuicio de su normativa específica) la fabricación, venta e instalación de productos de seguridad y cerrajería; la venta e instalación de equipos no conectados a central de alarmas; la planificación, consultoría y asesoramiento en seguridad; y las tareas de información o control de accesos (porteros, conserjes, recepcionistas, control de tránsito interno). El art. 6.3 es tajante:

«El personal no habilitado que preste los servicios o funciones comprendidos en el apartado anterior, en ningún caso podrá ejercer función alguna de las reservadas al personal de seguridad privada, ni portar ni usar armas ni medios de defensa, ni utilizar distintivos, uniformes o medios que puedan confundirse con los previstos para dicho personal.» (art. 6.3)

La seguridad informática —proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas de información— es una actividad compatible a la que solo se le pueden imponer requisitos específicos por vía reglamentaria, dada su incidencia en la seguridad de entidades públicas y privadas (art. 6.6).

Dato de examen (las ocho actividades): memoriza las letras a) a h) del art. 5.1 y, sobre todo, que las siete primeras (a-g) son exclusivas de las empresas de seguridad privada y la octava (h), la investigación privada, es exclusiva y excluyente de los despachos de detectives. Una empresa de vigilancia no puede investigar, y un despacho de detectives no puede vigilar. Las centrales receptoras de alarmas (CRA) del apartado g) reciben, verifican y, en su caso, dan respuesta a las señales de alarma y las comunican a las FCS; las entidades pueden tener CRA de uso propio, previa autorización, pero sin dar servicio a terceros (art. 5.3).

No confundas los cuatro términos del art. 2: una actividad (p. ej., la vigilancia y protección del art. 5.1.a) se concreta en servicios (el servicio de vigilancia con un vigilante en un centro comercial), que el personal ejecuta mediante sus funciones (art. 32), apoyándose en medidas de seguridad (art. 52). Actividad, servicio, función y medida son planos distintos de una misma realidad.

3. Coordinación y colaboración con las FCSE

El eje del sector es la subordinación funcional a la seguridad pública. Según el art. 8:

• Los servicios se prestan con respeto a la Constitución y a los principios de actuación del art. 30.
• Los prestadores colaboran en todo momento con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que estas dispongan sobre la ejecución material de sus actividades.
• Tienen la especial obligación de auxiliar y colaborar con las FCSE y de seguir sus instrucciones en los servicios que afecten a la seguridad pública (recuerda el art. 4.2 de la LO 2/1986: el deber especial de la seguridad privada).

«Los prestadores de servicios de seguridad privada colaborarán, en todo momento y lugar, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con sujeción a lo que éstas puedan disponer en relación con la ejecución material de sus actividades.» (art. 8.2) — «[...] las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tendrán especial obligación de auxiliar y colaborar, en todo momento, con aquéllas [...] y de seguir sus instrucciones, en relación con los servicios que presten que afecten a la seguridad pública o al ámbito de sus competencias.» (art. 8.3)

Prohibiciones (art. 8.4). Las empresas, los despachos y el personal de seguridad privada, mientras ejercen sus funciones, no podrán intervenir ni interferir en la celebración de reuniones y manifestaciones, ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales; no podrán ejercer ningún control sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas; y tienen prohibido comunicar a terceros —salvo a las autoridades judiciales y policiales— la información que conozcan sobre sus clientes o los bienes cuya seguridad tienen encomendada. Es la traducción de los límites constitucionales a la actuación privada.

El Ministro del Interior (o el órgano autonómico competente) puede prohibir el uso de medios materiales o técnicos que pudieran causar daños a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana (art. 8.5). Y cuando el personal de seguridad privada preste servicios esenciales o impuestos obligatoriamente, se atendrá, en el ejercicio del derecho de huelga, a la legislación vigente sobre servicios mínimos (art. 8.6). Todo ello enlaza con el art. 4.2 de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que impone al personal de seguridad privada un deber especial de colaboración con las FCS: es la clave que explica por qué la seguridad privada es un sector reglado y controlado, no una actividad económica ordinaria.

4. Empresas de seguridad y despachos de detectives

Las empresas de seguridad privada (personas físicas o jurídicas) que quieran prestar los servicios del art. 5 deben (art. 19):

• Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o público correspondiente.
• Tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades del art. 5.1 (salvo la investigación privada de la letra h, propia de los despachos de detectives, que es incompatible con las demás).
• Obtener autorización administrativa o presentar declaración responsable, según la actividad, e inscribirse en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior (o en el registro autonómico correspondiente).

«[...] las empresas de seguridad privada deberán reunir los siguientes requisitos generales: a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro mercantil o en el registro público correspondiente y tener por objeto exclusivo todas o alguna de las actividades a las que se refiere el artículo 5.1, excepto la del párrafo h). [...] b) Tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. [...] e) Suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil o constituir otras garantías financieras [...].» (art. 19.1)

Las empresas deben, además, contar con medios humanos, materiales y técnicos adecuados y con las medidas de seguridad reglamentarias, y carecer de condenas por determinados delitos (insolvencia punible, contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores o contra el honor, la intimidad o el secreto de las comunicaciones). El incumplimiento sobrevenido de estos requisitos provoca la extinción de la autorización o el cierre de la empresa y la cancelación de su inscripción (art. 19.8).

Los despachos de detectives privados se dedican en exclusiva a la investigación privada (art. 5.1.h); también se inscriben en el Registro. La investigación privada es incompatible con el resto de actividades de seguridad privada (un despacho de detectives no puede a la vez ser empresa de vigilancia). Por eso el objeto de las empresas de seguridad abarca las actividades del art. 5.1 «excepto la del párrafo h)»: la investigación privada queda reservada, «con carácter exclusivo y excluyente», a los despachos de detectives.

El Registro Nacional de Seguridad Privada. Es el registro del Ministerio del Interior en el que se inscriben las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal habilitado (existen registros autonómicos para las CCAA con competencia en la materia y ámbito de actuación limitado a su territorio). Las empresas de seguridad de otros Estados de la UE/EEE que operen en España deben inscribirse obligatoriamente en él (art. 19.6). La inscripción no es un mero trámite: sin ella —y sin la autorización o declaración responsable previas— no puede prestarse el servicio, y su cancelación impide seguir operando. Este control registral es una de las herramientas con las que la Policía Nacional supervisa el sector.

5. El personal de seguridad privada (art. 26)

5.1. Las clases de personal

Solo puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, integrado por seis clases (más tres especialidades). Es la lista estrella del tema (art. 26.1):

«Únicamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados.» (art. 26.1)

Clase	Especialidad
Vigilantes de seguridad	Vigilantes de explosivos (requiere ser antes vigilante de seguridad)
Escoltas privados	—
Guardas rurales	Guardas de caza y guardapescas marítimos (requiere ser antes guarda rural)
Jefes de seguridad	—
Directores de seguridad	—
Detectives privados	—

Regla de progresión (art. 26.2): para ser vigilante de explosivos hay que ser antes vigilante de seguridad; para ser guarda de caza o guardapesca marítimo, antes guarda rural.

«Para habilitarse como vigilante de explosivos será necesario haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad. Para habilitarse como guarda de caza o guardapesca marítimo será necesario haberlo hecho previamente como guarda rural.» (art. 26.2)

Un vistazo a lo que hace cada clase, para no confundirlas: el vigilante de seguridad vigila y protege bienes y personas en el objeto de su protección; el escolta privado se dedica al acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas (no de bienes); el guarda rural desempeña la vigilancia en el ámbito rural (fincas, cotos, explotaciones), con sus especialidades de guarda de caza y guardapesca marítimo; el jefe de seguridad dirige y coordina los servicios y el personal de seguridad de la empresa; el director de seguridad organiza y planifica la seguridad de la entidad y actúa como interlocutor con las FCS; y el detective privado realiza la investigación privada. Solo estas seis clases pueden ejercer funciones de seguridad privada.

5.2. Requisitos y habilitación

Para obtener la habilitación profesional se exige (art. 28): nacionalidad de un Estado de la UE/EEE (o de un tercer Estado con convenio), mayoría de edad, capacidad física y aptitud psicológica, la formación previa del art. 29, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos y no haber sido sancionado en los dos años anteriores por infracción grave o en los cuatro por infracción muy grave en materia de seguridad privada. La habilitación la expide el Ministerio del Interior (tarjeta de identidad profesional).

«Para la obtención de las habilitaciones profesionales [...] los aspirantes habrán de reunir [...]: a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio [...]. b) Ser mayor de edad. c) Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias [...]. d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el artículo 29. e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. [...]» (art. 28.1)

La habilitación y la tarjeta de identidad profesional (art. 27). «Para el ejercicio de las funciones de seguridad privada, el personal [...] habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior» (art. 27.1). A quien la obtenga se le expide la tarjeta de identidad profesional, que «constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones» (art. 27.2). Reparto de la competencia habilitadora: corresponde a la Dirección General de la Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil (art. 27.3). Además, el personal «ejercerá exclusivamente las funciones para los que se encuentre habilitado» (art. 27.4).

Dato de examen: los funcionarios públicos en activo pueden habilitarse pero no ejercer funciones de seguridad privada, salvo como director de seguridad del propio centro al que pertenezcan (art. 28.4). Y los miembros de las FCS solo pueden ejercerlas cuando pasen a situación distinta a la de servicio activo, si en los dos años anteriores no controlaron entidades o personal de seguridad privada.

5.3. Principios de actuación

Además de la colaboración del art. 8, el personal se atiene a los principios básicos del art. 30:

• Legalidad, integridad y dignidad en el ejercicio de sus funciones.
• Corrección en el trato con los ciudadanos.
• Congruencia (medidas proporcionadas y adecuadas a los riesgos) y proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa e investigación.
• Reserva profesional sobre los hechos que conozca.
• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

«Además de lo establecido en el artículo 8, el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los siguientes principios básicos: a) Legalidad. b) Integridad. c) Dignidad en el ejercicio de sus funciones. d) Corrección en el trato con los ciudadanos. e) Congruencia, aplicando medidas de seguridad y de investigación proporcionadas y adecuadas a los riesgos. f) Proporcionalidad en el uso de las técnicas y medios de defensa y de investigación. g) Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el ejercicio de sus funciones. h) Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» (art. 30)

5.4. Las funciones del vigilante de seguridad (art. 32)

El vigilante de seguridad es el profesional más numeroso y el que más se pregunta. Sus funciones (art. 32.1) tienen límites muy marcados que caen en test:

«Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones: a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos [...]. b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos [...] sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso [...]. c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección [...]. d) En relación con el objeto de su protección [...], detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos [...]. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos [...].» (art. 32.1)

Dato de examen: el vigilante puede controlar la identidad y los objetos en el acceso o interior del inmueble que protege, y puede impedir el acceso a quien se niegue, pero no puede retener la documentación ni interrogar al detenido; solo lo detiene y lo pone de inmediato a disposición de las FCS. La anotación de datos personales para comunicarlos a las autoridades no se considera interrogatorio. Los vigilantes «se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias» (art. 32.2).

El art. 32.1 añade dos funciones frecuentes en test: e) proteger el almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos (los servicios de manipulado de efectivo y transporte de fondos), y f) la verificación personal y respuesta de las señales de alarma en el marco de las centrales receptoras de alarmas. La detención que practica el vigilante no es una potestad exorbitante: es la misma que el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce a cualquier persona ante un delito flagrante, con la particularidad de que el vigilante está obligado a poner al detenido inmediatamente a disposición de las FCS. Por eso el personal de seguridad privada no sustituye a la Policía: la auxilia.

Dato de examen (vigilante frente a agente de la autoridad): el vigilante de seguridad no es agente de la autoridad (a diferencia del policía); actúa en el ámbito de su protección, sin potestad para interrogar, retener documentación ni investigar más allá de la anotación de datos para comunicarlos. Su fuerza reside en la habilitación, el uniforme reglamentario y el deber de colaboración con las FCS, no en potestades públicas.

6. Los detectives privados y la investigación privada

Los servicios de investigación privada (art. 48), a cargo de detectives privados, consisten en las averiguaciones necesarias para obtener y aportar, por cuenta de terceros legitimados (que acrediten un interés legítimo), información y pruebas sobre conductas o hechos privados:

«Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos: a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones [...]. c) [...] delitos sólo perseguibles a instancia de parte [...].» (art. 48.1)

• Del ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, de la vida personal, familiar o social, excepto lo que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
• Para garantizar el normal desarrollo de actividades en ferias, hoteles, exposiciones, grandes superficies, etc.
• Sobre delitos solo perseguibles a instancia de parte (por encargo de los legitimados).

Límite capital: el detective no puede investigar en domicilios ni lugares reservados, ni utilizar medios personales o técnicos que atenten contra la intimidad. Debe guardar reserva y no puede revelar sus investigaciones salvo a quien se las encargó o a la autoridad judicial o policial competente.

«En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.» (art. 48.3) — «[...] los detectives privados no podrán utilizar o hacer uso de medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» (art. 48.4)

La aceptación del encargo exige que el solicitante acredite el interés legítimo alegado (art. 48.2), y toda la investigación se rige por los principios de «razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad» (art. 48.6). Es el contrapeso a una actividad que, por su propia naturaleza, roza derechos fundamentales.

El detective debe, además, guardar reserva profesional sobre sus investigaciones y sobre la identidad de sus clientes, y «velará por los derechos de sus clientes con respeto a los de los sujetos investigados» (art. 48.5). El informe de investigación solo puede entregarse a quien lo encargó o, cuando proceda, a la autoridad judicial o policial. Esta doble sujeción —investigar solo lo lícito y con proporcionalidad, y reservar el resultado— es lo que diferencia al detective privado de una intromisión ilegítima en la intimidad ajena, que constituiría infracción muy grave e incluso delito.

Dato de examen (detectives): los tres límites que más se preguntan son terceros legitimados con interés acreditado, nunca en domicilios ni lugares reservados y reserva profesional. Y recuerda: la investigación privada es exclusiva y excluyente de los despachos de detectives (art. 5.2), incompatible con cualquier otra actividad de seguridad privada.

7. Servicios y medidas de seguridad

Los servicios (art. 41). La vigilancia y protección se prestan por vigilantes de seguridad (o guardas rurales en el ámbito rural), con carácter general en el interior de los edificios, instalaciones o propiedades a proteger. Excepcionalmente pueden prestarse en vías o espacios públicos (transporte de fondos, protección de acontecimientos, etc.).

«Los servicios de vigilancia y protección [...] se prestarán por vigilantes de seguridad o, en su caso, por guardas rurales, que desempeñarán sus funciones, con carácter general, en el interior de los edificios, de las instalaciones o propiedades a proteger. No obstante, podrán prestarse fuera de estos espacios [...], incluso en vías o espacios públicos o de uso común [...].» (art. 41.1)

Algunos servicios en vías públicas requieren autorización previa y coordinación con las FCS (vigilancia en polígonos y urbanizaciones delimitados, en parques comerciales, en acontecimientos deportivos o culturales) —art. 41.2—; y otros solo pueden prestarse por decisión del órgano competente y cumpliendo las órdenes de las FCS, como la vigilancia perimetral de centros penitenciarios o de centros de internamiento de extranjeros (art. 41.3).

Las medidas de seguridad (art. 52) son de cinco tipos, memorizables:

• Física: barreras que impiden o dificultan el acceso (cajas fuertes, blindajes, rejas).
• Electrónica: dispositivos que detectan o advierten amenazas o intrusiones (alarmas, CCTV).
• Informática: protección de la seguridad de la información y las comunicaciones.
• Organizativa: planes, protocolos y procedimientos de seguridad.
• De personal de seguridad privada: la presencia de vigilantes u otro personal habilitado.

«[...] se podrán adoptar los siguientes tipos de medidas de seguridad [...]: a) De seguridad física, cuya funcionalidad consiste en impedir o dificultar el acceso a determinados lugares o bienes mediante la interposición de cualquier tipo de barreras físicas. b) De seguridad electrónica, orientadas a detectar o advertir cualquier tipo de amenaza [...] mediante la activación de cualquier tipo de dispositivos electrónicos. c) De seguridad informática [...]. d) De seguridad organizativa [...] mediante la disposición, programación o planificación de cometidos [...]. e) De seguridad personal [...].» (art. 52.1)

Determinados establecimientos e instalaciones (bancos, joyerías, estaciones de servicio, administraciones de loterías, farmacias…) están obligados a adoptar medidas de seguridad, cuyo control corresponde a la Policía Nacional.

Las medidas de seguridad, medios materiales y sistemas de alarma «deberán contar con la evaluación de los organismos de certificación acreditados en el momento de su instalación» y tendrán vigencia indefinida, salvo deterioro o instalación de un nuevo sistema (art. 52.2). El sentido de las medidas obligatorias es reforzar la protección de establecimientos especialmente expuestos (los que manejan efectivo, valores o sustancias peligrosas), integrándolos en el sistema general de seguridad: sus alarmas se conectan a centrales que, verificada la señal, la comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Dato de examen (las cinco medidas): memoriza el orden y el contenido de cada una del art. 52.1 —física (barreras), electrónica (detección), informática (sistemas de información), organizativa (planes y protocolos) y de seguridad personal—. Un distractor habitual añade una sexta medida inexistente («jurídica», «disuasoria») o intercambia la definición de la física y la electrónica.

8. Ideas fuerza para el test

• Norma: Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (con su reglamento de desarrollo). Su control es competencia de la Policía Nacional (art. 12.A LO 2/1986), a través de la Unidad Central de Seguridad Privada; registro en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior.
• Fin capital (art. 4): la seguridad privada COMPLEMENTA el monopolio de la seguridad del Estado (no lo sustituye).
• Prestadores (art. 2): empresas de seguridad, despachos de detectives y personal de seguridad privada.
• Actividades (art. 5): vigilancia y protección, protección de personas, depósito/custodia y transporte de objetos valiosos y explosivos, instalación de sistemas, centrales de alarmas e investigación privada. La investigación privada es incompatible con las demás.
• Personal (art. 26): seis clases — vigilantes de seguridad (esp. explosivos), escoltas privados, guardas rurales (esp. caza y guardapesca), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Explosivos exige ser antes vigilante; caza/guardapesca, antes guarda rural.
• Requisitos (art. 28): nacionalidad UE/EEE (o convenio), mayoría de edad, capacidad física y psicológica, formación, sin antecedentes penales por delitos dolosos y no sancionado en 2/4 años por infracción grave/muy grave.
• Principios (art. 30): legalidad, integridad, dignidad, corrección, congruencia, proporcionalidad, reserva profesional y colaboración con las FCSE.
• Detectives (art. 48): investigan por cuenta de terceros legitimados; NUNCA en domicilios ni lugares reservados.
• Medidas de seguridad (art. 52): cinco — física, electrónica, informática, organizativa y de personal de seguridad privada.
• Habilitación (art. 27): la concede la Dirección General de la Policía, salvo la de los guardas rurales y sus especialidades, que corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. Documento: tarjeta de identidad profesional.
• Funciones del vigilante (art. 32): vigila, controla identidad y objetos e impide el acceso, pero NO retiene documentación ni interroga; detiene y pone de inmediato a disposición de las FCS.
• Prohibiciones (art. 8.4): no intervenir en reuniones, manifestaciones ni conflictos políticos o laborales; no controlar opiniones; reserva salvo ante autoridades judiciales y policiales.
• Fuera de la ley (art. 6): autoprotección, cerrajería, consultoría y control de accesos (porteros, conserjes); ese personal no habilitado no puede ejercer funciones de seguridad privada, ni portar armas o medios de defensa, ni usar uniformes o distintivos que puedan confundirse con los del personal de seguridad privada.