Concepto y principios del Derecho Penal

Tema desarrollado para preparar el primer ejercicio de conocimientos de la Escala Ejecutiva (Inspector/a) de la Policía Nacional. La información es orientativa y está verificada a la fecha de actualización frente al BOE; el contenido evaluable lo fija el temario del anexo II de tu convocatoria (Resolución de 31 de julio de 2025, BOE-A-2025-16611). Los artículos del Código Penal se reproducen literalmente del texto consolidado (BOE-A-1995-25444).

Índice

• 0. Introducción: el Derecho Penal como control social formalizado
• 1. Concepto de Derecho Penal
  • 1.1. Derecho penal objetivo y subjetivo (el ius puniendi)
  • 1.2. Caracteres del Derecho Penal
  • 1.3. La norma penal: estructura y fuentes
  • 1.4. Funciones del Derecho Penal y teorías de la pena
• 2. Los principios limitadores del ius puniendi
  • 2.1. El principio de legalidad
  • 2.2. El principio de tipicidad
  • 2.3. El principio de intervención mínima (ultima ratio)
  • 2.4. El principio de culpabilidad
  • 2.5. Proporcionalidad, non bis in idem y ofensividad
• 3. Las consecuencias jurídicas del delito (panorámica)
• 4. El Código Penal español
  • 4.1. Estructura
  • 4.2. Bases político-criminales
• Ideas fuerza para el test

0. Introducción: el Derecho Penal como control social formalizado

Toda sociedad necesita mecanismos de control social que aseguren la convivencia y encaucen el comportamiento de sus miembros. El Derecho Penal es el más enérgico de esos mecanismos: el que responde a los ataques más graves contra los bienes más valiosos con las consecuencias más severas de que dispone el ordenamiento —las penas y las medidas de seguridad, entre ellas la privación de libertad—. Precisamente por su carácter aflictivo, el Derecho Penal es también el sector del ordenamiento más garantista: su ejercicio está sometido a límites estrictos que protegen al ciudadano frente a un uso arbitrario del poder punitivo. Comprender qué es el Derecho Penal, qué principios lo informan y cómo se estructura el Código Penal es la base sobre la que se asienta todo el bloque penal del temario, de enorme peso en el examen de Inspector.

El control social puede ser informal (la familia, la escuela, la religión, la opinión pública, que operan mediante la educación y la presión social) o formal (el que ejercen las instituciones del Estado con normas jurídicas y sanciones tasadas). El Derecho Penal es la manifestación más formalizada y grave del control social formal, y su relación con la seguridad ciudadana y con la actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es directa: la policía interviene en el momento en que el control social informal ha fracasado y se ha cometido —o se va a cometer— una infracción penal. De ahí que el futuro Inspector deba dominar no solo el catálogo de delitos, sino, antes que nada, el marco de garantías dentro del cual se investiga y se castiga.

El Derecho Penal se sitúa en el ámbito del Derecho público, pues regula la relación entre el Estado —titular del poder de castigar— y el ciudadano. No debe confundirse con las ciencias penales auxiliares: la Criminología (estudio empírico del delito, del delincuente y de la víctima), la Política criminal (conjunto de criterios para orientar la lucha contra la criminalidad y la reforma de las leyes) o la Penología (estudio de las penas y de su ejecución). El estudio científico y sistemático de las normas penales para su aplicación segura e igualitaria corresponde a la dogmática penal o ciencia del Derecho Penal. El Derecho Penal, en sentido estricto, es la disciplina jurídica que define los delitos y establece sus consecuencias.

1. Concepto de Derecho Penal

1.1. Derecho penal objetivo y subjetivo (el ius puniendi)

El concepto de Derecho Penal se contempla desde dos perspectivas complementarias. En sentido objetivo (ius poenale), el Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de un delito, como presupuesto, una pena o una medida de seguridad, como consecuencia jurídica. Es, por tanto, el sector del ordenamiento integrado por las normas que definen las infracciones penales y determinan sus sanciones. En sentido subjetivo (ius puniendi), el Derecho Penal es el derecho o potestad del Estado de crear y aplicar esas normas, es decir, el monopolio del poder punitivo. En el Estado moderno, la reacción frente al delito está por completo estatalizada: se prohíbe la venganza privada y la autotutela, y solo el Estado, a través de sus tribunales, puede imponer una pena.

El ius puniendi no es un poder ilimitado. En un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), la potestad de castigar encuentra sus límites precisamente en los principios que después se estudian (legalidad, intervención mínima, culpabilidad, proporcionalidad, etc.). Estos principios no son adornos teóricos: constituyen garantías constitucionales del ciudadano y condicionan la validez de toda norma y de toda condena. Cabe afirmar, con la doctrina, que el Derecho Penal moderno es tanto un instrumento de tutela de la sociedad como un instrumento de contención del propio poder que castiga.

El Derecho Penal sustantivo (el que define delitos y penas, contenido en el Código Penal) debe distinguirse de otras ramas con las que se relaciona estrechamente: el Derecho Procesal Penal (que regula el proceso a través del cual se aplican las normas penales, contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal), el Derecho Penitenciario (que disciplina la ejecución de las penas privativas de libertad, en la Ley Orgánica General Penitenciaria) y el Derecho Penal de menores (LO 5/2000). Todos ellos comparten los mismos principios inspiradores. Igualmente, el Derecho Penal se conecta con el Derecho Administrativo sancionador: ambos son manifestación de un único ius puniendi del Estado, por lo que los principios penales (legalidad, culpabilidad, proporcionalidad, non bis in idem) rigen, con matices, también en el ámbito administrativo, según ha declarado reiteradamente el Tribunal Constitucional desde la STC 18/1981.

1.2. Caracteres del Derecho Penal

De las definiciones anteriores se desprenden los caracteres del Derecho Penal:

• Público: la potestad punitiva corresponde en exclusiva al Estado; el particular no puede disponer de ella (ni siquiera el perdón del ofendido extingue, como regla, la responsabilidad penal, salvo en los escasos delitos privados o semipúblicos que la ley señala).
• Normativo y valorativo: está integrado por normas que expresan valoraciones sobre qué conductas merecen reproche y protege determinados bienes jurídicos.
• Sancionador: reacciona frente a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos con la sanción más grave del ordenamiento.
• Fragmentario: no protege todos los bienes jurídicos ni frente a todos los ataques, sino solo los más importantes frente a las agresiones más intolerables.
• Personalísimo: la responsabilidad penal es personal; la pena no puede trascender a personas distintas del culpable.
• Finalista o teleológico: se orienta a fines de protección (de bienes jurídicos) y de prevención.

A estos caracteres suele añadirse la idea, expresada por Franz von Liszt, de que el Código Penal es la «Carta Magna del delincuente»: aunque el Derecho Penal define lo prohibido, opera al mismo tiempo como garantía del ciudadano, pues fija con precisión hasta dónde puede llegar el poder punitivo y asegura que nadie será castigado fuera de los estrictos supuestos que la ley contempla. Esta doble faz —protectora de la sociedad y garante de la libertad individual— es la clave para entender la materia: el Derecho Penal no es solo un instrumento de represión, sino también un límite a la propia represión estatal. Von Liszt lo resumió en una fórmula célebre al afirmar que el Derecho Penal es la «barrera infranqueable de la política criminal».

1.3. La norma penal: estructura y fuentes

La norma penal presenta una estructura característica compuesta de dos elementos: un supuesto de hecho (la descripción de la conducta prohibida, es decir, el tipo o precepto) y una consecuencia jurídica (la pena o medida de seguridad que se asocia a su realización). Cuando ambos elementos aparecen íntegramente en un mismo precepto, se habla de norma penal completa. Frente a ella, existen las normas penales incompletas (que aclaran, completan o remiten a otras) y, sobre todo, las normas penales en blanco, en las que el supuesto de hecho no se describe por entero en la ley penal, sino que esta se remite a otra norma (con frecuencia extrapenal y de rango inferior) para integrarlo, como sucede en materia de medio ambiente, seguridad del tráfico o tráfico de drogas.

Detrás de la norma penal se distinguen dos planos: la norma primaria, dirigida al ciudadano, que le prohíbe u ordena una conducta (por ejemplo, «no matarás»), y la norma secundaria, dirigida al juez, que le ordena imponer la pena si aquella se infringe. Esta distinción, que se debe a Binding y a la teoría de las normas, explica que el ciudadano vulnera la norma primaria (el mandato) precisamente cuando cumple el supuesto de hecho de la ley penal.

En cuanto a las fuentes, rige aquí una regla singular derivada del principio de legalidad: la única fuente creadora de delitos y penas es la ley, y no cualquiera, sino la ley orgánica cuando se afecta a derechos fundamentales como la libertad (art. 81 CE). Ello determina el papel de las demás fuentes del ordenamiento:

• La costumbre no puede crear delitos ni penas (exigencia de lex scripta); a lo sumo puede operar de forma indirecta o favorable al reo (por ejemplo, para integrar elementos normativos del tipo o causas de justificación).
• Los principios generales del Derecho tampoco fundan delitos, pero informan la interpretación y pueden favorecer al reo.
• La jurisprudencia no es fuente creadora, aunque su función unificadora (especialmente la del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional) resulta decisiva para fijar el sentido de los tipos.
• Los tratados internacionales válidamente celebrados forman parte del ordenamiento (art. 96 CE) y condicionan el Derecho Penal, pero por sí solos no tipifican delitos aplicables directamente sin ley interna que los incorpore.

El Tribunal Constitucional admite la ley penal en blanco siempre que la remisión sea expresa, esté justificada por razón del bien jurídico protegido y el núcleo esencial de la conducta prohibida quede definido en la propia ley penal, de modo que se satisfaga la seguridad jurídica. Fuera de esos límites, la remisión sería inconstitucional por vulnerar la reserva de ley.

1.4. Funciones del Derecho Penal y teorías de la pena

La función primordial del Derecho Penal es la protección de bienes jurídicos —la vida, la integridad, la libertad, el patrimonio, la seguridad colectiva, etc.— frente a las conductas más lesivas, con un efecto de motivación (disuadir de delinquir) y de garantía (asegurar que solo se castiga lo previsto en la ley). El bien jurídico es el interés o valor —individual o colectivo— que la norma penal protege por considerarlo esencial para la convivencia. Cumple una triple función: legitima la intervención penal (solo se castiga para proteger bienes jurídicos), sirve de criterio de interpretación de los tipos y opera como límite al legislador, que no puede crear delitos sin un bien jurídico digno de protección.

Esta función se cumple, sobre todo, a través de la pena, cuyo fundamento y fin han explicado tres grandes grupos de teorías:

• Teorías absolutas o retributivas: la pena es un fin en sí misma, la retribución del mal causado por el delito; se castiga quia peccatum est («porque se ha pecado»). Sus grandes exponentes son Kant y Hegel. La pena mira al pasado (el hecho cometido) y realiza la justicia.
• Teorías relativas o preventivas: la pena persigue un fin útil, prevenir futuros delitos; se castiga ne peccetur («para que no se peque»). Se distinguen la prevención general —dirigida a la colectividad, en su vertiente negativa (intimidación) y positiva (afirmación de la vigencia del ordenamiento)— y la prevención especial —dirigida al concreto delincuente, para su reeducación y reinserción o su neutralización—.
• Teorías mixtas o de la unión: combinan la retribución con la prevención; son las dominantes y las que mejor se acomodan a nuestro ordenamiento, que asume la retribución por el hecho pero orienta la ejecución hacia la resocialización (art. 25.2 CE).

En nuestro ordenamiento, el fin de la pena no se declara de forma cerrada en el Código, pero la Constitución ofrece una pauta decisiva: el artículo 25.2 CE orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y reinserción social. De ahí que la doctrina y el Tribunal Constitucional entiendan que ese mandato constitucional no consagra un único fin (no impide que la pena cumpla también funciones retributivas y de prevención general), pero sí obliga a que la ejecución de la privación de libertad se oriente a la resocialización, lo que se traduce en instituciones como la individualización científica del tratamiento penitenciario, los permisos, la libertad condicional y el sistema de grados. La pena justa es, en suma, la que respeta el límite de la culpabilidad por el hecho y, dentro de ese marco, atiende a las necesidades de prevención.

Históricamente, el debate sobre el fundamento de la pena discurrió paralelo al enfrentamiento entre la Escuela Clásica (que partía del libre albedrío, concebía el delito como ente jurídico y la pena como retribución proporcionada: Beccaria, Carrara) y la Escuela Positiva italiana (que, con Lombroso, Ferri y Garófalo, situaba el foco en la peligrosidad del delincuente y en la defensa social, propugnando las medidas de seguridad). De esa tensión nació el sistema dualista vigente, que combina penas fundadas en la culpabilidad con medidas de seguridad fundadas en la peligrosidad, y que se estudia en el apartado 3.

2. Los principios limitadores del ius puniendi

Los principios informadores o limitadores son los criterios que fundamentan y, sobre todo, limitan el poder punitivo del Estado. Constituyen el programa penal de la Constitución y actúan como garantías del ciudadano frente al ius puniendi. El temario destaca de forma expresa los de legalidad e intervención mínima, pero el Derecho Penal del Estado de Derecho descansa sobre un conjunto más amplio de principios que conviene dominar.

2.1. El principio de legalidad

El principio de legalidad es la piedra angular del Derecho Penal del Estado de Derecho. Se resume en el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege (no hay delito ni pena sin ley), cuya formulación latina se debe a Feuerbach. Es una conquista de la Ilustración: frente a la arbitrariedad del Antiguo Régimen, pensadores como Cesare Beccaria («De los delitos y de las penas», 1764) y Montesquieu reclamaron que solo la ley, emanada de la representación popular, pudiera definir delitos y penas. El principio se vincula así a la división de poderes (es el legislador, no el juez ni el Gobierno, quien crea el delito), a la seguridad jurídica (el ciudadano debe poder saber de antemano qué está prohibido) y al principio democrático. Su reconocimiento hoy es también internacional: figura en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Tiene rango constitucional: el artículo 25.1 CE dispone que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. En el Código Penal se plasma, ante todo, en el Título Preliminar. El artículo 1 consagra la garantía criminal:

«1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración.
2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la Ley.» (art. 1 CP)

La garantía penal y la exigencia de lex praevia respecto de la pena se recogen en el artículo 2, que además incorpora la excepción de la retroactividad favorable (estudiada a fondo en el tema siguiente):

«1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad.
2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario.» (art. 2 CP)

La garantía jurisdiccional y la garantía de ejecución se contienen en el artículo 3:

«1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y Tribunales competentes.» (art. 3 CP)

Finalmente, el artículo 4 refuerza la exigencia de lex stricta mediante la prohibición de la analogía en contra del reo y ordena al juez, cuando la ley resulte injusta o excesiva, acudir al Gobierno en lugar de crear o forzar el Derecho:

«1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de sanción penal.
3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.
4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria.» (art. 4 CP)

El principio de legalidad despliega, pues, cuatro garantías: la criminal (nullum crimen sine lege: solo la ley define los delitos), la penal (nulla poena sine lege: solo la ley establece las penas), la jurisdiccional o procesal (la pena solo se impone por el tribunal competente mediante un proceso legalmente establecido) y la de ejecución (la pena se cumple conforme a la ley y a los reglamentos que la desarrollan y bajo control judicial).

Además, la ley penal debe reunir cuatro exigencias clásicas: ha de ser lex praevia (previa: prohibición de retroactividad de lo desfavorable), lex scripta (escrita: excluye la costumbre como fuente creadora de delitos y exige, cuando se afecta a la libertad, ley orgánica conforme al art. 81 CE), lex stricta (estricta: prohíbe la analogía en perjuicio del reo, art. 4.1 CP) y lex certa (cierta: mandato de taxatividad o determinación, que obliga al legislador a describir las conductas con la máxima precisión posible y proscribe los tipos vagos o indeterminados). Las normas penales que establecen penas privativas de libertad afectan al derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE) y, por ello, revisten la forma de ley orgánica: de ahí que el Código Penal sea una ley orgánica.

La exigencia de lex stricta obliga a distinguir con cuidado entre la interpretación de la ley penal, que es lícita y necesaria, y la analogía, que está prohibida cuando perjudica al reo. Interpretar es desentrañar el sentido de la norma dentro del tenor literal posible de sus palabras; el intérprete se sirve para ello de los criterios gramatical, sistemático, histórico y teleológico (art. 3.1 del Código Civil). Cabe incluso la interpretación extensiva, que da a la norma su máximo alcance sin rebasar su letra. La analogía, en cambio, aplica la ley a un supuesto no comprendido en su tenor pero semejante, y el art. 4.1 CP la proscribe cuando opera in malam partem (en contra del reo). Se admite, sin embargo, la analogía in bonam partem (favorable), por ejemplo para apreciar atenuantes por analogía (art. 21.7 CP) o para extender causas de exención. Esta frontera —interpretación sí, analogía perjudicial no— es una de las manifestaciones más finas del principio de legalidad y una pregunta recurrente de examen.

2.2. El principio de tipicidad

Corolario inmediato de la legalidad es el principio de tipicidad: solo son delito las conductas que encajan de manera exacta en un tipo penal previamente descrito por la ley. La tipicidad es la traducción técnica de la exigencia de lex certa: el legislador debe describir con precisión la conducta prohibida (el «tipo»), y el juez solo puede castigar cuando el hecho se subsume plenamente en esa descripción. Lo que no está tipificado es atípico y, por tanto, penalmente irrelevante, por reprochable que resulte moral o socialmente. La tipicidad cumple así una función de garantía (nadie es castigado por conductas no descritas) y una función de llamada o motivación (advierte al ciudadano de qué está prohibido). De ella deriva también la prohibición de la analogía en contra del reo, pues extender un tipo a supuestos no comprendidos en su tenor equivaldría a crear delito sin ley.

2.3. El principio de intervención mínima (ultima ratio)

El principio de intervención mínima —también llamado de ultima ratio— expresa que el Derecho Penal debe ser el último recurso del ordenamiento, al que solo cabe acudir cuando resulta estrictamente necesario. Su carácter aflictivo aconseja emplearlo con la máxima parquedad. Este principio se descompone en dos ideas:

• Subsidiariedad: el Derecho Penal solo debe intervenir cuando la protección del bien jurídico no pueda lograrse por otros medios menos lesivos (medidas administrativas, civiles, mercantiles, políticas sociales, etc.). Si basta una sanción administrativa, no debe recurrirse a la penal.
• Fragmentariedad: el Derecho Penal no protege todos los bienes jurídicos ni frente a cualquier ataque, sino solo los bienes más importantes y frente a las agresiones más graves e intolerables. Protege «fragmentos» de la realidad, no su totalidad.

De la intervención mínima se sigue una consecuencia político-criminal de primer orden: la descriminalización de conductas que pueden atajarse por otras vías y la contención frente a la tentación de resolver todo problema social «creando un nuevo delito». Es un principio dirigido esencialmente al legislador, que decide qué conductas eleva a la categoría de delito. Un ejemplo clásico lo ilustra: el impago de una deuda civil no es, por sí mismo, delito, porque el ordenamiento dispone de mecanismos civiles (la reclamación judicial, el embargo) suficientes para proteger al acreedor; solo cuando el deudor recurre al engaño (estafa) o a la ocultación fraudulenta de su patrimonio (alzamiento de bienes) entra en juego el Derecho Penal. La intervención mínima se relaciona con la tendencia a la despenalización —como la operada por la LO 1/2015 con numerosas faltas— y con la crítica doctrinal a la «huida al Derecho Penal» o inflación punitiva, esto es, el recurso excesivo del legislador a la creación de nuevos delitos como respuesta simbólica a las demandas sociales de seguridad.

2.4. El principio de culpabilidad

El principio de culpabilidad se formula clásicamente como «no hay pena sin culpabilidad» (nulla poena sine culpa). Su plasmación positiva más clara es el artículo 5 del Código Penal:

«No hay pena sin dolo o imprudencia.» (art. 5 CP)

Del principio de culpabilidad derivan varias consecuencias. Primera, se responde por el hecho cometido y no por el modo de ser o la peligrosidad del autor (Derecho Penal del hecho, no de autor). Segunda, la responsabilidad es subjetiva: se exige al menos imprudencia y se proscribe la responsabilidad objetiva o por el mero resultado (el azar o el caso fortuito no fundan pena). Tercera, la imputación personal exige que el autor pudiera comprender la ilicitud de su conducta y actuar conforme a esa comprensión, lo que explica la exención de los inimputables. Cuarta, la pena debe ser proporcionada al grado de culpabilidad, que opera además como límite máximo de la pena: por muchas necesidades preventivas que existan, no puede imponerse una pena que exceda de la gravedad de la culpabilidad por el hecho. Quinta, la pena es personal e intransferible, sin que pueda extenderse a los familiares o allegados del condenado.

2.5. Proporcionalidad, non bis in idem y ofensividad

Cierran el cuadro de principios limitadores:

• Principio de proporcionalidad: la gravedad de la pena debe guardar correspondencia con la gravedad del hecho y la importancia del bien jurídico; se proyecta tanto sobre el legislador (que fija el marco penal de cada delito) como sobre el juez (que individualiza la pena dentro de ese marco), y prohíbe tanto el exceso como el defecto punitivo. Integra los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.
• Principio non bis in idem: nadie puede ser sancionado dos veces por los mismos hechos cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento; opera tanto en el plano material (no doble sanción) como procesal (no doble enjuiciamiento), y despliega efectos relevantes en la relación entre la sanción penal y la administrativa, con preferencia del orden penal. Aunque carece de mención expresa en la Constitución, el Tribunal Constitucional lo deriva del art. 25.1 CE (STC 2/1981).
• Principio de ofensividad o lesividad (nullum crimen sine iniuria): solo pueden castigarse conductas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico; no se castigan las meras ideas ni las actitudes internas (cogitationis poenam nemo patitur, «nadie sufre pena por su pensamiento»), lo que excluye del Derecho Penal el mero pensamiento o la simple intención no exteriorizada en un acto.
• Principio de humanidad y de resocialización: el artículo 25.2 CE orienta las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social; se proscriben las penas y tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) y quedan abolidas la pena de muerte y las penas perpetuas absolutas.

3. Las consecuencias jurídicas del delito (panorámica)

El Código Penal establece un sistema de doble vía o dualista de consecuencias jurídicas del delito: las penas, que presuponen la culpabilidad del autor y se gradúan conforme a la gravedad del hecho; y las medidas de seguridad, que se fundan en la peligrosidad criminal del sujeto exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito, y se aplican sobre todo a los inimputables y semiimputables (por anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o alteración de la percepción). El fundamento de las medidas y su límite se recogen literalmente en el artículo 6 CP:

«1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.» (art. 6 CP)

Las medidas de seguridad pueden ser privativas de libertad (el internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en centro educativo especial) o no privativas de libertad (la libertad vigilada, la prohibición de acudir a determinados lugares, la privación del derecho a conducir o a la tenencia de armas, etc.). Se imponen a los declarados exentos de responsabilidad por las eximentes de anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o alteración grave de la percepción (art. 20.1.º, 2.º y 3.º CP) y, en su forma atenuada, a los semiimputables. En este último caso puede operar el llamado sistema vicarial: se cumple primero la medida y su tiempo se abona al de la pena. De este precepto deriva un principio esencial: ninguna medida de seguridad puede ser más gravosa ni de mayor duración que la pena que en abstracto correspondería al delito cometido (principio de proporcionalidad de las medidas o «vicariedad» limitada). Las penas, por su parte, se clasifican en el Libro I por su naturaleza en privativas de libertad (prisión, la prisión permanente revisable, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa), privativas de otros derechos (inhabilitaciones, suspensiones, privación del derecho a conducir o a la tenencia de armas, prohibiciones de residencia o aproximación, trabajos en beneficio de la comunidad) y la pena de multa (por el sistema de días-multa o proporcional). Por su gravedad se clasifican en graves, menos graves y leves, correlativas a las tres categorías de delitos. Su ejecución se orienta a la resocialización (art. 25.2 CE). El Código regula, además de penas y medidas, la responsabilidad civil derivada del delito (la obligación de reparar el daño e indemnizar los perjuicios) y las consecuencias accesorias, entre ellas el comiso de los efectos, bienes e instrumentos del delito y las consecuencias aplicables a las personas jurídicas. Esta panorámica se desarrolla en profundidad en los temas dedicados a las penas y a las medidas de seguridad; aquí basta con retener el modelo dualista y el principio de que la peligrosidad no puede castigarse con más rigor que la culpabilidad.

4. El Código Penal español

4.1. Estructura

El Código Penal vigente es la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, conocido como el «Código Penal de la democracia». Sustituyó al viejo texto refundido de 1973 (heredero del Código de 1848) y entró en vigor tras una vacatio legis de seis meses. Ha sido objeto de numerosas reformas: la LO 5/2010 introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 31 bis CP); la LO 1/2015, de 30 de marzo, suprimió el Libro III (las faltas), creó la categoría de los delitos leves e introdujo la prisión permanente revisable; la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, reordenó estos delitos bajo el modelo del consentimiento; la LO 14/2022, de 22 de diciembre, suprimió el delito de sedición y reformó la malversación y los desórdenes públicos; y la LO 4/2023, de 27 de abril, ajustó las penas de los delitos contra la libertad sexual. Esta permanente actividad reformadora refleja la tensión entre la estabilidad que exige la seguridad jurídica y la adaptación a nuevas realidades y compromisos internacionales.

El Código se estructura en un Título Preliminar y dos Libros (más el Libro III derogado):

• Título Preliminar: «De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal» (artículos 1 a 9). Recoge el principio de legalidad, la irretroactividad y sus excepciones, la prohibición de la analogía y las reglas de aplicación de la ley penal.
• Libro I: «Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal» (artículos 10 a 137). Es la parte general: define el delito (art. 10), regula el dolo y la imprudencia, las causas que eximen o modifican la responsabilidad, las formas de aparición del delito, la autoría y participación, las penas, las medidas de seguridad, la responsabilidad civil y la extinción de la responsabilidad.
• Libro II: «Delitos y sus penas» (artículos 138 a 616 quáter). Es la parte especial: el catálogo de figuras delictivas concretas (homicidio, lesiones, delitos contra la libertad, contra el patrimonio, contra la Administración Pública, contra el orden público, etc.).
• Libro III: «Faltas y sus penas». Se encuentra DEROGADO por la LO 1/2015; las antiguas faltas se reconvirtieron en delitos leves o se despenalizaron.

El texto se cierra con las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales. La distinción entre parte general (Título Preliminar y Libro I) y parte especial (Libro II) es capital: la primera fija las reglas comunes a todos los delitos; la segunda tipifica cada delito y su pena.

4.2. Bases político-criminales

El Código Penal de 1995 responde a un conjunto de bases político-criminales propias de un Estado social y democrático de Derecho. Su propia Exposición de Motivos proclama la voluntad de acomodar el Código a la Constitución de 1978. Las líneas maestras son:

• El respeto pleno al principio de legalidad y al resto de garantías penales, recogidas en el Título Preliminar.
• La protección de bienes jurídicos conforme a la tabla de valores constitucional, con nuevos tipos que atienden a realidades actuales (medio ambiente, ordenación del territorio, delitos socioeconómicos, informáticos, contra la Administración, etc.).
• La proporcionalidad y la racionalización del sistema de penas, con la pena de prisión como núcleo y un elenco de penas alternativas (multa por el sistema de días-multa, trabajos en beneficio de la comunidad, etc.).
• La orientación resocializadora de las penas privativas de libertad (art. 25.2 CE) y la previsión de medidas de seguridad para los inimputables, bajo el principio de que ninguna medida puede ser más gravosa que la pena (art. 6.2 CP).
• La incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (introducida por la LO 5/2010 y desarrollada por la LO 1/2015).
• La adecuación a los compromisos internacionales y al Derecho de la Unión Europea (terrorismo, trata, corrupción, ciberdelincuencia, etc.).

En conjunto, el Código Penal español combina un fuerte anclaje garantista —tributario del principio de legalidad y de intervención mínima— con una parte especial en permanente actualización para responder a las nuevas formas de criminalidad. Para el futuro Inspector, este tema es el pórtico del Derecho Penal: fija el marco de garantías dentro del cual habrá de desenvolverse toda la actuación policial en la investigación de los delitos.

Ideas fuerza para el test

• Derecho Penal objetivo (ius poenale): conjunto de normas que asocian al delito una pena o medida de seguridad. Subjetivo (ius puniendi): potestad estatal de castigar, monopolizada y limitada por los principios.
• Norma penal = supuesto de hecho + consecuencia jurídica; norma en blanco remite a otra norma (admisible si el núcleo está en la ley penal). Única fuente creadora de delitos: la ley (orgánica si afecta a la libertad); la costumbre nunca crea delitos.
• Caracteres: público, normativo y valorativo, sancionador, fragmentario, personalísimo y finalista. Función: protección de bienes jurídicos.
• Teorías de la pena: absolutas/retributivas (Kant, Hegel; quia peccatum), relativas/preventivas (prevención general negativa/positiva y especial; ne peccetur) y mixtas o de la unión (dominantes).
• Legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege): art. 25.1 CE + arts. 1, 2, 3 y 4 CP. Garantías: criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. Exigencias: lex praevia, scripta, stricta y certa (taxatividad).
• Prohibición de analogía in malam partem: art. 4.1 CP. Tipicidad: solo es delito lo que encaja en un tipo; lo demás es atípico.
• Intervención mínima (ultima ratio) = subsidiariedad (solo si fallan otros medios) + fragmentariedad (solo bienes esenciales frente a ataques graves).
• Culpabilidad (art. 5 CP: «no hay pena sin dolo o imprudencia»): Derecho penal del hecho, responsabilidad subjetiva, personalidad de las penas; la culpabilidad es límite máximo de la pena.
• Otros principios: proporcionalidad, non bis in idem (identidad de sujeto, hecho y fundamento; preferencia del orden penal), ofensividad y resocialización/humanidad (art. 25.2 y 15 CE).
• Consecuencias del delito: sistema dualista (penas por culpabilidad + medidas de seguridad por peligrosidad, art. 6 CP; la medida no puede ser más gravosa que la pena). Más responsabilidad civil y consecuencias accesorias (comiso).
• Código Penal = LO 10/1995, de 23 de noviembre. LO 1/2015: suprimió las faltas (Libro III), creó los delitos leves e introdujo la prisión permanente revisable. Estructura: Título Preliminar (arts. 1-9), Libro I (parte general, 10-137) y Libro II (parte especial, 138-616 quáter).