El Gobierno Abierto: concepto y principios informadores. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tema desarrollado para el primer ejercicio del Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (subgrupo C1, ingreso libre). El contenido se apoya en los documentos oficiales de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), en los Planes de Gobierno Abierto de España y en la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». El programa evaluable exacto es el del Anexo de tu convocatoria.

Índice

• 1. El Gobierno Abierto: concepto y origen
• 2. Los principios informadores del Gobierno Abierto
• 3. El Gobierno Abierto en España
• 4. La Agenda 2030: origen y significado
• 5. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
• 6. Esferas, principios y dimensiones de la Agenda 2030
• 7. La implementación de la Agenda 2030 en España
• Esquema de repaso
• Ideas fuerza

1. El Gobierno Abierto: concepto y origen

El Gobierno Abierto (Open Government) es un modelo de gobernanza pública que parte de la idea de que la Administración debe estar permanentemente abierta a la ciudadanía, de modo que las personas puedan conocer lo que hacen los poderes públicos, participar en la elaboración de sus decisiones y colaborar en la mejora de los servicios. Frente al modelo tradicional, jerárquico y opaco, el Gobierno Abierto propone una Administración transparente, participativa y colaborativa, que rinde cuentas de su actuación y que aprovecha las tecnologías de la información para acercarse a los ciudadanos.

El concepto, aunque tiene raíces antiguas en la reivindicación de la publicidad de la actuación pública, se populariza a partir de enero de 2009 con el Memorandum on Transparency and Open Government y la posterior Open Government Directive impulsados en los Estados Unidos, que proclamaron los tres principios de transparencia, participación y colaboración. Supone un cambio de paradigma respecto del modelo burocrático tradicional: si la Administración clásica se caracterizaba por el secreto, la jerarquía y la unilateralidad, el Gobierno Abierto propone apertura, horizontalidad y diálogo. No pretende sustituir la democracia representativa, sino complementarla con mecanismos de democracia participativa y deliberativa que enriquezcan la toma de decisiones entre los procesos electorales. Su gran hito internacional es la creación, el 20 de septiembre de 2011, de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), una iniciativa multilateral en la que los Estados se comprometen voluntariamente, mediante planes de acción periódicos, a promover la transparencia, empoderar a la ciudadanía, luchar contra la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para reforzar la gobernanza. España forma parte de la Alianza desde su fundación y ha aprobado sucesivos planes en su marco.

El Gobierno Abierto no es, por tanto, una simple política de comunicación, sino una filosofía de gestión que reconfigura la relación entre Administración y sociedad: el ciudadano deja de ser un mero administrado para convertirse en un actor que fiscaliza, propone y coopera. Se apoya en instrumentos como la transparencia y el acceso a la información pública, los presupuestos abiertos, los datos abiertos (open data), los procesos de participación y consulta y la evaluación de las políticas públicas.

Los objetivos y beneficios que se persiguen con el Gobierno Abierto son múltiples: reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, muy erosionada por la percepción de opacidad y corrupción; mejorar la calidad de las decisiones públicas al incorporar el conocimiento y las preferencias de los afectados; aumentar la eficacia y la eficiencia de los servicios; y prevenir la corrupción mediante la exposición pública de la actuación administrativa. El Gobierno Abierto se vincula así estrechamente con el buen gobierno, entendido como el conjunto de principios éticos y de actuación (ejemplaridad, integridad, austeridad, responsabilidad) que la Ley 19/2013 exige a los altos cargos, y con la integridad institucional. En definitiva, transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas no son fines en sí mismos, sino medios para lograr una democracia de mayor calidad y una Administración verdaderamente al servicio del interés general.

2. Los principios informadores del Gobierno Abierto

El Gobierno Abierto se asienta, de forma unánime, sobre cuatro principios o pilares fundamentales:

• Transparencia. Es el principio de partida: los poderes públicos deben rendir cuentas de su actividad y abrir sus datos e información a la ciudadanía, de manera accesible y comprensible. Comprende tanto la publicidad activa (la Administración publica por iniciativa propia la información relevante) como el derecho de acceso a la información pública (los ciudadanos pueden solicitarla). En España se plasma en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
• Participación. Los ciudadanos tienen derecho a intervenir e implicarse en la elaboración y evaluación de las políticas públicas y en la toma de decisiones que les afectan. La participación va más allá del voto: incluye consultas públicas, procesos deliberativos, presupuestos participativos y la audiencia en la elaboración de normas (art. 105.a CE y arts. 133 de la Ley 39/2015).
• Colaboración. Implica el trabajo conjunto de las Administraciones entre sí y con la ciudadanía, las empresas y las organizaciones sociales, para generar valor público y mejorar los servicios. Se apoya en la innovación pública, la cocreación de soluciones y el aprovechamiento de la inteligencia colectiva.
• Rendición de cuentas (accountability). Los responsables públicos deben responder de sus decisiones y de los resultados de su gestión, sometiéndose al escrutinio de la sociedad y asumiendo las consecuencias. Es la contrapartida natural de la transparencia y refuerza la confianza en las instituciones.

Estos cuatro principios están interrelacionados y se refuerzan mutuamente: no hay participación real sin transparencia previa (para participar hay que estar informado), ni rendición de cuentas efectiva sin acceso a la información, ni colaboración fructífera sin voluntad de escucha. La participación, en particular, admite distintos grados o niveles de intensidad, que a menudo se representan como una escalera: informar (la Administración pone datos a disposición del ciudadano), consultar (recaba su opinión), implicar (tiene en cuenta sus aportaciones a lo largo del proceso), colaborar (trabaja conjuntamente con él en la búsqueda de soluciones) y empoderar (deja en sus manos parte de la decisión, como en los presupuestos participativos). Cuanto más se asciende en esa escalera, mayor es la corresponsabilidad de la ciudadanía en lo público.

A estos cuatro pilares suele añadirse, como elemento transversal, el uso de la tecnología y la innovación, que actúa como palanca para hacer efectivos los demás principios (portales de transparencia, plataformas de participación, portales de datos abiertos). El Gobierno Abierto se relaciona estrechamente con la Administración electrónica, pero no se confunde con ella: la Administración electrónica es el medio tecnológico; el Gobierno Abierto es la cultura y los valores que orientan su uso. Tampoco debe reducirse a la mera transparencia: la transparencia es su punto de partida, pero el Gobierno Abierto solo se completa cuando la información abierta se traduce en participación, colaboración y control democrático.

3. El Gobierno Abierto en España

España desarrolla su compromiso con el Gobierno Abierto a través de los Planes de Gobierno Abierto, elaborados en el marco de la Alianza (OGP) y de vigencia plurianual. Desde su incorporación a la OGP, España ha aprobado cinco planes: un I Plan (2012-2013), un II Plan (2014-2016), un III Plan (2017-2019), el IV Plan (2020-2024) y el V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029, actualmente vigente, aprobado por el Pleno del Foro de Gobierno Abierto en octubre de 2025 en Vitoria-Gasteiz —en el marco de la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto— con 10 compromisos y 218 iniciativas. El IV Plan articuló sus compromisos en torno a varios ejes: transparencia y rendición de cuentas, integridad pública (planes de lucha contra la corrupción y códigos éticos), participación ciudadana y sensibilización y formación en materia de gobierno abierto. Cada plan se elabora de forma participativa, con aportaciones de la sociedad civil, y se somete a seguimiento y evaluación por un mecanismo independiente de la propia Alianza.

El instrumento estrella de la transparencia en España es el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado (transparencia.gob.es), que canaliza tanto la publicidad activa —organización, planificación, información de relevancia jurídica, contratos, convenios, subvenciones, presupuestos y retribuciones de altos cargos— como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Su supervisión corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, autoridad independiente creada por la Ley 19/2013, que resuelve las reclamaciones frente a las denegaciones de información y vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad. Este entramado se estudia con detalle en el tema dedicado a la Ley 19/2013.

Un instrumento clave es el Foro de Gobierno Abierto, creado en 2017 como órgano de colaboración, cooperación y participación entre las Administraciones públicas y la sociedad civil en esta materia. El Foro funciona en Pleno, Comisión Permanente y grupos de trabajo, y en él están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la Administración local (FEMP) y numerosas organizaciones sociales. Contribuye a elaborar, impulsar y evaluar los Planes de Gobierno Abierto. Su existencia responde a una exigencia de la propia Alianza, que reclama que los planes se elaboren mediante procesos de cocreación entre el Gobierno y la sociedad civil, y no de forma unilateral por la Administración.

En el plano de los datos abiertos (open data), España cuenta con el portal datos.gob.es, que centraliza la puesta a disposición de la ciudadanía de conjuntos de datos del sector público para su libre reutilización. La reutilización de la información del sector público (conocida por las siglas RISP) se regula por la Ley 37/2007 (modificada para incorporar la normativa europea sobre datos abiertos), sobre la base de que la información generada por las Administraciones es un activo que puede crear valor económico y social. Para que los datos sean verdaderamente reutilizables han de publicarse en formatos abiertos, estructurados y legibles por máquina, sin restricciones que impidan su tratamiento, y acompañados de licencias claras de uso. La iniciativa Aporta promueve en España la apertura y reutilización de datos públicos y su aprovechamiento por empresas, personas investigadoras y periodistas de datos. Junto a ello, la Administración electrónica se sostiene en las leyes 39/2015 (procedimiento administrativo común, con la tramitación electrónica como regla) y 40/2015 (régimen jurídico del sector público, con el funcionamiento electrónico y la interoperabilidad de los sistemas).

4. La Agenda 2030: origen y significado

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan de acción global aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, mediante la Resolución 70/1, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Fue suscrita por los 193 Estados miembros de la ONU y entró en vigor el 1 de enero de 2016, con un horizonte temporal que se extiende hasta el año 2030.

La Agenda 2030 sucede a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos que rigieron entre 2000 y 2015 y que se centraron sobre todo en la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Los ODM fueron: (1) erradicar la pobreza extrema y el hambre; (2) lograr la enseñanza primaria universal; (3) promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; (4) reducir la mortalidad infantil; (5) mejorar la salud materna; (6) combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades; (7) garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y (8) fomentar una alianza mundial para el desarrollo. La nueva Agenda es mucho más ambiciosa y de alcance universal: se aplica a todos los países —desarrollados y en desarrollo—, integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social y ambiental) y se estructura en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desarrollados en 169 metas, cuyo cumplimiento se mide mediante un amplio conjunto de indicadores.

La Agenda 2030 es fruto de un largo proceso de negociación internacional que hunde sus raíces en las grandes cumbres de la Tierra: la Cumbre de Río de Janeiro de 1992 (que consagró el concepto de desarrollo sostenible y aprobó la Agenda 21), la Cumbre de Johannesburgo de 2002 y, sobre todo, la Conferencia Río+20 de 2012, en la que se decidió elaborar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible y se creó un Grupo de Trabajo Abierto que preparó la propuesta de los 17 ODS. La Agenda 2030 no es un tratado internacional jurídicamente vinculante, sino un compromiso político de gran fuerza moral que los Estados se obligan a incorporar a sus políticas nacionales.

El desarrollo sostenible se entiende, desde el Informe Brundtland de 1987, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. La Agenda 2030 traduce esa idea en compromisos concretos que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todas las personas.

5. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los 17 ODS constituyen el núcleo de la Agenda 2030. Cada uno cuenta con un icono y un color propios, y su símbolo colectivo es la rueda multicolor de los ODS, que se ha convertido en un emblema reconocible del compromiso con el desarrollo sostenible. Son los siguientes:

• ODS 1. Fin de la pobreza: poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
• ODS 2. Hambre cero: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
• ODS 3. Salud y bienestar: garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
• ODS 4. Educación de calidad: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.
• ODS 5. Igualdad de género: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
• ODS 6. Agua limpia y saneamiento: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
• ODS 7. Energía asequible y no contaminante: garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna.
• ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente.
• ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
• ODS 10. Reducción de las desigualdades: reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
• ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
• ODS 12. Producción y consumo responsables: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
• ODS 13. Acción por el clima: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
• ODS 14. Vida submarina: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
• ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad.
• ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas: promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces y responsables.
• ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Los objetivos no son compartimentos estancos: están integrados e indivisibles, de modo que el avance en uno repercute en los demás (por ejemplo, la educación —ODS 4— incide en la igualdad de género —ODS 5— y en la reducción de la pobreza —ODS 1—). El ODS 17 tiene un carácter instrumental: se refiere a los medios de implementación necesarios para alcanzar todos los demás —financiación, tecnología, comercio, coherencia de políticas y datos—. La financiación del desarrollo sostenible se abordó específicamente en la Agenda de Acción de Addis Abeba (julio de 2015), que constituye el marco para movilizar recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, al servicio de los ODS. Sin unos medios de implementación adecuados y sin una verdadera alianza mundial que reúna a Gobiernos, sector privado y sociedad civil, los objetivos quedarían en meras aspiraciones.

6. Esferas, principios y dimensiones de la Agenda 2030

El preámbulo de la Resolución 70/1 agrupa los objetivos en torno a cinco esferas de importancia crítica, conocidas como las «cinco P»: Personas (People: poner fin a la pobreza y el hambre y garantizar la dignidad), Planeta (Planet: proteger los recursos naturales y actuar frente al cambio climático), Prosperidad (Prosperity: asegurar vidas prósperas y plenas en armonía con la naturaleza), Paz (Peace: propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas) y Alianzas (Partnership: movilizar los medios necesarios mediante una alianza mundial).

La Agenda descansa, además, sobre principios rectores:

• Universalidad: los ODS obligan a todos los países, no solo a los menos desarrollados.
• No dejar a nadie atrás (leave no one behind): es el principio ético central; exige atender prioritariamente a las personas y colectivos más vulnerables, de modo que el progreso llegue a todos.
• Integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental, que deben avanzar de forma equilibrada y coherente.
• Transversalidad y coherencia de políticas: los ODS deben incorporarse a todas las políticas públicas y a todos los niveles de gobierno.

La integración de las tres dimensiones es una de las grandes aportaciones de la Agenda. La dimensión económica persigue un crecimiento que genere empleo digno y prosperidad compartida (ODS 8, 9, 10, 12); la social busca garantizar los derechos y el bienestar de todas las personas —salud, educación, igualdad, agua— y no dejar a nadie atrás (ODS 1 a 6); y la ambiental pretende preservar los ecosistemas y el clima para las generaciones presentes y futuras (ODS 7, 13, 14, 15). El desarrollo solo es sostenible cuando estas tres dimensiones avanzan de forma equilibrada: un crecimiento económico que destruya el medio ambiente o que profundice las desigualdades no es sostenible, del mismo modo que la protección ambiental no puede lograrse a costa de condenar a la pobreza a millones de personas. Por eso la Agenda 2030 rechaza los planteamientos parciales y exige mirar el desarrollo de manera holística e interdependiente.

Cada uno de los 17 objetivos se concreta en metas —169 en total— que precisan los resultados esperados (por ejemplo, dentro del ODS 1, «de aquí a 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo»). El grado de cumplimiento de las metas se mide con un marco global de indicadores, definido por la Comisión de Estadística de la ONU, que permite comparar la evolución de los países y orientar las políticas. En España, el Instituto Nacional de Estadística (INE) mantiene un sistema de indicadores de los ODS que da soporte al seguimiento nacional.

El seguimiento a escala mundial se realiza a través del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, que se reúne anualmente bajo los auspicios del Consejo Económico y Social y, cada cuatro años, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. Ante él los Estados presentan voluntariamente sus Informes Nacionales Voluntarios sobre el grado de avance; España ha presentado varios de estos informes desde 2018, rindiendo cuentas de sus progresos y dificultades en la implementación de la Agenda.

7. La implementación de la Agenda 2030 en España

España asumió desde el primer momento un firme compromiso con la Agenda 2030. Entre los hitos de su despliegue destacan el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030, aprobado en 2018, y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el Consejo de Ministros en 2021, que define las políticas palanca y los retos país para acelerar el cumplimiento de los ODS.

En el plano orgánico, la impulsión de la Agenda 2030 se confió inicialmente a un Alto Comisionado para la Agenda 2030, dependiente de la Presidencia del Gobierno (creado en 2018), y posteriormente la coordinación se ha atribuido a una Secretaría de Estado específica dentro del departamento ministerial competente en derechos sociales y agenda 2030. La gobernanza se apoya, además, en órganos como la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030 (que coordina la acción de los distintos ministerios), la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030 (que articula la cooperación con las Comunidades Autónomas) y el Consejo de Desarrollo Sostenible (órgano de participación de la sociedad civil, las empresas y la academia). El Plan de Acción de 2018 se acompañó de unas Directrices Generales para orientar la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

La Administración local desempeña un papel esencial, pues muchos ODS —vivienda, movilidad, servicios sociales, medio ambiente urbano, agua— se materializan en el ámbito municipal: es lo que se conoce como la «localización» de los ODS, esto es, su traducción a la escala del territorio y de la vida cotidiana. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) impulsa una Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, que agrupa a ayuntamientos y diputaciones comprometidos con la elaboración de estrategias locales, la sensibilización y el intercambio de buenas prácticas. Las Comunidades Autónomas, por su parte, han aprobado sus propias estrategias autonómicas. De este modo, la implementación de la Agenda 2030 en España es multinivel: implica al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las entidades locales, en coherencia con el reparto competencial y con el principio de que ningún nivel de gobierno queda al margen del compromiso con el desarrollo sostenible.

La Agenda 2030 se conecta, además, con otras políticas estratégicas del país, como la Agenda Urbana Española (marco para el desarrollo sostenible de pueblos y ciudades, alineado con el ODS 11 y con la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas), las políticas frente al reto demográfico y la despoblación, la transición ecológica y las estrategias de igualdad. El principal desafío es la coherencia: lograr que todas estas políticas remen en la misma dirección y que los ODS impregnen realmente la actividad administrativa cotidiana, y no queden como un mero adorno declarativo.

La implementación de la Agenda 2030 se entrelaza con el Gobierno Abierto: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación son, a la vez, principios del Gobierno Abierto y condiciones para el seguimiento de los ODS, y el propio ODS 16 (instituciones sólidas y transparentes) constituye el puente natural entre ambos ámbitos. Por eso este tema integra dos caras de una misma aspiración: una Administración más abierta al servicio de un desarrollo más sostenible.

Esquema de repaso

GOBIERNO ABIERTO
 ├─ CONCEPTO: Administración transparente, participativa y colaborativa que rinde cuentas
 ├─ ORIGEN: Open Government Directive (EE. UU., 2009) · ALIANZA GOBIERNO ABIERTO (OGP, 20-sep-2011)
 │     España miembro desde su fundación
 ├─ 4 PRINCIPIOS: TRANSPARENCIA · PARTICIPACIÓN · COLABORACIÓN · RENDICIÓN DE CUENTAS
 │     (+ tecnología/innovación como palanca transversal)
 └─ ESPAÑA: 5 Planes de Gobierno Abierto (V 2025-2029 VIGENTE) · FORO de Gobierno Abierto (2017)
           datos abiertos (datos.gob.es · Ley 37/2007) · Leyes 19/2013, 39/2015 y 40/2015

AGENDA 2030 (ONU, Resolución 70/1, 25-sep-2015; 193 Estados; horizonte 2030)
 ├─ Sucede a los ODM (2000-2015) · 17 ODS + 169 METAS · universal
 ├─ 5 P: PERSONAS · PLANETA · PROSPERIDAD · PAZ · ALIANZAS
 ├─ PRINCIPIOS: universalidad · NO DEJAR A NADIE ATRÁS · integración (económica/social/ambiental)
 ├─ Seguimiento: Foro Político de Alto Nivel · Informes Nacionales Voluntarios
 └─ ESPAÑA: Plan de Acción 2018 · Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021)
           Comisión Delegada · Conferencia Sectorial · Consejo de Desarrollo Sostenible

Ideas fuerza

• El Gobierno Abierto se asienta en cuatro principios: transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Su hito internacional es la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), de 2011, de la que España es miembro fundador.
• No confundir Gobierno Abierto (cultura y valores) con Administración electrónica (medio tecnológico): esta es la herramienta; aquel, la filosofía.
• La Agenda 2030 se aprobó por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015 (Resolución 70/1); contiene 17 ODS y 169 metas y sucede a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Las cinco esferas de la Agenda son las «cinco P»: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas; su principio ético central es no dejar a nadie atrás.
• En España, la Agenda se despliega con el Plan de Acción (2018) y la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (2021), coordinada por una Secretaría de Estado y la Comisión Delegada del Gobierno para la Agenda 2030.