El Estatuto de la víctima del delito

Tema desarrollado para preparar el primer ejercicio de conocimientos de la Escala Ejecutiva (Inspector/a) de la Policía Nacional. La información es orientativa y está verificada a la fecha de actualización frente al BOE; el contenido evaluable lo fija el temario del anexo II de tu convocatoria (Resolución de 31 de julio de 2025, BOE-A-2025-16611). El Estatuto de la víctima es de aplicación directa en el trabajo policial: el primer contacto de la víctima con el sistema suele ser una comisaría, y de él depende buena parte de la protección posterior. Las citas entre comillas angulares reproducen el texto vigente de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Índice

• 1. La Ley 4/2015: objeto, ámbito y fundamento
• 2. El concepto general de víctima
• 3. Los derechos básicos de la víctima
• 4. La participación de la víctima en el proceso penal
• 5. La protección de las víctimas
• 6. La evaluación individualizada y las medidas de protección
• 7. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
• 8. La obligación de reembolso
• Ideas fuerza

1. La Ley 4/2015: objeto, ámbito y fundamento

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, aglutina en un solo texto el catálogo de derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos cometidos en España o que puedan ser perseguidos en España, con independencia de su nacionalidad. Su finalidad es ofrecer una respuesta lo más amplia posible, no solo jurídica sino también social, partiendo de un concepto de víctima basado en el reconocimiento, el respeto, la protección, el apoyo y la asistencia. Traspone al Derecho español la Directiva 2012/29/UE, que estableció normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 1109/2015, que regula además las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

La ley se estructura en un título preliminar (disposiciones generales, concepto de víctima y catálogo general de derechos) y cuatro títulos: I (derechos básicos, esencialmente extraprocesales), II (participación de la víctima en el proceso penal), III (protección de las víctimas y evaluación de sus necesidades) y IV (disposiciones comunes: Oficinas de Asistencia, formación, cooperación y protocolos). Su enfoque es transversal: los derechos se reconocen a la víctima al margen de su condición procesal (haya o no denunciado, sea o no parte) y desde el primer contacto con las autoridades, incluido el contacto policial previo a la denuncia.

Antes de la Ley 4/2015 la protección de las víctimas estaba dispersa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en normas sectoriales (la Ley 35/1995 de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la LO 1/2004 de violencia de género, la Ley 29/2011 de víctimas del terrorismo). El Estatuto no deroga esas normas especiales, sino que fija un suelo común de derechos aplicable a toda víctima, que se completa con la regulación específica de cada colectivo. Su vocación es, por tanto, la de una norma general y transversal que, sin sustituir a las leyes sectoriales, garantiza a cualquier persona que sufre un delito un mínimo homogéneo de reconocimiento, información, protección y apoyo.

Inspiran la ley varios principios: la visión integral de la víctima (atención jurídica, psicológica y social); el trato individualizado según sus circunstancias; la no discriminación; la gratuidad y la confidencialidad de la asistencia; la evitación de la victimización secundaria y reiterada; y el respeto a la dignidad, la intimidad y la voluntad de la víctima, que puede en todo momento renunciar a los derechos de información o de participación que la ley le reconoce.

La Directiva 2012/29/UE, cuya trasposición cumple la ley, sustituyó la Decisión Marco 2001/220/JAI y elevó el estándar europeo de protección. España fue más allá de los mínimos europeos en varios aspectos (evaluación individualizada, justicia restaurativa, Oficinas de Asistencia), configurando uno de los estatutos más completos de su entorno. La norma se aplica en conexión con la LECrim, que desarrolla el detalle procesal de muchos de estos derechos.

2. El concepto general de víctima

La ley distingue dos categorías. La víctima directa es toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos, directamente causados por un delito. La víctima indirecta aparece en los casos de muerte o desaparición de una persona causada directamente por un delito, y comprende, salvo que se trate de los responsables de los hechos: al cónyuge no separado legalmente o de hecho y a la pareja unida por análoga relación de afectividad, y a los hijos de la víctima o del cónyuge o pareja que convivieran con ella; a los progenitores y demás parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, y a las personas sujetas a su tutela o curatela o acogidas; y, en su defecto, a los demás parientes en línea recta y a los hermanos, con preferencia entre ellos del que ostentara la representación legal de la víctima.

«Las disposiciones de esta Ley serán aplicables: a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito. b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos: 1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ellos; [...] a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda [...]. 2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito.» (art. 2 Ley 4/2015)

Dato de examen: distingue víctima directa (persona física que sufre el daño) de víctima indirecta (solo en muerte o desaparición: cónyuge o pareja, hijos, progenitores y parientes hasta el tercer grado, en su orden, y siempre excluidos los responsables de los hechos). No hace falta ni denuncia previa ni identificar al autor; la nacionalidad y la situación administrativa son irrelevantes.

Las disposiciones de la ley no son aplicables a terceros que hubieran sufrido perjuicios derivados del delito distintos de los propios de la condición de víctima. El ámbito abarca a las víctimas de delitos cometidos en España y a las que puedan ser perseguidos en nuestro país, con reglas específicas para las víctimas residentes en otros Estados de la Unión Europea.

El concepto legal es amplio y no exige ni la previa denuncia ni la identificación del autor: se es víctima por el hecho de haber sufrido el daño, con independencia de que el delito llegue o no a esclarecerse. Tampoco se condiciona a la nacionalidad ni a la situación administrativa, de modo que un extranjero en situación irregular es titular de los mismos derechos. La ley se refiere a la víctima como persona física, sin perjuicio de los derechos que como perjudicadas correspondan a las personas jurídicas conforme a la LECrim.

Entre las víctimas indirectas existe un orden de preferencia: los familiares más próximos (cónyuge o pareja e hijos) desplazan a los demás, y solo en su defecto entran los parientes en línea recta y los hermanos. Este orden es relevante para determinar quién puede ejercer, en representación de la víctima fallecida o desaparecida, los derechos que el Estatuto le reconoce.

3. Los derechos básicos de la víctima

El título preliminar y el título I reconocen un elenco de derechos básicos, en su mayoría extraprocesales, que operan desde el primer contacto con las autoridades:

• Derecho a entender y a ser entendida (art. 4): toda comunicación con la víctima se hará en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de modo comprensible y atendiendo a sus circunstancias personales (edad, madurez, discapacidad, idioma).
• Derecho a la información desde el primer contacto (art. 5): sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles, cómo denunciar y el procedimiento, cómo obtener protección, asesoramiento y asistencia jurídica gratuita, indemnizaciones, servicios de interpretación y traducción, y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
• Derechos de la víctima como denunciante (art. 6): a obtener una copia de la denuncia debidamente certificada y a la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia cuando no entienda la lengua.
• Derecho a recibir información sobre la causa (art. 7): a que se le notifiquen determinadas resoluciones si lo solicita (la resolución de no iniciar el procedimiento, la sentencia, las resoluciones sobre prisión o excarcelación del infractor y la posible situación de peligro), sin perjuicio de renunciar a esta información.
• Derecho a la traducción e interpretación (arts. 4 y 9): asistencia gratuita de intérprete y traducción de la información esencial cuando la víctima no hable o entienda el castellano o la lengua oficial correspondiente.
• Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo (art. 10): gratuitos y confidenciales, prestados por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, con atención reforzada a las necesidades especiales.

El deber de información y de trato vincula de manera directa a la Policía Judicial: es habitualmente el primer eslabón, y su actuación condiciona el ejercicio efectivo del resto de derechos.

«Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa a la interposición de una denuncia. A tal fin: a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad. [...] c) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios.» (art. 4 Ley 4/2015)

La información del primer contacto (art. 5) es especialmente extensa y de cumplimiento policial habitual: comprende las medidas de asistencia y apoyo disponibles (sanitarias, sociales, psicológicas); el derecho a denunciar y el procedimiento para hacerlo; el modo de obtener asesoramiento y defensa jurídica y las condiciones de la asistencia jurídica gratuita; la posibilidad de solicitar medidas de protección; las indemnizaciones a que pueda tener derecho y el procedimiento para reclamarlas; los servicios de interpretación y traducción; y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. La información se actualiza en cada fase para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

«1. Toda víctima tiene derecho, desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la presentación de la denuncia, a recibir, de manera inmediata, información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la naturaleza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos, sobre los siguientes extremos: a) Medidas de asistencia y apoyo disponibles, sean médicas, psicológicas o materiales, y procedimiento para obtenerlas. [...] b) Derecho a denunciar y, en su caso, el procedimiento para interponer la denuncia y derecho a facilitar elementos de prueba a las autoridades encargadas de la investigación. c) Procedimiento para obtener asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente. d) Posibilidad de solicitar medidas de protección y, en su caso, procedimiento para hacerlo. e) Indemnizaciones a las que pueda tener derecho y, en su caso, procedimiento para reclamarlas. f) Servicios de interpretación y traducción disponibles. [...]» (art. 5 Ley 4/2015)

El derecho a la información sobre la causa (art. 7) permite que la víctima que lo haya solicitado sea informada de la fecha, hora y lugar del juicio, del contenido de la sentencia y de las resoluciones relativas a la situación del penado, singularmente las que afecten a su puesta en libertad. En los delitos más graves y en los de violencia de género se refuerza esta comunicación, precisamente para que la víctima pueda solicitar, si procede, medidas de protección ante una eventual situación de peligro. El derecho a la traducción e interpretación (arts. 4, 5.1.f) y 9) garantiza a la víctima que no hable o entienda la lengua de la actuación la asistencia gratuita de intérprete y la traducción de la información esencial y de las resoluciones que le afecten, pudiendo emplearse la videoconferencia salvo que sea necesaria la presencia física del intérprete.

«Toda víctima tiene, en el momento de presentar su denuncia, los siguientes derechos: a) A obtener una copia de la denuncia, debidamente certificada. b) A la asistencia lingüística gratuita y a la traducción escrita de la copia de la denuncia presentada, cuando no entienda o no hable ninguna de las lenguas que tengan carácter oficial en el lugar en el que se presenta la denuncia.» (art. 6 Ley 4/2015)

«1. Toda víctima que no hable o no entienda el castellano o la lengua oficial que se utilice en la actuación de que se trate tendrá derecho: a) A ser asistida gratuitamente por un intérprete que hable una lengua que comprenda cuando se le reciba declaración en la fase de investigación por el Juez, el Fiscal o funcionarios de policía, o cuando intervenga como testigo en el juicio o en cualquier otra vista oral. [...] 4. Cuando se trate de actuaciones policiales, la decisión de no facilitar interpretación o traducción a la víctima podrá ser recurrida ante el Juez de instrucción. [...]» (art. 9 Ley 4/2015)

Dato de examen: derechos del primer contacto de cumplimiento policial: información adaptada e inmediata (art. 5), copia certificada de la denuncia (art. 6) e intérprete y traducción gratuitos (art. 9). En actuaciones policiales, la negativa a facilitar interpretación puede recurrirse ante el Juez de instrucción. La víctima puede designar persona y dirección para las notificaciones o pedir no ser informada.

La víctima tiene también derecho a formular alegaciones y a aportar a las autoridades cuantos elementos considere útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como a la protección de sus datos personales. Cuando existan dudas sobre su condición o sobre la naturaleza de los hechos, prevalece el trato como víctima mientras se aclara la situación, evitando dilaciones en la asistencia. Todos estos derechos se ejercen sin coste alguno para la víctima.

Para asegurar que la información llegue de forma efectiva, la víctima puede designar una persona que reciba en su nombre las comunicaciones y facilitar una dirección —postal o electrónica— a tal efecto, así como manifestar su deseo de no ser informada, decisión que también se respeta y documenta.

4. La participación de la víctima en el proceso penal

El título II regula la dimensión procesal. La víctima puede participar en el proceso penal como parte, ejerciendo la acción penal y la civil conforme a la LECrim, y comparecer ante las autoridades para aportar fuentes de prueba. Se le reconoce el derecho a la notificación y a impugnar determinadas resoluciones (por ejemplo, el sobreseimiento) aunque no se haya personado, y a que se le reembolsen los gastos necesarios para el ejercicio de sus derechos y las costas procesales, con preferencia sobre los gastos del Estado, cuando se imponga la condena en costas.

La ley introduce en España los servicios de justicia restaurativa (art. 15): la víctima podrá acceder a ellos con la finalidad de obtener una adecuada reparación material y moral, siempre que el infractor haya reconocido los hechos esenciales, la víctima haya prestado su consentimiento (revocable en cualquier momento), el procedimiento no entrañe riesgo para su seguridad y no esté prohibido por la ley para el delito de que se trate. También se garantiza el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los términos legales y a la devolución de los bienes restituibles de su propiedad, así como derechos específicos de las víctimas residentes en otros Estados de la UE.

Un rasgo esencial es que muchos derechos se reconocen aunque la víctima no se persone como parte: podrá facilitar a las autoridades las fuentes de prueba que tenga, ser notificada de las resoluciones de sobreseimiento y recurrirlas en los plazos legales aunque no se hubiera mostrado parte, y comparecer para ser oída. Se refuerza así la posición de la víctima frente al modelo tradicional, en el que la acusación pública monopolizaba el impulso del proceso.

La justicia restaurativa constituye una de las novedades más relevantes: frente al modelo puramente retributivo, ofrece un espacio de diálogo (por ejemplo, la mediación penal) orientado a la reparación del daño y a la responsabilización del infractor, siempre bajo garantías. Es voluntaria para la víctima, cuyo consentimiento es revocable en cualquier momento; requiere el reconocimiento por el infractor de los hechos esenciales; se desarrolla con confidencialidad; y queda excluida cuando pueda entrañar riesgo para la seguridad de la víctima o cuando la ley lo prohíba para el delito de que se trate (como sucede, con carácter general, en la violencia de género). No sustituye al proceso penal, sino que puede complementarlo.

La asistencia jurídica gratuita se rige por su normativa específica (Ley 1/1996), con reconocimiento reforzado —con independencia de la existencia de recursos para litigar— a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos graves. Se garantiza así que la falta de medios económicos no impida a la víctima ejercer sus derechos ni personarse en el proceso.

5. La protección de las víctimas

El título III establece el sistema de protección, orientado a evitar la victimización secundaria (el daño añadido que puede causar el propio proceso). Sus reglas generales (art. 19 y siguientes) obligan a las autoridades y funcionarios a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física y psíquica de las víctimas y de sus familiares, su libertad, seguridad, indemnidad sexual e intimidad, así como para evitar el contacto entre la víctima y el infractor en las dependencias judiciales y en las policiales.

«Las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. En el caso de las víctimas menores de edad, la Fiscalía velará especialmente por el cumplimiento de este derecho de protección [...].» (art. 19 Ley 4/2015)

Durante la fase de investigación (art. 21) se aplican garantías específicas: que la toma de declaración se practique sin dilaciones injustificadas y el menor número de veces posible, y solo cuando resulte estrictamente necesario; que la víctima pueda estar acompañada de una persona de su elección y de su representante legal; que los reconocimientos médicos se limiten a los imprescindibles; y que se preserve la intimidad y la imagen de la víctima, con posibilidad de que las autoridades adopten medidas para impedir la difusión de datos que permitan su identificación, especialmente cuando se trate de menores o personas con discapacidad.

La evitación del contacto se garantiza mediante dependencias que permitan que la víctima y el investigado no coincidan, y se proyecta tanto en sede policial como judicial. La protección de la intimidad autoriza a los jueces, tribunales, fiscales y demás autoridades a acordar la prohibición de divulgación de la identidad y de los datos que permitan identificar a la víctima, la captación de imágenes o la difusión de información que facilite su localización, con especial intensidad respecto de menores, personas con discapacidad y víctimas de determinados delitos (sexuales, trata, violencia de género). Los medios de comunicación deben respetar estos límites.

La ley reconoce, además, el derecho de la víctima a hacerse acompañar en las diligencias por una persona de su elección —junto a su abogado—, salvo resolución motivada en contra, como manifestación del apoyo emocional que precisa; y limita los reconocimientos médicos a los imprescindibles para la finalidad del proceso penal, evitando su repetición innecesaria, lo que resulta especialmente relevante en los delitos contra la libertad sexual.

En el ámbito de la violencia de género y de la violencia doméstica, la protección se articula además a través de la orden de protección (art. 544 ter LECrim) y del sistema de seguimiento integral VioGén, de modo que el Estatuto se coordina con la LO 1/2004 y con los instrumentos policiales de valoración del riesgo. La Policía Nacional dispone de unidades especializadas (UFAM) en la atención a la mujer, el menor y la familia.

6. La evaluación individualizada y las medidas de protección

La pieza técnica del sistema es la evaluación individualizada de las víctimas a fin de determinar sus necesidades especiales de protección (art. 23). Esta valoración atiende a las características personales de la víctima (en particular si es menor o persona con discapacidad), a la naturaleza del delito y a la gravedad de los perjuicios, así como a las circunstancias del delito (terrorismo, violencia de género, trata de seres humanos, delitos contra la libertad sexual, delitos cometidos por motivos discriminatorios). De ella derivan medidas de protección concretas.

«1. La determinación de qué medidas de protección, reguladas en los artículos siguientes, deben ser adoptadas para evitar a la víctima perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del proceso, se realizará tras una valoración de sus circunstancias particulares. 2. Esta valoración tendrá especialmente en consideración: a) Las características y circunstancias personales de la víctima y en particular: 1.º Si se trata de una persona con discapacidad o si existe una relación de dependencia entre la víctima y el supuesto autor del delito. 2.º Si se trata de víctimas menores de edad o de víctimas necesitadas de especial protección [...]. b) La naturaleza del delito y la gravedad de los perjuicios causados a la víctima, así como el riesgo de reiteración del delito. [...] c) Las circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.» (art. 23 Ley 4/2015)

Durante la fase de investigación podrán adoptarse (art. 25): que la declaración se reciba en dependencias adaptadas y por profesionales con formación especial; que la víctima sea entrevistada siempre por la misma persona, salvo que ello perjudique el desarrollo del proceso; y que, si es víctima de violencia de género, de violencia sexual o de trata, sea atendida por profesionales del mismo sexo cuando lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar la investigación. Durante la fase de enjuiciamiento podrán adoptarse medidas para evitar el contacto visual con el infractor (uso de biombos o videoconferencia), para que la víctima sea oída sin estar presente en la sala, para evitar preguntas sobre su vida privada no relevantes y para celebrar la vista sin publicidad. Las víctimas menores de edad y las personas con discapacidad reciben un tratamiento reforzado: sus declaraciones pueden practicarse como prueba preconstituida y grabarse (en conexión con el art. 449 ter LECrim), designándose un defensor judicial cuando exista conflicto de intereses con sus representantes legales.

«1. Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las víctimas: a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin. b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, así como en perspectiva de género, o con su ayuda. c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso [...]. 2. Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas [...] las siguientes medidas para la protección de las víctimas: a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación. b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas [...]. c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado [...]. d) Celebración de la vista oral sin presencia de público. [...]» (art. 25 Ley 4/2015)

Dato de examen: la evaluación individualizada (art. 23) mide las necesidades especiales de protección según las circunstancias personales, la naturaleza del delito y las circunstancias del hecho. En investigación (art. 25.1): dependencias adaptadas, profesionales formados, misma persona; en enjuiciamiento (art. 25.2): evitar el contacto visual, declarar sin estar en sala, sin preguntas sobre la vida privada y a puerta cerrada.

Se consideran víctimas con necesidades especiales de protección, entre otras, los menores y las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y las víctimas de terrorismo, violencia de género, trata de seres humanos, delitos contra la libertad e indemnidad sexual y delitos cometidos por motivos discriminatorios (racistas, antisemitas, por razón de discapacidad, orientación sexual, etc.). Respecto de los menores rige el principio del interés superior del menor y la presunción de que necesitan medidas especiales de protección.

La evaluación se realiza en las distintas fases del proceso y puede modificarse si varían las circunstancias que la motivaron. Valora las características de la víctima (edad, discapacidad, dependencia respecto del infractor, condición de víctima reiterada), la naturaleza y gravedad del delito y la entidad del daño, y las circunstancias del delito, en especial si se cometió con violencia o con un móvil discriminatorio. La víctima puede, en todo caso, renunciar a las medidas de protección, salvo cuando resulten obligadas por razones de orden público o de protección de terceros.

Cuando la víctima es un menor, las medidas incluyen la práctica de su declaración por expertos (psicólogos), su grabación audiovisual, la evitación de todo contacto con el infractor y la posibilidad de que sea el juez quien traslade las preguntas, evitando el interrogatorio directo. En los delitos contra la libertad sexual cometidos sobre menores, la prueba preconstituida es hoy la regla (art. 449 ter LECrim), de modo que el menor no tenga que revivir los hechos en el juicio oral.

«1. En el caso de las víctimas menores de edad, víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección y víctimas de violencias sexuales, además de las medidas previstas en el artículo anterior se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las medidas que resulten necesarias para evitar o limitar, en la medida de lo posible, que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes: a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. b) La declaración podrá recibirse por medio de personas expertas. [...] 3. Cuando existan dudas sobre la edad de la víctima y no pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de edad, a los efectos de lo dispuesto en esta Ley.» (art. 26 Ley 4/2015)

El conjunto de estas medidas persigue un equilibrio entre la protección de la víctima y el derecho de defensa del acusado y el principio de contradicción: por ello se adoptan de forma motivada y proporcionada, no automática, y son revisables. La víctima es informada de las medidas acordadas y de su alcance, y puede solicitar su modificación si cambian las circunstancias.

7. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas

El título IV regula las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (OAV), servicios públicos y gratuitos dependientes del Ministerio de Justicia (o de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas). Prestan asistencia desde el primer contacto y a lo largo de todo el proceso e incluso después: información general y jurídica, apoyo emocional y terapéutico, acompañamiento a juicio, coordinación con los organismos competentes y atención a las necesidades específicas de cada víctima. Realizan la evaluación individualizada y actúan como punto de coordinación para la adopción de las medidas de protección. Su intervención es confidencial y no está condicionada a la presentación previa de denuncia. La ley prevé, asimismo, la formación especializada de todos los operadores (jueces, fiscales, personal al servicio de la Administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) y la elaboración de protocolos de actuación.

«1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas prestarán una asistencia que incluirá como mínimo: a) Información general sobre sus derechos y, en particular, sobre la posibilidad de acceder a un sistema público de indemnización. b) Información sobre los servicios especializados disponibles que puedan prestar asistencia a la víctima [...]. c) Apoyo emocional a la víctima. d) Asesoramiento sobre los derechos económicos relacionados con el proceso, en particular, el procedimiento para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos y el derecho a acceder a la justicia gratuita. e) Asesoramiento sobre el riesgo y la forma de prevenir la victimización secundaria o reiterada, o la intimidación o represalias. [...] 3. El acceso a los servicios de apoyo a las víctimas no se condicionará a la presentación previa de una denuncia.» (art. 28 Ley 4/2015)

Las OAV desarrollan funciones de acogida y orientación, información, intervención (asistencia psicológica y social) y seguimiento, y actúan de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia, los servicios sociales y sanitarios y las asociaciones de víctimas. Cuando la víctima presenta necesidades especiales, la Oficina elabora un plan de apoyo individualizado. Su existencia no exime a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de sus propias obligaciones de información y protección: al contrario, la Policía es a menudo quien deriva a la víctima a la Oficina y quien activa las primeras medidas de protección.

Las Oficinas se ubican, con carácter general, en las sedes judiciales de las capitales de provincia y en otras localidades, y su acceso es directo, sin necesidad de trámite previo ni de denuncia. Constituyen el principal instrumento de materialización práctica de la asistencia que el Estatuto reconoce a toda víctima.

8. La obligación de reembolso

Como contrapeso frente a los abusos, el art. 35 de la Ley 4/2015 impone una obligación de reembolso: la persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que fuese posteriormente condenada por denuncia falsa o simulación de delito vendrá obligada al reembolso de las cantidades recibidas, sin perjuicio de las costas procesales que se le puedan imponer y de la responsabilidad penal correspondiente. Se evita así que el estatuto protector se utilice de manera fraudulenta, preservando su finalidad tuitiva para quienes verdaderamente han sufrido el delito.

«1. La persona que se hubiera beneficiado de subvenciones o ayudas percibidas por su condición de víctima y que hubiera sido objeto de alguna de las medidas de protección reguladas en esta Ley, vendrá obligada a reembolsar las cantidades recibidas en dicho concepto y al abono de los gastos causados a la Administración por sus actuaciones de reconocimiento, información, protección y apoyo, así como por los servicios prestados con un incremento del interés legal del dinero aumentado en un cincuenta por ciento, si fuera condenada por denuncia falsa o simulación de delito.» (art. 35 Ley 4/2015)

Dato de examen: ¡cuidado con el número! La obligación de reembolso es el art. 35 de la Ley 4/2015 (no el art. 17, que regula las denuncias de víctimas residentes en otro Estado de la UE). Solo nace cuando la persona es condenada por denuncia falsa (art. 456 CP) o simulación de delito (art. 457 CP); añade el interés legal incrementado en un 50 %. No disuade las denuncias legítimas, que la ley favorece.

La obligación de reembolso se explica por la doble naturaleza del sistema: el Estado adelanta recursos y protección con base en la presunción de buena fe de quien se presenta como víctima; si esa condición resulta ser falsa y así se declara por sentencia firme por delito de denuncia falsa (art. 456 CP) o de simulación de delito (art. 457 CP), decae el fundamento de las ayudas y procede su devolución. La medida tiene, por ello, una función de cierre del sistema, no de disuasión de las denuncias legítimas, que la ley favorece y protege.

En definitiva, el Estatuto convierte a la víctima en un protagonista del proceso penal con derechos propios, y no en un mero testigo de cargo. Para la Policía Nacional supone un conjunto de obligaciones concretas desde el primer contacto: informar, orientar, derivar a la Oficina de Asistencia, evaluar el riesgo, evitar la victimización secundaria y activar las medidas de protección, integrando la perspectiva de la víctima en toda la actividad de investigación.

Ideas fuerza

• La Ley 4/2015 reúne los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas; traspone la Directiva 2012/29/UE y se desarrolla por el RD 1109/2015. Reconoce los derechos al margen de la condición procesal y desde el primer contacto.
• Víctima directa: persona física que sufre el daño; indirecta: en muerte o desaparición, cónyuge/pareja, hijos, progenitores y parientes en el orden legal (excluidos los responsables).
• Derechos básicos: entender y ser entendida, información desde el primer contacto, copia de la denuncia, información y notificación de resoluciones, traducción e interpretación, y acceso a los servicios de asistencia.
• La participación incluye el ejercicio de la acción penal y civil, el reembolso de gastos y costas y el acceso a la justicia restaurativa (con reconocimiento de los hechos por el infractor y consentimiento revocable de la víctima).
• La protección busca evitar la victimización secundaria: evitar el contacto con el infractor, declaraciones sin dilación y en el menor número posible, reconocimientos médicos limitados y preservación de la intimidad.
• La evaluación individualizada (art. 23) determina las necesidades especiales; hay medidas reforzadas en investigación y juicio y un régimen especial para menores y personas con discapacidad (prueba preconstituida, defensor judicial).
• Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas (Ministerio de Justicia/CCAA) prestan ayuda gratuita y confidencial sin necesidad de denuncia previa.
• La obligación de reembolso (art. 35, no el art. 17) afecta a quien, condenado por denuncia falsa o simulación de delito, hubiera cobrado ayudas por su falsa condición de víctima.