Tema desarrollado a nivel élite para preparar el examen de conocimientos de la Escala Básica (100 preguntas, 50 minutos). La información es orientativa y está verificada a fecha de actualización contra las fuentes oficiales (BOE): el contenido evaluable lo fija el temario del anexo I de tu convocatoria. Las citas entre comillas angulares reproducen el articulado LITERAL de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 22.4.ª y 510) y de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5), según su versión vigente.

Índice

• 0. Introducción: ética, valores y convivencia
• 1. Los principios éticos de la sociedad actual
• 2. Ética y deontología policial: los principios básicos de actuación
• 3. La transmisión de valores: el proceso de socialización
• 4. Los valores de la convivencia democrática
  • 4.1. Libertad y responsabilidad
  • 4.2. Igualdad y solidaridad
  • 4.3. Tolerancia
• 5. Contravalores: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo
• 6. Los delitos de odio: concepto y elementos
• 7. El marco jurídico de los delitos de odio
• 8. La respuesta policial e institucional
• 9. Ideas fuerza para el test

0. Introducción: ética, valores y convivencia

Este tema, del bloque de materias sociales, aborda los principios éticos y los valores sobre los que se asienta la convivencia en una sociedad democrática, la deontología que rige la profesión policial, y sus reversos —los contravalores— junto con su manifestación más grave desde el punto de vista penal: los delitos de odio. Enlaza directamente con el tema anterior (actitudes y valores), pero lo prolonga hacia el terreno de la ética y del Derecho. Para el policía tiene una relevancia práctica de primer orden: la Policía es un garante de los valores constitucionales y, en particular, de la igualdad y la no discriminación, está sometida a un exigente código deontológico, y ha de saber identificar, prevenir e investigar las conductas motivadas por el odio y la intolerancia, prestando a sus víctimas una atención especializada y sensible a su particular situación de vulnerabilidad.

1. Los principios éticos de la sociedad actual

Conviene precisar tres términos que se usan a menudo como sinónimos, pero que no lo son. La moral es el conjunto de normas, costumbres y valores que rigen de hecho la conducta de una persona o de un grupo (lo que se considera bueno o malo en una comunidad concreta). La ética es la reflexión filosófica sobre la moral: la disciplina que estudia el fundamento de lo que está bien o mal y busca principios de validez universal. Y la deontología es la ética aplicada a una profesión, el conjunto de deberes que rigen su ejercicio (la deontología policial, la médica, la de la abogacía). La moral responde a la pregunta «qué hago»; la ética, a «por qué debo hacerlo»; y la deontología, a «qué debo hacer en el ejercicio de mi profesión».

La reflexión ética ha dado lugar a grandes enfoques o teorías que conviene conocer someramente. Las éticas deontológicas (de déon, deber), cuyo máximo exponente es Kant, sostienen que una acción es buena por sí misma, por respetar el deber y unos principios universales, con independencia de sus consecuencias (obra de tal modo que la máxima de tu conducta pueda convertirse en ley universal). Las éticas consecuencialistas o teleológicas, como el utilitarismo (Bentham, Stuart Mill), juzgan la bondad de una acción por sus resultados (la mayor felicidad para el mayor número). Y las éticas de la virtud, de raíz aristotélica, ponen el acento en el carácter y en los hábitos buenos que hacen excelente a la persona. Es también clásica la distinción de Max Weber entre la ética de la convicción (que atiende a la pureza de los principios, cueste lo que cueste) y la ética de la responsabilidad (que pondera las consecuencias previsibles de la acción), especialmente pertinente para quien ejerce funciones públicas y ha de responder de los efectos de sus decisiones.

Los principios éticos de la sociedad actual hunden sus raíces en una larga tradición y encuentran hoy su expresión más universal en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los grandes textos internacionales, que proclaman la dignidad de la persona como valor central. En el plano interno, la Constitución española los positiviza: su artículo 10.1 proclama la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, y su artículo 1.1 consagra como valores superiores del ordenamiento la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. De ellos derivan los valores concretos de la convivencia —libertad, responsabilidad, igualdad, solidaridad y tolerancia— que constituyen el núcleo de este tema. Se trata de una ética cívica compartida: un mínimo común de valores que, con independencia de las convicciones religiosas o filosóficas de cada uno, hace posible la vida en común en una sociedad plural.

Dato de examen: no cruces los términos. Moral = normas que rigen de hecho la conducta; ética = reflexión filosófica sobre la moral; deontología = ética aplicada a una profesión. Y asocia cada teoría con su autor: deontológica = Kant (el deber); utilitarista = Bentham y Stuart Mill (las consecuencias); de la virtud = Aristóteles (el carácter); convicción vs responsabilidad = Weber.

2. Ética y deontología policial: los principios básicos de actuación

La deontología policial es la ética aplicada al ejercicio de la función policial: el conjunto de deberes y principios que han de guiar la conducta de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No es un adorno de su formación, sino una exigencia jurídica: quien ejerce el monopolio legítimo de la coacción en nombre del Estado debe hacerlo con un plus de responsabilidad y de sujeción a la ley. La Policía sirve a la comunidad, y su legitimidad depende de que actúe con integridad, imparcialidad y respeto a los derechos de todas las personas, incluidas aquellas a quienes detiene o investiga.

El texto capital en el Derecho español es el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), que enuncia los principios básicos de actuación, agrupados en varios apartados. El primero es la adecuación al ordenamiento jurídico, que exige neutralidad, imparcialidad, integridad y sujeción jerárquica con el límite de la obediencia debida:

«Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes: 1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él resueltamente. d) Sujetarse en su actuación profesional, a los principios de jerarquía y subordinación. En ningún caso, la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes. [...]» (art. 5.1 LOFCS)

El segundo apartado, relaciones con la comunidad, contiene el principio de proporcionalidad en el uso de los medios y la regla sobre el empleo de las armas, esenciales en esta materia:

«2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. [...] c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. d) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas [...].» (art. 5.2 LOFCS)

Los apartados siguientes regulan el tratamiento de detenidos (identificarse como agentes, velar por la vida y la integridad de los detenidos, respetar su honor y dignidad, y cumplir los trámites y plazos legales de la detención), la dedicación profesional (deber de intervenir en cualquier tiempo y lugar, estén o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad ciudadana), el secreto profesional (guardar riguroso secreto de las informaciones conocidas por razón del cargo) y la responsabilidad personal y directa por los actos que infrinjan las normas o los principios enunciados. Este catálogo condensa toda la ética policial en un solo precepto.

En el plano europeo, el instrumento de referencia es el Código Europeo de Ética de la Policía, aprobado por la Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 19 de septiembre de 2001. Fue el primer instrumento supranacional en materia de ética policial y establece que los objetivos de la policía en una sociedad democrática regida por el imperio de la ley son garantizar el mantenimiento de la tranquilidad pública y el respeto de la ley, proteger y respetar los derechos y libertades fundamentales, prevenir y combatir la delincuencia y prestar asistencia a la población. Insiste en que la policía debe estar sometida a la ley, actuar con imparcialidad y no discriminación, rendir cuentas ante el poder judicial y la sociedad, seleccionar y formar a su personal en los valores democráticos, y respetar la dignidad de todas las personas, prohibiendo de forma absoluta la tortura y los tratos inhumanos o degradantes. Junto a él conviene recordar el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU (1979) y la Declaración universal como referentes internacionales.

Dato de examen: memoriza los principios básicos de actuación del art. 5 LOFCS por bloques: adecuación al ordenamiento (respeto a la Constitución, neutralidad e imparcialidad, integridad frente a la corrupción, jerarquía con el límite de la obediencia debida), relaciones con la comunidad (impedir prácticas abusivas o discriminatorias, congruencia-oportunidad-proporcionalidad, armas solo ante riesgo grave), tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad. Y retén que el Código Europeo de Ética de la Policía es la Recomendación Rec(2001)10 del Consejo de Europa (19 de septiembre de 2001). La obediencia debida no ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito.

3. La transmisión de valores: el proceso de socialización

Los valores no son innatos: se aprenden y se transmiten de generación en generación a través del proceso de socialización, que es aquel por el cual la persona interioriza las normas, los valores y las pautas de conducta de la sociedad en la que vive, integrándose en ella y construyendo su propia identidad. Es un proceso que dura toda la vida, pero en el que se distinguen dos grandes fases:

• La socialización primaria, que tiene lugar en la infancia, sobre todo en el seno de la familia, y en la que se adquieren los valores y hábitos básicos, el lenguaje y las primeras normas. Es la más intensa y decisiva para la formación de la personalidad.
• La socialización secundaria, posterior, en la que intervienen otros agentes socializadores —la escuela, el grupo de iguales, el trabajo, los medios de comunicación y las redes sociales—, y en la que la persona se incorpora a nuevos ámbitos y roles sociales.

Estos agentes pueden transmitir tanto valores positivos (respeto, honestidad, solidaridad) como contravalores (violencia, intolerancia, discriminación). De ahí la enorme importancia de la educación en valores y de una socialización orientada hacia la convivencia democrática, así como la responsabilidad de los medios y de las plataformas digitales, hoy en día grandes transmisores de modelos de conducta que compiten con la familia y la escuela por la influencia sobre los más jóvenes.

Se habla también de resocialización para referirse al proceso por el que una persona abandona pautas anteriores y adquiere valores y hábitos nuevos; es el sentido que la Constitución da a las penas privativas de libertad, orientadas por su artículo 25.2 hacia la reeducación y la reinserción social. La socialización explica, además, cómo se aprenden los roles sociales (los papeles que se espera que cada persona desempeñe según su posición) y las normas asociadas a ellos. En sentido inverso, una socialización deficiente o desviada puede favorecer la interiorización de contravalores. Especial preocupación suscita hoy la radicalización a través de internet y las redes sociales: entornos en los que ciertos individuos, a menudo jóvenes, interiorizan discursos de odio, extremistas o violentos, en un fenómeno que puede desembocar en la comisión de delitos e incluso en el terrorismo. Prevenir esa radicalización es una de las grandes tareas actuales de la seguridad pública, en la que colaboran la Policía, la comunidad educativa y los servicios sociales.

4. Los valores de la convivencia democrática

El temario destaca tres pares de valores que sostienen la convivencia y que conviene analizar unidos, porque se complementan y se equilibran mutuamente. Junto a ellos, la vida en común se apoya en otros valores íntimamente relacionados —la justicia (dar a cada uno lo suyo), la paz (ausencia de violencia y resolución dialogada de los conflictos), la honestidad, el respeto y la responsabilidad cívica—, que forman un sistema coherente. Todos ellos son, además, valores que la Policía ha de encarnar de manera ejemplar en su actuación, pues su misión constitucional consiste precisamente en proteger el ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía.

4.1. Libertad y responsabilidad

La libertad es la capacidad de la persona para decidir y actuar por sí misma, sin coacciones indebidas, conforme a su propia voluntad y conciencia. Es un valor superior del ordenamiento (art. 1.1 CE) y se despliega en múltiples libertades concretas (de expresión, de reunión, de conciencia, de circulación, de asociación). Pero la libertad no es absoluta ni ilimitada: encuentra su límite en los derechos de los demás y en el respeto a la ley. Por eso va indisolublemente unida a la responsabilidad, que es la obligación de responder de los propios actos y de sus consecuencias. No hay verdadera libertad sin responsabilidad: quien actúa libremente ha de asumir lo que su acción provoca. La conjunción de ambas es lo que distingue a la persona autónoma y madura, capaz de autogobernarse respetando a los demás.

4.2. Igualdad y solidaridad

La igualdad significa que todas las personas poseen la misma dignidad y son iguales ante la ley, sin que quepan discriminaciones por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición (art. 14 CE). Conviene distinguir la igualdad formal (igualdad ante la ley) de la igualdad real o material (art. 9.2 CE), que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impiden que la libertad y la igualdad sean efectivas, lo que legitima las medidas de acción positiva a favor de los colectivos desfavorecidos. La igualdad se complementa con la solidaridad, que es la conciencia de que todos formamos parte de una misma comunidad y el compromiso de ayudar a los demás, especialmente a los más vulnerables. La solidaridad inspira el Estado social (art. 1.1 CE) y se traduce en instituciones como la seguridad social, los servicios públicos, la cooperación al desarrollo o el voluntariado.

4.3. Tolerancia

La tolerancia es el respeto y la aceptación de la diversidad de opiniones, creencias, culturas y formas de vida distintas de la propia. No consiste en la indiferencia ni en renunciar a las propias convicciones, sino en reconocer al otro el derecho a pensar y vivir de forma diferente, y en convivir pacíficamente en la pluralidad. Es un valor esencial de la democracia, que es por definición un sistema plural. Ahora bien, la tolerancia tiene un límite: no puede tolerarse lo que destruye la propia convivencia y los derechos de los demás (la llamada «paradoja de la tolerancia», formulada por Karl Popper); por eso una sociedad democrática no tolera la violencia, el odio ni la discriminación. La tolerancia es el antídoto frente a los contravalores que se examinan a continuación.

Dato de examen: distingue la igualdad formal (art. 14 CE, ante la ley) de la igualdad real o material (art. 9.2 CE, que obliga a remover obstáculos y ampara la acción positiva). Y recuerda que la tolerancia no es ilimitada: no se tolera lo que destruye la convivencia (paradoja de la tolerancia). Estos matices se preguntan con frecuencia.

5. Contravalores: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo

Los contravalores son las actitudes y conductas opuestas a los valores mayoritarios de la convivencia; representan reacciones sociales de rechazo a la pluralidad, la igualdad y la tolerancia. El temario menciona expresamente cinco:

• El racismo es la ideología o actitud que sostiene la existencia de razas humanas jerarquizadas y la superioridad de unas sobre otras, y que discrimina a las personas por su origen étnico o racial. Se vincula a la xenofobia (rechazo al extranjero) y al etnocentrismo. Es un contravalor frontalmente opuesto a la igualdad y a la dignidad.
• El fanatismo es la adhesión apasionada, ciega y desmedida a una idea, creencia, causa o persona, con intolerancia absoluta hacia quienes no la comparten. El fanático no admite el diálogo ni la crítica y puede llegar a justificar la violencia en nombre de su causa.
• El fundamentalismo es la exigencia de una aplicación rígida, literal e intransigente de los principios o dogmas de una religión o ideología, que se pretende imponer al conjunto de la sociedad, negando el pluralismo y la separación entre lo público y las creencias privadas. El fundamentalismo religioso está en la base de ciertas formas de terrorismo.
• El sectarismo es la actitud propia de quien se adhiere de forma cerrada e intransigente a un grupo o secta, defendiendo sus intereses o dogmas con exclusión y hostilidad hacia los ajenos. Las sectas destructivas se caracterizan por la manipulación psicológica, la anulación de la voluntad de sus miembros y el aislamiento del exterior.
• El hooliganismo es la violencia asociada al deporte, y en especial al fútbol, protagonizada por grupos radicales de seguidores (los hooligans o «ultras») que convierten el espectáculo deportivo en pretexto para la agresión, el enfrentamiento y el vandalismo. En España se combate a través de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Todos estos contravalores comparten un rasgo común: la intolerancia y el rechazo del diferente, que en sus formas más graves desemboca en conductas delictivas motivadas por el odio. Muchos de ellos se alimentan de un proceso de radicalización, entendido como la adopción progresiva de posiciones cada vez más extremas que llegan a justificar la violencia para imponer las propias ideas. Cuando esa violencia se organiza y persigue subvertir el orden constitucional o aterrorizar a la población, se entra en el terreno del terrorismo, sea de matriz yihadista, de extrema derecha o de otra naturaleza. La prevención de la radicalización violenta es hoy una de las grandes prioridades de las políticas de seguridad, en la que la Policía desempeña un papel esencial junto con la comunidad educativa y los servicios sociales.

Dato de examen: memoriza los cinco contravalores del epígrafe y no los confundas. Fanatismo = adhesión ciega e intolerante a una causa; fundamentalismo = aplicación literal e impuesta de dogmas; sectarismo = adhesión cerrada a un grupo o secta. El hooliganismo se combate con la Ley 19/2007 (violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte).

6. Los delitos de odio: concepto y elementos

Un delito de odio es, según la definición que maneja la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), toda infracción penal —contra las personas o contra los bienes— en la que la víctima, el local o el objetivo se eligen por su vinculación, pertenencia o relación con un grupo basado en una característica común, como la raza, el origen nacional o étnico, la religión, la orientación o identidad sexual, la discapacidad u otro factor similar. El delito de odio se compone, por tanto, de dos elementos: (1) una conducta que ya es delito por sí misma (unas lesiones, unas amenazas, unos daños, un homicidio); y (2) un móvil o motivación discriminatoria, el prejuicio hacia el grupo al que la víctima pertenece o se cree que pertenece. Es esa motivación la que convierte un delito común en un delito de odio y agrava su reproche.

La lucha internacional contra estos delitos se coordina en el seno de la OSCE a través de su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR), que recopila datos y promueve buenas prácticas entre los Estados. Para identificar la motivación de odio se recurre a los llamados indicadores de polarización o de sesgo (bias indicators): la percepción de la víctima o de los testigos sobre el móvil, las expresiones, insultos o símbolos empleados por el autor, la pertenencia real o aparente de la víctima a un grupo, la coincidencia con fechas o lugares señalados para el colectivo (una celebración, un templo, una sede), la ausencia de otro móvil aparente (como el lucro) o los antecedentes de tensión en la zona. La correcta apreciación de estos indicadores por el agente que interviene es decisiva para que el hecho se catalogue y se investigue como delito de odio desde el primer momento, pues de ello depende que se recojan los indicios que después permitirán aplicar la agravante.

Los delitos de odio tienen una gravedad especial porque no lesionan solo a la víctima concreta, sino que envían un mensaje de amenaza y exclusión a todo el colectivo al que pertenece (efecto que se conoce como «mensaje» o victimización del grupo) y atacan valores esenciales de la convivencia como la igualdad y la dignidad. Conviene distinguir el delito de odio (con violencia o daño) del discurso de odio (hate speech), que es la incitación pública al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un grupo, y que también está penado (art. 510 CP). Y hay que separar ambos de los simples incidentes de odio, que son conductas motivadas por prejuicio que no alcanzan a ser delito (por ejemplo, ciertas expresiones, pintadas o comportamientos hostiles), pero que igualmente deben registrarse y vigilarse por su potencial de escalada.

Los delitos de odio se clasifican por el motivo o característica protegida que los inspira. Según los informes del Ministerio del Interior, los ámbitos más frecuentes en España son el racismo y la xenofobia, la orientación e identidad sexual (LGTBIfobia), la ideología, las creencias o prácticas religiosas, la aporofobia (rechazo a las personas pobres), la discapacidad, el antisemitismo y el antigitanismo. Bajo cada una de estas etiquetas pueden encontrarse infracciones muy diversas: agresiones y lesiones, amenazas y coacciones, injurias y daños, además de las conductas de incitación o humillación del art. 510. Lo que las unifica, y lo que el policía debe saber detectar, es siempre el mismo denominador: el prejuicio como móvil de la conducta.

7. El marco jurídico de los delitos de odio

El ordenamiento español combate los delitos de odio en varios frentes. Los tres instrumentos esenciales son la agravante genérica del art. 22.4.ª CP, el delito específico del art. 510 CP y la ley general antidiscriminación (Ley 15/2022).

a) La circunstancia agravante del artículo 22.4.ª del Código Penal. Es la herramienta más habitual: permite agravar la pena de cualquier delito cuando se comete por un móvil discriminatorio. Su tenor literal es:

«Son circunstancias agravantes: [...] 4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.» (art. 22.4.ª CP)

Un dato de examen relevante: la agravante se aplica con independencia de que tales condiciones concurran efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta; es decir, se aplica aunque el autor se haya equivocado sobre la pertenencia de la víctima al grupo (por ejemplo, si agrede a alguien creyéndolo homosexual o extranjero, aunque no lo sea). Lo determinante es el móvil del autor, no la condición real de la víctima.

b) El delito del artículo 510 del Código Penal. Es el precepto que tipifica de manera específica el discurso y los actos de odio. Su apartado 1 castiga con prisión de uno a cuatro años y multa la incitación al odio y la producción o difusión de materiales de ese contenido, así como la negación o enaltecimiento de delitos de genocidio:

«1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.» (art. 510.1.a) CP)

Su apartado 2 castiga con pena inferior (prisión de seis meses a dos años y multa) la lesión de la dignidad mediante la humillación, el menosprecio o el descrédito de esos grupos. Y el apartado 3 contiene una agravación específica muy preguntada cuando los hechos se difunden por internet:

«3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.» (art. 510.3 CP)

El precepto prevé, además, la inhabilitación para profesión u oficio educativos, deportivos y de tiempo libre, la destrucción o retirada de los materiales y el bloqueo de las páginas de internet dedicadas a difundir esos contenidos.

c) La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Es la ley general antidiscriminación del ordenamiento español. Su artículo 1 declara que tiene por objeto garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, respetar la igual dignidad de las personas, en desarrollo de los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. Reconoce el derecho de toda persona a la igualdad de trato con independencia de su nacionalidad, edad o situación de residencia, y enumera un amplísimo catálogo de causas protegidas (nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, lengua, situación socioeconómica «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»). Define las distintas formas de discriminación —directa e indirecta, por asociación y por error, múltiple e interseccional, el acoso discriminatorio y las represalias— y regula las medidas de acción positiva. Muy relevante para la Policía es su artículo 18, según el cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad evitarán la utilización de perfiles discriminatorios sin una justificación objetiva, mandato que prohíbe la elaboración de perfiles étnicos o raciales en la actuación policial.

Un punto especialmente delicado es la frontera con la libertad de expresión (art. 20 CE). Ni el discurso de odio ni los delitos del art. 510 pueden servir para castigar la mera expresión de ideas incómodas, molestas o minoritarias, que están amparadas por la libertad de expresión, pilar de la democracia. La línea que separa lo protegido de lo perseguible la marca la incitación al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia: solo cuando la expresión promueve o favorece un clima real de violencia u hostilidad contra un grupo se convierte en delito. El Tribunal Constitucional lo ha subrayado; por ejemplo, en su Sentencia 235/2007 declaró inconstitucional castigar la mera negación del genocidio (que quedaría amparada por la libertad de expresión), manteniendo en cambio la punición de su justificación o enaltecimiento cuando incita a la violencia o la discriminación. Esta distinción es capital: se persigue el odio que incita o humilla, no la opinión discrepante.

A este marco se añaden normas sectoriales, como la citada Ley 19/2007 contra la violencia y la intolerancia en el deporte, y los compromisos internacionales de España en el seno de la ONU, el Consejo de Europa (con su Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI) y la Unión Europea.

Dato de examen: retén el triángulo del marco jurídico. Art. 22.4.ª CP: agravante genérica por móvil discriminatorio, que se aplica aunque las condiciones NO concurran realmente en la víctima. Art. 510 CP: delito de discurso de odio; prisión de 1 a 4 años en su apartado 1; pena en su mitad superior si se difunde por internet o medios (apartado 3). Ley 15/2022: ley integral de igualdad de trato; su art. 18 prohíbe a las FCS los perfiles discriminatorios sin justificación objetiva.

8. La respuesta policial e institucional

La lucha contra los delitos de odio es una prioridad de las políticas de seguridad. El Ministerio del Interior aprobó un Plan de acción de lucha contra los delitos de odio y publica anualmente un informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, elaborado a partir de los datos que registran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que exige una correcta identificación y catalogación de estos hechos desde el primer momento. Existe además la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, como órgano de coordinación. En el ámbito del Ministerio Fiscal, se han creado fiscales especializados (delegados) en delitos de odio y discriminación, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuentan con protocolos de actuación y con agentes o unidades de referencia específicamente formados en la materia. La formación de los agentes es clave, porque de su preparación depende que sepan reconocer la motivación de odio, recoger correctamente los indicios (las expresiones del autor, los símbolos, el contexto) y volcar los datos en las estadísticas oficiales, evitando que el hecho se registre como un delito común sin más.

La protocolización policial se traduce en pautas concretas: al elaborar el atestado, el agente debe hacer constar de forma expresa los indicadores de polarización apreciados, consignar literalmente las expresiones proferidas, fotografiar los símbolos o pintadas, recabar el testimonio de la víctima sobre su percepción del móvil y describir el contexto, de modo que la autoridad judicial disponga de los elementos necesarios para valorar la aplicación de la agravante del art. 22.4.ª o del delito del art. 510. La Policía Nacional cuenta con instrumentos de registro específicos y con la figura de los interlocutores o gestores de estos delitos.

Es fundamental, asimismo, la atención a la víctima: las víctimas de delitos de odio son especialmente vulnerables, sufren un fuerte impacto psicológico y con frecuencia no denuncian (la llamada «cifra oculta» o infradenuncia), por temor, desconfianza hacia las instituciones, vergüenza o desconocimiento de sus derechos. Por ello el Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril) les reconoce derechos reforzados de información, protección, apoyo y trato especializado, y la Policía debe dispensarles un trato respetuoso, cercano y libre de prejuicios, evitando la victimización secundaria (el daño añadido que sufre la víctima por el trato inadecuado de las propias instituciones). En definitiva, el funcionario de la Policía Nacional es, en esta materia, el primer eslabón en la garantía de la igualdad y en la protección de quienes son agredidos por ser, pensar o creer de forma diferente: de su actuación depende que el delito de odio se detecte, se investigue y se sancione como merece.

9. Ideas fuerza para el test

• Moral = normas y valores que rigen de hecho la conducta; ética = reflexión filosófica sobre la moral; deontología = ética aplicada a una profesión. El fundamento de la ética actual es la dignidad de la persona (art. 10.1 CE) y los valores superiores del art. 1.1 CE (libertad, justicia, igualdad, pluralismo político). Teorías: Kant (deber), utilitarismo (consecuencias), virtud (Aristóteles), Weber (convicción vs responsabilidad).
• Deontología policial: los principios básicos de actuación del art. 5 LOFCS —adecuación al ordenamiento (respeto a la Constitución, neutralidad e imparcialidad, integridad, jerarquía con el límite de la obediencia debida), relaciones con la comunidad (congruencia, oportunidad y proporcionalidad; armas solo ante riesgo grave), tratamiento de detenidos, dedicación, secreto profesional y responsabilidad—. El Código Europeo de Ética de la Policía es la Recomendación Rec(2001)10 (19-9-2001).
• Los valores se transmiten por la socialización: primaria (infancia, familia) y secundaria (escuela, iguales, trabajo, medios). Agentes clave: familia, escuela, grupo de iguales y medios de comunicación. Resocialización: art. 25.2 CE (reeducación y reinserción).
• Pares de valores: libertad-responsabilidad (no hay libertad sin responder de los actos), igualdad-solidaridad (igualdad formal del art. 14 y real del art. 9.2 CE; solidaridad) y tolerancia (respeto a la diversidad, con el límite de lo que destruye la convivencia).
• Contravalores: racismo (jerarquía de razas), fanatismo (adhesión ciega e intolerante), fundamentalismo (aplicación literal e impuesta de dogmas), sectarismo (adhesión cerrada a un grupo o secta) y hooliganismo (violencia en el deporte; Ley 19/2007).
• Un delito de odio = delito común + móvil discriminatorio (prejuicio hacia el grupo de la víctima; definición de la OSCE). Distíngase del discurso de odio (incitación, art. 510) y de los incidentes de odio (no delictivos).
• Marco jurídico: agravante del art. 22.4.ª CP (se aplica aunque las condiciones NO concurran realmente en la víctima); delito del art. 510 CP (incitación al odio; prisión 1-4 años; mitad superior si se difunde por internet); y la Ley 15/2022 integral para la igualdad de trato (art. 18: las FCS evitarán perfiles discriminatorios sin justificación objetiva).
• Respuesta institucional: Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), informe anual del Ministerio del Interior, fiscales especializados, indicadores de polarización, protocolización en el atestado, atención a la víctima (Ley 4/2015) y lucha contra la infradenuncia y la victimización secundaria.